La inseguridad es, desde hace más de 20 años, uno de los temas que más preocupa a la sociedad argentina. En ese mismo lapso, las políticas públicas de control de armas de fuego y desarme tuvieron un inédito desarrollo en nuestro país. La comprensión de que las armas no son una fuente de seguridad, sino un factor que la pone en riesgo aparece, por primera vez, como un eje de discusión en la agenda electoral.
“Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente”, dijo en 2022 el entonces diputado Javier Milei, hoy candidato presidencial, quien resultara segundo en las elecciones generales. Pero este excéntrico outsider, seguidor de Trump y Bolsonaro, no es el único integrante de su partido que se expresó públicamente en ese sentido. Su candidata a vicepresidenta admitió ser usuaria de armas y opinó que la tenencia es un “derecho” para “el ciudadano de bien que se quiera defender”. Si bien la polémica que desataron estas declaraciones llevaron a esos candidatos a relativizar sus dichos, lo cierto es que la plataforma electoral presentada por el candidato al comienzo de su campaña presidencial plantea, sobre la tenencia de armas de fuego, la “desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.
EL QUE QUIERA ANDAR ARMADO, QUE ANDE ARMADO
Milei no es el primer político argentino en plantear este debate. 5 años atrás, la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho en una entrevista informal a la salida de un restaurante, que “el que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre”. Si bien su frase completa añadía que ella y su espacio preferían que la gente no estuviera armada, la polémica no tardó en estallar. Por primera vez se ponía en duda el absoluto consenso político respecto a la necesidad de restringir el acceso a las armas de fuego.
Más allá de sus ambivalencias, ambos tuvieron expresiones favorables a la libre portación ¿Puede inferirse que la sociedad argentina cambió su mirada sobre las armas? La respuesta no es tan sencilla. Sin embargo, existen señales de que el reclamo de la ciudadanía por seguridad no se traduce en un apoyo a la libre portación.
«La sociedad argentina sigue siendo mayoritariamente contraria a las armas de fuego. Pero también es posible inferir que, al igual que en otros países, el umbral de rechazo a los discursos armamentistas puede haber disminuido, aunque sea relativamente, en los últimos años.»
Argentina no es un país armado. Su tasa de 7.4 armas de fuego en manos de civiles cada 100 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región. Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió quitar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013 ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo.
Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y el desarme prácticamente unánimes. Sin embargo, la última prórroga del plan de desarme, votada en 2021, ya había dado una señal de alerta: si bien el 93% de los diputados votó a favor, por primera vez se registraron votos en contra de la renovación de ese programa, que ya había sido prorrogado en 7 oportunidades anteriormente.
Una conclusión inicial de estos datos, a la espera del resultado definitivo de las elecciones presidenciales, es que la sociedad argentina sigue siendo mayoritariamente contraria a las armas de fuego. Pero también es posible inferir que, al igual que en otros países, el umbral de rechazo a los discursos armamentistas puede haber disminuido, aunque sea relativamente, en los últimos años. Es cierto que el voto a un candidato a presidente no significa un apoyo a todas sus propuestas; pero probablemente sí indique, aunque sea, una tolerancia a la mayoría de ellas.
Si la hipótesis es cierta, es necesario prestarle atención a este síntoma. Si bien Argentina cuenta con una tradición social, institucional y cultural consolidadamente restrictiva de la circulación de las armas de fuego, recientes experiencias en otros países latinoamericanos demuestran la facilidad con la que esos controles pueden socavarse.
LAS ARMAS EN ARGENTINA
Argentina actualmente tiene alrededor de 1.000.000 de usuarios de armas de fuego legalmente registrados, aunque la mayoría de ellos se encuentra en una situación de ilegalidad por tener su autorización vencida. Además, se estima que, incluyendo las armas de fuego no registradas, el número total de armas podría triplicar o cuadruplicar a las 1.7000.000 que constan en los registros oficiales.
«Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego.»
Entre 2011 y 2019, en Argentina murieron en promedio 8 personas por día por la utilización de armas de fuego. Uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina es producido con un arma de fuego. El 76% de los homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos.
Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego.
Desde 2015, Argentina cuenta con una Ley modelo a nivel regional, que creó y regula la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que tiene a su cargo no sólo el registro y control del mercado legal de armas, sino también “el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada” (Ley 27.192). Entre otras funciones, esa Agencia tiene a su cargo la implementación del mencionado Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La creación de la Agencia fue un enorme avance en la materia, aunque lo cierto es que la ley sigue sin implementarse en su totalidad, ya que el organismo sigue sin contar con los recursos presupuestarios suficientes para implementar todas las acciones que tiene a su cargo.
LOS RIESGOS DE LA LIBRE PORTACIÓN
Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito (como afirmó el propio Milei), contribuyen al aumento de la violencia, el delito y las muertes. Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas. El caso de EEUU, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo (120 armas por cada 100 personas), es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7.5 veces mayor a la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y femicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países.
«no existen indicios serios de que el reclamo por más seguridad signifique que la ciudadanía quiera portar armas.»
La inseguridad es, sin lugar a duda, un problema central para la sociedad argentina. Aun cuando su tasa de homicidios sea relativamente baja en relación a otros países de América Latina, la encuesta realizada por LAPOP refleja que es uno de los tres países de la región con mayor cantidad de encuestados que reportan haber sido víctimas de la delincuencia en 2021. La delincuencia se ubica dese hace años en el podio de preocupaciones de la ciudadanía argentina.
Sin embargo, no existen indicios serios de que el reclamo por más seguridad signifique que la ciudadanía quiera portar armas. Las discusiones sobre cuál debe ser el rol del Estado, principalmente centradas en la política económica, no pueden trasladarse linealmente a las políticas de seguridad. Incluso aquellos sectores con una visión más reduccionista del tamaño estatal han sido históricamente favorables a reconocerle el rol de monopolizar el uso de la fuerza.
Por lo tanto, quien asuma el gobierno en diciembre tendrá una doble responsabilidad. Por un lado, desarrollar políticas de seguridad eficaces, que permitan reducir los índices de criminalidad y la percepción de inseguridad. Y, por el otro, garantizar la vigencia y la extensión de las políticas de restricción de las armas de fuego, ante la aparición de voces que buscan relativizar los enormes riesgos de liberar las armas.
La sociedad no pide armas, pide seguridad. Y los datos demuestran que más armas implica menos seguridad.
