Bolsonaro estimuló el mercado de armas. Proliferaron. Fortalecieron al crimen organizado, que ya tiene presencia en los países vecinos. El nuevo gobierno impulsa más controles.
En su primer día como presidente, Lula dispuso un mayor control sobre las armas de fuego. Intenta revertir las políticas de su antecesor que duplicaron la cantidad de armas en Brasil. Es una decisión de seguridad pública con impacto en los países vecinos. También es un golpe a uno de los pilares políticos y económicos del bolsonarismo: la cultura y la industria de las armas.
La desregulación del mercado de armas y municiones en Brasil representa un problema para la seguridad de Brasil y toda la región sudamericana. Durante los años de Bolsonaro se vendieron más de un millón de armas. Muchas fueron a parar a las bandas del crimen organizado brasileñas que tienen presencia en los países del cono sur. También a los grupos bolsonaristas más radicalizados.
Durante el gobierno de Bolsonaro, aumentó un 50 por ciento la cantidad de fusiles de asalto en San Pablo y el 16 por ciento Rio de Janeiro en manos de los criminales, mientras que las pistolas crecieron el 31 y 32 por ciento, según una investigación de Sou da Paz. Conclusión: esa política de desregulación del mercado de armas y municiones le permitió a los criminales renovar sus arsenales y desechar, vender o traficar las armas viejas. ¿Hacia dónde?
Es tema de preocupación en los países vecinos, por la proximidad con la triple frontera, la nutrida presencia de grupos criminales brasileños y una historia de contrabando de armas en la región. Hay demasiados factores que preocupan desde hace años, agravados por la proliferación de armas y municiones. Las rutas de tráfico son las mismas: por donde circulan drogas, químicos, criminales, armas, municiones y otras mercancías ilegales.
Hay que poner atención a varios datos. Por un lado, la ruta mesoamericana de tráfico de drogas que nace en el Mato Grosso y que utiliza la hidrovía del río Paraná con sus puertos para contrabandearlas a Europa. Por otro, los antecedentes de grupos criminales abasteciéndose de armas en Paraguay (hace unos años se conseguían fusiles militares argentinos en Río de Janeiro contrabandeadas vía Asunción). Más recientemente, la aparición de algunos miembros de grupos del crimen organizado brasilero en la Argentina, Paraguay y Uruguay.
VOLVER A IMPLEMENTAR CONTROLES
En su primer día de gobierno, Lula decretó por 60 días más restricciones para comprar armas y municiones a los cazadores, tiradores y coleccionistas civiles. Sólo en enero cayó un 71,5% la cantidad de armas registradas, equivalente a los niveles de 2019. En 2021 esta cifra fue 5 veces mayor.
Son medidas urgentes, fuertes y polémicas. Pero sólo la primera fase de una política amplia de controles para evitar la proliferación de arsenales clandestinos, prevenir la violencia armada y fortalecer la convivencia democrática. Esta política es el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (ProNaCi), retomado de las anteriores gestiones de Lula.
En Brasil, hoy existen 7.649 escuelas y clubes de tiro registrados. El Ejército que tuvo a su cargo el control y lo ejerció de manera ineficiente, no informó el número de municiones ni la localización exacta de los clubes de tiro en las ciudades brasileñas. Ahora controla la policía.
Para comparar, en Brasil existen siete veces más escuelas y clubes de tiro que tiendas de McDonald o Subway.
El decreto dió un giro radical respecto a las flexibilizaciones que aplicó el ex presidente Jair Bolsonaro y que dispararon la venta armas a los legítimos usuarios (CACs) en uno de los países más violentos del mundo. Hoy hay cerca de 4,4 millones de armas en mano de civiles, la tercera parte tienen los registros vencidos. Es decir, están fuera del control del Ejército.
El 31 de marzo termina el plazo impuesto para regularizar las armas en las comisarías. Después, si no están registradas, serán ilegales.
El gobierno también restringe la portación de armas.
