La justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad. Actúa como el marco que regula las interacciones humanas, asegurando que las leyes se apliquen de manera imparcial y equitativa. Esto es esencial para prevenir abusos de poder, proteger a los más vulnerables y resolver conflictos de manera pacífica y ordenada.
Es imprescindible que la justicia funcione con absoluta transparencia. La integridad y el compromiso de quienes ocupan cargos judiciales son esenciales para asegurar que el sistema judicial se erija como un pilar sólido de la democracia y la equidad. Es a través de jueces independientes, éticos y eficientes, como se construye una justicia que responde a los intereses de la ciudadanía y no a los de sectores particulares o políticos.
Resulta sorprendente, que un gobierno como el de Javier Milei, que busca posicionarse como opositor a los privilegios y las estructuras de poder tradicionales, promueva al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, una persona con escasos méritos académicos, claros vínculos políticos y serias objeciones respecto a su capacidad de gestión y transparencia para integrar la Corte Suprema.
Resulta sorprendente, que un gobierno como el de Javier Milei, que busca posicionarse como opositor a los privilegios y las estructuras de poder tradicionales, promueva al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, una persona con escasos méritos académicos, claros vínculos políticos y serias objeciones respecto a su capacidad de gestión y transparencia para integrar la Corte Suprema.
La postulación de Lijo viene a contradecir todo el discurso oficial de renovación y lucha contra la corrupción y pone de relieve la necesidad de exigir jueces no sólo competentes y con sólida formación académica, sino también, comprometidos con la ética, la transparencia y la independencia.
UN MAR DE CAUSAS
La designación de Lijo es un peligro para la institucionalidad del país, y también un retroceso para el sistema judicial argentino. La ciudadanía merece un Poder Judicial que actúe con total imparcialidad y con un compromiso absoluto hacia la administración de justicia.
Desde que asumió como juez federal, en 2004, Lijo fue denunciado 32 veces ante el Consejo de la Magistratura y enfrenta denuncias penales por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. Es el juez más ineficiente de Comodoro Py, siendo conocido por sus lentas o nulas respuestas en causas de corrupción, algunas de ellas muy simbólicas para la institucionalidad argentina como YPF o Siemens, por mencionar solo algunas. En fin, una persona del ámbito judicial mucho más conocida por sus faltas que por sus logros.
Desde que asumió como juez federal, en 2004, Lijo fue denunciado 32 veces ante el Consejo de la Magistratura y enfrenta denuncias penales por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. Es el juez más ineficiente de Comodoro Py, siendo conocido por sus lentas o nulas respuestas en causas de corrupción
Además de ser un juez acusado de corrupción y de proteger a poderosos, Ariel Lijo manifestó públicamente tener “algunas dudas” con respecto a la aplicación del Sistema Acusatorio Penal en el fuero Federal. Cierra todo. Estamos ante la posibilidad de tener a un juez acusado de corrupción, que protege a los poderosos, que descree de una justicia horizontal y transparente y además lo dice sin ponerse colorado.
Sin lugar a dudas, la posible designación de Ariel Lijo representa un obstáculo para la implementación del sistema acusatorio en materia penal a nivel federal. Durante años, la justicia federal se caracterizó por ser obsoleta, con procesos escritos, de corte inquisitivo y con decisiones tomadas a puertas cerradas y en total anonimato.
Esta realidad, refleja lo que ocurrió durante mucho tiempo en la provincia de Santa Fe, donde fue la justicia provincial la que asumió la responsabilidad de investigar y condenar a los principales narcotraficantes que devastaron la seguridad de la provincia y azotaron a Rosario particularmente, mientras los jueces federales miraban hacia otro lado o, en algunos casos, eran cómplices.
Un claro ejemplo es el juez Marcelo Bailaque, a quien denuncié penalmente por entorpecer, desde 2013, una investigación clave contra Esteban Lindor Alvarado, el mayor narcotraficante de la provincia. Y por si fuera poco, investigaciones periodísticas revelaron que compartía el mismo contador que el propio Alvarado, lo que expuso ante toda la sociedad un alarmante conflicto de intereses.
DEMOCRACIA Y LEGITIMIDAD
¿Por qué los socialistas consideramos necesario un cambio profundo en la justicia tanto provincial y nacional?
En el debate nacional público y durante las audiencias que se sucedieron por la postulación de Lijo, surge nuevamente la reflexión sobre la legitimidad del Poder Judicial y los caminos para mejorar el sistema de justicia.
La Justicia debe enfrentar el desafío de transformar su concepción y percepción en la sociedad civil. Es fundamental que unas reforma judicial se base en varios objetivos clave: mejorar la cercanía con la ciudadanía, aumentar la transparencia, promover la oralidad en los procesos y reducir el tiempo de respuesta. De este modo, se podrá lograr un servicio de justicia más ágil, eficaz y eficiente, adaptado a las necesidades de una sociedad dinámica
Es necesario pensar reformas que se enfoquen en la igualdad. Mejorar la justicia, implica construir un sistema igualitario que otorgue voz a todos los grupos sociales, resuelva los conflictos de una sociedad diversa y garantice respuestas oportunas para cada ciudadano, asegurando que todos sean escuchados y atendidos conforme a sus necesidades particulares.
Es necesario pensar reformas que se enfoquen en la igualdad. Mejorar la justicia, implica construir un sistema igualitario que otorgue voz a todos los grupos sociales, resuelva los conflictos de una sociedad diversa y garantice respuestas oportunas para cada ciudadano, asegurando que todos sean escuchados y atendidos conforme a sus necesidades particulares.
Es indispensable la implementación de políticas de transparencia, gobierno y datos abiertos lo que permitirá aumentar su legitimidad, incrementar los mecanismos de participación ciudadana, mejorar la rendición de cuentas, brindar un servicio de mayor calidad y fortalecer la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado y las corporaciones.
La existencia de una justicia con procesos transparentes reducirá significativamente los niveles de corrupción, fortalecerá la democracia y el estado de derecho. Por eso, debemos asegurar que actúe con imparcialidad, sin influencias ni privilegios. Sólo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en una justicia que realmente proteja los derechos de todos y todas.
