El autor ordena información y experiencias para proponer ejes de políticas de prevención de la violencia y el delito. Armas, juventudes, género, violencia institucional, cárceles, son algunos.
Hablar de violencia es más amplio que hablar de seguridad: abarca cuestiones convivenciales, su gestión y su encauzamiento, pero también –y, sobre todo– la idea de prevención. Una idea de prevención evolucionada, que parte de la lógica básica (economicista) de la prevención como estrategia más eficiente que la reparación para avanzar sobre cuestiones más complejas, como su distinción de la mera disuasión o el alcance del control de daños, para nombrar a dos de las más frecuentes.
La prevención aparece sistemáticamente en la retórica progresista para la prevención, pero se suele quedar en las apariencias. O se queda a mitad de camino, a la hora de implementar políticas públicas consistentes.
En lo que sigue, siete ideas que considero prioritarias para seguir pensando en la violencia y en su prevención, particularmente en este sur del Sur.
1. Prevención de la violencia armada: control de armas y arsenales para reducir oportunidades
La presencia de armas de fuego es el factor determinante de la violencia letal o altamente lesiva en Argentina. Históricamente, se calculan entre 8 y 10 muertes diarias por armas de fuego en el país. Si bien existen programas de control de armas (que, hoy a cargo del ANMAC, deberían ser repotenciados), no hay –salvo excepciones mínimas– un control de las armas que tienen en su poder las fuerzas policiales y de seguridad. Y los arsenales oficiales son una fuente fundamental del mercado ilegal de armas.
Ya es un lugar común recitar que toda arma ilícita nació legal: el goteo de armas de uno al otro lado de la frontera regulatoria puede convertirse en alud de un momento a otro. Entre todas las medidas para reducir la violencia armada, un lugar central es el ocupado por los mecanismos de control de arsenales. Sin embargo, el Estado lleva la zaga en esta cuestión: en la Argentina, la única de las fuerzas o policías del país con un sistema de control interno de armas y arsenales que satisface los estándares internacionales es la Prefectura Naval Argentina.
A pasar de que hoy existen sistemas probados, de instalación sencilla, con resultados virtualmente inmediatos, desarrollo íntegramente nacional y aceptación generalizada entre los operadores de los arsenales y sus responsables operativos y políticos, ni la otra fuerza federal (Gendarmería), ni alguna de las dos policías federales, ni de las 23 policías provinciales, ni la Policía de la Ciudad (de Buenos Aires) conocen con detalles, en tiempo real y sin margen de error apreciable, cuántas armas tienen, cuáles son, dónde están, quién es su responsable en cada momento y cómo funcionan.
2. Prevención de la violencia basada en género: tecnología e inteligencia artificial a favor de colectivos vulnerables, empoderamiento económico y trabajo con masculinidades
Las distintas técnicas y herramientas propuestas para la prevención de las expresiones de la violencia basada en género (VBG) se han mostrado ineficientes o incluso contraproducentes. Las 231 víctimas directas de femicidio en Argentina durante 2021, 5 de ellas de travesticidio/transfemicidio, sobran para dimensionar la gravedad de la problemática en el país.
Detrás de los grandes números están las instancias de violencia no letal (en incontables ocasiones, prolegómenos de la muerte). En los últimos años, con el aparente propósito de ofrecer soluciones más eficaces, las políticas y programas de prevención han comenzado a recurrir a las tecnologías. No obstante, lejos de cumplir con las promesas realizadas, estas estrategias han generado problemas nuevos. Deviene necesario apoyar, entonces, como política de Estado, el desarrollo o la adaptación de herramientas que posibiliten un complemento diferencial respecto de los diferentes aspectos de la problemática.
Por otra parte, una preocupación central de las personas en situación de VBG –principalmente mujeres, pero también otras identidades subalternizadas– es la dependencia económica de sus agresores. Por eso, los programas de empoderamiento económico –microcréditos, capacitaciones remuneradas, alquileres subsidiados, estipendios para guarderías, etc.– se han mostrado como soluciones eficaces para el corto, mediano y largo plazo.
Un tercer eje de trabajo para la prevención de la VBG es el que corre el foco de las personas vulneradas y lo posa sobre los perpetradores. La construcción de masculinidades respetuosas de la diversidad, a través de actividades diversas –en especial, destinadas a adolescentes entre 13 y 18 años–, se ha mostrado crucial.
