Una nueva marcha masiva y federal (la cuarta desde que Milei asumió el gobierno) se llevó a cabo el 12 de mayo, horas después de que el ejecutivo anunciara un nuevo recorte, donde las universidades y el sistema de investigación siguen perdiendo recursos a pesar de que la ley de financiamiento universitario fuera ratificada en el congreso por mayorías especiales.
PH: Silvia Sánchez Puch
Nuevamente las universidades, los docentes, estudiantes y no docentes se vieron obligados a marchar por el incumplimiento del gobierno de Milei a la ley de financiamiento y por un nuevo ajuste al sector. La cita fue en Plaza de Mayo el martes 12 de mayo. La marcha fue como se esperaba, a lo largo y ancho del país, multitudinaria y federal. La educación pública argentina ha atravesado diversas crisis en las últimas décadas y su financiamiento ha sido objeto de críticas y de luchas sociales en todos los gobiernos democráticos desde el 83 hasta la fecha. Sin embargo, durante el gobierno nacional al mando de Javier Milei ha alcanzado su pico de tensión debido al deterioro presupuestario, la caída salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por mayoría especial del Congreso Nacional y ratificada por la Justicia.
DESFINANCIAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PH: Esteban Alfaro
La comunidad universitaria sostiene que las instituciones públicas enfrentan un proceso de desfinanciamiento que afecta directamente el funcionamiento académico, científico y administrativo.
Rectores, docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores no docentes denuncian que las partidas presupuestarias quedaron retrasadas frente a la inflación y que los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo no alcanzan para cubrir los costos básicos de funcionamiento. Las cifras que arrojan diversos organismos revelan que durante el primer cuatrimestre de 2026 el presupuesto universitario cayó un 7,9% en términos reales respecto de 2025 y más de un 30% respecto de 2023.
«Están incumpliendo con su obligación desde el mes de septiembre de 2025 cuando la ley fue aprobada, no sólo por una mayoría, sino por una mayoría especial de las cámaras, yo creo que es la ley con más sustento político y social y no la están cumpliendo. El ejecutivo no puede elegir que ley cumplir o no cumplir y es lo que está haciendo, decide desfinanciar la educación pública.» Mónica Biasone, Rectora de la UNMdP
La inversión por estudiante alcanzó el nivel más bajo desde 2004. Además, los salarios docentes y no docentes sufrieron una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Diferentes informes señalan que los salarios universitarios cayeron un 34,2% real desde noviembre de 2023 y continúan deteriorándose frente a la inflación.
Esta situación provocó preocupación en las universidades debido a la renuncia de docentes, la reducción de dedicaciones exclusivas y la dificultad para sostener actividades de investigación y extensión.
CIENCIA Y TÉCNICA EN TERAPIA INTENSIVA
Uno de los aspectos más críticos del conflicto es el impacto sobre el sistema científico y tecnológico argentino. Las universidades nacionales producen gran parte de la investigación científica del país y mantienen vínculos permanentes con organismos como el CONICET, hospitales universitarios y centros de desarrollo tecnológico.
«Estamos en la calle en defensa de un enorme activo que tiene nuestra sociedad, que es el derecho de todas las personas a formarse en nivel universitario y es también la expectativa de la Argentina de producir conocimiento científico que sea relevante para su propio desarrollo como país». Érica Hynes, investigadora de CONICET
El ajuste presupuestario amenaza proyectos científicos, laboratorios, becas de investigación y programas de innovación tecnológica. En este contexto alarmante, la situación de los hospitales universitarios generó preocupación dentro del sistema educativo y sanitario. Diversos rectores y autoridades universitarias denunciaron que los hospitales dependientes de universidades nacionales se encuentran “al borde del colapso” por la falta de fondos para gastos operativos. En algunos casos se advirtió que podrían verse afectados servicios esenciales de atención médica, formación de profesionales y prácticas hospitalarias.
EQUILIBRIO SI, REPÚBLICA NO
PH: Silvia Sánchez Puch
El conflicto también tiene una dimensión política e institucional. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente ratificada pese al veto presidencial. Sin embargo, el Gobierno nacional sostiene que la norma afecta el equilibrio fiscal y cuestiona la ausencia de fuentes específicas de financiamiento.
