La gestión frenética de Milei genera caos y beneficios para algunos. La inflación persiste, se prevé devaluación y el gobierno promete un ajuste ambicioso. El FMI alienta la desregulación, debilitando el control ambiental. Los recortes y el DNU empobrecen a la población.
Nicolás Posse, Luis Caputo y Javier Milei.
Han pasado poco más de dos meses de la asunción de Javier Milei, aunque el ritmo frenético que ha evidenciado su gestión parecería afirmar que el tiempo que ha pasado resulta mucho mayor. Quizás estemos viviendo una nueva temporalidad, tal como aquellos que miden en siete los años de vida de los perros por cada año vivido por su dueño. Pero bajo el gobierno de las fuerzas del cielo, los consejos de Conan tardan en llegar a estas latitudes, lo cual genera mayor incertidumbre política. La macro deberá esperar, la estabilización viene después: primero el caos.
Y, como plantea el dicho popular: en río revuelto ganancia de pescadores – o de quienes cuentan con los aparejos de pesca. Así el caos permite a ciertos sectores, empresarios y amigos, hacerse de activos a precios de remate, obteniendo beneficios impensados en otros tiempos. La urgencia por hacerse de fondos agrava también al ambiente, prevalece el discurso que equipara la protección del medio ambiente con privilegios de país desarrollado – poco importa si la destrucción de la naturaleza beneficia a unos pocos.
Téngase presente que a mayor caída de producto bruto interno, mayor el sacrificio fiscal (en puntos de producto) que deberá hacer el sector público para llegar a cumplir con las metas pautadas. Nótese que el plan descuida el desempeño de una variable económica clave en economías emergentes: el tipo de cambio real.
Mientras tanto la inflación continúa, las mayorías se ven empobrecidas. Según el consenso de quienes participan en la encuesta Relevamiento de Expectativas de Mercado, que recopila el Banco Central, se prevén tasas mensuales de dos dígitos para gran parte del año. Anualizadas, consagrarían una inflación superior al 200 por ciento. Con un gobierno decidido a mantener el esquema de ajustes graduales y predefinidos del tipo de cambio en torno al 2 por ciento mensual, lo anterior plantea un problema de retraso cambiario, impulsa una nueva devaluación en el corto plazo – algunos analistas la plantean ocurriendo en marzo, otros en abril.
A MÁS RECESIÓN = MÁS AJUSTE FISCAL PARA EL DÉFICIT CERO
El gobierno prometió un ajuste muy ambicioso, esfuerzo aplaudido por el Fondo Monetario Internacional. Los interlocutores del FMI destacan la adopción del ancla fiscal como herramienta anti-inflacionaria tanto como por la determinación que evidencia la política monetaria por parte del banco central. Según Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Fondo: “el proceso de estabilización será desafiante y requerirá de una implementación firme y ágil de la política económica”. Toda una apuesta, sin duda. Más cuando el ancla de estabilización está asociada al déficit público, el objetivo del equipo económico es lograr el déficit cero. Téngase presente que a mayor caída de producto bruto interno, mayor el sacrificio fiscal (en puntos de producto) que deberá hacer el sector público para llegar a cumplir con las metas pautadas. Nótese que el plan descuida el desempeño de una variable económica clave en economías emergentes: el tipo de cambio real.
A fin de reducir el déficit, el gobierno acordó con el Fondo aumentos de las tarifas de la electricidad (más del 200 por ciento) y del gas (más del 150 por ciento). Así, logrará reducir los subsidios energéticos en un tercio. También se proponen cortes a las transferencias a las provincias y a las empresas públicas por un total del 0,5 por ciento del PBI y preparar a éstas últimas para una potencial privatización.
En el comunicado de prensa emitido por el Directorio Ejecutivo del Fondo, por otra parte, se detecta su interés estratégico por los recursos naturales del país. En materia de tratamiento a la inversión, le plantea al gobierno sobre la necesidad de modificar el marco regulatorio, lo cual permitirá explotar el potencial del sector energético y minero del país: una profundización del modelo extractivo. Ninguna mención de la transición energética ni de los riesgos macro-financieros que implica su desconocimiento, el comunicado refuerza el modelo petrolero hoy vigente. Al alentar a la desregulación, la propuesta debilita el control ambiental en la actividad minera.
Pero también el Fondo clama por el desmantelamiento de toda medida de gestión sobre los flujos de capital, un artículo de fe por parte de la entidad que perdura desde los 1990s pese al reconocimiento que en 2012 realizará el Staff respecto a la importancia de los controles en la estabilidad macro-financiera.
En el mismo comunicado destaca la agudización de los desequilibrios que presenta la economía desde hace varios años, y como la acción del gobierno de Alberto Fernández terminó por agravar distorsiones que surgieron del desvió del acuerdo con el Fondo. Idéntico criterio adoptó el FMI en años posteriores, cuando reconoció el error de la inconsistencia del plan de excesivo endeudamiento, la crítica entonces era al tándem Macri–Caputo. Observamos así que las inconsistencias se repiten, la incongruencia involucra también al Fondo.
