Un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer nos encuentra en el desafío de resignificar la práctica y ampliar las voces, ante un claro retroceso de los derechos humanos y del sistema democrático que el gobierno impone en todos los ámbitos.
Hace exactamente un año, el presidente Milei retiró los cuadros de mujeres colgados en un salón de la Casa Rosada. Un desalojo muy simbólico: hacer desaparecer a las mujeres de lugares públicos, donde se ejerce el poder (la casa de gobierno). Y no eran mujeres sin méritos, sino aquellas que ocuparon un lugar de reconocimiento por su trayectoria en favor de la conquista de más derechos para más mujeres, tarea que le resulta totalmente intolerable al gobierno, cultor del patriarcado, estilo siglo XIX.
Nosotras, mujeres de convicciones socialistas, reivindicamos la lucha de las que nos precedieron; porque lucharon por la jornada de 8 horas, por la jubilación, por el voto, por la salud sexual y reproductiva, por el divorcio, por el salario igual por trabajo de igual valor, por guarderías, por la educación laica, común, obligatoria y de acceso igualitario para varones y mujeres, por la patria potestad compartida, por la autonomía y el consentimiento libre de las mujeres.
Muchas reivindicaciones más se han ido agregando a este listado: por una vida libre de violencia, libre de trata y explotación, por la paridad, por la crianza y cuidados compartidos, por licencias de trabajo parentales, por la igualdad real, por la no discriminación, por la protección contra el despido arbitrario y discriminatorio, por el matrimonio igualitario, por la identidad de género, por la interrupción voluntaria del embarazo, por la educación sexual integral, por la capacitación con perspectiva de género.
¿POR QUÉ CONTRA LAS MUJERES?
Las mujeres argentinas hemos puesto en crisis un sistema con la influencia transformadora del movimiento y la organización. Desde la recuperación democrática en 1983, el movimiento de mujeres en Argentina ha desempeñado un papel crucial en la promoción de los derechos de las mujeres y en la denuncia de las desigualdades de género. Este activismo ha sido diverso, abarcando desde la participación en organizaciones de derechos humanos hasta la formación de colectivos feministas que luchan por la equidad de género. Un hito significativo en esta trayectoria son los Encuentros Nacionales de Mujeres, iniciados en 1986, que han servido como espacios de articulación y debate sobre las problemáticas que afectan a las mujeres en el país.
En la última década, el movimiento feminista argentino ha ganado una visibilidad y una influencia sin precedentes. Movilizaciones masivas, como las del colectivo «Ni Una Menos» contra la violencia de género, han puesto en evidencia las fallas estructurales del sistema en términos de justicia y protección hacia las mujeres. Estas acciones no solo han cuestionado normas y prácticas patriarcales arraigadas, sino que también han impulsado cambios legislativos y políticas públicas orientadas a la equidad de género.
En la última década, el movimiento feminista argentino ha ganado una visibilidad y una influencia sin precedentes. Movilizaciones masivas, como las del colectivo «Ni Una Menos» contra la violencia de género, han puesto en evidencia las fallas estructurales del sistema en términos de justicia y protección hacia las mujeres. Estas acciones no solo han cuestionado normas y prácticas patriarcales arraigadas, sino que también han impulsado cambios legislativos y políticas públicas orientadas a la equidad de género.
Por eso, en este contexto histórico tan complejo, llamamos al encuentro, la reflexión y la organización. Necesitamos recuperar y recrear la fuerza colectiva que representa la unidad de las mujeres y disidencias. Tenemos que estar movilizadas y alertas para defender todas estas conquistas. Denunciamos y rechazamos el violento discurso contra las mujeres y diversidades, contra el feminismo y la persecución digital contra referentes de trayectoria pública, hostigando y amenazando en forma anónima y cobarde.
Quieren derogar los derechos; aún no pueden. No cuentan con mayorías legislativas para eso; pero están trabajando en este año electoral, para tener más diputados/as y senadores que se ocupen de esa tarea.
