Resulta paradójico que un proyecto de Ley que alega al desplazamiento de lo colectivo defienda la libertad individual a ultranza. Tal como lo sostenía Margaret Thatcher, mentora intelectual del accionar del gobierno en lo económico, la sociedad no existe.
El bienestar de la sociedad pasa por el individuo, el “sálvese quien pueda” viene a determinar el desempeño en la vida. Los “libertarios” dejan el bien común de lado, desconociendo la relevancia que Adam Smith otorgará al tema en la “Teoría de los Sentimientos Morales”. La naturaleza, por su parte, es considerada como el espacio para contaminar, lisa y llanamente, un vertedero. Menos interés adquiere la emergencia climática, realidad (científicamente comprobada) que varios en el gobierno desconocen, prima el oscurantismo.
Para los redactores del proyecto la crisis se soluciona desplazando al Estado de toda función, profundizando la libertad de mercados, resurge “el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública”. El mercado, sin embargo, no es más que una construcción social, cuya efectividad debe mucho a las reglas que impone el Estado como a los valores que posee la sociedad.
«El mercado […] no es más que una construcción social, cuya efectividad debe mucho a las reglas que impone el Estado como a los valores que posee la sociedad.»
En este sentido, lo enviado por el gobierno al Congreso evidencia la consagración del Estado Prebendario, donde leyes y normas benefician puntualmente a un determinado sector, privilegian los intereses de un empresario en particular. Como evidenciamos tantas veces en la historia argentina, las medidas elevadas por el Ejecutivo al Congreso afectan el contrato social. Ahora también afectan a la naturaleza, la vida misma en la Tierra. La propuesta, en definitiva, reduce el capital social, el bien común resulta marginado: la economía de mercado se transforma en una sociedad de mercado.
ENERGÍA PARA POCOS
Del proyecto enviado al congreso, uno de los sectores más destacados es el energético. El gobierno propone modificar varios artículos de la ley de hidrocarburos 17.319 (sustituye 46, deroga 14), así como del marco regulatorio de gas – ley 24.076 (sustituye 5, deroga 1). Se plantea adecuar el marco regulatorio de la energía eléctrica (Leyes 15.336 y 24.065) con el fin de liberar la comercialización, competencia y ampliación de tal mercado, con especial énfasis en la libre elección de proveedor de energía eléctrica a los usuarios finales. Unifica los entes de regulación (creando el Ente Regulador del Gas y la Electricidad). También se anuncia la privatización de YPF, empresa que actualmente preside un ex CEO de Techint.
En lo sustancial el proyecto elimina el barril criollo, lo cual implica desregular el precio de los combustibles que se comercializan en el mercado interno, al tiempo que libera las exportaciones petroleras. En un mercado altamente concentrado como el petrolero, lo anterior implica beneficiar a las empresas del sector más que proteger a los consumidores. La industria petrolera (juntamente con la minera) también resulta exceptuada de los aumentos en derechos de exportación que intenta imponer el proyecto del ejecutivo al resto de la actividad productiva.
«La prioridad del gobierno es desregular el sector energético, tal como lo anticipaba el DNU enviado la semana previa, lo cual termina beneficiando el status quo imperante.»
La transición energética es nombrada pero no tratada, ningún párrafo referencia a las energías renovables, tampoco menciona si se estimulará su adopción. La prioridad del gobierno es desregular el sector energético, tal como lo anticipaba el DNU enviado la semana previa, lo cual termina beneficiando el status quo imperante. Este modifica la ley de energía distribuida, mencionando su intención de contribuir a una mayor competencia (algo que suena inverosímil), al tiempo que deroga varios artículos del Régimen de Fomento de las Energías Renovables. También desactiva el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), y elimina los Certificados de Crédito Fiscal (CCF), junto a otros beneficios fiscales para usuarios que optaran por abastecerse con renovables.
