El estado argentino no nos satisface ¿Entonces Milei tenía razón? No hay un lugar al que volver ¿A dónde vamos cuando esta etapa termine?
En un contexto donde la desconfianza en las instituciones llegó a su punto máximo con la victoria de Javier Milei, es que considero fundamental reflexionar sobre “el estado del Estado” y cuáles son sus perspectivas futuras. Para ello, las ideas de un reciente documento técnico que elaboramos con un equipo de profesionales del Centro de Estudios CEMUPRO pueden dar unas primeras aproximaciones al tema. Este informe destaca los principales desafíos que enfrenta el Estado argentino en su proceso de reconstrucción, especialmente bajo (o luego) del gobierno de La Libertad Avanza.
Es claro que luego de este proceso no seremos los mismos, ni el Estado será el mismo que conocimos. Y es por ello que no podremos acudir a las mismas herramientas (ni a los mismos protagonistas) para poder alcanzar el objetivo social que buscamos: un Estado social que motorize el desarrollo económico y genere igualdad en una sociedad totalmente fragmentada.
El documento intenta, en primer medida, asumir la crítica que ha hecho la sociedad en las elecciones de 2023 y a la vez ponerla en su justa medida: en términos de posicionamiento internacional, Argentina sigue siendo de los países más desarrollados de América Latina y de desarrollo medio-alto en el concierto global. En el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, ocupa el puesto 48 de 189 países, aunque también su situación ha empeorado en comparación con años anteriores. Las mediciones son similares si medimos el PBI per cápita u otras variables sociales como analfabetismo o desarrollo del sistema de salud. Esta situación argentina se da por múltiples factores, entre los cuales la acción estatal es claramente uno de los mas importantes.
REFORMA DEL ESTADO
Por otra parte, el documento plantea un análisis de los procesos de Reforma del Estado llevados adelante en la etapa 1989-2001 como en 2002-2011. En la etapa de los 90, estas reformas trajeron consecuencias tanto positivas como negativas. Entre las primeras podemos contar con la mejora en la provisión de un conjunto de servicios públicos, la homogeneización de ciertos procesos estatales. Entre las que podemos contar como negativas nombramos a la pérdida de capacidades regulatorias quedando librados a la captura del Estado, la inequidad territorial reforzada por la descentralización de los servicios públicos en un país con fuertísimas asimetrías.
Desde el espacio político progresista hemos guardado una relación de distancia conceptual y técnica con estas reformas. Mientras que los sucesivos programas políticos proponían cuestiones que compartimos como la planificación por programas, la descentralización, la reforma del servicio público y la apertura del accountability del Estado, promovimos también la participación ciudadana y la preservación de las capacidades del Estado para resguardar su incidencia en la vida social.
Respecto al proceso 2002-2011, en esta etapa se produjo un quiebre en la tendencia de reforma del Estado. Aunque los cambios administrativos fueron escasos, el Gobierno Nacional recuperó un rol regulador y ejecutor en algunas áreas. La reestatización de los fondos jubilatorios y la expansión de las políticas sociales, a través de instituciones como ANSES y AFIP, marcaron un cambio significativo en la intervención estatal. Sin embargo los resultados sociales de largo plazo fueron modestos y el deterioro de las cuentas públicas desde 2009 a esta parte fue muy pronunciado.
A pesar del aumento del gasto público a partir del año 2005 pero con más fuerza a partir del 2009, la realidad es que las funciones esenciales del Estado, como la protección de la vida, la provisión de infraestructura y servicios públicos, están lejos de ser satisfactorias. Esto no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que socava la confianza en el sistema.
Existe una serie de problemas a abordar. En primer lugar, se señala que tenemos un «Estado sin capacidades». A pesar del aumento del gasto público a partir del año 2005 pero con más fuerza a partir del 2009, la realidad es que las funciones esenciales del Estado, como la protección de la vida, la provisión de infraestructura y servicios públicos, están lejos de ser satisfactorias. Esto no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que socava la confianza en el sistema.
UN ESTADO QUE NO RINDE CUENTAS
La corrupción y la falta de transparencia son problemas que deben ser abordados con urgencia. Según un informe de Transparency International, Argentina ocupa el puesto 78 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que refleja una necesidad apremiante de implementar mecanismos que aseguren la rendición de cuentas y la probidad en la función pública. La rendición de cuentas es un pilar fundamental para restaurar la confianza pública y los recientes casos del senador Kueider y el diputado Ritondo así lo atestiguan.
