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El futuro que construimos con las cosas que dejamos de hacer. Automatización, conocimiento y futuros en disputa

El futuro que construimos con las cosas que dejamos de hacer. Automatización, conocimiento y futuros en disputa

Cada vez que le encargamos una tarea a una inteligencia artificial, modificamos también lo que estará disponible para las próximas generaciones. Un recorrido por los imaginarios que hacen parecer inevitable la automatización y por la pregunta que la educación no puede delegar: qué queremos legarles.

Isla de los inventos, Rosario, Santa Fe.

La inclusión de tecnologías digitales en la enseñanza ha sido siempre un campo de tensión Por un lado es imposible pensar una educación de calidad para la sociedad actual que no las incluya: preparar a las infancias y adolescencias para el mundo que tendrán que habitar siendo adultos implica poner en conversación la alfabetización digital y la apropiación crítica. Pero, por otro lado, estas tecnologías llegan a las escuelas a través de grandes negocios con empresas tecnológicas lo que ha dado lugar, en nuestro país particularmente pero no sólo en él, a políticas públicas fallidas, inconclusas y que, en muchos casos, sólo han significado una sobrecarga laboral para las y los docentes.

En el último año podríamos señalar dos cosas: en marzo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo en el inicio de sesiones parlamentarias que todos los estudiantes de la ciudad tendrían en sus computadoras gemini, la inteligencia artificial generativa de Google. En mayo, el Gobierno nacional presentó el Gemelo Digital Social, una herramienta de inteligencia artificial del Ministerio de Capital Humano para anticipar el impacto de las políticas sociales. Ambas cosas se presentaron diciendo que la Argentina (o la Ciudad) se adelanta al futuro. Ninguna habló de cuáles son los negocios detrás. Lo del gemelo digital no avanzó, lo de gemini si.

LA LLEGADA DISCURSIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES

Las tecnologías llegan rodeadas de palabras que nos hablan de ellas antes de que las conozcamos. Algunas nombran objetos que antes no existían. Otras parecen nombrar prácticas nuevas. Y algunas hacen algo más interesante: reorganizan problemas que ya conocíamos hasta conseguir que empecemos a pensarlos de otra manera. Spoiler alert: no siempre esto es una buena noticia.

Con la inteligencia artificial aparecieron Inteligencia, prompt, personalización, automatización y se incorporaron rápidamente a nuestro vocabulario cotidiano sin tiempo para desentrañar qué cosa estábamos nombrando. Podríamos considerarlas apenas palabras útiles para describir un fenómeno tecnológico. Pero cuando una tecnología se construye enteramente sobre el lenguaje, las palabras que trae consigo no son un detalle. Importa qué nombran, pero también qué relaciones intentan que construyamos entre nosotros y esos sistemas, qué saber les atribuimos y, sobre todo, qué lugar empezamos a ocupar nosotros frente a ella.

Con la inteligencia artificial aparecieron Inteligencia, prompt, personalización, automatización y se incorporaron rápidamente a nuestro vocabulario cotidiano sin tiempo para desentrañar qué cosa estábamos nombrando.

Pensemos en el prompt. Lo presentaron como una nueva técnica: aprender a darle buenas instrucciones a una máquina para obtener mejores resultados. La idea vino acompañada de manuales, cursos y fórmulas para escribir el pedido perfecto. Una de las recomendaciones más repetidas consiste en asignarle al sistema un rol: “sos un experto en…”. Parece apenas una estrategia para mejorar una respuesta, pero la escena es epistemológicamente bastante más interesante. Si el lugar del saber lo ocupa el sistema, ¿qué lugar estamos construyendo para nosotros? ¿Y qué autoridad le estamos concediendo para decidir qué cuenta como una buena pregunta, una interpretación razonable o una respuesta que vale la pena escuchar?

Pero la lógica del prompt esconde otra cuestión: aquello que no escribimos. Un prompt puede ser larguísimo y extremadamente preciso y, sin embargo, dejar abiertas las decisiones más importantes. Si le pedimos a una inteligencia artificial que diseñe una actividad para aprender algo, probablemente indiquemos el tema, la extensión o el formato. Es mucho menos frecuente que explicitemos qué entendemos por aprender, qué papel debería ocupar quién enseña, qué relaciones queremos que se produzcan entre quienes aprenden o por qué consideramos que una determinada secuencia es preferible a otra.

Esos espacios no quedan vacíos. El sistema los completa.

Un ejemplo: un docente le pide a la IA que arme una clase sobre el ciclo del agua para segundo grado, con una actividad lúdica. Indicó el tema, el grado y el formato. No dijo cuántos chicos hay en el aula, si alguno todavía no lee de corrido, qué quiere que entiendan al terminar. La IA contesta igual, con una propuesta prolija y lista para usar, pensada para un grupo que no existe.

A eso hemos empezado a llamar sesgo pedagógico: las concepciones implícitas acerca de la enseñanza y el aprendizaje que aparecen en las respuestas de los modelos aun cuando nadie las haya solicitado. No se trata de un error ocasional que una mejor versión de la tecnología vaya a corregir. Ni tampoco algo que podamos resolver con el entrenamiento individual, aunque naturalmente ayuda. Es un hecho inherente a la tecnología misma: un modelo responde a partir de regularidades construidas sobre los datos con los que fue entrenado. Y eso, como casi toda la información de entrenamiento, no está disponible.

El sesgo pedagógico fue documentado desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, la IA tiende a diseñar actividades que le atribuyen un rol pasivo a los y las estudiantes. Por otro lado, los tipos de actividades o de planificaciones tienden a la instrucción directa, trabajo individual, fragmentación del conocimiento y verificación del aprendizaje. El modelo evidencia entonces un fuerte sesgo conductista en sus supuestos acerca de lo que significa enseñar y aprender.

La respuesta suele traer los tiempos calculados al minuto: diez para empezar, quince para la actividad, cinco para cerrar.

El sesgo pedagógico fue documentado desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, la IA tiende a diseñar actividades que le atribuyen un rol pasivo a los y las estudiantes. Por otro lado, los tipos de actividades o de planificaciones tienden a la instrucción directa, trabajo individual, fragmentación del conocimiento y verificación del aprendizaje.

Quien dio clases sabe que esos tiempos no son sostenibles. Una pregunta inesperada, un grupo que necesita otra explicación y los 45 minutos se vuelven 90. El sistema planifica de acuerdo a un supuesto de eficiencia.

El problema pedagógico es una parte de una cuestión mayor. También hay allí un problema epistemológico. Los sistemas no solamente producen respuestas: al hacerlo, estabilizan determinadas maneras de organizar la información, establecer relaciones, reconocer evidencias y construir explicaciones. Cuando les pedimos que interpreten una entrevista, comparen posiciones teóricas o identifiquen los argumentos principales de un conjunto de textos, no estamos delegando únicamente tiempo de procesamiento. Estamos introduciendo una mediación que contiene, aunque no podamos verla completamente, una determinada idea acerca de qué significa conocer algo.

Imaginemos a una investigadora que le pide a una IA que analice veinte entrevistas a docentes. En segundos llegan tres grandes temas, algunas frecuencias y un resumen ordenado. Lo que queda afuera es lo que en investigación cualitativa es lo más rico: la duda antes de una respuesta, la contradicción entre lo que alguien afirma y lo que cuenta después, la anécdota inclasificable, el silencio. El sistema redujo la dispersión a unas pocas ideas y lo hizo con tal contundencia que dificulta la capacidad de repensar.

LOS IMAGINARIOS QUE SOSTIENEN LA SUPUESTA INNOVACIÓN

Por eso es importante comenzar a discutir bajo qué condiciones algunas transformaciones empiezan a parecernos inevitables.
Sheila Jasanoff y Sang-Hyun Kim propusieron el concepto de imaginarios sociotécnicos para nombrar las visiones de futuros deseables asociadas con la ciencia y la tecnología que consiguen estabilizarse socialmente, incorporarse a instituciones y orientar decisiones colectivas. Es importante detenerse en algo: esos futuros no se imaginan desde posiciones equivalentes de poder. Estados, empresas, organismos internacionales y otros actores tienen capacidades muy diferentes para hacer circular determinadas visiones y conseguir que un futuro particular aparezca no solo como posible o deseable, sino también como inevitable.

En el cruce entre inteligencia artificial y educación hay por lo menos tres imaginarios especialmente poderosos: personalización, eficiencia y automatización.

La personalización es un buen ejemplo de cómo funcionan. La palabra suele ser interpretada, en el ámbito educativo, bajo una demanda indiscutible: reconocer la enorme diversidad que existe entre las personas y ofrecer experiencias educativas capaces de abordarla. Pero eso no es lo que las empresas de tecnología proponen, lo que ellos llaman personalización es en realidad la duolingonización: contenidos fragmentados, aprendidos por repetición y cuya “personalización” es en realidad sólo un ajuste de velocidad. La paradoja es interesante: para personalizar a gran escala necesitamos antes volver el aprendizaje suficientemente estandarizado, comparable y predecible. Y eso, no nos ayuda a dar respuestas a la diversidad.

Pensemos en dos chicos que usan una aplicación de matemática. Uno se traba con las fracciones y el otro se aburre porque ya las domina. La aplicación dice personalizar la experiencia, pero hace otra cosa: a uno le repite el mismo ejercicio más despacio, al otro se lo acelera. Ninguno recibe una explicación distinta ni le permite reflexionar sobre el proceso de aprendizaje.

Eficiencia y automatización introducen otro desplazamiento. La promesa es conocida: la inteligencia artificial puede liberarnos de tareas, ahorrar tiempo, simplificar procesos y reducir esfuerzos.

El problema aparece cuando la capacidad técnica empieza a convertirse, casi sin discusión, en una prescripción: si la tecnología puede hacerlo, tiene que hacerlo la tecnología.

Dejamos de preguntarnos si queremos delegar una tarea y empezamos a necesitar argumentos para justificar por qué seguiríamos haciéndola.

Entonces dejamos de preguntarnos si queremos delegar una tarea y empezamos a necesitar argumentos para justificar por qué seguiríamos haciéndola.

Sin embargo, un resultado y el trabajo intelectual necesario para producirlo no son equivalentes. Escribir no es solamente obtener un texto. Sintetizar no es solamente disponer de un resumen. Investigar no es solamente reunir información. Diseñar una actividad no es solamente producir una consigna. En esos procesos establecemos relaciones, descartamos alternativas, reconocemos problemas, revisamos hipótesis y construimos criterios que después necesitamos incluso para juzgar el resultado que produce una inteligencia artificial.