MIEDO AMBIENTE
Respecto a la emergencia climática, el proyecto sólo considera la creación de mercados de emisiones que operen sobre las GEI comprometidos por el país. Menor interés despierta lo ambiental: el proyecto modifica o deroga tres leyes regulatorias en la materia: La Ley de Bosques Nativos (26.331), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema (26.562), además de la derogación del artículo 6° de la Ley de Fiscalización de Fertilizantes (20.466). La búsqueda de rentabilidad que impregna el modelo extractivista les lleva a olvidar el rol de los glaciares, la importancia de mantener la biodiversidad, como también los efectos que generan las quemas sobre la salud de la población.
Es el mercado quien liderará la transición, avance que dependerá de la tasa de retorno de las inversiones. Será la empresa quien determine cuánto contaminar, protección del medio ambiente que dependerá de la benevolencia de cada empresario particular. En lo atinente a la transición tanto como en materia ambiental, en definitiva, la desregulación debe entenderse como un retroceso, una regresión que debe impedirse.
«Será la empresa quien determine cuánto contaminar, protección del medio ambiente que dependerá de la benevolencia de cada empresario particular.»
Las ventajas otorgadas al sector petrolero y minero profundizarán, sin duda, el sesgo extractivista que ya muestra la economía argentina. Dicha tendencia no solo pasa por los beneficios directos, también se evidencia en los mensajes (recordemos lo dicho respecto a la libertad de contaminar los ríos) y la actitud que emanan del presidente en torno al tratamiento de los activos estratégicos (cuando gentilmente ofrece a Ellon Musk el litio que yace en territorio argentino, mineral estratégico en la transición energética).
FUERTE PRESENCIA ESTATAL EN LA REGIÓN
Mientras tanto, allende la cordillera observamos el anuncio de un acuerdo entre CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile) y SQM (Sociedad Química y Minera), otorgando a la empresa pública supremacía en todo nuevo proyecto de litio que lleve adelante la segunda (recordemos que esta última había obtenido sus derechos de explotación por gracia de Pinochet).
Tras un nuevo aniversario de la nacionalización del cobre realizada durante el gobierno de Salvador Allende (medida esta que fue mantenida por el gobierno militar), en abril del presente año Gabriel Boric destacó la importancia del Estado en liderar el ciclo de producción de este mineral, al tiempo que destacaba la necesidad de avanzar con la creación de una empresa pública, aunque no la nacionalización del litio. El acuerdo es de firma reciente, mas hace varios años que Chile viene discutiendo el control del mineral.
Idéntica continuidad se observa en Uruguay, cuando en 2008 inició la conversión de su matriz energética durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Fruto de esta decisión, hoy entre un 90% a 95% de la producción eléctrica del país proviene de fuentes renovables. Así las cosas, cuando la mayoría de los países avanzan hacia una visión estratégica de la transición energética, la subsidiaridad del Estado y el negacionismo climático enmarcan la visión del gobierno argentino en materia energética. Cuando otros planean a largo plazo, Argentina avanza a los tumbos: yendo de extremo a extremo, sin mostrar continuidad en sus políticas públicas.
REGALAR SOBERANÍA
El proyecto de ley desconcierta al proponer el fin de la zona económica exclusiva (ZEE), medida que afecta de manera grave a la industria pesquera asentada en el país. El artículo 245 de la citada ley ómnibus propuesta indica “Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, modificando el artículo 24 del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), el cual reservaba la explotación de los recursos vivos marinos dentro de las aguas continentales.
La propuesta abre las puertas a la entrada masiva de pesqueros chinos, con suficientes recursos financieros como para quedarse con un sector estratégico en materia de seguridad alimentaria. Además de afectar a empresas y empleos, atentar contra el cuidado y la sustentabilidad de los recursos ictícolas del país, la propuesta del PEN deviene una flagrante entrega de soberanía.
«La propuesta abre las puertas a la entrada masiva de pesqueros chinos, con suficientes recursos financieros como para quedarse con un sector estratégico en materia de seguridad alimentaria.»
Una nota anterior terminaba con una pregunta, la cual indagaba sobre la conexión entre el DNU, empresarios y sectores. Las primeras medidas de gobierno favorecen claramente a la industria petrolera y relegando la transición. Al escuchar los discursos, tras observar designaciones y medidas propuestas, se percibe que los proyectos enviados, resulta claro que favorece a determinados empresarios, algunos ya fueron nombrados en cadena nacional.
