Un exhaustivo balance del Equipo de Educación de CEMUPRO Argentina sitúa el derecho al conocimiento, la laicidad y la inclusión socioeducativa como el núcleo de la identidad socialista desde el programa fundacional de 1896 hasta las vanguardistas gestiones en Santa Fe y el actual escenario de resistencia.
Escuelita rural (1956) Antonio Berni
UN BALANCE HISTÓRICO CON PROYECCIÓN A FUTURO
En el marco de la conmemoración de los 130 años de la fundación del Partido Socialista de Argentina, el Equipo de Educación del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) Argentina presentó un documento estratégico clave para el encuentro partidario celebrado el pasado 27 de junio de 2026.
Bajo la consigna «130 años trabajando por más igualdad y mejor democracia», la propuesta de la organización coloca a la educación en el centro gravitacional del balance histórico del partido. Lejos de ser abordada como una temática sectorial o accesoria, la dimensión educativa es ratificada como el verdadero hilo conductor que atraviesa al socialismo argentino desde su primer programa doctrinario hasta sus experiencias más recientes de gestión pública.
La presentación del informe adquiere un carácter de urgencia política ante la coyuntura nacional de 2026. Los equipos técnicos del CEMUPRO advierten que la recuperación de esta memoria histórica no responde a un ejercicio de nostalgia melancólica, sino a la consolidación de un programa político de resistencia activa frente a lo que denuncian como un avance gubernamental sistemático en el desmantelamiento de la educación pública, las universidades nacionales, el sistema científico y la educación técnica en todo el territorio argentino.
EL PROGRAMA DE 1896: LA EDUCACIÓN LAICA Y GRATUITA COMO CONQUISTA FUNDACIONAL
La investigación histórica ratifica que la ligazón entre socialismo y educación nació con el partido mismo. Durante las históricas jornadas del 28 y 29 de junio de 1896, delegados de agrupaciones socialistas y gremiales, bajo el liderazgo del médico y pensador Juan B. Justo, se congregaron en las instalaciones del Club Vorwärts de Buenos Aires para celebrar el Congreso Fundacional del Partido Socialista.
En ese acto fundacional se aprobaron la Declaración de Principios, los Estatutos y el denominado Programa Mínimo. Este último ya inscribía de forma explícita y prioritaria la exigencia de una educación laica, obligatoria y gratuita hasta los 14 años de edad.
El socialismo situó a la educación popular en la raíz de su proyecto emancipatorio, sosteniendo la premisa de que en ese contexto particular resultaba imposible edificar la ciudadanía sin el acceso al conocimiento, y que, por extensión, no existía democracia real desprovista de ciudadanos plenos.
Para fines del siglo XIX, en una Argentina fuertemente moldeada por el modelo agroexportador y la recepción aluvional de corrientes inmigratorias, el acceso al sistema escolar constituía un territorio de disputa política de primera magnitud. El análisis sectorial del CEMUPRO expone que el diseño pedagógico oficial de la época se dirimía bajo el paraguas de una Ley Nacional de Educación Común orientada entre la inclusión y la normalización.
En ese escenario, el socialismo situó a la educación popular en la raíz de su proyecto emancipatorio, sosteniendo la premisa de que en ese contexto particular resultaba imposible edificar la ciudadanía sin el acceso al conocimiento, y que, por extensión, no existía democracia real desprovista de ciudadanos plenos.
JUAN B. JUSTO Y LA PEDAGOGÍA OBRERA COMO PRÁCTICA DE LIBERTAD
La figura del fundador del partido, Juan B. Justo (1865-1928), es rescatada en el documento no solo bajo su rol de líder político, parlamentario y primer traductor de El Capital de Karl Marx al castellano, sino fundamentalmente en su faceta de infatigable educador popular. La perspectiva ideológica de Justo dictaminaba que la praxis educativa y el proyecto político eran dos caras de una misma moneda orientada a la emancipación integral de la clase trabajadora.
Este empeño constante por elevar las condiciones de existencia del proletariado mediante el despliegue de herramientas culturales e intelectuales es respaldado por sólidas investigaciones historiográficas. Al respecto, el análisis recupera las conclusiones de la prestigiosa historiadora Dora Barrancos en su obra Educación, cultura y trabajadores (1890-1930), donde explicita:
«Difícilmente pueda objetarse la conclusión de que las propuestas educativas del socialismo se desarrollaron privilegiando los sectores del trabajo y, por lo mismo, transcurrieron en barrios y áreas eminentemente obreros. Los sujetos a quienes se destinó el esfuerzo educativo realizado por el frente político y gremial socialista (…) se encontraron entre los diversos estratos del trabajo, alargándose a otros sectores populares.» (Dora Barrancos)
La traducción material de este enfoque se tradujo en el impulso y la creación de dispositivos culturales y educativos concretos que marcaron la historia social del país, tales como la Biblioteca Obrera, la Sociedad Luz —destinada específicamente a la cultura y la difusión científica y social— y la cooperativa El Hogar Obrero.