3. Prevención de la violencia reiterada: oficios y profesiones contra la reincidencia y la reiterancia
En Argentina, la inflación penitenciaria es tan grave como la económica: más de 100.000 personas –en su mayoría varones jóvenes con bajo nivel de escolarización– están presas sin que eso signifique mejoras en la pacificación de la sociedad. Muy por el contrario, las cárceles son potenciadores de la violencia.
Del total de personas privadas de su libertad en 2020, los cálculos más conservadores muestran que en un 19% habían sido declaradas reincidentes y en un 8%, reiterantes.
La tasa argentina ronda las 235 personas presas cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 145, además con hacinamiento y condiciones inhumanas de vida. Sumado a ello, cerca de la mitad no tienen condena: esperan –presas– una sentencia que las declare culpables o inocentes. Esto es producto de un sistema de justicia que opta por el encarcelamiento como principal respuesta en lugar de explorar otras opciones más adecuadas o productivas, como la libertad vigilada, los servicios comunitarios o las penas económicas.
Por otro lado, del total de personas privadas de su libertad en 2020, los cálculos más conservadores muestran que en un 19% habían sido declaradas reincidentes y en un 8%, reiterantes . Esto significa que más de un tercio de la población penitenciaria había tenido contacto con el sistema penal o carcelario con anterioridad.
Prácticamente no existen en el país instancias que brinden alternativas para ganarse el sustento a quienes egresan de las unidades penales argentinas. Y la posibilidad de acceder a un empleo y sostenerlo en el tiempo es una de las variables que determina la interrupción del círculo vicioso de la reincidencia, como sostiene Marcelo Bergman.
Del mismo modo, falta apoyo a las familias de estas personas, incluso durante la privación de libertad, para que no vean comprometido su sustento o su subsistencia se convierta en dependiente de la actividad delictiva de otro integrante del entorno. El Estado puede recuperar la iniciativa para dar respuestas de esta y otras clases, aspirando a resultados casi inmediatos.
4. Prevención de la violencia institucional: un Estado que exige respuestas pacificadoras y también las ofrece
La máxima expresión de la variante de la violencia institucional en su modalidad de violencia policial, como son las muertes causadas por funcionarios del Estado, muestra datos preocupantes en Argentina. Solo en el área metropolitana de Buenso Aires, durante 2021, 93 personas perdieron la vida por causa de un arma empuñada por miembros de las policías o fuerzas de seguridad con actuación en ese territorio, según datos del CELS publicados este año.
Se han mostrado como factores determinantes de la perpetuación de la violencia policial ciertos aspectos de su formación y la portación de armas durante las 24 horas (el “estado policial”).
Formas no letales de la violencia policial, que comprenden torturas, detenciones arbitrarias y selectivas, maltratos físicos y verbales y afectación de derechos como el de protesta o libertad de expresión, forman parte del cúmulo de acciones estatales que deben abordarse.
Las respuestas que han mostrado mayor eficacia en la prevención de esta clase de violencias son las que ponen el foco en las conductas de perpetradores y perpetradoras y no (solo o primordialmente) en sus actitudes y que, además, entiende estas conductas no como casos aislados sino como prácticas que están presentes de forma sistemática en el accionar de agentes públicos.
Un delito urbano típico como los robos presentan en Argentina guarismos destacados: durante 2021, más de 390.000 hechos, que representan una tasa de 860,4 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio regional.
Estas y otras formas de violencia institucional requieren apelar a avances en la ingeniería de las organizaciones, para facilitar el acceso a la justicia, generar instancias alternativas de gestión de los conflictos, capacitar a funcionarios y funcionarias al respecto y optimizar los sistemas de control, investigación y sanción.
5. Prevención de la violencia urbana: las ciudades y sus espacios públicos como lugares de convivencia y no de riesgo
Las causas y los efectos de las violencias son múltiples y variados, y se manifiestan en lugares, momentos y espacios (públicos o privados) distintos. Estas complejidades se expresan de manera particular en las ciudades.