LA DELEGACIÓN DE PENSAMIENTO

La externalización cognitiva, por supuesto, tampoco empezó con estos sistemas. Escribimos para no depender exclusivamente de nuestra memoria, usamos mapas para orientarnos y calculadoras para resolver operaciones que no necesitamos ejecutar mentalmente cada vez. Buena parte de la historia cultural podría leerse como una historia de las tecnologías con las que externalizamos capacidades cognitivas.

La inteligencia artificial amplía, sin embargo, el tipo de procesos que podemos externalizar. Ya no delegamos solamente almacenamiento, cálculo o recuperación de información. Podemos delegar la formulación de una explicación, la construcción de un argumento, la interpretación de un conjunto de datos, la producción de una hipótesis o incluso la evaluación de un trabajo producido por otra persona.

Algunas investigaciones recientes comenzaron a hablar de deuda cognitiva para describir uno de los posibles efectos de esa relación: obtenemos un beneficio inmediato —menos esfuerzo, mayor velocidad, un resultado disponible— y eventualmente pagamos un costo cuando necesitamos realizar por nosotros mismos aquello que dejamos de ejercitar. La evidencia todavía es incipiente y sería imprudente convertirla en una nueva certeza sobre los efectos de la IA. Pero la hipótesis permite formular una pregunta mejor que aquella, bastante banal, acerca de si la inteligencia artificial nos vuelve más o menos inteligentes. La pregunta es qué operaciones cognitivas externalizamos, bajo qué condiciones y qué hacemos nosotros mientras la tecnología las realiza.

Porque existe una diferencia importante entre delegar un proceso que conocemos y delegar uno que nunca atravesamos. En el primer caso podemos utilizar la tecnología para expandir nuestras posibilidades. En el segundo corremos el riesgo de recibir un resultado sin tener acceso a las decisiones que permitieron producirlo. Y cuanto mayor sea nuestra dependencia de esos sistemas, más —no menos— conocimientos necesitaremos para decidir cuándo confiar en una respuesta, cuándo discutirla y cuándo descartarla.

Existe una diferencia importante entre delegar un proceso que conocemos y delegar uno que nunca atravesamos. En el primer caso podemos utilizar la tecnología para expandir nuestras posibilidades. En el segundo corremos el riesgo de recibir un resultado sin tener acceso a las decisiones que permitieron producirlo.

Pensemos un momento. Podemos pedirle a un sistema que produzca un texto y a otro que lo evalúe. Podemos automatizar una actividad y automatizar también su corrección. Podemos delegar la búsqueda de información, su síntesis y finalmente la decisión acerca de qué parte de esa síntesis es relevante. Cada intervención podría funcionar de manera aislada. Pero cuando observamos la secuencia completa aparece una pregunta distinta: ¿en qué momento dejamos de automatizar tareas y empezamos a automatizar las decisiones que daban sentido a esas tareas?

Esto excede ampliamente a la escuela o la universidad. Estamos empezando a distribuir de otra manera el trabajo cognitivo entre personas y sistemas técnicos, y todavía no sabemos qué formas culturales, profesionales y educativas van a surgir de esa distribución. Precisamente por eso resulta insuficiente discutir la inteligencia artificial únicamente en términos de adopción o rechazo. La cuestión no es decidir si estamos a favor o en contra de delegar. Es decidir qué delegamos, para qué y qué necesitamos preservar para seguir siendo capaces de decidir sobre aquello que delegamos.

Y esa discusión nos devuelve inevitablemente a la educación.

QUÉ QUEREMOS LEGARLES A QUIENES VIENEN DESPUÉS}

El jardín de los niños, experiencia pedagógica para chicos y grandes

Hace años repetimos que debemos preparar a las nuevas generaciones para un futuro que no conocemos. De esa incertidumbre derivamos una lista ya familiar: flexibilidad, creatividad, pensamiento crítico, capacidad de adaptación, aprender a aprender. Probablemente todas sean importantes. Pero hay una diferencia sustantiva entre aceptar que desconocemos el mundo que otros van a habitar y concluir que, por esa razón, no tenemos nada valioso que transmitirles.

Todo currículum establece un puente entre generaciones. Decide qué conocimientos, lenguajes, historias, procedimientos, preguntas y criterios una sociedad considera suficientemente importantes como para ponerlos a disposición de quienes vienen después. Ese legado nunca llega intacto: cada generación lo discute, lo transforma, incorpora algunas cosas y abandona otras. El problema histórico del currículum, de hecho, ha sido muchas veces nuestra dificultad para dejar ir: seguimos agregando contenidos como si el tiempo disponible para enseñar y aprender fuera infinito.

La inteligencia artificial vuelve esa discusión inevitable. Habrá prácticas que perderán importancia, conocimientos que se transformarán y nuevas formas de producción cultural que tendremos que incorporar. No se trata de conservar el mundo anterior a la IA ni de defender una colección de tareas simplemente porque alguna vez las hicimos nosotros. Pero tampoco podemos aceptar que la frontera tecnológica decida el currículum por descarte: enseñar hoy aquello que la máquina todavía no puede hacer y abandonarlo mañana cuando finalmente pueda hacerlo. La pregunta educativa es más difícil: ¿qué queremos que una persona sepa hacer incluso cuando exista una tecnología capaz de hacerlo por ella?

¿Qué queremos que una persona sepa hacer incluso cuando exista una tecnología capaz de hacerlo por ella?

Responderla obliga a discutir el valor de un conocimiento más allá de su utilidad inmediata. Algunas cosas quizás necesitemos seguir aprendiéndolas porque haber atravesado esos procesos nos permite comprender el mundo, reconocer alternativas, construir criterios y decidir qué hacer cuando alguien —o algo— nos ofrece una respuesta.

No gobernamos el futuro. Pero las decisiones sociotécnicas que tomamos en el presente construyen condiciones de posibilidad para ciertos futuros y clausuran otras. Y tampoco tomamos esas decisiones desde posiciones equivalentes: las empresas que desarrollan los sistemas, los Estados que pueden regularlos, las instituciones que deciden incorporarlos y quienes simplemente los usamos no tenemos el mismo poder para determinar hacia dónde se mueve esa frontera.

Por eso la discusión sobre inteligencia artificial y educación es también una discusión política y cultural acerca de qué mundo estamos haciendo posible mientras creemos estar resolviendo problemas más pequeños.

Tal vez ahí podamos reformular la pregunta inicial. No se trata de elegir entre delegar o no delegar. Se trata de conservar la capacidad de decidir qué estamos dispuestos a delegar y qué razones tenemos para hacerlo.

Porque delegar también es legar. Aquello que decidimos dejar de hacer modifica no solamente nuestras prácticas presentes sino también lo que estará disponible para quienes vengan después.

No sabemos qué inteligencia artificial utilizará alguien que hoy tiene seis años cuando dentro de treinta tenga que enseñar, investigar, escribir, tomar una decisión pública o resolver un problema que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Tampoco podemos entregarle un mapa de ese mundo: todavía no existe. Pero podemos, en cambio, dejarle conocimientos, preguntas, experiencias, memoria de nuestros errores y criterios para discutir los mapas que otros intenten presentarle como inevitables.

Después decidirá qué conservar, qué transformar y qué dejar ir.

Quizás esa sea una de las responsabilidades más antiguas de la educación, incluso frente a la tecnología más nueva: conseguir que quienes lleguen a un mundo que nosotros ya no conoceremos no tengan que llegar solos.

Extensión universitaria: el desafío de construir una Universidad al servicio del pueblo

Extensión universitaria: el desafío de construir una Universidad al servicio del pueblo

A 108 años de la Reforma Universitaria de 1918, quienes integramos el MNR Litoral proponemos discutir no solo cómo defender la Universidad Pública frente al ajuste, sino también qué institución queremos construir. A partir de experiencias territoriales y de una mirada crítica sobre la extensión universitaria, reivindicamos el diálogo entre los saberes académicos y populares.

Marcha de la federación universitaria de Córdoba.

UNA PREGUNTA QUE SIGUE VIGENTE

Nos encontramos, una vez más, ante un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria de 1918. Cada 15 de junio, la comunidad universitaria argentina vuelve la mirada hacia aquel movimiento que transformó para siempre la vida de las universidades y que dejó como legado una concepción democrática, pública y comprometida de la educación superior.

Este nuevo aniversario nos encuentra en un contexto atravesado por el ajuste, el desfinanciamiento y la movilización de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública. Frente a esta realidad, corremos el riesgo de limitar nuestras aspiraciones a la defensa de la Universidad que hoy conocemos y relegar una pregunta tan necesaria como urgente: ¿qué Universidad queremos construir?

corremos el riesgo de limitar nuestras aspiraciones a la defensa de la Universidad que hoy conocemos y relegar una pregunta tan necesaria como urgente: ¿qué Universidad queremos construir?

Desde el MNR Litoral queremos aprovechar este mes y este aniversario para preguntarnos también qué Universidad habitamos, qué universidad necesitamos y qué transformaciones hacen falta. La lucha que hoy sostenemos —y que más temprano que tarde dará sus frutos— debe encontrarnos impulsando nuevas formas y nuevos horizontes para la Universidad Pública argentina.

Uno de los aspectos que consideramos fundamental repensar es la extensión universitaria, una de las funciones sustantivas de la Universidad Pública y, posiblemente, una de las más relegadas. Su potencial para fortalecer el vínculo entre el sistema universitario y la sociedad es enorme. También puede contribuir a construir un modelo de producción de conocimiento más democrático, participativo y comprometido con las necesidades de la comunidad.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: DEMOCRATIZAR EL CONOCIMIENTO

Acto de premiación a los ganadores de la décima edición del Programa INGENIA

Para reflexionar sobre el valor de la extensión en nuestra región, recuperamos las experiencias de dos excompañeras del MNR Litoral: Analia Gaspoz, participante de “Conectate con Alto Verde”, y Florencia Galvan Darrichón, coordinadora del programa provincial “INGENIA” durante el período 2017-2019.

“Conectate con Alto Verde” fue una iniciativa impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Tecnológica Nacional. Su objetivo fue promover el desarrollo comunitario y educativo y contribuir a la reducción de la violencia barrial mediante propuestas como el programa de huertas familiares.

Por su parte, “INGENIA” fue un programa provincial iniciado durante la gestión de Hermes Binner y desarrollado entre 2010 y 2019. La iniciativa financió y acompañó diversos proyectos elaborados por estudiantes universitarios.