Nosotras tenemos que trabajar todavía más para impedirlo, en todos los ámbitos, para sumar más voces feministas en los lugares de representación, y para seguir luchando por todo lo que falta.
El patriarcado usa la guillotina y motosierra para amenazar, frenar y suprimir derechos y programas con el objetivo de eliminar las políticas públicas así como toda acción positiva que tenga como objetivo caminar hacia una igualdad real.
El patriarcado usa la guillotina y motosierra para amenazar, frenar y suprimir derechos y programas con el objetivo de eliminar las políticas públicas así como toda acción positiva que tenga como objetivo caminar hacia una igualdad real.
Pero está la Constitución Nacional. Un obstáculo por ahora vigente que incluye la igualdad real, los tratados de DDHH y las acciones positivas. El gobierno no la lee y cuando la lee la tergiversa. Por eso ha nombrado jueces a la Corte por decreto y en comisión. Dos varones impresentables. Pero ya ha tenido que ir a dar explicaciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los recortes presupuestarios en la lucha contra la violencia. Ha pretendido retirar la consulta sobre cuidados formulada por la Argentina en ese ámbito, y no ha podido.
Que perdió impulso popular, y que las malas gestiones de gobiernos anteriores demostraron que las políticas de género no son necesarias.
Como no tienen disponible el Congreso, hasta ahora las acciones del gobierno se han enfocado en el desguace de los programas, suprimiendo o recortando presupuesto y personal, con el fin de debilitar los servicios que brindan políticas públicas para ejercer los derechos reconocidos.
Sin presupuesto, se cierran. Sin personal, se clausuran. Hablamos de violencia, de salud, de educación, de igualdad, de identidad, de dignidad.
DESMANTELANDO DERECHOS
En materia de violencia de género, se crearon nuevas áreas dentro del Ministerio de Capital Humano suprimiendo las existentes, pero lejos de reorganizar lo que se buscó fue la fragmentación, la dispersión para diluir sus competencias en diversas áreas. No se suministra información, no se rinde cuentas, no se puede controlar. No hay organismo rector. No se renovaron las contrataciones. Se suprimieron las referencias a “género” y se la reemplaza por familia, buscando generar contradicciones y restringir el ámbito de actuación.
El Programa Acompañar (una asignación económica transitoria para mujeres en situación de violencia extrema) Era por un plazo de 6 meses. Se redujo el plazo a 3 meses con la obligación de hacer denuncia previa. La cantidad de asignaciones se redujo casi totalmente (-98%) hasta casi desaparecer. El personal también se redujo en un 61%. La ejecución presupuestaria se redujo en un 82%.
La línea 144 (línea para atención telefónica para situaciones de violencia) No tiene más presupuesto. Disminuyó el personal y el número de personas atendidas.
Programa acercar derechos: reducción de equipos interdisciplinarios en un 86% Traslado a otra órbita del Ministerio de justicia. Se desarmaron. El Sistema integrado de casos se desarmó y no se proveen datos. Las personas asistidas fueron 43.000 en el 2° trimestre 2023 y pasaron a 4.550 en igual período de 2024. Una caída del 89.6% Aún más marcado en personas LGTBIQ+. Tambien se redujo el programa Potenciar trabajo.
En los Centros de Atención de Justicia (CAJ) Redujo personal así como en el servicio de patrocinio para niños víctimas de abuso sexual.Desarticularon el Plan ENIA, referido a prevención del embarazo adolescente cuyos resultados positivos han sido destacados en todos los ámbitos.
Reducción de fondos y desfinanciación de programas de Salud Sexual y Reproductiva; demoras en la distribución del misoprostol, mifepristona y métodos anticonceptivos. Ausencia de capacitación para garantizar servicios de aborto seguro.
Las reformas laborales introducidas en la ley de Bases, tendrán un impacto desproporcionado sobre las mujeres trabajadoras, que encontrarán más obstáculos para acceder a un trabajo registrado con estabilidad en el empleo y nula protección contra el despido arbitrario, profundizándose la precariedad laboral.
