En estos días ha surgido un profuso debate en torno al proyecto enviado por el Ejecutivo, el régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) del cual se espera atraiga inversores extranjeros a la Argentina. A tal fin se plantean una serie de incentivos (impositivos, cambiarios) al tiempo que se ofrecen una serie de garantías jurídicas, todas medidas requeridas para poder atraer capitales para el desarrollo del país.
En función del proyecto, las empresas que lleven a cabo las grandes inversiones (montos superiores a los U$S 200 millones) contarán con la certeza de invariabilidad por un lapso de 30 años respecto del régimen cambiario, tributario y aduanero que afecta a sus retornos.
LA GRAN OFERTA
El proyecto declara que las empresas participantes quedarán exceptuados de liquidar las divisas en mercado de cambios por el 20% “a partir del primer año contado desde la fecha de adhesión al RIGI, 40% a partir del segundo año y totalmente eximidos desde el tercer año.
Los beneficios aduaneros implican la exención de derechos de exportación durante los primeros tres años, mientras exime a las empresas del pago de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.
En materia impositiva, el esquema fija una alícuota del 25% para Ganancias al tiempo que otorga 5 años de “pérdidas” a las empresas participantes para que puedan descontar de futuros pagos del tributo. El régiman prevé la devolución acelerada de saldos a favor (IVA) en un plazo no mayor a tres meses. Por último, promete computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
Admite, además, a las empresas participantes la posibilidad de importar sin ningún tipo de arancel cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que éstos deban ser nuevos o usados, incluso se les permite su reventa. En función del artículo 162 de la Ley de Bases se anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo cual vulnera la autonomía de provincias y municipios.
Exceso de garantías, escasos beneficios. Los beneficios del esquema también estarían disponibles para aquellos inversores que llegan a “comprar empresas preexistentes”, incluso aquellas sujetas a privatización.
EL AMBIENTE NO ES UNA PRIORIDAD
Más allá de los privilegios económicos que otorga el proyecto a las actividades extractivas, resulta ciertamente preocupante observar los impactos sobre el ambiente y la biodiversidad que generarían los citados proyectos de volverse operativos. En este sentido, el proyecto de ley bajo estudio supera a los beneficios otorgados por el régimen de Inversión Minera sancionada en 1993, legislación cuyo aporte a la generación de cadenas de valor en el sector resultó escaso.
Más controversial resulta el avance sobre los recursos a disposición de las empresas participantes, por caso, sobre el uso del agua (insumo estratégico para la megaminería y la industria del fracking) en perjuicio del abastecimiento a las poblaciones locales. Por si esto fuera poco, el proyecto debilita (aún más) los requerimientos de estudio de impacto ambiental (EIA). Pero también, de sancionarse la normativa puede resultar desafiada por los inversionistas, acudir al CIADI u otro tribunal arbitral.
Más controversial resulta el avance sobre los recursos a disposición de las empresas participantes, por caso, sobre el uso del agua (insumo estratégico para la megaminería y la industria del fracking) en perjuicio del abastecimiento a las poblaciones locales. Por si esto fuera poco, el proyecto debilita (aún más) los requerimientos de estudio de impacto ambiental (EIA).
El esquema propuesto, en definitiva, termina delineando una economía de enclave. No esta pensada para estimular nuevos encadenamientos productivos, tampoco promociona la generación de empleo, mucho menos impone requerimientos de transferencia de tecnología a quienes estén interesados en arribar a nuestras costas o plantear algún tipo de asociamiento estratégico en sectores económicos claves.
NEGOCIACIONES SENSATAS
Considerar estos aspectos al momento de negociar con los potenciales inversores no debería resultar tabú, mucho menos inadecuado. Recordemos que ya en los noventa China negociaba tratados que imponían requerimientos de contenido nacional, empleo y transferencia de tecnología.
Dicha visión estratégica se observa en lo firmado por otros países del sudeste asiático, bien cuando se inicia el proceso de renegociación una década más tarde. O también el caso de Chile. Sin embargo, por estas latitudes las autoridades seguían repitiendo el viejo mantra acerca de la necesidad de “brindar mayores garantías… sino las inversiones no van a llegar”.
Obviamente, el proyecto concita adhesión de sectores del establishment como de empresarios del sector extractivo. Para las petroleras, por caso, lo propuesto resulta más ambicioso que lo soñado: garantías por 30 años cuando sus propios accionistas le reclaman un plan de transición. Consideremos el caso de YPF, Horacio Marin (CEO de la petrolera nacional con pasado en Tecpetrol–Techint) declama por la aprobación del RIGI para avanzar con la planta de Gas Natural Licuado y así potenciar las exportaciones de Vaca Muerta.
Idéntica postura adoptan Techint, Bridas y el resto de los actores de la industria. Inversiones de largo plazo que necesitan de reglas claras, aunque nadie puede garantizarle los mercados. Subsidiamos a la oferta por 30 años, desconsiderando lo que vaya ocurrir con la demanda en el próximo decenio.
