La resolución de toda crisis adquiere un carácter eminentemente político: por ello ajuste no debería asimilarse con austeridad. La primera estaría reflejando un sobredimensionamiento que vuelve inviable la función del Estado, el segundo un tipo especial de medidas que terminan perjudicando el bienestar de quienes menos tienen.
Así las cosas, el pasado 20 de diciembre el gobierno nacional emitía un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La austeridad es presentada como la única alternativa racional, el sacrificio como un deber moral para superar la crisis. Y así se justifica la represión pues, aunque dolorosa la disciplina debe imponerse sobre la ciudadanía para garantizar el beneficio futuro.
En función de la desregulación económica, el citado DNU pretende derogar o modificar más de 300 leyes, avanza con la privatización de las empresas públicas, incluidos los Trenes Argentinos (TA) así como el Banco de la Nación Argentina (BNA), o la política de cielos abiertos. También introduce importantes cambios en materia laboral, deroga la ley de alquileres, procede con el achique del Estado (“para agrandar la Nación” al decir de J. A. Martínez de Hoz), al tiempo que le reduce sus ingresos.
NEGOCIOS SIN LÍMITES
Avanza también con la apertura de la economía, liberando el comercio exterior, reduciendo la protección industrial, modificando el régimen de inversiones extranjeras facilitando a los extranjeros la compra de tierras en el país (un presente para los jeques de Medio Oriente amigos de Mauricio) además una mayor desregulación en el sector minero. También deroga leyes en materia eléctrica al tiempo que no modifica ni altera el esquema de subsidios al sector petrolero –en definitiva, el gobierno cumple con sus promesas de campaña y retrasa la transición energética.
El decreto invoca la «emergencia pública» en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, excepcionalidad que continuaría hasta el 31 de diciembre de 2025. El carácter extraordinario de las medidas se explica por la “herencia recibida”, latiguillo utilizado por cada gobierno que asume.
En palabras de Sturzenegger, se necesita mostrar un cambio de rumbo. Lo que aquí se discute es la austeridad que conllevan las medidas tanto como las formas en que las mismas se implementan. La imposición de un ajuste siempre resulta discutida por quien lo soporta, el problema surge cuando “la casta dirigente” (incluyendo aquí a los empresarios amigos del poder), lo impone a las mayorías de forma inconsulta.
«El decreto invoca la ‘emergencia pública’ en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, excepcionalidad que continuaría hasta el 31 de diciembre de 2025. El carácter extraordinario de las medidas se explica por la ‘herencia recibida’, latiguillo utilizado por cada gobierno que asume.»
El momento resulta especial, ciertamente. Pero seguimos sin una visión estratégica respecto al modelo de inserción global o el rol que debiera asumir el Estado en una sociedad moderna. Nadie evalúa el nuevo contexto internacional. Improvisamos. Cuando desde de distintos sectores de la academia se plantea recuperar espacios de política, un oscuro personaje político como Federico Sturzenegger plantea reducir los grados de libertad.
Como parte del paquete de medidas de urgencia Mauricio Macri consigue el decreto de privatización de los clubes, tras perder en las elecciones quiere hacerse de “boquita” en el mercado de valores. Se promete desregular los servicios de provisión de Internet, un presente de Javier Milei a Elon Musk, cuyos pronunciamientos políticos recuerdan la posición fascista adoptada por Henry Ford en el pasado. El mercado todo lo resuelve: el pensamiento mágico, el voluntarismo engañoso.
LAS FUERZAS DEL MERCADO
Los mercados no resuelven los problemas macroeconómicos por si solos, mucho menos podrían coordinar un programa de estabilización. Tampoco parece racional dejar a los empresarios la política de comercio internacional en tiempos donde la geopolítica prevalece sobre la competitividad de las naciones. O pensar que los agricultores van a “manejar el fuego” de forma cuidadosa. Dichas visiones idealizan a los mercados (los creen perfectos y completos) tanto como a los agentes económicos (los avizoran racionales) o que los límites de la naturaleza son una cuestión a considerar por aquellos países que califican como privilegiados. Toda una cosmovisión, una actitud naïve que desconoce la presencia de actores con poder. Y dicho poder influye en la diseminación de las ideas, el diseño de las instituciones y la instrumentación de las políticas públicas.
Todo ello no resulta novedoso, ni tampoco la idea de austeridad. Su historia se remonta a principios del siglo pasado: los mayores gastos sociales que acompañaba a las democracias que ahora reconocían el voto de las mayorías.
Los nuevos derechos que esta imponía generaban el recelo de las clases más acomodadas. Surge así el reclamo por una mayor disciplina fiscal. Austeridad universalmente perpetuada durante la vigencia del patrón oro, celosamente perseguida en la Italia fascista de Mussolini. Dicho enfoque será fuertemente criticado por John Maynard Keynes, cuya visión impregnará la política económica de postguerra. Sin embargo, será en los EE.UU. donde primero se implementen este tipo de políticas tras el arribo de Franklin Delano Roosevelt al poder en las postrimerías de la crisis del 30.
