Una economía que vive al borde del caos. Argentina es un país que recurrentemente incumple con sus obligaciones externas, uno donde la presencia de episodios hiperinflacionarios deviene recurrente. Índices de endeudamiento o de inflación récords que evidencian una larga historia, presencia que muchos asocian a la prevalencia de políticas “populistas”.
Tal aseveración clama por un cambio político, un nuevo programa de gobierno que “borre de un plumazo” los “horrores» hasta aquí cometidos por la “casta” que ha venido delineando la macroeconomía del país en los últimos cien años. A grandes rasgos, este es el razonamiento de Javier Milei y el equipo que lo secunda.
ALINEAR VOLUNTADES
El principal problema que enfrenta el gobierno entrante resulta, para algunos, de índole eminentemente coyuntural. Básicamente, resolver el problema inflacionario, evitar la desestabilización. Bastaría así una serie de medidas de política que induzca un ajuste en una serie de precios relativos, con énfasis en la paridad cambiaria (valor real del dólar estadounidense), una devaluación que devuelva competitividad al sector exportador. Al mismo tiempo, el gobierno debería restringir la emisión (monetaria) y disminuir el gasto público, medidas comúnmente asociadas a una mayor austeridad.
Pero este tipo de medida no puede pensarse en forma aislada, ni analizarse el problema en forma abstracta.
Más allá de los desvaríos de quienes a lo largo de los últimos años les toco ocupar el Ministerio de Economía y la presidencia del Banco Central, es cierto que cualquier intento de estabilización macro genera reparos en los distintos sectores económicos que conviven en el país, las diferentes medidas de política no se imponen fácilmente, no es fácil alinear voluntades y expectativas en una sociedad como la argentina. Por ello, al evaluar la factibilidad de toda política de estabilización es ilusorio desentenderse de la variedad de actores e intereses que conviven en la sociedad, ni tampoco diseñarla soslayando el poder que detentan determinados sectores económicos.
Cualquier intento de estabilización macro genera reparos en los distintos sectores económicos que conviven en el país, las diferentes medidas de política no se imponen fácilmente, no es fácil alinear voluntades y expectativas en una sociedad como la argentina.
Esta no es la visión del gobierno, obviamente. Como el sistema democrático se ve impedido de ordenar las preferencias de los ciudadanos, reemplacemos la diversidad por un agente hipotético, brindándole a este toda la libertad para así maximizar el bienestar. Afortunadamente la academia ha mostrado grandes avances, tanto en ofrecer alternativas al dilema de Arrow como en reconocer lo limitado de basar una política de estabilización en modelos de agente representativo. Pero las ideas no han logrado permear entre aquellos que se presentan como grandes académicos, asesores en las sombras que terminaron ocupando un lugar secundario en el teatro Broadway, amén del fracaso, reiterado y altamente costoso, al que conllevan sus propuestas.
INFLACIÓN: CAUSALES Y POLÍTICA
En un régimen democrático la estabilización debería basarse en políticas que partan del consenso, tender a disminuir el grado de conflictividad que este tipo de medidas (de seguro) terminan por generar. También, en reconocer que los problemas que enfrentamos distan de ser de fácil resolución. Pongamos el foco en el problema inflacionario: describirlo desde una perspectiva única (supongamos, originada en un exceso de demanda que induce una política monetaria expansiva) impide reconocer la complejidad del problema y, por ende, encontrar una solución.
Toda política de estabilización debería reconocer el rol que juegan las expectativas, las distintas visiones que los agentes mantienen respecto a la evolución futura de los precios. Aquellos que crean en la sustentabilidad de la política implementada avanzarán con sus inversiones (mantendrán sus precios), otros que descreen del gobierno ajustaran precios (o postergarán inversiones). Las expectativas también influyen en las decisiones de los empresarios (nivel de empleo) y sindicatos (reclamos salariales). Así el gobierno está llamado a generar una narrativa, alinear expectativas a fin de que los distintos sectores entiendan que la inflación resultará superada. En este sentido, el plan enunciado no arroja ninguna señal. Luis Caputo no explicita cuál terminará siendo la configuración cambiaria y monetaria.
Toda política de estabilización debería reconocer el rol que juegan las expectativas, las distintas visiones que los agentes mantienen respecto a la evolución futura de los precios.
A fin de analizar la problemática inflacionaria, por último, también debe considerarse el nivel de conflictividad que muestra la sociedad. Esta explicación ha estado históricamente asociada a la disputa entre empresarios y sindicatos, conflicto de envergadura en períodos de fuerte actividad económica y predominio de la industria. Pero el empleo formal ha perdido relevancia. Así las cosas, observamos otra dimensión del conflicto, asociada ahora con la disputa en torno al esquema de financiamiento público.