LOS DUEÑOS DE LOS RECURSOS
Ávidos de la llegada de inversiones, el proyecto de ley recibe también el apoyo de varios mandatarios provinciales (recordemos que son ellas las dueñas de los recursos) principalmente entre las del noroeste. El interés entre las provincias cordilleranas es por la minería. Con la promesa de grandes inversiones en litio y cobre, los gobernantes entienden que solo el RIGI ayudaría a dinamizar el sector. Obviamente las mineras “vienen por todo”, reclamando la sanción del RIGI para lanzar una “nueva ola de inversiones”. Lo estratégico son los recursos (cobre o litio), porque su oferta es finita: otorgan renta. Pero ¿Quien se la queda?
El proyecto aún se haya bajo discusión, puede que se modifiquen algunos artículos, pero, lamentablemente poco se discute respecto a la conveniencia de este. Avanzar con el RIGI implica necesariamente pensar en el largo plazo, pensar en inversiones que terminan influyendo sobre la matriz productiva de un país, tanto como en su estructura exportadora ¿Cuáles serán los sectores que predominarán, cuáles las consecuencias del modelo en materia de empleo y distribución del ingreso, qué tipo de costos ambientales pueden generan los capitales que atraigamos, qué estaremos ofreciendo al mundo de aquí a 30 años?
Avanzar con el RIGI implica necesariamente pensar en el largo plazo, pensar en inversiones que terminan influyendo sobre la matriz productiva de un país, tanto como en su estructura exportadora ¿Cuáles serán los sectores que predominarán, cuáles las consecuencias del modelo en materia de empleo y distribución del ingreso, qué tipo de costos ambientales pueden generan los capitales que atraigamos, qué estaremos ofreciendo al mundo de aquí a 30 años?
Así lo primero que debería discutirse es que tipo de capitales estamos interesados en atraer a nuestras costas, pampas y montañas. Ello porque, a priori, no toda inversión debería ser bienvenida, dependiendo del proyecto el futuro podrá ser más o menos equitativo, nuestra geografía degradada en mayor o menor medida. Tal postura conlleva una visión del tipo de desarrollo debería prevalecer, algunos entendemos que inclusivo y sostenible. Por ello, alguno de los fondos que arriban al país pueden resultan nocivos, terminar por fortalecer un sendero extractivo, con su consiguiente exclusión y contaminación.
FIN DEL PETROLEO
Vivimos el tiempo de la emergencia climática, el planeta se encuentra al borde del colapso. El cambio climático no es un slogan de la “izquierda”, sino una realidad que afecta a millones en el mundo. Una sucesión de eventos extremos nos plantea lo real de la amenaza, veamos lo sucedido en Río Grande do Sul días pasados lo cual evidencia los efectos del cambio climático. Y, por más que no les guste a las petroleras (o lo traten de ocultar) es la quema de combustibles fósiles la principal causante del problema. Entonces, realmente ¿Nos interesa que sigan viniendo capitales a realizar tareas de prospección petrolera?
Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA) el pico de petróleo llegará antes del fin de la presente década, no por la falta de recursos, sino por la caída proyectada en la demanda. Aclaremos. Esto no implica que se dejará de utilizar petróleo o gas, por una serie de factores (avance tecnológico, reducción de precios, leyes y normativas, preferencias en el consumo) aumenta el peso de los renovables en la matriz energética.
Lo que si resulta probable es que caigan los precios a los que logren colocarse los combustibles fósiles. Y, voila. Sin prisa y sin pausa los inversores comienzan a “salirse del petróleo”, por más disgusto que esto provoque entre los petroleros. Y cuando la cercanía del pico resulte un hecho certero para los inversores, los mercados se desploman, aparecen los cisnes verdes, los activos petroleros pierden valor, devienen varados, afectando así la estabilidad financiera.
Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA) el pico de petróleo llegará antes del fin de la presente década, no por la falta de recursos, sino por la caída proyectada en la demanda. Aclaremos. Esto no implica que se dejará de utilizar petróleo o gas, por una serie de factores (avance tecnológico, reducción de precios, leyes y normativas, preferencias en el consumo) aumenta el peso de los renovables en la matriz energética.
Fruto de los crecientes costos que conllevan los desastres naturales (huracanes, inundaciones, incendios), California, Nueva York, Massachussets, entre otros Estados que conforman la Unión han decidido llevar a las petroleras ante la Justicia. La situación judicial de estas compañías no resulta mucho mejor en Europa, sino considérese el fallo desfavorable contra Shell ante una causa iniciada por Milieudefensie, ONG holandesa que demandó a la petrolera por no avanzar con un plan de transformación. Estos no son más que un puñado de ejemplos de acciones legales que enfrentan las petroleras en todo el mundo.
Respecto a las garantías otorgadas, vale la pena repasar el derrotero del Tratado de Energía (TE). Gestado en los años noventa del siglo pasado, dicho tratado estuvo orientado a incentivar a las empresas del sector energético para que inviertan en el Este de Europa. Con un esquema de garantías asimilable al otorgado por los famosos tratados bilaterales de inversión (TBIs) firmados por Argentina en dicha década, con el tiempo el esquema se convirtió en un “arma de doble filo” para una Europa que iniciaba el tránsito hacia un nuevo modelo energético.