La urbanización creciente que América Latina y el Caribe viven en la actualidad las ha llevado a constituirse en la segunda región más urbanizada de la Tierra, solo tras Norteamérica y por delante de Europa. Un 80% de la población latinoamericana vive en ciudades, donde se encuentran las mayores oportunidades, pero también los niveles de desigualdad más severos. Todo ello puede derivar, con facilidad, en situaciones de violencia. Por consiguiente, son necesarios diseños urbanos apropiados para generar territorios seguros. Un delito urbano típico como los robos presentan en Argentina guarismos destacados: durante 2021, más de 390.000 hechos, que representan una tasa de 860,4 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio regional y con un aumento respecto del año anterior.
La vitalidad de las calles y los espacios públicos es crucial para la prevención de la violencia urbana, porque posibilita la autovigilancia. Aquí juegan un rol muy importante los gobiernos locales. La tranquilidad de las personas respecto de ser víctimas de la violencia aumenta cuando sienten que los lugares les pertenecen y se identifican con ellos. La vigilancia electrónica (videocámaras, etc.) no es una respuesta a la planificación insuficiente. El mobiliario urbano y la iluminación pueden colaborar en la prevención de situaciones violentas o delictivas.
Sin embargo, su sola incorporación al espacio público no basta. El mobiliario urbano o la vegetación mal instalados, que entorpecen la circulación o ahuyentan a transeúntes, así como la iluminación deficiente (en cantidad o calidad: no alcanza con un alto nivel de luminosidad), favorecen los problemas que se pretende evitar. En adición a esto, las personas se sienten más a gusto en espacios públicos diseñados a escala humana: las áreas demasiado amplias no favorecen la apropiación ni la sensación de contención. Así, es posible a través de la prevención situacional facilitar la evitación de actos violentos típicamente urbanos, como el acoso callejero, los robos, las riñas, etc.
6. Prevención de la violencia juvenil: un freno a las carreras delictivas y al empleo de mano de obra fungible
La población joven suele ser señalada como protagonista de situaciones problemáticas y violentas. Sin embargo, las estadísticas criminales muestran que el rol preponderante de las juventudes en violencias y delitos es el de víctimas y no el de victimarias. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires durante 2021 solo algo más del 7% de los presuntos autores de homicidios dolosos fueron menores de 18 años.
No obstante, como se refiere en el apartado correspondiente, la población penitenciaria argentina está compuesta en su mayoría por jóvenes –entre 18 y 35 años–, que en una proporción considerable comienzan su contacto con el mundo del delito y la violencia durante su adolescencia.
Las organizaciones criminales se valen de mano de obra juvenil para la ejecución de los delitos en los eslabones más débiles y alejados de las cadenas que conducen.
En ese sentido, además, la atención debe posarse de manera prioritaria sobre la criminalidad organizada y los delitos de mercado. Las organizaciones criminales se valen de mano de obra juvenil para la ejecución de los delitos en los eslabones más débiles y alejados de las cadenas que conducen. Esto pone a las personas jóvenes en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que son las que ponen el cuerpo, exponiéndose a ser detenidos o lesionados –o, aun, a perder su vida– para el enriquecimiento de sus jefes, que muchas veces ni siquiera conocen.
Además, no cuentan con protección, ya que su aporte resulta fácilmente reemplazable (por otros jóvenes). Esta es la dinámica en fenómenos tales como el robo de automotores, la distribución minorista de drogas ilegalizadas, la sustracción de teléfonos móviles, el contrabando, el cuatrerismo, la reducción de objetos de procedencia ilícita y los negocios ilegales desempeñados por las barras bravas del fútbol.
7. Prevención de otras formas de violencia
Otras formas de violencia están ganando lugar en la argentina contemporánea. Entre ellas, la violencia digital, expresada a través de las redes sociales; la violencia mediática, que se canaliza por los medios de comunicación masiva; la violencia escolar, con el grooming como expresión principal; la violencia ambiental, sobre la que comienza a tomarse conciencia de manera integral; la violencia obstétrica, forma especial de violencia contra la mujer; la violencia cultural, contra colectivos minoritarios vinculados con pueblos originarios, colectividades religiosas, comunidades de inmigrantes, etc. Estrategias específicas para su dimensionamiento adecuado, su abordaje y su tratamiento deberían ser incorporadas a los planes estatales para favorecer la convivencia pacífica de la sociedad.