GLOBALIZACIÓN FINANCIERA
La globalización financiera ha venido a erosionar la efectividad de la política monetaria, pues ahorristas e inversores pueden relocalizar sus tenencias ante cualquier señal del gobierno que consideren lesiva para sus intereses. Ese arbitraje incide también en lo tributario: las exenciones y beneficios que favorecen a las grandes fortunas, la (baja) imposición que observan las (grandes) empresas multinacionales, o los altos niveles de evasión que evidencian amplios sectores de la economía.
La globalización financiera ha venido a erosionar la efectividad de la política monetaria, pues ahorristas e inversores pueden relocalizar sus tenencias ante cualquier señal del gobierno que consideren lesiva para sus intereses.
Todos estos factores fuerzan al Estado a buscar financiamiento en el mercado de deuda, bien a respaldarse en la emisión. Ingresos que conducen a un exceso de endeudamiento (Mauricio Macri), o en el nivel de seigniorage (Cristina Fernández o Alberto Fernández). Excesos que, al final del día, tienden a afectar al balance de pagos y, como muestra el caso argentino, terminan generando una mayor inflación. Así queda planteada la relevancia del conflicto distributivo al momento de analizar la dinámica inflacionaria, tanto como la tendencia a dolarizar la cartera de inversiones.
Volviendo al plan de estabilización del gobierno (¿existe?), lo hasta aquí observado es una mega-devaluación, que impulsa una carrera de precios (inflación), pues la medida adoptada no logra coordinar expectativas. Mayor inflación acentúa la recesión, aumenta la desocupación, eventualmente mejora la balanza comercial. Sin embargo, de persistir la inflación el dólar se retrasa, los exportadores se mostrarán remisos a liquidar divisas.
ESTABILIZACIÓN DE SHOCK NO ES ESTABILIZACIÓN
El problema no solo es coyuntural. De prosperar las propuestas elevadas por el Ejecutivo, la economía del país cambiará rotundamente. La escasa relevancia (o profundidad) de los mercados financieros tanto como un bajo nivel institucional, atentan contra la efectividad de la política monetaria y fiscal. Ello debería impulsar medidas que vengan a revertir tal tendencia, evitar la pérdida de soberanía que implica adoptar el dólar o blindar a los inversores con garantías excesivas. La ausencia de reglas claras profundiza dicha debilidad, al tiempo que la imposición de cambios tan profundos en las reglas de juego profundiza el riesgo institucional que, desde hace muchos años caracteriza al país.
La escasa relevancia (o profundidad) de los mercados financieros tanto como un bajo nivel institucional, atentan contra la efectividad de la política monetaria y fiscal.
Que nuestra sociedad sea vista como conflictiva no debe preocupar. Cincuenta años atrás, Mallon y Sourrouille (1973) destacaban que “los conflictos en la política macroeconómica son síntomas de las dificultades para concretar acuerdos sobre las nuevas reglas de juego… el manejo político y la mediación en los conflictos deben formar parte integral del mismo proceso de decisión. Los defensores del comportamiento político conforme a alguna normal “ideal” –sea la optimización de Pareto o la organización de una nueva sociedad– no contribuyen a la integración de este proceso. En su lugar, coadyuvan a reforzar la polarización ideológica en la toma de decisiones y a promover estancamientos o gobiernos golpistas”, (Richard Mallon y Juan Sourrouille: “La política económica en una sociedad conflictiva: el caso argentino”). A diferencia de lo observado en los años 1970s, los conflictos actuales reflejan también lo ambiental.
Las crisis económicas no han estado ausentes en los últimos 40 años, tampoco los defectos (en la prestación de bienes comunes) ni las omisiones (por caso, en lo que hace al cuidado del medio ambiente), pero nada de eso afectó la continuidad democrática. Actualmente la situación es otra. Por sus fuertes costos sociales y ambientales, la terapia de shock implementada por el gobierno conduce a una mayor conflictividad, no necesariamente a la estabilización.
Dada la impronta de quienes hoy detentan el poder, la crisis parece conducir al país hacia un mayor autoritarismo. Tal como plantea Gargarella (2023), “si las reglas básicas de la sociedad son redactadas, aplicadas e interpretadas por unos pocos, no es raro que esas normas terminen sirviendo a la libertad de algunos más que a la de todos” (Roberto Gargarella, «Manifiesto para un Derecho de Izquierda»). Si queremos superar la crisis y resolver el conflicto, debemos abrir el debate, ampliar la participación ciudadana, acordar un plan de estabilización que sienta las bases para un futuro más inclusivo y sustentable.
