Por sus críticas a la violencia de la dictadura fue condenada en ausencia y le quitaron hasta la nacionalidad. La investigadora analiza el actuar represivo del régimen de Ortega y cuenta por qué fue señalada como “enemiga”.
Elvira cierra los ojos y siente el perfume del patio de su casa. Quiere correr entre los árboles y ver los pajaritos que llegan y se van. Podría hacerlo. Está cerca, sólo unos kilómetros y la frontera que divide la Nicaragua donde nació de Costa Rica, donde debió refugiarse. Pero no puede. Podría pasar lo peor, que no es sólo la muerte.
Del otro lado de la frontera, en su país, gobierna una dictadura que la condenó a vivir sin país. Nicaragua por orden judicial ya no es su país, porque decidió que ella ya no es nicaragüense. No tiene país. Probablemente ya no haya constancia administrativa de su nacimiento. No tiene pasaporte. No tiene derechos ciudadanos. Y confiscaron su casa, con su patio, los árboles y los pajaritos.
La dictadura decidió castigarla junto a otros 93 intelectuales que viven fuera de Nicaragua, por ser traidores a la patria.
¿Cuál es esa traición? Difundir y oponerse a las políticas de represión del gobierno del matrimonio de Daniel Ortega con Rosario Murillo. Ha descrito las torturas, los disparos a manifestantes con armas de fuego, el monopolio del Estado en una pareja, la falta de garantías, el encierro forzoso y el destierro. Delitos de lesa humanidad, como afirma el informe más reciente de Naciones Unidas.
Y pensar que de adolescente, ella fue una entusiasta de las políticas sandinistas de educación y trabajo colectivo, cuando Daniel Ortega era un joven revolucionario, secundado en la presidencia por el escritor Sergio Ramírez, otro de los expatriados por expresar sus disidencias.
Elvira Cuadra Lira fue coordinadora de investigaciones en el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y directora ejecutiva en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en Nicaragua. Los dos centros académicos fueron cerrados por el gobierno en 2018. Es autora y co-autora de ensayos, libros y frecuente colaboradora de La Vanguardia.
Escribo con el sesgo de parcialidad que me da conocer a Elvira desde hace 20 años. De haber compartido incidencia política en foros internacionales para frenar la violencia armada e impulsar políticas de seguridad democráticas y eficientes.
Cuando le pregunto, tengo en mente su voz firme y estilo parco en una tarde que se volvió noche de San Salvador, posiblemente en 2002, compartiendo la cerveza y los dolores de la guerra civil con colegas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Panamá. Ese día chorrearon las lágrimas de todos, menos de ella, por los afectos masacrados. Ahora desliza una nostalgia al hablar de su patio y del calor afectuoso de los nica. Pero sueña con el día en que podrá volver.
Elvira, cómo es que has sido considerada traidora y desterrada.
El 15 de febrero el magistrado de uno de los tribunales del Poder Judicial en Nicaragua apareció públicamente leyendo una supuesta resolución sobre un grupo de 94 personas entre las cuales estoy yo, que habíamos sido supuestamente enjuiciados en ausencia y sancionadas por una serie de delitos no especificados.
¿Cuál es la acusación?
Nos señalan como traidores a Nicaragua. Incluyen entre las penas o el castigo, la anulación de nuestra nacionalidad, la suspensión a perpetuidad de todos nuestros derechos ciudadanos, la confiscación de nuestros bienes y además, nos declaran prófugos de la Justicia.
No hay ningún argumento. Sólo hay discursos políticos o una narrativa del gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, seguido por diferentes funcionarios públicos, particularmente el Poder Judicial. Justifican castigar a aquellas personas que consideran opositores o enemigos.
«La mayoría de la población en Nicaragua, muy entusiasmados con lo que eso significaba. Yo recuerdo muy bien la época y la forma en que actuaba la Guardia Nacional de Somoza antes de 1979. Vimos en el triunfo de la Revolución una esperanza para Nicaragua.»
Pero, ¿en qué consiste concretamente ese castigo?
Bueno, pues, me han quitado mi nacionalidad. En términos concretos, se ha traducido en la anulación de todos nuestros registros ciudadanos en Nicaragua: desde partidas de nacimiento hasta nuestros pasaportes. Nos alcanza a algunas personas de esta lista de 94 y de las 222 personas prisioneras políticas que fueron excarceladas el 9 de febrero de 2023 y desterradas a Estados Unidos. Además, a algunas de esas personas de la tercera edad, les han suspendido sus pensiones. Hay también un castigo a los familiares y han comenzado el proceso de expropiación o confiscación arbitraria de nuestros bienes dentro de Nicaragua.