«Nunca puede ser un problema para un país garantizar el acceso a la formación pública de excelencia sin restricción». Franco Bartolacci, presidente del CIN y Rector de la UNR
Este tipo de argumentaciones chocan con los crecientes casos de corrupción y sospechas que salpican a las altas esferas del gobierno, cuyos niveles de vida contrastan con sus ingresos y con la retórica sostenida desde su llegada al poder, caracterizada por una defensa acérrima de la austeridad de la sociedad en general y de los gobernantes en particular.
La aplicación de la ley quedó judicializada y actualmente la definición final se encuentra en manos de la Corte Suprema. Mientras tanto, el sistema universitario continúa funcionando bajo fuertes restricciones económicas. Diversas universidades denuncian dificultades para sostener becas estudiantiles, comedores universitarios, programas de bienestar estudiantil, actividades de extensión y obras de infraestructura.
También existen reclamos por el congelamiento de becas como el programa Progresar, cuyos montos perdieron gran parte de su valor real frente a la inflación.
UN PAÍS MARCHA POR AQUELLO QUE FUNCIONA BIEN
PH: Esteban Alfaro
La movilización del día martes 12 de mayo constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), gremios docentes, organizaciones estudiantiles y sindicatos no docentes.
El reclamo es claro, el urgente cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de docentes y trabajadores universitarios. También se exige la actualización de becas estudiantiles, mayores partidas presupuestarias y garantías para el funcionamiento normal del sistema universitario y científico.
«La Universidad pública y la ciencia nacional son pilares de la construcción democrática y motores de desarrollo de nuestro país, su debilitamiento no sólo compromete el presente sino que pone en riesgo las condiciones estratégicas que la argentina necesita para enfrentar los enormes desafíos globales para las generaciones futuras.» Laura Tarabella, Rectora de la UNL
La marcha tuvo su acto central en Plaza de Mayo y existieron movilizaciones convocadas en prácticamente todas las provincias argentinas. En ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe, Salta, Tucumán y La Plata se organizaron columnas universitarias y actos públicos con participación de miles estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones sociales.
En Buenos Aires, las distintas columnas partieron desde facultades, sindicatos y puntos estratégicos de la ciudad para confluir en Plaza de Mayo durante la tarde. Además de la comunidad universitaria, se sumaron sindicatos, organizaciones de trabajadores, movimientos sociales y sectores políticos opositores al Gobierno.
Uno de los aspectos más significativos (y esperanzadores) de la convocatoria ha sido el nivel de transversalidad política y social alcanzado por el reclamo universitario, todos bajo la consigna de defender la educación pública y exigir financiamiento estatal.
CONSTANTE PROVOCACIÓN
El clima de tensión política recrudeció luego de que el Gobierno nacional anunciara nuevas medidas de ajuste y difundiera mensajes cuestionando el funcionamiento del sistema universitario. Sectores universitarios interpretaron estas decisiones como una “provocación” frente a la movilización convocada para hoy mientras que, desde el oficialismo, se argumenta que la Ley de Financiamiento Universitario compromete el equilibrio fiscal y que es necesario avanzar hacia un sistema universitario “más eficiente” y con mayores mecanismos de auditoría.
Funcionarios nacionales sostienen además que las universidades deben mejorar sus tasas de egreso y optimizar el uso de recursos públicos. Sin embargo, las autoridades universitarias rechazan esas acusaciones y afirman que el conflicto no responde a privilegios corporativos, sino a la necesidad de garantizar el funcionamiento básico del sistema educativo. Los rectores sostienen que el deterioro presupuestario pone en riesgo la continuidad académica y la calidad educativa.
«La transversalidad de la asistencia a las marchas desde las centrales obreras y organizaciones sociales, así como trabajadores jubilados, acompañando a los gremios universitarios y movimientos estudiantiles muestran a un pueblo comprometido con los valores que encarna la universidad pública» Tomás Carrozza, ADUM
La marcha también posee una fuerte dimensión histórica y simbólica. Muchos sectores vinculan el reclamo actual con los principios de la Reforma Universitaria de 1918: autonomía universitaria, cogobierno, pensamiento crítico, democratización del conocimiento y compromiso social de las universidades. En los documentos aportados por organizaciones reformistas se sostiene que defender la universidad pública implica defender un modelo de país basado en la producción de conocimiento, la igualdad de oportunidades y el desarrollo nacional.