Si regresáramos a 1918 y revisáramos las propuestas formuladas por el movimiento reformista y la Federación Universitaria Argentina, encontraríamos que la extensión universitaria aparecía estrechamente vinculada con la creación de universidades populares. Ambas iniciativas expresaban una misma vocación política: democratizar el conocimiento y derribar las barreras entre el saber académico y el saber popular.

Por un lado, se buscaba abrir las universidades existentes a la sociedad. Por el otro, generar nuevos espacios de formación y producción de conocimiento impulsados desde la propia comunidad. Desde entonces, la extensión se consolidó como una de las misiones comunes de las universidades latinoamericanas, aunque sus interpretaciones y prácticas hayan sido diversas según las regiones y las instituciones.

¿QUIÉN EXTIENDE A QUIÉN?

Si la Universidad extiende conocimiento hacia la sociedad, ¿significa eso que la sociedad no tiene nada para enseñarle a la Universidad?

Con el paso de los años comenzó a cuestionarse una concepción de la extensión basada en la transmisión unidireccional de conocimientos y tecnologías. Bajo ese enfoque, la sociedad aparece como una receptora pasiva, carente de saberes propios, y se configura una relación vertical entre quienes enseñan y quienes aprenden. Esta perspectiva fue denominada posteriormente “extensión transferencista”.

Con el paso de los años comenzó a cuestionarse una concepción de la extensión basada en la transmisión unidireccional de conocimientos y tecnologías. Bajo ese enfoque, la sociedad aparece como una receptora pasiva, carente de saberes propios, y se configura una relación vertical entre quienes enseñan y quienes aprenden. Esta perspectiva fue denominada posteriormente “extensión transferencista”.

El pedagogo brasileño Paulo Freire sentó las bases de esta crítica en su célebre libro ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural, publicado en 1969. Allí describió cómo el extensionista tradicional asume un rol de superioridad y busca “transferir” saberes técnicos a un receptor considerado ignorante.

Freire vinculó esta lógica con el concepto de “educación bancaria”: una práctica antidialógica que supone un sujeto activo y un objeto pasivo, como si el conocimiento fuera estático y pudiera ser entregado o depositado en otras personas.

HACIA UNA EXTENSIÓN CRÍTICA

A partir de estos debates surgió el concepto de “extensión crítica”, desarrollado, entre otros autores, por Tommasino y Cano. Esta perspectiva propone producir conocimiento nuevo mediante la articulación crítica entre los saberes académicos y populares.

Desde este enfoque, el futuro profesional no se limita a transmitir conocimientos. También debe aprender, escuchar y problematizar la realidad junto con otros actores sociales. Se trata de construir una relación en la que todas las partes puedan reconocer y comprender sus propios contextos de aprendizaje.

Este modelo tuvo un impulso significativo en Uruguay, especialmente en el marco de la denominada Segunda Reforma Universitaria de la Universidad de la República, desarrollada entre 2006 y 2014.

Como miembros del MNR Litoral, sostenemos la necesidad de repensar permanentemente el vínculo entre la Universidad Pública y la sociedad. Apostamos a una construcción colectiva, democrática y transformadora del conocimiento, que amplíe los espacios de participación y fortalezca el compromiso social de la producción científica y académica.

UNA EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO CON EL TERRITORIO

En ese sentido, Analia Gaspoz recuerda la experiencia de “Conectate con Alto Verde”:

“No era un proyecto de extensión de la UNL, sino un proyecto de extensión del MNR. Surgió a partir de la concepción que teníamos como organización sobre la extensión universitaria, en un contexto en el que todavía existían pocos proyectos de este tipo dentro de la universidad.

La manera en que nosotros teníamos de mostrar lo que entendíamos que era la extensión universitaria era a través de este proyecto más propio, que tenía que ver con un real intercambio, un ida y vuelta con la sociedad. Uno no iba al territorio a transmitir saberes, sino que el saber se construía: todos somos portadores de saberes y, desde ahí, se podía favorecer un intercambio y una apropiación colectiva del conocimiento”.

“No era un proyecto de extensión de la UNL, sino un proyecto de extensión del MNR. Surgió a partir de la concepción que teníamos como organización sobre la extensión universitaria, en un contexto en el que todavía existían pocos proyectos de este tipo dentro de la universidad.»

A partir de experiencias como esta podemos preguntarnos qué transformaciones producen los proyectos extensionistas de estas características dentro de la UNL. Una posible respuesta es que promueven y diversifican las formas de vinculación con la comunidad.

En determinados momentos, iniciativas innovadoras impulsadas desde los márgenes —e incluso por fuera de los circuitos institucionales tradicionales— pueden visibilizar otras maneras de construir la relación entre la Universidad y la sociedad. Estas experiencias complementan la necesidad de generar propuestas que dialoguen con las demandas, los saberes y las necesidades del territorio.

Sabemos que este camino está atravesado por disputas académicas, políticas e ideológicas. Sin embargo, estamos convencidos de que se trata de un horizonte que vale la pena perseguir. Y ese camino debe emprenderse de la mano de una organización estudiantil que, como en 1918, se pregunte permanentemente qué Universidad quiere construir y al servicio de quiénes.

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA ARGENTINA ACTUAL

Pensar la extensión exige atender al contexto que atraviesa nuestro país. La Universidad Pública argentina enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente, marcado por el desfinanciamiento presupuestario y por discursos que buscan deslegitimar el rol de la educación superior.

Para nosotros, estos hechos no son aislados: representan un ataque directo a nuestra identidad reformista. A esto se suma la profundización de discursos individualistas y meritocráticos que presentan el “sálvese quien pueda” como única salida posible.

Es precisamente en este escenario de crisis donde resulta imprescindible preguntarnos por la extensión. Frente al ajuste, la deslegitimación de la educación pública y la ruptura de los vínculos sociales, debemos fortalecer las iniciativas orientadas al encuentro con otros y a la construcción colectiva.

La verdadera defensa de la Universidad no se da únicamente puertas adentro. También se construye con el vecino del barrio, el cooperativista, el productor local y el trabajador de la economía popular: personas que marchan junto con estudiantes y docentes porque reconocen en la Universidad una herramienta propia y un espacio aliado.

La verdadera defensa de la Universidad no se da únicamente puertas adentro. También se construye con el vecino del barrio, el cooperativista, el productor local y el trabajador de la economía popular: personas que marchan junto con estudiantes y docentes porque reconocen en la Universidad una herramienta propia y un espacio aliado.

En tiempos como estos, la extensión funciona como un puente que demuestra que el conocimiento adquiere sentido cuando es colectivo. Muchas veces, su realidad concreta es la de una comunidad organizada que resiste y articula teoría y práctica en medio de limitaciones materiales. Esta situación nos obliga a desplegar creatividad y a comprender que la mejor manera de cuidar la Universidad Pública es garantizar que continúe perteneciendo al pueblo que la sostiene.

Aun así, no podemos conformarnos con los modelos de extensión existentes, independientemente de los recursos con los que cuenten. Por eso volvemos al origen de esta nota: necesitamos reflexionar acerca de qué extensión proyectamos para la Universidad que queremos construir.

EL DESAFÍO DE CONSTRUIR OTRA EXTENSIÓN

Entendemos la extensión como una de las expresiones más vivas del reformismo universitario. Es la manera en que la Universidad deja de mirarse a sí misma y sale al encuentro de la sociedad en la que está inmersa.

Es también la juventud universitaria recorriendo el territorio, involucrándose con las problemáticas de su tiempo y asumiendo el desafío de transformar la realidad en colaboración con otros y otras.

Creemos en una Universidad comprometida con su pueblo, que no se encierre detrás de libros, laboratorios, maquetas o aulas, sino que ponga el conocimiento en movimiento. La Universidad no es una institución aislada de la realidad; quienes la habitamos tenemos la responsabilidad de construirla, defenderla y proyectarla al servicio de las mayorías.

En este sentido, recuperamos las palabras del expresidente uruguayo José Mujica:

“No se crean que son superiores por tener un título o una calificación. En todo caso, esa es la oportunidad de tener más herramientas para ayudar a su pueblo, no para creerse superior. Porque, al fin y al cabo, una parte de lo que aprenden la pagaron los analfabetos, los que sudan, los que luchan, a veces conscientemente y las más de las veces ni siquiera inconscientemente”.

Por eso proyectamos una extensión sensible y solidaria, capaz de escuchar las demandas de su comunidad y construir respuestas junto con ella. Una extensión que sea presencia, contención y organización; que no llegue a los territorios con soluciones prefabricadas, sino con la voluntad de aprender, construir y transformar en conjunto.

En definitiva, reivindicamos una extensión crítica que rompa con las lógicas del modelo transferencista.

LA EXTENSIÓN COMO PARTE DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Para avanzar en esa dirección, consideramos necesario que la extensión forme parte de la currícula y se convierta en un componente fundamental de la formación profesional en la Universidad Pública.

Esto permitiría que no sea reconocida únicamente por su valor social y político, sino también por su relevancia académica y pedagógica. La extensión no es una actividad complementaria: es una forma de entender la Universidad y nuestro rol como universitarios.

Desde esta perspectiva, la extensión universitaria es mucho más que una función institucional: es una forma de construir conocimiento con la sociedad y desde la sociedad, poniendo nuestra formación al servicio de la transformación de la realidad.

LAS VOCES DE QUIENES MILITAMOS EN EL MNR LITORAL

Para cerrar esta reflexión, les preguntamos a compañeros y compañeras militantes del MNR Litoral qué significa para ellos y ellas la extensión, qué valor le otorgan y por qué consideran que es importante.

“La extensión universitaria es el mejor nexo entre la Universidad y su territorio. Democratiza los conocimientos generados en ella e intercambia saberes con la comunidad, no desde un lugar de superioridad, sino de igual a igual”. — Estudiante de Biotecnología

“La extensión permite que la Universidad llegue a personas que no pudieron ser parte de ella”. — Estudiante de la Licenciatura en Historia

“Para el futuro o la futura profesional significa ver la profesión de otra manera y, para la sociedad, ver a la Universidad de otra manera”. — Estudiante de Arquitectura y Urbanismo

“Considero que la extensión es salir un poco de la burbuja universitaria y aplicar y compartir los saberes construidos en la Universidad”. — Estudiante de la Licenciatura en Historia

“Es lo que se construye entre la Universidad y la sociedad, de par a par: un intercambio de saberes, sentido e identidad”. — Estudiante de Trabajo Social

“Es el vínculo directo entre Universidad y sociedad”. — Estudiante de Ingeniería Ambiental

“Es llevar la Universidad al pueblo y aportar lo que aprendemos para generar un impacto en la sociedad”. — Estudiante de Bioquímica

“Es la extensión del conocimiento producido o por producir en las aulas hacia el territorio”. — Estudiante de Arquitectura y Urbanismo

“La extensión es democratizar el conocimiento”. — Estudiante de Ingeniería Química

Estas miradas recuperan el espíritu reformista de una juventud comprometida con su tiempo y su territorio. Como herederos y herederas de la Reforma del 18, tenemos la responsabilidad de mantener vivo ese inconformismo transformador y seguir luchando para que la extensión universitaria sea un verdadero puente entre la Universidad y la sociedad.