La instrumentación de este tipo de políticas, el “Keynesianismo”, permitía conciliar los intereses de la clase capitalista con los objetivos de justicia social de los trabajadores. Dicho consenso, sin embargo, comenzó a cuestionarse en los años sesenta para terminar siendo abandonado en la década siguiente. Un crecimiento de la inflación acompañada por mayor estancamiento económico aupó la llegada de Milton Friedman, cuyas recetas impregnarán la agenda económica de allí en más.
Al apogeo del monetarismo se suman una serie de transformaciones estructurales, las cuales veían en el gasto público el origen de la inflación y al Estado como el culpable de todo lo malo. Tras la caída del muro de Berlín la visión neoliberal se esparce por todos los rincones del mundo, sus ideas permean los discursos de la socialdemocracia europea (Tony Blair, Gerhard Schröder, François Hollande) tanto como del partido demócrata estadounidense (Bill Clinton). Al mismo tiempo, paradójicamente, la globalización financiera mostraba amplias señales de riesgo.
«El ‘Keynesianismo’, permitía conciliar los intereses de la clase capitalista con los objetivos de justicia social de los trabajadores. Dicho consenso, sin embargo, comenzó a cuestionarse en los años sesenta para terminar siendo abandonado en la década siguiente. Un crecimiento de la inflación acompañada por mayor estancamiento económico aupó la llegada de Milton Friedman, cuyas recetas impregnarán la agenda económica de allí en más.»
La emergencia presiona la agenda pública en un momento crítico. La consolidación fiscal implica renunciar a brindar ciertos bienes y servicios públicos, pero también recortar gastos y reducir prestaciones, el Estado de Bienestar se desmorona. La contracción del gasto público es lo que perdura: la austeridad es la regla.
El gobierno plantea un nuevo marco de liberalismo y libertad económica, ambiciona reconvertir al país en el “granero del mundo”. El sueño de volver a la belle époque de fines del siglo XIX. Pero dicho momento histórico mostraba una sociedad fragmentada, donde las libertades políticas estaban acotadas y los problemas ambientales resultaban mínimos. La situación actual es otra. Con derechos políticos, pero con vastos sectores sociales marginados, con múltiples urgencias ambientales por atender. Se necesita ajuste, avanzar hacia una mayor austeridad resulta suicida (pensemos en las amenazas climáticas)
¿POR QUÉ Y CÓMO AVANZAR CON EL AJUSTE?
Argentina debe avanzar con el ajuste, ello no cabe duda. El déficit del sector público resulta cuantioso. Avanzar en su reducción implica una decisión política, la cual presenta costos. La mayoría de las veces estos se vinculan con propuestas de reducción y/o congelamiento de sueldos públicos, flexibilización laboral, reducción de los subsidios y la ayuda social, la reformulación del esquema previsional, bien la eliminación de las obras públicas sumada a una privatización de empresas públicas. Este tipo de políticas termina generando más pobreza, así como aumentando la desigualdad.
Sin embargo, ello no necesariamente implica marchar hacia la austeridad. Un ajuste con equidad pasa por avanzar hacia una nueva estructura impositiva, cuyo carácter progresivo resulta explicado por la creciente desigualdad en ingresos y riqueza que evidencia la sociedad argentina. En lugar de dirigirse hacia el desguace del Estado se debe priorizar su rediseño, la provisión de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía (emergencia social), pero también avance en brindar protección ante la irrupción de eventos extremos (emergencia climática)
«Un ajuste con equidad pasa por avanzar hacia una nueva estructura impositiva, cuyo carácter progresivo resulta explicado por la creciente desigualdad en ingresos y riqueza que evidencia la sociedad argentina. En lugar de avanzar hacia el desguace del Estado se debe priorizar su rediseño, la provisión de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía (emergencia social), pero también avance en brindar protección ante la irrupción de eventos extremos (emergencia climática)»
Este tipo de medidas conlleva tensiones, cambios macroeconómicos que deberían ir en dirección de una mayor autonomía. Un mayor espacio para la toma de decisiones obliga a una menor exposición a los mercados financieros internacionales, evitar que se produzcan nuevas burbujas financieras exige la mirada rigurosa del banco central.
Independientemente del tipo de ajuste que conlleva el DNU, también debería cuestionarse su efectividad estabilizadora. El paquete enviado no cumple dicha función, avanza, sí, con la desregulación de (determinados) precios y mercados al tiempo que no modifica el régimen de subsidios al sector petrolero. Lejos esta de ser la punta de un programa anti-inflacionario que logre coordinar conductas y expectativas. Contiene más contradicciones que cuestionamientos.
El Decreto de necesidad y urgencia ha recibido fuertes cuestionamientos. Diversos abogados constitucionalistas lo consideran como un intento de obtener la suma del poder público y suplantar al Congreso. Pero si su legalidad se encuentra en tela de juicio, la introducción del DNU debiera también inducir otro debate en la sociedad. En particular, sería importante cuestionar la forma de financiamiento de la política. ¿Qué empresarios aportaron a la campaña? ¿A qué sector o industrias pertenece? ¿Cómo fueron (o no) afectados por el paquete de medidas que terminan siendo implementadas? ¿Cómo las medidas beneficiaron (perjudicaron) a las industrias involucradas?