Otro aspecto crítico que se menciona es el «financiamiento desigual» del Estado. El sistema tributario actual recauda sobre el consumo y el trabajo, pero además recauda en los niveles del estado que no son los que ejecutan las políticas. Esto genera inequidades que deben ser corregidas. La presión tributaria total alcanzó aproximadamente el 29% del PBI en 2023. Esto lo ubica entre los niveles más altos de la región pero sensiblemente por debajo del promedio de los países desarrollados nucleados en la OCDE. Es falso que somos el país con la mayor presión tributaria del mundo.
Pero a lo interno de esa canasta de impuestos, la distribución es muy desigual: en Argentina, el 60% de la recaudación fiscal proviene de impuestos indirectos, lo que significa que los sectores de menores ingresos son los más afectados. Además, el informe de CEMUPRO destaca que las provincias argentinas recaudan por sí mismas 17 de cada 100 pesos del total de los recursos, pero gastan 36 de cada 100 pesos que se invierten. Este desajuste se compensa por el intrincado sistema de coparticipación federal que debe ser revisado.
TRABAJO PRECARIO
Es inaceptable que quienes están al servicio del Estado trabajen en condiciones precarias. Según datos del Ministerio de Trabajo, más del 40% de los empleados públicos se encuentran en contratos temporales o de baja calidad. En este último año, por si fuera poco, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos se encuentra entre las más pronunciadas, siendo de más del 20% según Fundar. Mejorar estas condiciones no solo es un acto de justicia, sino que también es vital para aumentar la eficiencia y la productividad del sector público.
Es inaceptable que quienes están al servicio del Estado trabajen en condiciones precarias. Según datos del Ministerio de Trabajo, más del 40% de los empleados públicos se encuentran en contratos temporales o de baja calidad.
Tenemos un «Estado que no aprende». La falta de un sistema integral de monitoreo y evaluación de políticas públicas impide que las experiencias pasadas se traduzcan en aprendizajes para el futuro. Es esencial que el Estado adopte prácticas de evaluación que permitan ajustar y mejorar las políticas en función de resultados concretos. Cuando una política se verifica exitosa es más probable que se adopte más allá de los Gobiernos, como es caso de la Asignacion Universal por Hijo. Y esta información permite dar debates públicos más informados y robustos, como la luz que arroja al debate sobre la baja de edad de imputabilidad los datos sobre cuántos delitos violentos son cometidos por menores.
Finalmente, el informe señala que contamos con un «Estado que no valora la planificación». En un mundo cada vez más complejo y cambiante, la planificación estratégica es una herramienta crucial que debemos fortalecer. La falta de previsión y de un enfoque a largo plazo ha llevado a decisiones impulsivas que a menudo generan crisis económicas y sociales. Solo así podremos anticipar desafíos y construir un futuro más resiliente.
En conclusión, la reconstrucción del Estado argentino es un desafío monumental que requiere atención inmediata. La voz de CEMUPRO nos ofrece un mapa claro de los problemas a abordar.
Diga lo que diga el discurso dominante, la experiencia internacional es clara: no hay un solo ejemplo en el mundo de un país que se haya encaminado al desarrollo integral sin una acción estatal decidida y que oriente los esfuerzos privados. Esto ha sido así, al menos en la etapa inicial del desarrollo como en Estados Unidos y los tigres asiáticos. Pero también ha sido una acción preponderante en todas las etapas del desarrollo en los países de mejor calidad de vida como son los europeos.
No hay un solo ejemplo en el mundo de un país que se haya encaminado al desarrollo integral sin una acción estatal decidida y que oriente los esfuerzos privados.
Es responsabilidad de todos nosotros, ciudadanos y dirigentes políticos, trabajar juntos para transformar estas ideas en acciones concretas. Solo así podremos construir un Estado que realmente esté al servicio de su gente, un Estado que garantice justicia, equidad y oportunidades para todos. Con voluntad, compromiso y un enfoque claro y renovado, podemos cambiar el rumbo de nuestra nación.