130 años de socialismo y educación en Argentina. Una historia de igualdad, laicidad y emancipación

130 años de socialismo y educación en Argentina. Una historia de igualdad, laicidad y emancipación

Un exhaustivo balance del Equipo de Educación de CEMUPRO Argentina sitúa el derecho al conocimiento, la laicidad y la inclusión socioeducativa como el núcleo de la identidad socialista desde el programa fundacional de 1896 hasta las vanguardistas gestiones en Santa Fe y el actual escenario de resistencia.

Escuelita rural (1956) Antonio Berni

UN BALANCE HISTÓRICO CON PROYECCIÓN A FUTURO

En el marco de la conmemoración de los 130 años de la fundación del Partido Socialista de Argentina, el Equipo de Educación del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) Argentina presentó un documento estratégico clave para el encuentro partidario celebrado el pasado 27 de junio de 2026.

Bajo la consigna «130 años trabajando por más igualdad y mejor democracia», la propuesta de la organización coloca a la educación en el centro gravitacional del balance histórico del partido. Lejos de ser abordada como una temática sectorial o accesoria, la dimensión educativa es ratificada como el verdadero hilo conductor que atraviesa al socialismo argentino desde su primer programa doctrinario hasta sus experiencias más recientes de gestión pública.

La presentación del informe adquiere un carácter de urgencia política ante la coyuntura nacional de 2026. Los equipos técnicos del CEMUPRO advierten que la recuperación de esta memoria histórica no responde a un ejercicio de nostalgia melancólica, sino a la consolidación de un programa político de resistencia activa frente a lo que denuncian como un avance gubernamental sistemático en el desmantelamiento de la educación pública, las universidades nacionales, el sistema científico y la educación técnica en todo el territorio argentino.

EL PROGRAMA DE 1896: LA EDUCACIÓN LAICA Y GRATUITA COMO CONQUISTA FUNDACIONAL

La investigación histórica ratifica que la ligazón entre socialismo y educación nació con el partido mismo. Durante las históricas jornadas del 28 y 29 de junio de 1896, delegados de agrupaciones socialistas y gremiales, bajo el liderazgo del médico y pensador Juan B. Justo, se congregaron en las instalaciones del Club Vorwärts de Buenos Aires para celebrar el Congreso Fundacional del Partido Socialista.

En ese acto fundacional se aprobaron la Declaración de Principios, los Estatutos y el denominado Programa Mínimo. Este último ya inscribía de forma explícita y prioritaria la exigencia de una educación laica, obligatoria y gratuita hasta los 14 años de edad.

El socialismo situó a la educación popular en la raíz de su proyecto emancipatorio, sosteniendo la premisa de que en ese contexto particular resultaba imposible edificar la ciudadanía sin el acceso al conocimiento, y que, por extensión, no existía democracia real desprovista de ciudadanos plenos.

Para fines del siglo XIX, en una Argentina fuertemente moldeada por el modelo agroexportador y la recepción aluvional de corrientes inmigratorias, el acceso al sistema escolar constituía un territorio de disputa política de primera magnitud. El análisis sectorial del CEMUPRO expone que el diseño pedagógico oficial de la época se dirimía bajo el paraguas de una Ley Nacional de Educación Común orientada entre la inclusión y la normalización.

En ese escenario, el socialismo situó a la educación popular en la raíz de su proyecto emancipatorio, sosteniendo la premisa de que en ese contexto particular resultaba imposible edificar la ciudadanía sin el acceso al conocimiento, y que, por extensión, no existía democracia real desprovista de ciudadanos plenos.

JUAN B. JUSTO Y LA PEDAGOGÍA OBRERA COMO PRÁCTICA DE LIBERTAD

La figura del fundador del partido, Juan B. Justo (1865-1928), es rescatada en el documento no solo bajo su rol de líder político, parlamentario y primer traductor de El Capital de Karl Marx al castellano, sino fundamentalmente en su faceta de infatigable educador popular. La perspectiva ideológica de Justo dictaminaba que la praxis educativa y el proyecto político eran dos caras de una misma moneda orientada a la emancipación integral de la clase trabajadora.

Este empeño constante por elevar las condiciones de existencia del proletariado mediante el despliegue de herramientas culturales e intelectuales es respaldado por sólidas investigaciones historiográficas. Al respecto, el análisis recupera las conclusiones de la prestigiosa historiadora Dora Barrancos en su obra Educación, cultura y trabajadores (1890-1930), donde explicita:

«Difícilmente pueda objetarse la conclusión de que las propuestas educativas del socialismo se desarrollaron privilegiando los sectores del trabajo y, por lo mismo, transcurrieron en barrios y áreas eminentemente obreros. Los sujetos a quienes se destinó el esfuerzo educativo realizado por el frente político y gremial socialista (…) se encontraron entre los diversos estratos del trabajo, alargándose a otros sectores populares.» (Dora Barrancos)

La traducción material de este enfoque se tradujo en el impulso y la creación de dispositivos culturales y educativos concretos que marcaron la historia social del país, tales como la Biblioteca Obrera, la Sociedad Luz —destinada específicamente a la cultura y la difusión científica y social— y la cooperativa El Hogar Obrero.

En el plano legislativo, Justo defendió con vehemencia la Reforma Universitaria de 1918 desde su banca parlamentaria, redactó e impulsó normativas contra el analfabetismo y la explotación infantil, y fustigó permanentemente los mecanismos por los cuales el aparato escolar formal de su época tendía a reproducir las asimetrías sociales preexistentes en lugar de neutralizarlas. Para el ideario fundacional, la educación jamás poseía neutralidad: operaba como un vector de dominación o como una herramienta de liberación, opción por la cual el socialismo militó orgánicamente.

PIONEROS DEL FEMINISMO PEDAGÓGICO: LA EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES

Un capítulo sustancial del balance elaborado por CEMUPRO Argentina visibiliza el carácter vanguardista del socialismo en el cruce entre la igualdad de género y el derecho irrestricto a la educación.

Lejos de concebirse como una concesión accesoria, la inclusión de las mujeres en el trayecto educativo formal respondía a una rigurosa coherencia doctrinaria: el horizonte de emancipación carecía de sentido si se restringía únicamente a la población masculina.

Juan B. Justo denunció sistemáticamente las condiciones opresivas del ámbito fabril y del taller, señalando el dolor de ver a mujeres y niños transformados en los eslabones más severamente explotados del tejido productivo decimonónico.

Juan B. Justo denunció sistemáticamente las condiciones opresivas del ámbito fabril y del taller, señalando el dolor de ver a mujeres y niños transformados en los eslabones más severamente explotados del tejido productivo decimonónico.

La máxima encarnación de esta lucha fue Alicia Moreau de Justo, médica, pedagoga, directora de La Vanguardia, y fundadora, en 1902, del Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina.

Su legado, extendido a lo largo de un siglo de existencia, la recuerda también por haber sido la primera mujer de América Latina en haber emitido un voto en 1911. Junto a ella, la figura de Julieta Lanteri se inscribe como la primera mujer en emitir un sufragio formal en el país y una tenaz batalladora por la apertura de las aulas universitarias al género femenino.

El documento del CEMUPRO recalca el carácter disruptivo y radical que poseía el programa de 1896: exigir universalidad educativa, obligatoriedad y laicidad en una época donde las mujeres estaban formalmente excluidas de la vida civil, política y de la formación superior profesional, consagraba al programa socialista como una auténtica e histórica proclama feminista.

ALFREDO PALACIOS: LA LEGISLACIÓN LABORAL COMO LA CONDICIÓN MATERIAL DE LA ESCUELA

La llegada de Alfredo Palacios al Congreso de la Nación en 1904, consagrado como el primer diputado socialista de América Latina por el barrio porteño de La Boca, marcó un hito en la arquitectura jurídica del país. Palacios estructuró un corpus de legislación social inédito para las fuerzas políticas tradicionales de la época.

El socialismo plantea que las leyes impulsadas por Palacios —entre las que destacan la regulación de la jornada de trabajo, la prohibición taxativa del trabajo infantil y la protección integral de la mujer en los talleres— constituyeron el sustrato de derechos materiales indispensables para hacer fáctico el derecho a la educación.

La tesis socialista es categórica: resulta imposible el ejercicio del derecho a la educación si las infancias están sometidas a jornadas laborales de 12 horas diarias. No hay espacio para la escuela si previamente no se garantiza la existencia de la infancia.

La tesis socialista es categórica: resulta imposible el ejercicio del derecho a la educación si las infancias están sometidas a jornadas laborales de 12 horas diarias. No hay espacio para la escuela si previamente no se garantiza la existencia de la infancia.

Posteriormente, desde su rol como rector de la Universidad Nacional de La Plata, Palacios proyectó una universidad pública comprometida con la producción científica y de saberes puestos directamente al servicio de las necesidades de la comunidad, anticipándose por décadas a los debates contemporáneos respecto a la función social de la educación superior.

EL DEBATE CONTEMPORÁNEO SOBRE «LO PÚBLICO» Y LA CONFLUENCIA CON PAULO FREIRE

El Equipo de Educación de CEMUPRO Argentina introduce en su documento una conceptualización teórica profunda acerca de la resignificación de ‘lo público’ en el siglo XXI. Desde su perspectiva, lo público desborda la mera noción de lo estatal; se define como aquello que pertenece comunitariamente a la totalidad de la sociedad, edificado de forma colectiva y regido bajo la lógica irrenunciable del derecho humano, en franca oposición a las dinámicas mercantilistas de la oferta y la demanda.

Esta matriz ideológica encuentra un punto de confluencia y diálogo directo con la tradición pedagógica latinoamericana, de modo particular con la obra del educador brasileño Paulo Freire.

«La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo». Paulo Freire.

