El debate sobre el proyecto de «Ley Omnibus» que envió el gobierno argentino al Congreso, fue rico en análisis e intervenciones. Hay muchos ejemplos. Queremos destacar la de Alejandro Katz, quién explicó por qué el artículo 60 amenaza con demoler la industria editorial asfixiando la diversidad de voces.
Señoras diputadas, señores diputados*, agradezco la posibilidad de exponer ante ustedes mis puntos de vista respecto del impacto del proyecto de ley en consideración respecto de las instituciones que promueven la creación y el acceso a la cultura.
Lo hago en mi doble carácter, a la vez como intelectual público, es decir como un ciudadano que desde hace mucho tiempo intenta contribuir a la discusión de los problemas de nuestro país, y lo hago como editor, es decir como un actor real de una de las industrias culturales afectadas por el proyecto de ley en cuestión.
En ambos casos, como intelectual y como editor, he sido sumamente crítico de las políticas culturales de los anteriores gobiernos; en ambos roles he sido ignorado, si no directamente discriminado. No vengo aquí, por tanto, a defender la continuidad de intereses personales o corporativos. Vengo por el contrario con el propósito de ofrecer mis mejores argumentos para que las decisiones que ustedes tomen respecto del futuro de los dispositivos culturales estén al servicio del bien común, del interés general, de la ciudadanía presente y futura.
Es evidente que numerosos organismos e instituciones de la vida cultural del país deben ser reformados: actualizados sus propósitos, renovados sus procedimientos, perfeccionados sus mecanismos de gobernanza y control.
Eso es justamente lo que indica el término “reforma”, una transformación que busca mejorar lo que existe. Pero suprimir no es mejorar, suprimir es destruir. La supresión, la destrucción es una acción revolucionaria, no democrática, resultado de la imposición de la voluntad de una vanguardia iluminada que sustituye a la deliberación pública.
Tenemos diferentes concepciones de la sociedad, todas ellas legítimas y razonables, tal como enseña la tradición de un liberalismo político más invocado que practicado, un liberalismo para el cual el pluralismo de nuestras visiones enriquece la vida en común. En todas esas visiones la creación cultural es fundamental para la existencia de sociedades ricas, variadas, dinámicas, robustas. Todas esas visiones reconocen como imprescindible la existencia de instituciones culturales impulsadas y financiadas total o parcialmente con recursos públicos. Ninguna de las sociedades que miramos ya no con admiración sino simplemente con respeto ha prescindido de ellas.
El artículo 60 de la norma en discusión propone derogar la ley que establece que cada libro debe venderse al mismo precio en todos los canales comerciales, trátese de pequeñas o grandes librerías, supermercados o plataformas digitales. Se desconoce así que el precio uniforme garantiza la existencia de un ecosistema del libro amplio y diverso, sin ningún costo fiscal ya que no demanda recursos públicos, no implica impuestos ni tasas, ni otorga subsidios o subvenciones.
En todas esas visiones no: existen puntos de vista extremos, dogmáticos, radicalizados que se han propuesto suprimir de un plumazo, de un modo inconsulto y por tanto autoritario, instituciones clave de la vida argentina, instituciones, leyes y acuerdos de larga data entre nosotros.
El artículo 60 de la norma en discusión propone derogar la ley que establece que cada libro debe venderse al mismo precio en todos los canales comerciales, trátese de pequeñas o grandes librerías, supermercados o plataformas digitales. Se desconoce así que el precio uniforme garantiza la existencia de un ecosistema del libro amplio y diverso, sin ningún costo fiscal ya que no demanda recursos públicos, no implica impuestos ni tasas, ni otorga subsidios o subvenciones. No solo eso: experiencia internacional sólidamente documentada prueba que cuando se suprimen leyes semejantes los precios de los libros aumentan, no disminuyen. La derogación de la ley perjudicará de ese modo a los consumidores y a todos los participantes del mundo editorial: autores, editores, traductores, correctores, diseñadores, distribuidores y librerías, sin que sea posible identificar ningún beneficio de esa decisión, con excepción del que obtendrían los grandes jugadores, fundamentalmente digitales, que en la competencia por precio desplazarán a las librerías.
Tal como enseña el modelo suficientemente estudiado según el cual winner take all -el ganador se queda con todo-, lo más probable es que la supresión de la ley destruya a la mayor parte de los jugadores del ecosistema de librerías y editoriales, produciendo a la vez un daño en la producción y acceso a la cultura escrita e imposibilitando a numerosas personas ejercer su preferencia de acceder a los libros en las librerías que funcionan como espacios no solo comerciales sino también de sociabilidad y formación ciudadana.
Derogar una ley que fortalece un sector fundamental para el desarrollo del país, que no tiene costo fiscal, y cuya desaparición solo beneficiaría a un puñado de grandes jugadores en detrimento de los consumidores, de la ciudadanía y de los profesionales de un sector de alta capacitación, que distingue a nuestro país en el panorama latinoamericano, es resultado de la ausencia de deliberación pública que caracteriza a estos instrumentos diseñados por el ejecutivo. La aberración de destruir un dispositivo jurídico que solo produce ganancias para todos los actores del sistema, incluidos los consumidores, es la mejor prueba de la necesidad de que las decisiones sean resultado de una amplia conversación.
La democracia no es solo un mecanismo de elección de representantes. Es una forma de vida y un recurso epistemológico, que por medio de la deliberación nos permite tomar mejores decisiones. Suprimir de un plumazo, como pretende el ejecutivo, instituciones y leyes que han sido fundamentales para la mejor vida de nuestra sociedad es a la vez un reflejo autoritario y dogmático, es un signo de desprecio respecto de la importancia de la cultura para los individuos y para la comunidad y un gesto de ignorancia. Es responsabilidad del parlamento utilizar el poder que la constitución le otorga como control y contrapeso del ejecutivo para evitar que en lugar de las reformas necesarias el dogmatismo y la ceguera ideológica provoquen la destrucción de recursos fundamentales para nuestra sociedad.}
* Presentación de Alejandro Katz ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados
15 de enero de 2024.