La moratoria previsional y planes de pago finalizarán este mes . Su vigencia posibilitó a miles de mujeres que trabajaron sin que se les hicieran aportes acceder a una jubilación a la par que se reconocieron tareas de cuidado y crianza de hijos como tiempo de servicio.
Personas con discapacidad, la reconfiguración de las políticas de asistencia a personas con discapacidad bajo una lógica de austeridad y eficiencia administrativa pone en riesgo los avances logrados en términos de reconocimiento y garantía de derechos.
La implementación de criterios más restrictivos en la evaluación de la invalidez laboral no solo reduce el acceso a prestaciones fundamentales, sino que también contribuye a perpetuar la exclusión y la precarización de un sector que ha luchado históricamente por el reconocimiento de su condición como sujeto de derechos. En este sentido, la evaluación de la “capacidad laboral” sin atender a las barreras estructurales y sistémicas que limitan la inserción laboral efectiva de las personas con discapacidad resulta, generalmente, una paradoja.
La pensión nacional no contributiva viene a dar respuestas -insuficientes- a múltiples vulneraciones de derechos: ser pobre, tener discapacidad, ser mujer o de la comunidad LGBTIQ+, vivir en contextos de aislamiento y sin accesibilidad (se puede sumar la exclusión sistemática de los procesos de escolarización). Entonces, para hablar de capacidad laboral es menester generar las condiciones de posibilidad.
La devastación continúa y si el gobierno se fortalece vendrán por los derechos y las libertades (que dicen venerar). La libertad será un privilegio para el capital concentrado, para la especulación de las criptomonedas.
LA MAYOR CRUELDAD POSIBLE
Observemos que el foco de cierre de programas está puesto en los derechos de las mujeres y diversidades con suma crueldad y violencia. Lo importante para este gobierno no es mejorar, sino suprimir todo servicio que tenga relación con el derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida sin discriminación, una vida con igualdad real.
No resulta extraño, más bien es coherente, el voto negativo de nuestro país en la ONU, en rechazo a una resolución en favor de la lucha contra la violencia contra las mujeres, que fue apoyada por 170 países. El único voto en contra fue el de Argentina.
No resulta extraño, más bien es coherente, el voto negativo de nuestro país en la ONU, en rechazo a una resolución en favor de la lucha contra la violencia contra las mujeres, que fue apoyada por 170 países. El único voto en contra fue el de Argentina.
Tomamos el desafío de crear nuevos mecanismos y formular propuestas para construir un sistema más justo que atienda la redistribución de la renta y la desigualdad real, la pobreza y la indigencia, que alcanza índices alarmantes en nuestro país, donde las mujeres están sobrerrepresentadas en la pobreza y la indigencia, un problema que la política no aborda hace ya muchas décadas y continúa sin solución ni esperanzas de cambio.
Convocamos a trabajar para un futuro con un país mejor, más inclusivo, más igualitario, más respetuoso de los y las que piensan y viven diferente, más verde, más participativo, más justo, más transparente, más digno.
CON FUERZA Y CONVICCIÓN
Las militantes socialistas a través de sus dirigentes, quienes convergen desde diferentes puntos del país, aportan su mirada y compromiso:
María Elena Barbagelata (Secretaría de Derechos Humanos del PS)
Tenemos que estar movilizadas y alertas para defender todas estas conquistas. Denunciamos y rechazamos el violento discurso contra las mujeres y diversidades, contra el feminismo y la persecución digital contra referentes de trayectoria pública, hostigando y amenazando en forma anónima y cobarde.
Quieren derogar los derechos; aún no pueden. No cuentan con mayorías legislativas para eso; pero están trabajando en este año electoral, para tener más diputados y senadores que se ocupen de esa tarea. Nosotras tenemos que trabajar más todavía para impedirlo, en todos los ámbitos.