El informe recupera la célebre premisa freireana que postula la educación como una práctica de la libertad basada en procesos de concientización y humanización mutua entre educador y educando, sintetizada en su máxima: «La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo». El CEMUPRO destaca que esta concepción guarda una perfecta sintonía con el viejo ideario emancipador de Juan B. Justo, a pesar de haber emergido en coordenadas temporales y geográficas distintas.

Bajo este marco analítico, los equipos técnicos precisan que, en la actual coyuntura histórica, la tarea de reconstruir lo público exige la defensa irrestricta de las instituciones escolares como espacios inalienables de transmisión de la cultura, igualación real de oportunidades y construcción de ciudadanía democrática.

Ello implica rechazar de plano la consideración del conocimiento como una mercancía transable o de la educación como un simple servicio comercial, reafirmando la obligación indelegable del Estado en garantizar el acceso, permanencia y calidad en todos los niveles del trayecto educativo.

LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN: 12 AÑOS DE POLÍTICAS DE ESTADO EN SANTA FE (2007-2019)

El balance del socialismo adquiere una dimensión de contrastable empirismo al analizar el período comprendido entre los años 2007 y 2019 en la provincia de Santa Fe.

Durante doce años consecutivos, bajo los mandatos gubernamentales de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, la provincia implementó políticas públicas sectoriales estructuradas sobre las vigas maestras de la inclusión, la calidad y la equidad pedagógica.

Esta experiencia demostró que la persistencia en el tiempo de un modelo educativo es viable cuando media una firme definición doctrinaria que ubica al Estado como garante del derecho y no como un mero prestador de servicios.

Un rasgo distintivo de esta etapa fue el rol de liderazgo asumido por destacadas mujeres en la conducción ministerial:

Élida Rasino (Ministra de Educación, 2007-2011): Condujo el inicio del Frente Progresista en el área, ejecutando una histórica reparación laboral mediante los procesos de titularización docente —mecanismo que llevaba 14 años paralizado en la provincia— y sentando los cimientos metodológicos para más de una década de innovación pedagógica.

 

María de los Ángeles “Chiqui” González (Ministra de Innovación y Cultura, 2007-2019): Sostuvo a lo largo de las tres administraciones la tesis de la indisolubilidad entre cultura y educación. Su gestión revolucionó las fronteras del aula tradicional a través de dispositivos urbanos y pedagógicos masivos como el Tríptico de la Infancia, la Isla de los Inventos y políticas radicales de apropiación del espacio público para las niñeces.

 

Mónica Bifarello (Ministra de Desarrollo Social, 2011-2015): Articuló las carteras de promoción social y educación, logrando un abordaje intersectorial reflejado de forma nítida en el diseño del Plan ABRE y en la transversalización de las políticas de género dentro del tejido escolar

El documento del CEMUPRO sintetiza el espíritu de esta militancia técnico-política apelando a las palabras de la propia «Chiqui» González, quien acuñó la definición de que «la política es poética», imprimiendo mística, símbolos y metáforas a la transformación institucional de la provincia.

EL CATÁLOGO DE INNOVACIÓN SOCIOEDUCATIVA SANTAFECINA

El balance detalla pormenorizadamente los programas que hoy constituyen el patrimonio pedagógico del socialismo argentino:

Al concluir el ciclo en 2019, las estadísticas provinciales reflejaron la edificación de 255 nuevas escuelas secundarias y un incremento neto del 65% en la matrícula de la educación superior no universitaria (nivel terciario).

El exgobernador Miguel Lifschitz sintetizó el proceso confirmando que todas las líneas estratégicas instaladas originariamente por sus predecesores, Binner y Bonfatti, habían sido rigurosamente continuadas, profundizadas y consolidadas.

LOS SEIS EJES DE UN BALANCE DE 130 AÑOS DE CONSISTENCIA

El informe elaborado por el CEMUPRO condensa la trayectoria socialista en seis grandes vectores de consistencia histórica e ideológica indiscutible:

Reunión del equipo de educación de CEMUPRO junto a miembros de Argentinos por la Educación.

La universalidad del derecho: La defensa irrenunciable de una educación laica, gratuita y obligatoria plasmada formalmente desde el acta de nacimiento partidaria en 1896.

La educación popular como praxis: La construcción de un andamiaje cultural alternativo a través de bibliotecas obreras, universidades populares y centros culturales obreros desde los albores del siglo XX.

La base material del aprendizaje: El desarrollo de una legislación social protectora del trabajo que erradicara la explotación infantil, garantizando el tiempo vital necesario para la escolarización de las infancias.

La democratización de la educación superior: El rol protagónico y de acompañamiento orgánico a las banderas de la Reforma Universitaria de 1918 y la gratuidad de los estudios superiores.

El feminismo pedagógico: La temprana e inclaudicable batalla por abrir las fronteras de la ciencia, la formación profesional superior y la participación pública a las mujeres argentinas.

El socialismo como opción de gobierno: La validación empírica desarrollada en Santa Fe entre 2007 y 2019, que demostró la viabilidad técnica de gestionar bajo las coordenadas axiológicas de la solidaridad y la igualdad.

LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN 2026: EL ESCENARIO DE LA RESISTENCIA ACTIVA

El tramo final del documento sitúa la herencia doctrinaria frente a la realidad política actual de la Argentina de 2026. Desde la perspectiva analítica del Equipo de Educación de CEMUPRO, la administración nacional encabezada por el presidente Javier Milei ha convertido a las políticas educativas en un severo escenario de confrontación ideológica.

Sostienen que lo que se dirime en la actualidad no constituye una controversia técnica o metodológica, sino una mutación conceptual de fondo: el intento de suplantar la noción de la educación como un derecho universal por un modelo de mercado.

La denuncia sectorial enumera con preocupación los impactos del desfinanciamiento de las casas de altos estudios nacionales, el vaciamiento presupuestario del CONICET y del complejo científico nacional, el repliegue de la educación técnica y la introducción discursiva y operativa de la lógica del «voucher educativo». Para el socialismo, estas medidas persiguen el propósito de transformar la educación en una mercancía regulada por la capacidad de pago individual de cada grupo familiar, consolidando la deserción del Estado de sus funciones regulatorias básicas.

«La figura de Juan B. Justo y su lucha por una educación emancipadora adquiere una dimensión inusitada en este incierto momento, donde un feroz ataque desde las esferas del poder pone en jaque a nuestra brillante tradición educativa». Gustavo Battistoni publicado en El Correo de Firmat (2026)

Frente a este adverso panorama, la herencia de 130 años provee una respuesta nítida: la escuela pública no representa una rémora ineficiente del pasado ni un gasto corriente a recortar, sino el requisito indispensable de subsistencia para la democracia, la igualdad civil y la ciudadanía organizada. Sin la presencia de un sistema escolar estatal de alta calidad, la existencia de la república se vuelve quimérica.

Para graficar la gravedad de la encrucijada actual, el informe recupera un pasaje del análisis del historiador Gustavo Battistoni publicado en El Correo de Firmat (2026), donde afirma: «La figura de Juan B. Justo y su lucha por una educación emancipadora adquiere una dimensión inusitada en este incierto momento, donde un feroz ataque desde las esferas del poder pone en jaque a nuestra brillante tradición educativa».

Es precisamente ante ese escenario que el socialismo ratifica su mandato histórico: la respuesta institucional y militante no puede ser otra que la movilización y la defensa activa de la educación pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad como un patrimonio inalienable de las mayorías populares.

CIERRE ANALÍTICO: UN IDEARIO QUE MANTIENE SU VIGENCIA

El documento elaborado por el CEMUPRO en Buenos Aires concluye explicitando su voluntad de funcionar como un insumo dinámico para el debate colectivo y como una invitación abierta a profundizar en el conocimiento de una corriente histórica indispensable para comprender la evolución de los derechos sociales en Argentina.

«La educación no es un negocio. Es un derecho. Y los derechos no se venden: se defienden».

Los equipos técnicos reafirman con optimismo que las banderas históricas del socialismo no han envejecido ante las transformaciones del nuevo siglo. Por el contrario, la vigencia de su marco teórico y el respaldo de sus experiencias de gestión estatal validan su autoridad para intervenir con fuerza en el debate pedagógico contemporáneo.

La declaración final del informe sintetiza la postura de la organización con una definición doctrinaria tajante que traza la frontera del conflicto actual: «La educación no es un negocio. Es un derecho. Y los derechos no se venden: se defienden».

Repensar la Escuela Secundaria: Un Llamado a Políticas de Cercanía y Trayectorias Educativas Inclusivas

Repensar la Escuela Secundaria: Un Llamado a Políticas de Cercanía y Trayectorias Educativas Inclusivas

La escuela secundaria argentina enfrenta un momento crucial. A pesar de su masificación, persisten desafíos históricos que limitan el acceso, la permanencia y el egreso de los jóvenes, evidenciando la urgencia de redefinir las políticas educativas para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.

La educación secundaria en Argentina, originalmente pensada para las élites, ha experimentado una expansión significativa a lo largo de los años. Con la Ley de Educación 26.206 de 2006, la obligatoriedad del nivel sentó las bases para un escenario educativo más inclusivo, abriendo paso a nuevas demandas, formas de enseñanza y aprendizaje que contribuyeron al desarrollo cultural y la cohesión social. Sin embargo, a pesar de esta evolución, la escuela secundaria aún arrastra rasgos de su matriz de origen que obstaculizan el recorrido de muchos estudiantes, especialmente aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

UN SISTEMA CON BRECHAS PERSISTENTES

Hoy, nos encontramos con una escuela masiva, pero a la vez, con una marcada heterogeneidad entre las instituciones estatales y privadas, lo que genera brechas en el acceso a conocimientos y tipos de experiencias educativas. Como señaló Puiggrós (1990), el sistema educativo experimentó un crecimiento, expansión y segmentación desde fines del siglo XIX hasta la década de 1970. Esta diversificación, si bien amplió la cobertura, también evidenció una descentralización que potenció desigualdades entre jurisdicciones y una complejidad interna en cada una. El resultado es un mayor número de jóvenes en las aulas, pero sin una integración social plena, un problema que excede las paredes de la escuela.

Existe un consenso generalizado sobre la necesidad apremiante de modificaciones en la escuela media. Varias características intrínsecas al nivel no están funcionando de manera óptima, y la inclusión de estudiantes en la secundaria no es garantía de igualdad de oportunidades. No todos aprenden lo mismo, ni logran completar sus trayectorias. Esto subraya la complejidad de la tarea de enseñar y aprender, y la urgencia de implementar acciones desde las micropolíticas de los equipos de gestión escolar, así como desde políticas públicas educativas que aborden estas problemáticas de manera integral.