En el plano legislativo, Justo defendió con vehemencia la Reforma Universitaria de 1918 desde su banca parlamentaria, redactó e impulsó normativas contra el analfabetismo y la explotación infantil, y fustigó permanentemente los mecanismos por los cuales el aparato escolar formal de su época tendía a reproducir las asimetrías sociales preexistentes en lugar de neutralizarlas. Para el ideario fundacional, la educación jamás poseía neutralidad: operaba como un vector de dominación o como una herramienta de liberación, opción por la cual el socialismo militó orgánicamente.
PIONEROS DEL FEMINISMO PEDAGÓGICO: LA EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES
Un capítulo sustancial del balance elaborado por CEMUPRO Argentina visibiliza el carácter vanguardista del socialismo en el cruce entre la igualdad de género y el derecho irrestricto a la educación.
Lejos de concebirse como una concesión accesoria, la inclusión de las mujeres en el trayecto educativo formal respondía a una rigurosa coherencia doctrinaria: el horizonte de emancipación carecía de sentido si se restringía únicamente a la población masculina.
Juan B. Justo denunció sistemáticamente las condiciones opresivas del ámbito fabril y del taller, señalando el dolor de ver a mujeres y niños transformados en los eslabones más severamente explotados del tejido productivo decimonónico.
Juan B. Justo denunció sistemáticamente las condiciones opresivas del ámbito fabril y del taller, señalando el dolor de ver a mujeres y niños transformados en los eslabones más severamente explotados del tejido productivo decimonónico.
La máxima encarnación de esta lucha fue Alicia Moreau de Justo, médica, pedagoga, directora de La Vanguardia, y fundadora, en 1902, del Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina.
Su legado, extendido a lo largo de un siglo de existencia, la recuerda también por haber sido la primera mujer de América Latina en haber emitido un voto en 1911. Junto a ella, la figura de Julieta Lanteri se inscribe como la primera mujer en emitir un sufragio formal en el país y una tenaz batalladora por la apertura de las aulas universitarias al género femenino.
El documento del CEMUPRO recalca el carácter disruptivo y radical que poseía el programa de 1896: exigir universalidad educativa, obligatoriedad y laicidad en una época donde las mujeres estaban formalmente excluidas de la vida civil, política y de la formación superior profesional, consagraba al programa socialista como una auténtica e histórica proclama feminista.
ALFREDO PALACIOS: LA LEGISLACIÓN LABORAL COMO LA CONDICIÓN MATERIAL DE LA ESCUELA
La llegada de Alfredo Palacios al Congreso de la Nación en 1904, consagrado como el primer diputado socialista de América Latina por el barrio porteño de La Boca, marcó un hito en la arquitectura jurídica del país. Palacios estructuró un corpus de legislación social inédito para las fuerzas políticas tradicionales de la época.
El socialismo plantea que las leyes impulsadas por Palacios —entre las que destacan la regulación de la jornada de trabajo, la prohibición taxativa del trabajo infantil y la protección integral de la mujer en los talleres— constituyeron el sustrato de derechos materiales indispensables para hacer fáctico el derecho a la educación.
La tesis socialista es categórica: resulta imposible el ejercicio del derecho a la educación si las infancias están sometidas a jornadas laborales de 12 horas diarias. No hay espacio para la escuela si previamente no se garantiza la existencia de la infancia.
La tesis socialista es categórica: resulta imposible el ejercicio del derecho a la educación si las infancias están sometidas a jornadas laborales de 12 horas diarias. No hay espacio para la escuela si previamente no se garantiza la existencia de la infancia.
Posteriormente, desde su rol como rector de la Universidad Nacional de La Plata, Palacios proyectó una universidad pública comprometida con la producción científica y de saberes puestos directamente al servicio de las necesidades de la comunidad, anticipándose por décadas a los debates contemporáneos respecto a la función social de la educación superior.