HORIZONTE DEL CONFLICTO
El problema universitario parece proyectarse mucho más allá de la marcha última y podría consolidarse como uno de los principales focos de oposición social al Gobierno nacional. Las movilizaciones universitarias de 2024 y 2025 ya habían mostrado una importante capacidad de convocatoria, pero la protesta de este 12 de mayo se desarrolló en un contexto de mayor desgaste económico, de creciente conflictividad social y de fuerte erosión en la imagen del gobierno y sus principales funcionarios.
La disputa tiene múltiples dimensiones: presupuestaria, salarial, institucional, política y simbólica. Por un lado, existe un reclamo concreto por mayores recursos económicos para garantizar el funcionamiento de las universidades. Se discute, además, el rol del Estado en la educación superior y el lugar estratégico del conocimiento dentro del proyecto de país.
«La discusión universitaria nunca fue solamente educativa. Discutir universidad es discutir desarrollo. Es discutir producción, empleo, innovación, federalismo y democracia.» Mesa Nacional del MNR
Cada vez más sectores de la sociedad (votantes del gobierno incluidos) dudan de la correlación entre ajuste fiscal feroz y mejora de los índices macroeconómicos, en un contexto de desplome del consumo, aumento de la morosidad por parte de las familias y una inflación que por décimo mes consecutivo supera a la anterior.
Las universidades y los sindicatos consideran, asimismo, que el ajuste educativo tiene consecuencias estructurales sobre el futuro argentino. Afirman que el debilitamiento del sistema universitario no sólo afecta a estudiantes y trabajadores, sino también a la capacidad científica, tecnológica y productiva del país.
DE USHUAIA A LA QUIACA
PH: Esteban Alfaro
La dimensión federal de las universidades nacionales son otro sentido en disputa. En muchas provincias, las universidades constituyen centros fundamentales de desarrollo económico, cultural y científico. Generan empleo, impulsan investigaciones regionales y permiten que miles de jóvenes estudien sin necesidad de migrar hacia grandes centros urbanos. Por esa razón, las marchas convocadas no sólo expresaron un reclamo sectorial, sino también una defensa de las economías regionales y de las oportunidades educativas en todo el territorio nacional.
A nivel político, el conflicto universitario representa, además, un desafío para el Gobierno nacional debido al amplio respaldo social que conserva la universidad pública argentina. Las movilizaciones anteriores mostraron una importante participación ciudadana y lograron instalar el tema en el centro del debate público.
«La Universidad pública Argentina es sin duda la institución más prestigiosa del país, esto es así porque es el símbolo de un proyecto de movilidad social ascendente que permitió a generaciones vivir mejor que la anterior. El ataque del gobierno no ha logrado desacreditar a la universidad porque es un espacio amplio y colectivo que sigue construyendo una argentina con más desarrollo.» Esteban Paulón, Diputado Nacional
La masividad de las protestas también obligó a diversos actores políticos y sindicales, que hasta el momento se habían mantenido en una cómoda pasividad, a posicionarse frente al conflicto. Sectores de la CGT, organizaciones sociales, partidos políticos opositores e incluso dirigentes históricos de la Unión Cívica Radical expresaron apoyo a la movilización y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La lucha de la Universidad es mucho más que una protesta por salarios o presupuesto. Es una discusión profunda sobre el modelo educativo, científico y productivo de la Argentina contemporánea. Las elecciones del 2027 están aún lejos en el tiempo y, en un país con las características de la Argentina, vaticinar lo que sucederá el año o el siglo que viene es igual de temerario.
El gobierno de La Libertad Avanza llegará a su fin en algún momento, eso es innegable (la alternancia es una de las características más sanas de nuestra democracia). Y puede que dicho fin ocurra más por impericias propias que por virtudes opositoras. No obstante, movilizaciones como la del día 12 generan esperanza con respecto al final del ciclo libertario iniciado en diciembre de 2023 y que el mismo pueda concluir en 19 meses si las calles son copadas y las mezquindades políticas de la oposición, dejadas de lado en pos de un proyecto político superador. Todo depende de nosotros.