«las juventudes han cambiado a mayor velocidad que la escuela secundaria, una institución densa, compleja y con tradiciones sólidas». Núñez y Litichever (2025)

El llamado «fracaso escolar» en escuelas urbano-marginales, y en menor medida en sectores medios y altos, es multifactorial. Incluye desde la gramática escolar —factores materiales, organizativos y culturales del sistema educativo— hasta los contenidos, metodologías de enseñanza y evaluación, la organización de la tarea escolar, los roles del personal directivo y la comunicación entre escuela y familia. Historias como la protagonista de «Cometierra» de Dolores Reyes, o los conflictos narrados en «Ni chico ni chica» de Belén Mentasti, reflejan las diversas experiencias que llevan a los jóvenes a abandonar la escuela o a enfrentar desafíos significativos dentro de ella.

El sistema en su conjunto no ha logrado articular una propuesta que contemple la formación docente junto con los nuevos contextos de aprendizaje y las expectativas educativas marcadas por cambios culturales. Persiste la tensión entre construir un dispositivo educativo conjunto y, a la vez, atender las diferencias individuales de los estudiantes. A esto se suman obstáculos como la fragmentación curricular y la diversidad de carga horaria de los docentes en distintas instituciones. Si bien algunas jurisdicciones han implementado cambios, estos a menudo son «parches» que no logran desvincularse de dinámicas que dificultan la transformación de la escuela secundaria en el mundo actual. De hecho, como señalan Núñez y Litichever (2025), «las juventudes han cambiado a mayor velocidad que la escuela secundaria, una institución densa, compleja y con tradiciones sólidas».

TRAYECTORIAS: MÁS ALLÁ DE LO LINEAL

La Comisión de Educación del CEMUPRO ha debatido intensamente sobre qué implica la inclusión y cómo garantizar los derechos de los estudiantes en un contexto de crecientes desigualdades. Los últimos años han sido ricos en análisis sobre la situación de la secundaria, sus desafíos y dificultades. Sobre los docentes, recaen múltiples demandas: desde qué y cómo enseñar, hasta cómo vincularse con el mercado laboral y la vida contemporánea, y cómo abordar temáticas específicas como el mundo del trabajo y las tecnologías.

El rol de las tecnologías en la escuela es fundamental, ya que construyen socialidad y configuran relaciones sociales y prácticas educativas en sociedades cada vez más mediadas por plataformas y redes. El uso crítico de la tecnología es una responsabilidad compartida entre la escuela y las familias. Esta situación, mediada por la tecnología, se suma a los problemas tradicionales de la secundaria. Tras la pandemia, actores de las escuelas reportan mayores dificultades en la atención y concentración, así como en sostener el tiempo escolar, evidenciando cómo la crisis sanitaria agudizó las desigualdades en conectividad y aprendizajes.

“La existencia concreta hoy en las instituciones de trayectorias no lineales, desestandarizadas, intermitentes, inaugurales como las ha planteado la literatura obligan a pensar acciones educativas.” (Terigi, 2007)

El sistema educativo, desde sus orígenes, se ha basado en la gradualidad, la obligatoriedad y la homogeneización del recorrido escolar. Las trayectorias teóricas expresan los recorridos ideales y lineales que se esperan de los sujetos. Sin embargo, como ha destacado Terigi (2007), las trayectorias reales son a menudo no lineales, desestandarizadas e intermitentes. Durante décadas, estas diferencias fueron interpretadas como «fracaso escolar individual», responsabilizando al estudiante por desviarse del camino propuesto. La existencia de estas trayectorias no lineales en las instituciones actuales exige un replanteamiento de las acciones educativas. Las trayectorias son una construcción permanente, un itinerario en situación que no puede anticiparse por completo, y que requiere una perspectiva de devenir en la enseñanza.

Es fundamental entender que proteger las trayectorias no se reduce a mantener la matrícula a cualquier costo, simplificando la propuesta de enseñanza. Se trata de repensar la organización escolar, considerando el cronosistema (Terigi, 2007) —la imposición de un ritmo de aprendizaje igual para todos, la duración de las jornadas, las propuestas de evaluación homogéneas— y la descontextualización de la enseñanza. También, las formas de grupalidad y el uso de los espacios con cursos conformados frente a un docente, o la pretensión de simultaneidad en la enseñanza, no garantizan que todos aprendan lo mismo, ya que «lo mismo no es lo común» (Terigi, 2008). La enseñanza, como práctica docente, es invención, no una receta universal.

HACIA UNA AGENDA EDUCATIVA RENOVADA

La agenda educativa actual debe centrarse en las instituciones, especialmente la escuela secundaria, con una mirada atenta a las trayectorias. La masificación estudiantil, por sí sola, no garantiza el derecho a la educación. Plantear políticas educativas que consideren las trayectorias reales implica comprender qué significa ese recorrido para los estudiantes y cómo se vincula con los demás, porque la educación como derecho es una acción con otros. Se trata de recibir y alojar al que llega, brindando hospitalidad.

Los estudios revelan un creciente desacoplamiento entre las trayectorias teóricas y las reales. Recién ahora esta problemática ha pasado de ser una cuestión individual a un problema que debe ser atendido sistemáticamente. Las trayectorias escolares son objeto de atención en estudios sobre infancia, adolescencia y juventud, así como en políticas sociales y educativas. Resaltamos la importancia de un «otro» en la escuela que reciba, aloje y acompañe el camino de los estudiantes. Este «acompañar» implica conocer los obstáculos y mediar pedagógicamente en el proceso de subjetivación de los jóvenes, como plantean Nicastro y Greco (2009).

APUNTES PARA LA POLÍTICA EDUCATIVA: «CUALQUIERA PUEDE»

La trayectoria de un estudiante no depende exclusivamente de su formación previa, biografía, condiciones de vida o contexto familiar; tampoco solo de la enseñanza individual de los docentes. Se trata de ofrecer propuestas de trabajo enmarcadas en políticas públicas e instituciones que alojen la diversidad de los sujetos que habitan la escuela, garantizando que los estudiantes, herederos de la cultura común, puedan acceder a ella. Es crucial contemplar los distintos ritmos de aprendizaje y formas de acceso al conocimiento.

Para una política educativa que responda a estas necesidades, proponemos:

  1. Múltiples experiencias y saberes: Las trayectorias van a contrapelo de prácticas educativas que uniformizan aprendizajes. La escuela debe ofrecer diversos recorridos y saberes para que los niños y jóvenes puedan participar de la cultura y las sociedades.
  2. Responsabilidad institucional: Reconocer el doble anclaje de la trayectoria (teórica y real). Apelar a la responsabilidad del estudiante no implica una autonomía solitaria, sino una responsabilidad institucional que proteja su trayectoria y le brinde condiciones habilitantes.
  3. Programas de acompañamiento: Impulsar programas que, en articulación con organizaciones, universidades y otras políticas públicas, generen un contacto cercano con quienes abandonaron la escuela o enfrentan dificultades para continuar.
  4. Figuras referentes: Plantear condiciones de acompañamiento a través de figuras referentes que contribuyan a sostener el tránsito de los estudiantes, promoviendo tutorías y espacios curriculares de recuperación o profundización.
  5. Espacios extracurriculares barriales: Fomentar espacios a nivel barrial para el acompañamiento en los estudios, impulsando una red educativa con la escuela como foco, pero articulada con bibliotecas, organizaciones sociales e iglesias.
  6. Foco en los saberes: Impulsar trabajos en grupos reducidos dentro de las instituciones para facilitar la apropiación de contenidos.

Es urgente poner en debate la inclusión hoy y el acompañamiento de las trayectorias de los jóvenes, pero también es necesario que tales enunciados se concreten, reinventando la escuela y el oficio de docentes.

Las escuelas enfrentan múltiples desafíos hoy, con cambios en las subjetividades de estudiantes y docentes, y diversos sentidos en torno a la experiencia escolar. Muchas jurisdicciones han impulsado cambios en el formato escolar y el régimen académico, pero sostenemos la necesidad de políticas de cercanía que pongan el foco tanto en la organización escolar como en el sostenimiento de los múltiples itinerarios estudiantiles.

Es fundamental dar la palabra y escuchar a los estudiantes, para que sean protagonistas de su propia narración. Parafraseando a María Zambrano (2007), es urgente reinventar la escuela y el oficio docente para sostener, con propuestas de cuidado y enseñanzas, aprendizajes plurales y encuentros en las aulas, ejerciendo los derechos de los jóvenes y erosionando las desigualdades del mundo al que pertenecen.

Debajo del radar: la discusión sobre el derecho a la educación

Debajo del radar: la discusión sobre el derecho a la educación

Propone una agenda educativa nacional en la Argentina, que define la educación como derecho constitucional frente a embates neoliberales. Aboga por políticas progresistas que prioricen inclusión, calidad y equidad, superando debates provinciales para garantizar reformas sistémicas y proteger la educación pública.

Pasan tantas cosas en el país, la agenda cobra un vértigo inaudito incluso para tiempos acelerados como los de la contemporaneidad o para quienes estamos habituados a la incertidumbre en la que acostumbra vivir un país de crisis en crisis como gusta pensarse -o quizás lo sea- el nuestro. Tenemos el inicio de clases a la vuelta de la esquina. Este año muy posiblemente los conflictos, tensiones y acuerdos propios de cada comienzo del ciclo lectivo ocurren más a nivel provincial que como parte de un debate de alcance nacional.

En este texto buscamos ir contra este clima de época e insistir en la necesidad de presentar ideas que permitan reponer el debate sobre una agenda de la política educativa a nivel nacional. Si bien en un país federal como el nuestro la educación es responsabilidad de cada provincia, sostenemos la necesidad de contar con proyectos que planteen ejes comunes, respetando las idiosincrasias y necesidades de las localidades y contextos, pero sin que esto signifique dejarles ni a su voluntad ni a la deriva.

El debate educativo es aquello que actualmente pasa debajo del radar. Las declaraciones del Presidente Milei el 23 de enero en Davos despertaron la consecuente respuesta de parte de organizaciones del colectivo LGBTQ+ y la sociedad civil en múltiples lugares del país. Asimismo, lejos de reconocer demandas de un sector importante de la sociedad, el gobierno insistió con su cruzada de “batalla cultural”. Debajo del radar pasó otra parte de la alocución de Milei en Davos, precisamente esas frases en las que puso en cuestión ni más ni menos que otro pilar fundamental de los estados modernos en el mundo occidental: el derecho a la educación. Un derecho que está enraizado con los textos constitucionales de los países latinoamericanos post independencia y que fueron incorporados en las sucesivas reformas de nuestra Constitución. En la Argentina en particular este andamiaje se tradujo en la Ley 1420, construyéndose un Estado pedagógico en donde lo educativo se hizo ley.   la posterior Ley Lainez en 1905, que diseminó un proyecto educativo a la par del desarrollo del Estado moderno. Un Estado liberal, en lo económico y en lo social. Un Estado preocupado por impulsar el proceso formativo de una sociedad que en la complejidad de sus mezclas constituyó una identidad novedosa.