Pero de joven dispatizabas con el primer gobierno de Ortega, ¿no?
Tenía 13 años en 1979, cuando triunfó la Revolución Sandinista. Y pues, obviamente, todos estábamos como la mayoría de la población en Nicaragua, muy entusiasmados con lo que eso significaba. Yo recuerdo muy bien la época y la forma en que actuaba la Guardia Nacional de Somoza antes de 1979. Vimos en el triunfo de la Revolución una esperanza para Nicaragua. Había mucho deseo de futuro.
En ese momento, me integré activamente en diferentes actividades que se promovieron como parte de la Revolución. Por ejemplo, la Cruzada Nacional de alfabetización en 1980. Tenía 14 años, era la primera vez que salía fuera de mi casa. Fui hacia una comunidad rural en el norte del país, muy alejada de mi casa. Allí viví seis meses con los campesinos. En ese periodo nunca fui hasta mi casa en Managua. Enseñaba a leer y escribir. Compartimos lo que los campesinos vivían. Estaba en una comarca que era sumamente pobre donde la gente con costo tenía para comer, no habían ni siquiera gallinas. Y bueno, fue una enorme experiencia de vida que ha tenido un efecto sobre mí hasta el día de hoy.
Luego participé en diferentes actividades cuando hizo falta mano de obra para cortar el café, principal producto de exportación de Nicaragua. En ese momento se necesitaba apoyar económicamente a la Revolución. También corté algodón y participé en numerosas otras este actividades.
Luego, pues, hubo un periodo en que me tocó ser madre soltera con todas las dificultades que eso significaba: conseguir leche para mi hijo o algunas cosas básicas en el contexto de privaciones de la revolución. Entonces tuve que trabajar y seguir estudiando.
¿Y en qué momento te volviste una amenaza?
De a poco. Estudié sociología gracias al programa de formación gratuita que en ese momento había en el contexto de la Revolución. Estudié en la Universidad Centroamericana de los jesuitas, que siempre fue una universidad privada, pero era la única donde existía la carrera de sociología. La gratuidad de la educación en ese periodo me permitió estudiar.
Me gradué en el año 92, después de que perdiera las elecciones el sandinismo. Fue en el tiempo de la transición política, un periodo histórico con Violeta Barrios de Chamorro, la primera mujer presidenta de la historia del país.
Comencé a hacer investigación al salir de la universidad. Mi primer trabajo fue en un centro de alcance regional para Centroamérica sobre los procesos de transición política en Nicaragua, El Salvador y la democratización en Honduras. Me permitió seguir de cerca lo que estaba ocurriendo en los tres países. Además, comenzar a analizar diferentes temas vinculados con esas transiciones. En el caso de Nicaragua, me tocó hacer un análisis sobre la participación del Ejército en la transición y pacificación. Es decir, la desmovilización, el desarme y la reinserción de los excombatientes de la llamada contrarrevolución como del Ejército. Desde entonces, el Ejército y la Policía me veían como una persona de atención. Obviamente, tenía una visión crítica de la participación de las dos instituciones en la transición y en las políticas de seguridad.
«El régimen de Ortega-Murillo es una dictadura. En 2018, su primera respuesta frente a las masivas y extendidas protestas sociales que se generaron fue la represión abierta y usando violencia letal. Desde el principio se disparó para causar daño, para asesinar personas y particularmente jóvenes estudiantes en las universidades. Hubo apresamientos masivos, persecución, agresiones, ataques, torturas, violaciones a mujeres»
¿Qué cambió con el retorno al poder de Daniel Ortega?
Se incrementó esa tensión y desconfianza a partir de 2007. Cuando Ortega regresó a la presidencia comenzó a organizar un sistema de dispositivos de represión, de control y de vigilancia social sobre toda la población. Particularmente se concentraba sobre algunas organizaciones sociales y sobre personas en particular. Obviamente, como yo siempre he dado seguimiento al proceso político en el país y a los temas de seguridad, yo estaba desde muy tempranamente en esa lista.
En la medida que la crisis sociopolítica que estalló abiertamente en 2018 se fue prolongando en el tiempo, el control se fue incrementando significativamente. Es que mantengo la línea de análisis sobre los temas de seguridad y análisis sobre la forma de represión de los Ortega-Murillo y soy fuente de consulta permanente por medios de comunicación y académicos.
¿Por qué afirmar que el gobierno de Ortega y Murillo es una dictadura?