Según una investigación del Instituto Sou da Paz, durante el gobierno de Bolsonaro los usuarios autorizados compraron más de un millón de armas de fuego. Osea, el triple de las 350.600 registradas en diciembre de 2018. Al mismo tiempo, creció un 474 por ciento la cantidad de personas legítimamente armadas, según el Foro Brasilero de Seguridad Pública.
Se les permitió tener a cada tirador hasta 60 armas y usar hasta 180 mil cartuchos de munición al año. Además, pueden tener máquinas para la fabricación casera de municiones. Esto fue reducido por el decreto.
El resultado es que hay un número incierto de municiones en lugares no informados y un millón de nuevas armas. Una amenaza a la estabilidad en una democracia polarizada por el populismo en una región de fronteras porosas con mucha presencia de crimen organizado y tráfico ilegal.
DESARMAR CRIMINALES
La seguridad es una de las principales preocupaciones en Brasil, aunque desde 2018 está bajando la cantidad de homicidios, en parte atribuible a acuerdos entre grupos criminales que controlan zonas del país a través de la violencia armada, la expresión más extrema de los fracasos del Estado.
Brasil tiene el 2,7 por ciento de la población mundial pero el 20 por ciento de los homicidios. El 70 por ciento es con armas de fuego. Pero el 75 por ciento de las víctimas son negras, alrededor del 5 por ciento mujeres y se duplicaron los asesinatos contra las comunidades LGTBI. Brasil ya tuvo una experiencia de desarme y control que redujo los niveles de violencia letal.
Pero la misma cantidad de armas que aquellas acciones sacaron de circulación, reingresaron a la sociedad impulsadas por la desregulación y con escasa supervisión estatal. Ahora son armas nuevas, con mayor capacidad letal, muchas adquiridas directa o indirectamente por el crimen organizado.
Hay investigaciones en curso que analizan las compras de armas e intentan determinar si fueron desviadas hacia el crimen organizado. Pero el decreto presidencial es de aplicación limitada y muy resistido por los parlamentarios de Bolsonaro.
ARMAS Y EXTREMA DERECHA REGIONAL
Es que los pilares de la base electoral de Bolsonaro están en los sectores ganaderos, evangélicos y cultores de las armas. La tensión de Lula con la industria de las armas y sus usuarios empezó con el Estatuto del Desarme hace dos décadas y siguió con un referéndum en el que perdió la propuesta oficialista de prohibir la venta de armas de fuego.
La eliminación de todo control tiene una larga historia de incidencia política en el mundo. Ha encontrado en los sectores más conservadores aliados y financiamiento en quiénes se benefician con una medida que les aumente las ventas.
Sus ejecutores políticos también han tejido apoyos mutuos: los republicanos de Estados Unidos son los aliados más fuertes de la Asociación Nacional del Rifle; Bolsonaro es un referente en el Sur y desde hace años los partidos libertarios del continente han incluido en sus plataformas el tema. Es el caso de Milei en la Argentina.
Para abordar el tema en su complejidad se necesita una política integral que respete los derechos de los legítimos usuarios, fortalezca la capacidad de control estatal para que no tengan un uso criminal, mejore los controles de los stock en poder de las fuerzas de seguridad y retire de circulación armas ilegales.
Las noticias muestran cómo en Brasil han aumentado los secuestros de armas y los controles sobre las fronteras. Pero es un camino largo donde también se juega parte de la seguridad en la región y donde los países tienen que fortalecer la coordinación para debilitar al crimen organizado. La gravitación política que puedan obtener quienes quieren abolir todo control estatal sobre las armas y municiones, puede convertirse en obstáculo.
Mientras tanto, aguas abajo del río Paraná y el río Uruguay está aumentando la violencia vinculada al contrabando y las extorsiones. También la presencia de miembros de organizaciones criminales como el PCC. Por ahora, los registros públicos no hablan de uso frecuente de fusiles de asalto y otras armas de uso bélico. Pero los vasos comunicantes están.
Pareciera que es cuestión de tiempo.
