El asesinato de Kim, una niña de apenas 7 años, fue un hecho enormemente doloroso y dramático que conmovió a todo el país e involucra a menores de edad como autores del delito. A partir de allí se reavivó el debate sobre qué hacer con los jóvenes infractores.
Es necesario avanzar en un sistema de Responsabilidad Penal Juvenil orientado a la prevención de la violencia y los delitos, la reparación de los daños causados y la reinserción social de jóvenes infractores.
Al albor de la tragedia, en la opinión pública se propaga y predomina un fuerte mensaje de criminalización de las juventudes, que excede por mucho el caso concreto y los participantes del delito, con fines que no responden exclusivamente al objetivo de obtener justicia para las víctimas involucradas, sino a intereses políticos-partidarios.
Al albor de la tragedia, en la opinión pública se propaga y predomina un fuerte mensaje de criminalización de las juventudes, que excede por mucho el caso concreto y los participantes del delito, con fines que no responden exclusivamente al objetivo de obtener justicia para las víctimas involucradas, sino a intereses políticos-partidarios.
Como pasó en otros momentos de crisis socioeconómica y hechos dramáticos como el de Kim, algunos actores políticos utilizan este tipo de hechos conmocionantes para justificar una agenda que propone bajar la edad de imputabilidad y la presentan como una solución mágica a los problemas de inseguridad que padece la población. En ese contexto, el Congreso Nacional parece encontrar, esta vez sí, las condiciones necesarias para avanzar en el análisis (y posible aprobación) de una ley con ese propósito.
DEBATE SIN DEMAGOGIA
Si bien advertimos que es necesario trabajar en un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, es preciso señalar que la solución propuesta (demagógica) no sólo es reduccionista de un problema social muy complejo, sino que además no se sustenta en ninguna información estadística, ya que “la proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años.
En el documento llamado posicionamiento de UNICEF sobre justicia penal juvenil, elaborado por el organismo internacional en julio de 2024, se da cuenta que sólo el 2% del total de investigaciones penales iniciadas en 2023 por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, corresponde a adolescentes acusados de cometer una infracción.
Nos preocupan los delitos cometidos por menores de edad, e instamos a que este tema sea debatido en el marco de un análisis serio, ético y responsable. Desde nuestro punto de vista, es crucial que, como sociedad, mantengamos un enfoque claro y responsable sobre este caso, centrado en la verdad, la justicia y la reparación y no en la explotación de la tragedia para fines ajenos al bienestar común, evitando que el sufrimiento de las personas sea aprovechado con fines políticos.
Además se expresa que “no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población. A modo de ejemplo, Argentina, que tiene la edad en 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de otros países de la región, como por ejemplo de Brasil y México, que alcanzan un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en 2023 con una edad de imputabilidad de 12 años”. Este reduccionismo, conlleva implícitamente efectos profundamente estigmatizantes y discriminatorios para los jóvenes, especialmente para aquellos que se encuentran en contextos de vulnerabilidad social y económica.
Nos preocupan los delitos cometidos por menores de edad, e instamos a que este tema sea debatido en el marco de un análisis serio, ético y responsable. Desde nuestro punto de vista, es crucial que, como sociedad, mantengamos un enfoque claro y responsable sobre este caso, centrado en la verdad, la justicia y la reparación y no en la explotación de la tragedia para fines ajenos al bienestar común, evitando que el sufrimiento de las personas sea aprovechado con fines políticos.
SOCIEDADES MÁS JUSTAS
La participación de jóvenes en la comisión de delitos es multicausal y se debe a una combinación compleja de factores sociales, económicos, psicológicos y ambientales. En ese sentido, las condiciones socioeconómicas desfavorables, como la pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales, pueden empujar a los jóvenes a involucrarse en actividades ilícitas como un medio de supervivencia o como una forma de obtener bienes y estatus que de otro modo les serían inalcanzables.
La participación de jóvenes en la comisión de delitos es multicausal y se debe a una combinación compleja de factores sociales, económicos, psicológicos y ambientales. En ese sentido, las condiciones socioeconómicas desfavorables, como la pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales, pueden empujar a los jóvenes a involucrarse en actividades ilícitas como un medio de supervivencia o como una forma de obtener bienes y estatus que de otro modo les serían inalcanzables.
Prueba de ello son los países con sociedades más justas, los cuales poseen índices delictivos mucho menores que aquellos con fuertes desigualdades en el acceso de la población a los recursos y servicios básicos, como en el caso de la Argentina. Estos países más justos, por ende, no recurren a la modificación de su régimen penal para disminuir el delito.
FOCO EN LA PREVENCIÓN
Una intervención efectiva requiere un enfoque integral que aborde estos múltiples factores. Políticas públicas que promuevan el acceso a educación y empleo, programas de apoyo familiar y comunitario, así como estrategias de prevención del crimen y de reinserción social, son esenciales para reducir la participación de jóvenes en delitos y ofrecerles alternativas más constructivas.
Además, debe prestarse especial atención a la Ley de Salud Mental vigente y los problemas en su implementación, en particular en lo que respecta a la problemática creciente de las adicciones, elemento cada vez de mayor presencia en la realidad de los jóvenes que cometen delitos. Es imprescindible revisar la forma en que llegan estas acciones a los potenciales beneficiarios y se abordan las políticas vinculadas al régimen penal juvenil.
Consideramos que resulta urgente avanzar hacia un nuevo sistema integral de responsabilidad penal juvenil (y derogación del Decreto Ley N°22.278) determinando las obligaciones del Estado (en todos sus niveles) de garantizar y ejecutar políticas que aniden los puntos de intersección y equilibrio entre las dimensiones sociales y penales, relacionando eficazmente las políticas e instituciones propias del sistema penal juvenil con las del sistema de derechos de los adolescentes, promoviendo la reparación del daño causado a las víctimas y a la comunidad, así como el desarrollo integral de los jóvenes, guiado por principios arraigados en el sistema internacional de derechos humanos.
Desde nuestra perspectiva, un “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” debe:
Operar desde el paradigma de la justicia restaurativa, con perspectiva en el enfoque de derechos, promoviendo tanto la reparación del daño causado a las víctimas y a la comunidad, así como el desarrollo integral de los jóvenes infractores, considerando el contexto social, económico y cultural en el que se desenvuelven;
Garantizar que los procedimientos judiciales para los adolescentes sean justos, transparentes y aseguren los principios del debido proceso legal, la presunción de inocencia y la asistencia legal adecuada;
Limitar la intervención punitiva del Estado; utilizar y aplicar medidas socioeducativas alternativas a la judicialización y a la privación de libertad, cuando fuera posible de acuerdo a la edad y gravedad de los delitos;
Fortalecer la colaboración y articulación entre diferentes actores involucrados en el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal, incluidos los sistemas de justicia, de protección de las adolescencias, los servicios de educación, salud y la comunidad en general;
Establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación permanentes, y desarrollar información estadística sobre el funcionamiento de la justicia juvenil uniforme a nivel nacional y federal.