EL DEBATE CONTEMPORÁNEO SOBRE «LO PÚBLICO» Y LA CONFLUENCIA CON PAULO FREIRE
El Equipo de Educación de CEMUPRO Argentina introduce en su documento una conceptualización teórica profunda acerca de la resignificación de ‘lo público’ en el siglo XXI. Desde su perspectiva, lo público desborda la mera noción de lo estatal; se define como aquello que pertenece comunitariamente a la totalidad de la sociedad, edificado de forma colectiva y regido bajo la lógica irrenunciable del derecho humano, en franca oposición a las dinámicas mercantilistas de la oferta y la demanda.
Esta matriz ideológica encuentra un punto de confluencia y diálogo directo con la tradición pedagógica latinoamericana, de modo particular con la obra del educador brasileño Paulo Freire.
«La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo». Paulo Freire.
El informe recupera la célebre premisa freireana que postula la educación como una práctica de la libertad basada en procesos de concientización y humanización mutua entre educador y educando, sintetizada en su máxima: «La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo». El CEMUPRO destaca que esta concepción guarda una perfecta sintonía con el viejo ideario emancipador de Juan B. Justo, a pesar de haber emergido en coordenadas temporales y geográficas distintas.
Bajo este marco analítico, los equipos técnicos precisan que, en la actual coyuntura histórica, la tarea de reconstruir lo público exige la defensa irrestricta de las instituciones escolares como espacios inalienables de transmisión de la cultura, igualación real de oportunidades y construcción de ciudadanía democrática.
Ello implica rechazar de plano la consideración del conocimiento como una mercancía transable o de la educación como un simple servicio comercial, reafirmando la obligación indelegable del Estado en garantizar el acceso, permanencia y calidad en todos los niveles del trayecto educativo.
LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN: 12 AÑOS DE POLÍTICAS DE ESTADO EN SANTA FE (2007-2019)
El balance del socialismo adquiere una dimensión de contrastable empirismo al analizar el período comprendido entre los años 2007 y 2019 en la provincia de Santa Fe.
Durante doce años consecutivos, bajo los mandatos gubernamentales de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, la provincia implementó políticas públicas sectoriales estructuradas sobre las vigas maestras de la inclusión, la calidad y la equidad pedagógica.
Esta experiencia demostró que la persistencia en el tiempo de un modelo educativo es viable cuando media una firme definición doctrinaria que ubica al Estado como garante del derecho y no como un mero prestador de servicios.
Un rasgo distintivo de esta etapa fue el rol de liderazgo asumido por destacadas mujeres en la conducción ministerial:
Élida Rasino (Ministra de Educación, 2007-2011): Condujo el inicio del Frente Progresista en el área, ejecutando una histórica reparación laboral mediante los procesos de titularización docente —mecanismo que llevaba 14 años paralizado en la provincia— y sentando los cimientos metodológicos para más de una década de innovación pedagógica.
María de los Ángeles “Chiqui” González (Ministra de Innovación y Cultura, 2007-2019): Sostuvo a lo largo de las tres administraciones la tesis de la indisolubilidad entre cultura y educación. Su gestión revolucionó las fronteras del aula tradicional a través de dispositivos urbanos y pedagógicos masivos como el Tríptico de la Infancia, la Isla de los Inventos y políticas radicales de apropiación del espacio público para las niñeces.
Mónica Bifarello (Ministra de Desarrollo Social, 2011-2015): Articuló las carteras de promoción social y educación, logrando un abordaje intersectorial reflejado de forma nítida en el diseño del Plan ABRE y en la transversalización de las políticas de género dentro del tejido escolar
El documento del CEMUPRO sintetiza el espíritu de esta militancia técnico-política apelando a las palabras de la propia «Chiqui» González, quien acuñó la definición de que «la política es poética», imprimiendo mística, símbolos y metáforas a la transformación institucional de la provincia.
EL CATÁLOGO DE INNOVACIÓN SOCIOEDUCATIVA SANTAFECINA
El balance detalla pormenorizadamente los programas que hoy constituyen el patrimonio pedagógico del socialismo argentino:
Al concluir el ciclo en 2019, las estadísticas provinciales reflejaron la edificación de 255 nuevas escuelas secundarias y un incremento neto del 65% en la matrícula de la educación superior no universitaria (nivel terciario).
El exgobernador Miguel Lifschitz sintetizó el proceso confirmando que todas las líneas estratégicas instaladas originariamente por sus predecesores, Binner y Bonfatti, habían sido rigurosamente continuadas, profundizadas y consolidadas.
LOS SEIS EJES DE UN BALANCE DE 130 AÑOS DE CONSISTENCIA
El informe elaborado por el CEMUPRO condensa la trayectoria socialista en seis grandes vectores de consistencia histórica e ideológica indiscutible:
Reunión del equipo de educación de CEMUPRO junto a miembros de Argentinos por la Educación.
