El caso Bailaque. Fractura expuesta de la justicia federal.
Durante la última década, Rosario fue epicentro de una violencia sin precedentes. Balaceras, asesinatos a plena luz del día y amenazas a periodistas marcaron el pulso de la ciudad. El año pasado se vivió el pico más dramático: en una sola semana, se registraron cuatro homicidios. Estos crímenes, que incluyeron el asesinato de dos taxistas, un colectivero y un trabajador de una estación de servicio, conmocionaron a la ciudad y fueron acompañados de mensajes amenazantes, las clases fueron suspendidas y la población entera quedó paralizada por el miedo. Nadie quería salir a la calle.
Una ciudad con un enorme potencial turístico y cultural —con una oferta diversa en gastronomía, espectáculos y eventos— se vio golpeada en todos sus frentes. La inseguridad no sólo afectó la vida cotidiana: también impactó de lleno en la economía y en el tejido social rosarino.
Mientras la sociedad vivía con miedo, una parte clave del Estado —la justicia federal— permanecía inmóvil. Esa pasividad no fue casual ni inocente: fue funcional al crecimiento del delito.
Mientras la sociedad vivía con miedo, una parte clave del Estado —la justicia federal— permanecía inmóvil. Esa pasividad no fue casual ni inocente: fue funcional al crecimiento del delito.
El rol de la justicia federal era central: debía investigar las redes de narcotráfico, perseguir el lavado de dinero y desarticular las estructuras económicas de las bandas criminales. Sin embargo, ese trabajo no se hizo con la firmeza ni la voluntad necesaria. Mientras los fiscales provinciales se jugaban la vida enfrentando a las mafias, La justicia federal miraba para otro lado. Durante años, desde el Partido Socialista pedimos ampliar la estructura del MPA y poner el foco en las investigaciones complejas.
La prisión preventiva que pesa sobre Marcelo Bailaque, y su (esperemos que pronta destitución) marca un punto de inflexión en la relación entre la justicia y la sociedad. Porque a partir de esta investigación, (y la exposición de un arrepentido que agilizó la causa), podemos empezar a ver cómo no se trata únicamente de la conducta individual de un magistrado: sino que estamos ante el derrumbe de un sistema de silencios, complicidades y protección institucional que durante años operó con total impunidad en Santa Fe.
PASILLOS OSCUROS
Durante demasiado tiempo, sectores del poder judicial funcionaron como una corporación impermeable a la crítica. Las decisiones (y las no decisiones) se tomaron en despachos cerrados, blindados frente a cualquier intento de control ciudadano o de rendición de cuentas. El caso Bailaque dejó al descubierto esa estructura. Y lo que la sociedad exige, con razón, no es sólo una sanción ejemplar: exige la verdad. ¿Quiénes lo protegieron? ¿Quiénes miraron para otro lado mientras las mafias del narcotráfico se hacían fuertes en nuestra provincia?
No alcanza con aceptar la renuncia de este juez para dar por saldado el problema. La crisis de legitimidad de la justicia federal en Santa Fe no se resuelve con gestos superficiales. Se necesita una investigación profunda, valiente y sin condicionamientos, que revele el entramado de poder que sostuvo esta impunidad. Porque detrás de cada juez que incumple su función, hay redes de protección política, empresarial o incluso judicial, que deben ser identificadas.
La crisis de legitimidad de la justicia federal en Santa Fe no se resuelve con gestos superficiales. Se necesita una investigación profunda, valiente y sin condicionamientos, que revele el entramado de poder que sostuvo esta impunidad. Porque detrás de cada juez que incumple su función, hay redes de protección política, empresarial o incluso judicial, que deben ser identificadas.
La demanda es clara: transparencia, independencia y compromiso con la ley. Cualquier otra cosa, en este contexto, es complicidad.
LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA ACUSATORIO
Todo el proceso que se precipitó luego de la denuncia penal y en el Consejo de la Magistratura, tuvo que ver muchísimo con la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe, una herramienta fundamental para darle visibilidad y control ciudadano a las investigaciones que demoró diez años en implementarse.
La oralidad, la publicidad de las audiencias y el protagonismo del Ministerio Público Fiscal abrieron una instancia inédita de transparencia que resultó clave para que estas situaciones salgan a la luz. Ya no se trata de expedientes ocultos y maniobras burocráticas que ocurren en oficinas a las que nadie tiene acceso: hoy, la ciudadanía puede conocer y exigir respuestas concretas frente a los delitos y también frente a la inacción judicial.
La oralidad, la publicidad de las audiencias y el protagonismo del Ministerio Público Fiscal abrieron una instancia inédita de transparencia que resultó clave para que estas situaciones salgan a la luz. Ya no se trata de expedientes ocultos y maniobras burocráticas que ocurren en oficinas a las que nadie tiene acceso: hoy, la ciudadanía puede conocer y exigir respuestas concretas frente a los delitos y también frente a la inacción judicial.
Fue, además, una oportunidad para verle la cara —en el sentido más profundo— a Marcelo Bailaque. Porque no se trató sólo de ver a un juez sentado en el banquillo, sino de exponer su rol en un sistema que durante años operó en las sombras. El sistema acusatorio permitió correr el velo y mostrar, frente a toda la sociedad, cómo funcionaban las complicidades dentro de la justicia federal.
JUAN, LA PRENSA Y LAS INSTITUCIONES FUNCIONAN
También fue fundamental el rol del periodismo comprometido que, a pesar de las amenazas y el contexto adverso, sostuvo la cobertura de estos hechos, preguntó lo que otros callaban y puso en agenda lo que algunos sectores pretendían mantener en las sombras. Gracias a ese trabajo, hoy Rosario discute con mayor información y profundidad qué justicia necesita, quiénes la integran y qué cuentas aún están pendientes.
Hoy Rosario está dando una batalla clave: la de recuperar la confianza en sus instituciones. No se trata sólo de sancionar a un juez, sino de animarnos a cambiar una cultura judicial que durante años garantizó privilegios en lugar de justicia. La valentía de quienes denunciaron, la solidez del sistema acusatorio y el compromiso del periodismo independiente son señales de que es posible otro camino. Pero este proceso recién empieza. Para que la impunidad no vuelva a imponerse, necesitamos una sociedad que no mire para otro lado, y un Estado que esté a la altura del reclamo colectivo: el de vivir sin miedo, con justicia y con verdad.