Cuando Holanda decidió avanzar con el cierre de las centrales a carbón se vió demandada por RWE, empresa alemana que operaba una de las centrales. El caso resultó el puntapie inicial, que despertó a los países miembros de la UE a denunciar el citado TE. Así las cosas, y dado el interés estratégico de avanzar con la transición, en Abril del corriente año el Parlamento Europeo decidió retirarse del tratado.
Sin embargo, el sesgo pro-inversor que mostraban los viejos tratados van siendo dejados de lado. Lo ambiental, tanto como la crisis climática ha impulsado una serie de actualizaciones en los tratados que sopesan derechos y obligaciones. Pero también se transforma el esquema de tribunales “ad-hoc” mediando entre inversores y Estados Soberanos.
Fuertemente criticados por su sesgo pro-inversor, los esquemas arbitrales de resolución de disputas bajo la órbita del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) han comenzado a introducir algunos cambios. Lamentablemente, comprobamos que lo propuesto colusiona con los derechos humanos y la protección de la naturaleza.
Más allá de lo institucional, cuando comparamos la situación actual con los noventa lo que realmente se transformó es el contexto internacional. Pocos mencionan el “fin de la historia”, mientras la otrora primacía de EEUU se ve amenazada. La irrupción de la pandemia instauró la conveniencia de repensar las cadenas de valor, la distancia resultaba muy costosa el “near-shoring” la solución, las tensiones geopolíticas cambian las expectativas de negocios e incentiva el “friendly–shoring”.
NEGOCIOS PERO NO A CUALQUIER COSTO
De esta forma, la actitud amigable al arribo de inversión extranjera directa deja paso a las restricciones, dependiendo del origen del inversor se le traban operaciones de adquisición o fusión. Las tensiones geopoliticas evaporan los preceptos del libre comercio, la búsqueda de minerales estratégicos induce la salida de inversiones hacia países con reservas de litio o cobalto.
Poco importa la seguridad jurídica para estos, hacerse de las reservas resulta determinante para los fabricantes de baterias de litio y los empresarios del sector automotriz. Tal avidez explica la respuesta brindada por el gobierno de Gabriel Boric, fijando que Chile hará un uso estratégico de sus reservas de litio, tal como lo visualizara Salvador Allende en el pasado, al momento de nacionalizar el cobre. Además de crear una empresa pública, el gobierno pretende avanzar en la cadena de valor al tiempo de bregar por un mayor involucramiento de las comunidades locales.
EN EL PAÍS DE NO ME ACUERDO
El panorama aquí descrito debería hacernos reflexionar respecto al RIGI, a quién le estamos otorgando derechos, cuales son las garantías que brinda el esquema. En otras palabras, sopesar beneficios y costos, cuales sus consecuencias a largo plazo.
Las visiones que imperan recuerdan tiempos pasados, ventajas (derechos) con mínimas contraprestaciones (obligaciones). Sin embargo, el sesgo pro-inversor resulta mayor, las garantías excesivas. Como en oportunidades pasadas, la emergencia termina dictando un sendero de crecimiento que no solo dista de resolver el problema de restricción externa que aqueja a la economía argentina, eventualmente lo agrava. Ello porque el RIGI refuerza el extractivismo al tiempo que induce una burbuja de carbón con final explosivo.
La Argentina puede ser clasificada como un país en desarrollo con un enorme potencial, que nunca ha sido alcanzado. Al analizar el porqué, una razón que no ameritó demasiados comentarios se vincula con la forma en que impacto la inversión extranjera sobre la trayectoria de desarrollo del país. Esto no significa plantear que la inversión extranjera es la causa de las desgracias del país, simplemente que las principales experiencias terminaron en crisis, aperturas apresuradas que impusieron políticas de salida muy traumáticas, debilitando y restringiendo las chances de un desarrollo posterior exitoso.
Los modelos neoliberales con apertura irrestricta de la balanza de pagos fueron influidos por la presencia de una visión ideológica extrema, errores técnicos importantes y una excesiva dependencia en los capitales foráneos. Ello no libera de responsabilidad a quienes precedieron en el gobierno, tampoco que éstos hayan actuado de manera distinta, considérese sino lo indecente del acuerdo YPF–Petronas (tal la calificación otorgada por un diputado oficialista de aquel momento) sólo que aquí tratamos de destacar los peligros que entraña la propuesta del gobierno.
La experiencia argentina, en definitiva, puede caracterizarse por un conjunto de patrones en común, los cuales terminarán explicando los resultados: una combinación de política económica irresponsable por parte del gobierno nacional, un comportamiento imprudente por parte de los inversores extranjeros, y un esquema institucional inadecuado a nivel internacional para enfrentar este tipo de crisis. Un patrón de auge y depresión, que se repite cíclicamente. Un esquema institucional demasiado bondadoso que, al tiempo resulta interrumpido. Un sube y baja legal que genera excesos y pleitos. “El país del no me acuerdo” al decir de María Elena Walsh.