En tiempos de tensiones y trabajosos equilibrios en la distribución de responsabilidades entre las provincias y el naciente Estado nacional este cumplió un rol central motorizando el acceso a la experiencia educativa. pocas dudas caben que la distribución de escuelas en distintos rincones del país, y la posterior expansión del sistema dicha interrelación Estado-sociedad contribuyó a construir una narrativa que hizo de la educación una esfera que concentró propiedades positivas en tanto garante del ascenso social, a la vez que configuró un relato que combinaba el mérito, el esfuerzo y el igualitarismo. Un camino que otorgaba previsibilidad en la construcción de un horizonte de futuro. Esos elementos, tal como mencionamos, no eran inocuos, establecieron, al igual que en cualquier otra gramática escolar de cualquier latitud, la validación de ciertos saberes por sobre otros en la organización curricular, la organización de aulas, rituales y un sentido de la identidad nacional. Una disciplina escolar de formas rígidas basada en la centralidad del adulto. Una construcción de la igualdad a través de de la homogeneidad de la que dio cuenta Inés Dussel en referencia a los guardapolvos como un elemento más del régimen de apariencias que estableció límites entre quiénes estaban dentro y fuera de la escuela. A la vez, la escuela contó con una tradición particular, que pasó de generación en generación, sensación de pertenecer y de hacer algo significativo para ellos y el país (Dussel, Brito y Nuñez, 2007)[1]. Una autoridad que aún en tiempos de mayor incertidumbre relata con maestría Celina Murga en Escuela Normal hilvanando imágenes de la escuela normal de Paraná, Entre Ríos.

DERIVA

La expansión del sistema tuvo desde entonces sus dimes y diretes, un crecimiento amorfo, oleadas de expansión, derivas y una reconfiguración a partir de inicios de la década del noventa con la Ley Federal de Educación y la Ley de Transferencia que estructuró sus bases actuales: el traspaso de la gestión educativa a cada provincia y el corrimiento, a veces más marcado que en otras, junto con su masificación y posterior sanción de la obligatoriedad. Efectivamente la expansión del sistema ya daba frutos en dicha década (la obligatoriedad social previa a la legal a la que refieren varias colegas). Contornos que dibujaron tanto las nuevas universidades del Plan Taquini como años después la Ley Federal de Educación. Para cerrar este somero resumen la Ley de Educación del año 2006, como ya sabemos, estableció derechos, amplió la obligatoriedad al nivel secundario dinámicas de participación, reconocimiento de instancias de diálogo. Años después se extendió la cantidad de años de escolarización a garantizar con la ampliación a sala de 4 años. Un derecho a garantizar por parte del Estado, no ya como responsabilidad de las familias.

Pero volvamos al punto. Esta iba a ser una típica nota más sobre los desafíos de la política educativa al inicio del calendario escolar. Sin embargo, el escenario nos coloca ante nuevos embates contra las universidades y la educación superior en general, hacia la ESI, contra la participación estudiantil, a cuestionar el mismo derecho a la educación. A días del momento de izar las banderas, volver a los olores que trae la escuela, a los nervios del cambio de nivel, a la previsa de planchar el guardapolvo y revisar que estén todos los útiles, creemos necesario volver a insistir en los elementos que garantizan el derecho a la educación.

El debate educativo es aquello que actualmente pasa debajo del radar. […] el gobierno insistió con su cruzada de ‘batalla cultural’ […] puso en cuestión […] el derecho a la educación.

Uno de esos elementos es la discusión salarial que seguramente ocurrirá en cada provincia y afectará el inicio del ciclo escolar. Una discusión salarial, necesaria, pero que pareciera ser que es la única oportunidad de debate de la política educativa. Y cuando no se debate educación anidan los discursos de la batalla cultural que detrás de la denuncia del supuesto adoctrinamiento siembran la semilla del cuestionamiento de ese derecho a la educación que desde la generación del 80 se yergue como un mantra que anuda tradiciones políticas de las más diversas.

Hasta hoy.

En el pasaje de límites el mileismo ha corrido uno más y colocó al derecho a la educación en el centro de la discusión. Por supuesto que esto no es culpa del progresismo, otro de los tópicos habituales de la discusión política -como si el problema hubiera sido otorgar derechos como el matrimonio igualitario, el cupo trans, la ESI, el derecho al voto desde los 16 años o la expansión  y obligatoriedad del nivel secundario- Dicho esto, a la vez creemos necesario que desde los sectores y una educación progresista  se abra la discusión sobre qué de todo eso realmente implicó la consagración de derechos efectivos y sobre la necesidad de reorientar la política educativa. El momento de reconocer avances, pero también los límites que se construyeron.

Si tiempo atrás la idea de una época dorada de la educación restringía la posibilidad de pensar por fuera de la antigua creencia de que “todo tiempo pasado fue mejor” o frases como “en mi tiempo no pasaba” resulta factible señalar que algo similar ocurrió con la cristalización de una década de inclusión que casi no registra posibles críticas. Ambos discursos se asemejan al diálogo que Vivian Gornick narra en Apegos feroces[2], el libro donde cuenta la relación que la autora tuvo con su madre, esa figura anclada en otro tiempo. Una persona que “lo único que odia es el presente; en cuanto el presente se hace pasado, comienza a amarlo inmediatamente”. En este texto queremos impulsar una discusión que rompa con la idea de un pasado como mantra de lo mejor lo que implica debatir, desnaturalizar, formar parte de la conversación actual antes que privilegiar la mirada inquisidora que anhela con nostalgia, casi como la del lamento de un tango, un tiempo que ya no volverá. Ni el de mediados del Siglo XX ni el de la década pasada.

El texto tiene dos objetivos: en primera instancia aportar al diseño de una agenda pública educativa a nivel nacional y, en segundo lugar, el abordaje de la política educativa desde una impronta progresista que repara en conceptos claves como son los de inclusión, evaluación y calidad sin relegar -o precisamente a fin de dar otra impronta a los términos- el sentido político de la educación.

REPENSAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

La educación desde una perspectiva progresista se define como política y  se inscribe en postulados que abarcan varias dimensiones, especialmente qué se entiende por cultura y cómo se transmite en la sociedad. Antes de comenzar cabe señalar algunas cuestiones contextuales. Este documento fue elaborado en un tiempo de ajuste, recorte y la precarización de los y las trabajadores/as de la ciencia y los y las docentes, del sector científico y tecnológico; deslegitimando la labor de las instituciones educativas. Se trata, también, de una época en la que el gobierno nacional ha elegido confrontar con el sentido público de la educación para polarizar posiciones en el marco de la remanida batalla cultural.

El diseño y la ejecución de políticas educativas tiene efectos significativos y de magnitud en la población de estudiantes en sus diferentes niveles del sistema. Las trayectorias estudiantiles, contenidos escolares, formas de distribución y organización de la matrícula -y los posibles o no cruces entre diferentes sectores sociales, cada vez más difíciles en un sistema entre fragmentado y diversificado-, los programas específicos, la cantidad de horas y días de clase (tiempo), pero también el tiempo concreto, la experiencia cotidiana relacionada con la intensidad de aprendizajes logrados y vínculos construidos se juega en una extensa concatenación de acciones que van desde el diseño e implementación de una política pública hasta su concreción en cada territorio, aula, práctica docente.

Desde hace años las discusiones educativas han quedado atrapadas en la vorágine de una noticia detrás de otra y posiciones enfrentadas que reflejan una polarización incluso mayor que ante otras temáticas. Las voces suelen oscilar entre un apoyo pleno y el rechazo total, sin lograr hallar puntos de contacto, negociaciones y posibilidades de articulación. A su vez, existe cierto consenso en la literatura y varias experiencias de gestión educativa sobre cómo pensar un sistema atento a los dilemas contemporáneos y qué tipo de propuestas de modificación, aunque muchas veces las políticas oscilan entre los cambios orientados al apoyo de las trayectorias hasta otros de mayor alteración del dispositivo institucional.

En primer lugar, creemos que es necesario repensar desde nuevas coordenadas el concepto de inclusión que comprende significados que hoy se han  ampliado y que proponemos pensar como capas o niveles. En una primera capa se aspira a la escolarización plena de toda la población en los niveles definidos como obligatorios por la legislación nacional. Asimismo, se pretende garantizar condiciones mínimas para niños y niñas que asisten a la escuela: edificios, equipos docentes, recursos pedagógicos curriculares, tiempo de clase. Es fundamental que en un contexto de incertidumbre el sistema funcione de manera plena, se reconstruya la autoridad docente, los establecimientos cuenten con recursos didácticos y materiales y los planteles docentes se sientan respaldados. En tal sentido, se parte de la premisa de la educación como derecho social, político y práctica que potencia la igualdad desde los inicios de lo humano. La educación excede el territorio de lo escolar, se instituye como lugar propio y específico de actividades de transmisión en sociedades a lo largo del tiempo: inscribiendo, construyendo identidad, pertenencia, creando lazos, transmitiendo ritos, participando de la cultura y una cosmovisión del mundo, tejiendo vínculos con el conocimiento, con los otros y con el mundo. Es tiempo de una segunda instancia de expansión del derecho a la educación que anude acceso con experiencias de aprendizaje y sociabilidad intensas.

En una segunda capa de inclusión, se advierte que el acceso a la escuela no promueve aprendizajes para todos/as, y por ende la inclusión se complejiza y se anuda con las desigualdades y la segmentación. Los tiempos de aprendizajes y en que tienen lugar las experiencias son distintos, heterogéneos e implican en la práctica trayectorias diversas. Si bien la Ley de Educación Nacional significó avances en materia de democratización de acceso al sistema, el derecho social a la educación se encuentra aún lejos de estar plenamente garantizado.

Hablar de inclusión es delinear una política del resto, de quienes forman parte del mundo común – incluidos- y de los otros y las otras -excluidos- que quedan fuera.