El régimen de Ortega-Murillo es una dictadura. Tiene todos los rasgos de un régimen dictatorial. Para comenzar, en el 2018, su primera respuesta frente a las masivas y extendidas protestas sociales que se generaron fue la represión abierta y usando violencia letal. Desde el principio se disparó para causar daño, para asesinar personas y particularmente jóvenes estudiantes en las universidades. Hubo apresamientos masivos, persecución, agresiones, ataques, torturas, violaciones a mujeres.
Esa respuesta violenta se fue profundizando con el tiempo. Por ejemplo, en la escalada de violencia política que inició en 2021 y qué significó el apresamiento de los liderazgos más reconocidos de Nicaragua, se les dio un tratamiento de tortura y malos tratos que los expertos internacionales han calificado como tortura blanca. No les daban de comer suficiente, estaban algunos en condiciones de aislamiento de oscuridad permanente o de iluminación permanente, interrogatorios sistemáticos. Y pues, eso ha tenido efectos físicos y psicológicos sobre estas personas. La intención era precisamente destruirlos, hacerlos sufrir. Sus familiares también han sido víctimas de malos tratos y de vejámenes en diferentes oportunidades.
¿Qué características tiene hoy ese régimen de control?
Sobre la sociedad nicaragüense se ha impuesto un estado policial de vigilancia que no admite ninguna expresión de malestar o descontento. Se han aprobado un conjunto de leyes que castigan la libertad de expresión y de pensamiento. Se han cerrado medios de comunicación, se ha perseguido a los periodistas independientes, intelectuales y académicos. No hay en Nicaragua nadie que pueda salir a la calle con una bandera del país porque eso se considera un acto enemigo desde la perspectiva de los Ortega-Murillo. Todo esto le da al régimen las características de una dictadura. El hecho de que todos los poderes del Estado están subordinados a la decisión de dos personas es propio de una dictadura.
El informe más reciente presentado por el grupo de expertos creado por Naciones Unidas ha sido contundente en señalar que en Nicaragua desde 2018 se han cometido crímenes de lesa humanidad.
¿Cuál es tu situación ahora que estás sin nacionalidad, sin lugar dónde volver y condenada a la distancia?
Estoy en Costa Rica desde el año 2018. Estoy aquí porque en diciembre de ese año el régimen de los Ortega Murillo canceló las personerías jurídicas de dos de los centros con los que estaba asociada como investigadora y el nivel de riesgo era sumamente alto para mí.
Ahora no tengo ningún documento válido. Hay varios gobiernos que han ofrecido darnos protección a través del otorgamiento de la nacionalidad. Por ejemplo España, Chile, Argentina, México creo que Colombia. Estoy valorando si me voy a adscribir a alguna de esas medidas de protección y adoptar otra nacionalidad. De momento sigo en Costa Rica en condición de refugiada. Agradezco profundamente toda la protección y la solidaridad del gobierno, pero particularmente de las y los costarricenses que nos han acogido y nos han permitido vivir en este país y hacer nuestro trabajo.
«Pues igual que muchísimos nicaragüenses yo quiero regresar a Nicaragua. Quiero pensar que el cambio en el país es cercano, que ésta es una confrontación muy fuerte entre los viejos remanentes autoritarios del pasado en Nicaragua y de Centroamérica.»
¿Qué te pasaría si volvieras a Nicaragua?
De momento no puedo regresar a Nicaragua. Eso es impensable. No hay manera de regresar, el riesgo es demasiado alto, es un riesgo de muerte.
¿Has pensado en que algún día volverás?
Pues igual que muchísimos nicaragüenses yo quiero regresar a Nicaragua. Quiero pensar que el cambio en el país es cercano, que ésta es una confrontación muy fuerte entre los viejos remanentes autoritarios del pasado en Nicaragua y de Centroamérica. Que hay nuevas generaciones de nicaragüenses con valores con un pensamiento con una idea democrática. Pienso que ese momento de volver esté mucho más cercano, y yo espero estar en el grupo de los nicaragüenses que vamos a poder regresar a nuestro país.
¿Qué es lo que más extrañas?
Qué es lo que más extraño… Pues todo… mi familia… el patio de mi casa, que era un patio muy muy alegre, lleno de árboles con muchos animales, con pajaritos que llegaban. Y los olores de la comida. Pero lo que más extraño es el calor de la gente nica.
Hasta aquí nos cuenta Elvira.
En sus palabras resuena la soledad doliendo en los huesos.
Es una de las víctimas: de los 222 presos políticos desterrados y de los 94 expatriados.