La universalidad del derecho: La defensa irrenunciable de una educación laica, gratuita y obligatoria plasmada formalmente desde el acta de nacimiento partidaria en 1896.
La educación popular como praxis: La construcción de un andamiaje cultural alternativo a través de bibliotecas obreras, universidades populares y centros culturales obreros desde los albores del siglo XX.
La base material del aprendizaje: El desarrollo de una legislación social protectora del trabajo que erradicara la explotación infantil, garantizando el tiempo vital necesario para la escolarización de las infancias.
La democratización de la educación superior: El rol protagónico y de acompañamiento orgánico a las banderas de la Reforma Universitaria de 1918 y la gratuidad de los estudios superiores.
El feminismo pedagógico: La temprana e inclaudicable batalla por abrir las fronteras de la ciencia, la formación profesional superior y la participación pública a las mujeres argentinas.
El socialismo como opción de gobierno: La validación empírica desarrollada en Santa Fe entre 2007 y 2019, que demostró la viabilidad técnica de gestionar bajo las coordenadas axiológicas de la solidaridad y la igualdad.
LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN 2026: EL ESCENARIO DE LA RESISTENCIA ACTIVA
El tramo final del documento sitúa la herencia doctrinaria frente a la realidad política actual de la Argentina de 2026. Desde la perspectiva analítica del Equipo de Educación de CEMUPRO, la administración nacional encabezada por el presidente Javier Milei ha convertido a las políticas educativas en un severo escenario de confrontación ideológica.
Sostienen que lo que se dirime en la actualidad no constituye una controversia técnica o metodológica, sino una mutación conceptual de fondo: el intento de suplantar la noción de la educación como un derecho universal por un modelo de mercado.
La denuncia sectorial enumera con preocupación los impactos del desfinanciamiento de las casas de altos estudios nacionales, el vaciamiento presupuestario del CONICET y del complejo científico nacional, el repliegue de la educación técnica y la introducción discursiva y operativa de la lógica del «voucher educativo». Para el socialismo, estas medidas persiguen el propósito de transformar la educación en una mercancía regulada por la capacidad de pago individual de cada grupo familiar, consolidando la deserción del Estado de sus funciones regulatorias básicas.
«La figura de Juan B. Justo y su lucha por una educación emancipadora adquiere una dimensión inusitada en este incierto momento, donde un feroz ataque desde las esferas del poder pone en jaque a nuestra brillante tradición educativa». Gustavo Battistoni publicado en El Correo de Firmat (2026)
Frente a este adverso panorama, la herencia de 130 años provee una respuesta nítida: la escuela pública no representa una rémora ineficiente del pasado ni un gasto corriente a recortar, sino el requisito indispensable de subsistencia para la democracia, la igualdad civil y la ciudadanía organizada. Sin la presencia de un sistema escolar estatal de alta calidad, la existencia de la república se vuelve quimérica.
Para graficar la gravedad de la encrucijada actual, el informe recupera un pasaje del análisis del historiador Gustavo Battistoni publicado en El Correo de Firmat (2026), donde afirma: «La figura de Juan B. Justo y su lucha por una educación emancipadora adquiere una dimensión inusitada en este incierto momento, donde un feroz ataque desde las esferas del poder pone en jaque a nuestra brillante tradición educativa».
Es precisamente ante ese escenario que el socialismo ratifica su mandato histórico: la respuesta institucional y militante no puede ser otra que la movilización y la defensa activa de la educación pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad como un patrimonio inalienable de las mayorías populares.
CIERRE ANALÍTICO: UN IDEARIO QUE MANTIENE SU VIGENCIA
El documento elaborado por el CEMUPRO en Buenos Aires concluye explicitando su voluntad de funcionar como un insumo dinámico para el debate colectivo y como una invitación abierta a profundizar en el conocimiento de una corriente histórica indispensable para comprender la evolución de los derechos sociales en Argentina.
«La educación no es un negocio. Es un derecho. Y los derechos no se venden: se defienden».
Los equipos técnicos reafirman con optimismo que las banderas históricas del socialismo no han envejecido ante las transformaciones del nuevo siglo. Por el contrario, la vigencia de su marco teórico y el respaldo de sus experiencias de gestión estatal validan su autoridad para intervenir con fuerza en el debate pedagógico contemporáneo.
La declaración final del informe sintetiza la postura de la organización con una definición doctrinaria tajante que traza la frontera del conflicto actual: «La educación no es un negocio. Es un derecho. Y los derechos no se venden: se defienden».