AJUSTE POR INFLACIÓN
Aunque errante y poco efectiva en su lucha anti-inflacionaria, la política económica del gobierno muestra algunos logros – aunque estos sólo entusiasmen al círculo rojo, los sectores financieros y al Fondo. Al tiempo que la inflación se disparaba al 25,5 por ciento, los salarios subieron apenas 8,9 por ciento en diciembre. La caída confirma el empobrecimiento de la población y el duro golpe para la clase media. Más allá de la fuerte caída en el salario real que siguió a la devaluación de diciembre, se le suma los fuertes ahorros que genera la fuerte licuación que viene sufriendo los egresos del Estado.
En un análisis de la oficina de presupuesto del congreso (OPC) destaca una caída del 11,9 por ciento en los gastos primarios de la administración central – medida interanual. Considerando en particular, los gastos primarios cayeron 30,8 por ciento, las jubilaciones y pensiones 32,5 por ciento, las asignaciones familiares el 36 por ciento, los programas sociales un 59,6 por ciento. Pero la caída más pronunciada se observa por el lado de las inversiones, donde la contracción alcanza al 75 por ciento. Tamaña contracción en el gasto, bien la drástica reducción en la inversión pública influye sobre el nivel de actividad económica. Al momento de priorizar recortes y premios el gobierno posee una fuerte discrecionalidad, posibilidad que le brinda el haber decidido prorrogar el presupuesto del 2023 (decreto 88/2023).
Los gastos primarios cayeron 30,8 por ciento, las jubilaciones y pensiones 32,5 por ciento, las asignaciones familiares el 36 por ciento, los programas sociales un 59,6 por ciento. Pero la caída más pronunciada se observa por el lado de las inversiones, donde la contracción alcanza al 75 por ciento.
La vigencia del DNU ha empujado un incremento en los precios de un grupo de productos y servicios claves, afectando a amplios sectores de la población. En el sector salud, se observan aumentos superiores al 50 por ciento en los precios de los medicamentos, la medicina prepaga validó aumentos por encima del 100 por ciento. Para los inquilinos, la eliminación de la ley de alquileres no sólo implicó un aumento de los precios, sino también enfrentar normas que dificultan el acceso a la vivienda. En virtud de otras medidas desregulatorias incluidas en el decreto, la industria petrolera convalidó un aumento del 140 por ciento en el precio de los combustibles. La mayoría de estos aumentos afectan a la clase media.
A los aumentos observados en el área de transporte, debe sumarse la reciente decisión del presidente de eliminar el fondo de compensación al transporte. Como represalia a los gobernadores ante la caída de la Ley Ómnibus, la “vendetta” de Javier Milei implica un “descongelamiento” automático de las tarifas, que puede llevar al boleto mínimo a niveles socialmente insostenibles (por encima de los 1.000 pesos).
RENTABILIDAD A COSTA DEL MEDIO AMBIENTE
Otro de los efectos del DNU que no debería pasarse por alto, atiene a los cambios que impone en materia de protección del medio ambiente, tanto como en materia climática. A fin de impulsar una mayor explotación el decreto viene a debilitar leyes y normativas ambientales, aún cuando distaban de garantizar un manejo prudencial de los recursos.
El gobierno viene a reformular leyes, como la de tierras, de bosques o glaciares, un avance sobre la naturaleza en momentos que distintos eventos extremos afectan a diversas regiones del país, los incendios forestales consumen bosques ancestrales. Pero, a diferencia de lo que observamos en otras áreas, el consenso extractivista permite al gobierno pasar los cambios sin mayores contratiempos en el Congreso, donde cuenta con el apoyo de los gobernadores y el respaldo del lobby minero.
En notas previas nos hemos referido al fracaso legado, lo errado de adentrarnos en la polarización. Resulta imposible intentar estabilizar la economía en un contexto signado por el cortoplacismo en la toma de decisiones. El contexto político, lamentablemente, no ha hecho más que empeorar. Las decisiones no sólo muestran un sesgo cortoplacista, los mensajes que surgen del Presidente exacerban el odio y el rencor.
En su afán de imponer su programa de gobierno, se avanza sobre los derechos adquiridos. Todo aquel que se le opone, se lo agrede, de ser necesario se lo reprime. Para ello está Patricia Bullrich. Si el programa se desvirtúa, entonces viene Mauricio Macri al rescate. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: refundar el país, volver a la “Belle Epoque”, la Argentina de unos pocos.
Todo lo anterior debería impulsarnos a repensar la situación actual, recrear una visión democrática, verde y progresista. Pensar la crisis como una oportunidad de cambio sin evadir responsabilidades, repensar alternativas que eviten resignar derechos, sociales o ambientales. Ello obliga a diseñar un programa de estabilización que logre recuperar credibilidad en el peso, que sea fiscalmente sustentable al tiempo que articule el corto plazo repensando el futuro desde una perspectiva inclusiva y sustentable.