Erica Hynes (Secretaria de Ciencia y Técnica del PS)
Nos quieren hacer creer que la lucha de las mujeres ya no tiene sentido. Que perdió impulso popular, y que las malas gestiones de gobiernos anteriores demostraron que las políticas de género no son necesarias. Como mujeres socialistas nos planteamos entonces el doble desafío de defender lo que nuestras compañeras feministas lograron a lo largo de este largo camino que nosotras tenemos el deber de continuar, y a la vez, de llenar de contenido las políticas de género para que sean la garantía real de los derechos de las mujeres y disidencias, con honestidad y compromiso
Ana Laura Klug (integrante del comité Nacional del PS por Entre Ríos)
Como mujeres que participamos en política no debemos ceder ningún espacio, hoy ni siquiera se preocupan por incorporarnos en la foto. Pero la discusión es otra. La nueva conformación del Congreso Nacional marcará el camino, logran las mayorías que necesitan u ocupamos esas bancas con referentes progresistas que quieran trabajar para limitar las políticas autoritarias del gobierno de Javier Milei. Asimismo debemos unirnos en el territorio y con las organizaciones que hace años trabajan por los derechos de las mujeres, ser creativas para difundir la evidencia empírica que tiene el Movimiento Feminista Argentino y con ello utilizar las herramientas democráticas y jurídicas para frenar el recorte en materia de derechos humanos de las mujeres.
Florencia Cruz (Integrante del Comité Nacional del PS por Jujuy)
No pueden acobijarse bajo la palabra “libertad” para revocar leyes que se han ganado con años de lucha. Las políticas de género son necesarias para acabar con los discursos de odio y prejuicios de una sociedad. Este 8 de marzo marchamos porque no queremos encontrar más mujeres con miedo, con impotencia, con dolor. Rompimos el silencio y no vamos a permitir que hagan un circo con nuestra lucha y el dolor.
Las mujeres de cada rincón del país caminamos con los pies firmes, sabiendo a dónde NO queremos volver porque la mujer que vive con libertad es la que tiene justicia social.
Valeria Vargas (Secretaria de las Juventudes Socialistas de Argentina)
La falta de reconocimiento de derechos para quienes trabajan en la informalidad refleja un problema estructural que afecta especialmente a mujeres y diversidades. En un contexto donde el Estado persigue en lugar de garantizar derechos, muchas trabajadoras de la economía popular, como quienes realizan trabajo sexual, lxs manterxs, lxs repartidorxs de aplicaciones, feriantes, cartonerxs y quienes sostienen merenderos y comedores comunitarios, quedan expuestxs a violencia policial, judicial y social, además de la falta de acceso a derechos laborales básicos.
En un país donde más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, es urgente abordar esta problemática sin dejar a nadie afuera. Frente a un gobierno nacional violento, que desprecia la agenda de género y diversidades, tenemos que acompañarnos y organizarnos colectivamente para hacerle frente.
Desde los feminismos debemos acompañar la lucha de lxs trabajadorxs, entendiendo que la defensa de sus derechos no puede estar atravesada por prejuicios. Es fundamental abordar estas problemáticas con una mirada interseccional, reconociendo las múltiples desigualdades que atraviesan a quienes quedan fuera del sistema formal y avanzando en políticas que garanticen derechos laborales y sociales, acceso a salud y condiciones dignas para todxs.
Agustina Polanich (MNR Nacional /FUA)
El desfinanciamiento y el desprestigio que el gobierno de Javier Milei ejerce sobre las universidades públicas profundizan las desigualdades que históricamente hemos enfrentado las mujeres. Somos nosotras quienes, en su mayoría, asumimos tareas de cuidado y enfrentamos mayores barreras para acceder a la educación superior. La falta de recursos impacta directamente en becas, comedores, guarderías y programas de apoyo, elementos clave para que podamos sostener nuestra formación académica.
Al atacar a la universidad pública, no solo se reduce nuestra posibilidad de movilidad social, sino que se perpetúan las condiciones de desigualdad que nos han relegado por siglos. Defender la universidad pública es, también, una lucha feminista.