En una tercera capa, decimos que si bien la función social de la escuela es una formación común y compartida, las diferencias propias de lo singular de lo humano no deben ser motivo de desigualdades. De este modo, el concepto de  inclusión se amplía porque debe vincularse tal formación común -sea el origen diverso- con la cultura de lo propio, lo antropológico y lo  local de niños y niñas, adolescentes y  adultos que asisten a la escuela. En los orígenes de la escuela moderna se arrasa con la cultura, los rituales, lo distinto de quienes asisten. Desde una educación progresista creemos que la escuela democrática y justa no deja fuera de sus muros lo propio de las culturas donde se encuentre, no clasifica ni jerarquiza saberes, promueve una formación común en donde las experiencias son prioridad, transitan saberes en plural, se retoman intereses de los otrxs como parte de lo que la escuela disponga.  Dicho esto entonces, hablar de inclusión es delinear una política del resto, de quienes forman parte del mundo común – incluidos-  y de los otros y las otras -excluidos-que  quedan fuera.

Finalmente, en tercer lugar, hablar de educación inclusiva exige garantizar el derecho a la educación de todas las personas (niñas, niños y distintas maneras de nombrar infancias y adolescencias y adultos) identificando y atendiendo a las diversas necesidades.

CALIDAD EDUCATIVA: ¿CÓMO MEDIR?

El segundo punto que quisiéramos resaltar refiere a poner en discusión la cuestión de la calidad educativa, que suele organizarse a partir de una falsa antinomia versus la inclusión. Se podría decir que, en la actualidad, el sistema educativo incluye mucho más que en otras décadas, pero esa constatación se ve afectada por el ratio cantidad estudiantes/egresados/as y los aprendizajes que adquieren al finalizar los distintos ciclos educativos. Asimismo, esta noción desde la década de los 90 se anuda con otros: “equidad”, “eficacia” y “eficiencia” con una concepción tecnocrática de la educación.

En este documento tomamos otro camino a fin de reponer una perspectiva desde miradas progresistas que tengan en cuenta los contextos y problemáticas. Retomando la historia del término resulta plausible observar su articulación con la noción de evaluación y se potencia en ciertos niveles -como el Superior-: en acreditación.  Se sabe que la educación en sus diferentes ámbitos configura la calidad educativa,  que a su vez responde a las necesidades de la sociedad contemporánea.  La calidad educativa, en parte, se relaciona con las preguntas “qué y para qué se enseña”, contemplando así el terreno curricular.  Es necesario recuperar estos sentidos para dar centralidad a los procesos plurales de enseñanza y de aprendizaje, en donde la praxis educativa plantea un interjuego de tiempo, espacios, currículum, evaluación y vínculos.  En este punto, se trata de colocar a los niños y niñas, y adolescentes como protagonistas de su propia historia, como seres contextuados con capacidad crítica y transformadora. Un/a estudiante que desarrolla aprendizajes múltiples cuenta con herramientas para su vida y elegir entre diversas maneras de ser en el mundo.

Pensar en términos de calidad implica también complejizar algunas lecturas e ideas instaladas en el debate público. Por esto, aunque suene impopular, cabe destacar que más días de clase no es mejor calidad educativa. En esta cuestión predominan dos tendencias. Muchas veces la discusión pública demanda más días de clase, en una suerte de carrera contra el tiempo a ver qué jurisdicción garantiza más mientras que la contracara de esta supuesta preocupación es otra. Ni más ni menos que poder garantizar la organización de la cotidianeidad. En este documento abogamos por sostener un sentido que enfatiza en la mejora de la calidad pedagógica y didáctica, en la organización de tiempos de clases que potencien aprendizajes y promuevan propuestas de enseñanza con corrimiento del  tiempo administrativo o de la burocracia escolar.

Por ello, es preciso reconocer ambas tensiones, queremos/necesitamos certezas y organización, que las escuelas funcionen la mayor cantidad del tiempo y también que ese tiempo sea más gratificante. Tiempo y espacios que mejoren la enseñanza y los aprendizajes de estudiantes.

Entendemos a la educación como un derecho que se reconfigura y precisa de nuevos mecanismos para su garantía. En este último tiempo se suceden discursos de la política educativa nacional que plantean la necesidad de declarar a la educación como servicio esencial, cuestión que se corre del principio que organiza la intervención estatal en derredor de políticas, programas y proyectos que generen acciones para sostener precisamente ese derecho. Un aspecto que precisa problematizarse en varias aristas. Por empezar afecta el derecho a huelga y podría implicar el desconocimiento por parte del país de tratados internacionales y de regulaciones de la OIT.

En este texto planteamos una mirada diferente, se precisa disminuir la conflictividad con la docencia, garantizar mejores condiciones de trabajo, condiciones salariales, que los y las docentes usen más su tiempo para clases y menos para actividades administrativas, revalorizar su tarea esencial (la de enseñar y aprender como procesos y prácticas vinculantes). Una agenda educativa progresista debe enfocarse en dar tiempo de calidad en donde se discuta en las escuelas: qué contenidos priorizar, qué cultura, qué queremos lograr, qué no debe faltarle a nadie, cómo logramos impulsar la educación como política de disminución de desigualdades desde los orígenes.

Finalmente, en lo que refiere a evaluación partimos de reconocer que para la toma de decisiones en la política pública es clave contar con información. Esa información, en el caso de la educación, debe estar provista por agencias que cuentan con estadísticas rigurosas, equipos sólidos, con recursos, que puedan construir informes y un sistema de indicadores robusto, similar a experiencias en otros países. La información no es únicamente evaluación, no significa que no se deba evaluar, pero abogamos por discutir el sentido de la evaluación para la toma de decisiones que son educativas. En este punto, se la define como práctica. La planteamos, haciendo uso de la metáfora de un caleidoscopio: es social, situada, humana, histórica. El caleidoscopio mirado frente a la luz, enuncia formas, colores, figuras, bocetos, líneas difusas y dinámicas a la vez, sale a la luz, y propone una acción como la acción de evaluar: mirar, valorar y construir el objeto que será investigado.  El concepto evaluación, remite a valorar, juzgar, se vincula con acciones de enseñanza(s) y prácticas de aprendizaje(s), con programas de análisis y diagnóstico institucionales, de niveles, de ciclos de los sistemas educativos. Como en el calidoscopio, la evaluación se anuda a los contenidos que se enseñan, a las maneras de proponer clases, a inicios de proceso de enseñanza o a cierres, o ahí: en el entre algo se va enseñando y -tal vez- otro poco aprendiendo.  Por lo tanto pertenece a macropolíticas del planeamiento educativo, como también, a las micropolíticas de instituciones y aulas (didáctica y pedagogía).

Sin dejar de dar vuelta este calidoscopio que a modo de juego  ayuda a pensar acerca de este objeto complejo y de construcción permanente queremos enunciar la relación que tiene la acción de evaluar con la comunicación.  La evaluación enuncia, informa, comunica, da cuenta de procesos, publica informes, explícita vacancias, informa sobre aprendizajes. Por ello nos preguntamos: ¿desde dónde miramos la evaluación? ¿Cómo “enunciamos” a la evaluación? ¿Qué posicionamientos teóricos, epistemológicos sostenemos al mirar? ¿Qué intereses se tienen a la hora de evaluar? ¿Quiénes evalúan? ¿Qué formatos conocemos y cuáles otros existen y podrían diseñarse?

El sistema educativo con sus claroscuros hoy garantiza aquello que otras instituciones han perdido: es el lugar de la obligatoriedad de la interacción y epicentro de la diversidad de la sociedad.

Desde estos sentidos, existe la posibilidad de ir hacia un modelo de evaluación que amplíe y mejore lo que ya sabemos. Esto implicaría aprovechar no sólo los operativos de evaluaciones estandarizadas sino, fundamentalmente, el conjunto de instituciones y personas que estudian, investigan y transitan el sistema educativo. Finalmente, y en sintonía con el punto anterior, para evaluar primero tenemos que tener claridad y retomar las preguntas de inicio, acerca de los sentidos de la práctica de evaluación, sobre cuáles son los saberes que consideramos indispensables, qué queremos que ocurra en las escuelas, qué aprendizajes nos parecen necesarios para el mundo contemporáneo y la vida en común.

La voluntad política es clave para lograr llevar adelante las propuestas de políticas educativas progresistas. Esa voluntad no siempre es sencilla en el nuevo clima de época puesto que hoy, a diferencia de lo que ocurría en la década del noventa donde los debates parecían organizarse más en torno a cuánto estado y cuánto mercado, está impregnado por estertores de la batalla cultural que busca desmontar sentidos de lo público, los derechos y el rol del Estado. En la actualidad las sensaciones son mucho más complejas y pareciera privilegiarse el posible éxito vía el emprendedorismo en una suerte de una confianza exacerbada en el crecimiento individual sin necesidad de un otro, de un colectivo, de una comunidad.

Desde un marco progresista de la educación creemos imprescindible recuperar la capacidad de estadidad que implica un Estado fuerte, ni grande ni mínimo sino orientado a la construcción de la igualdad y con gestión eficiente y transparente de los recursos; efectivo en la acción de garantizar derechos y el bienestar de las personas. No dejarnos llevar por el aquí y el ahora, tarea difícil en tiempos de incertidumbres y de reconfiguración de los sentidos de la libertad y la igualdad. La construcción con otros otorga a la escucha como el principal punto de partida para elaborar una propuesta educativa progresista:  inventar sería la acción siguiente.

COLOFÓN

El sistema educativo con sus claroscuros hoy garantiza aquello que otras instituciones han perdido: es el lugar de la obligatoriedad de la interacción y epicentro de la diversidad de la sociedad. Una doble condición que le otorga un carácter especial. Y que le atribuye, aún con las críticas a la gestión -generalmente a las escuelas estatales-, a la docencia y a una escuela donde supuestamente no se entiende lo que se lee- porque continúa asociada a la posible resignificación de la construcción de un horizonte de igualdad, de saberes y conocimientos, de las formas de ser, ejercer y padecer la ciudadanía.

Asimismo, en un esfuerzo desigualmente distribuido recaen sobre el sistema educativo múltiples demandas desde qué y cómo enseñar, cómo vincularse con el mercado del trabajo y la vida contemporánea, temáticas específicas a tratar, cómo lidiar con temores e incertidumbres. Pocas veces se valora lo que se hace en instituciones que conviven con un mundo en constante transformación, en el que los soportes institucionales que ya no cuentan con el mismo peso y que permitían a las personas generar comunidad, integración y sostenerse entre tembladales. A pesar de semejantes esfuerzos, y posiblemente más como consecuencia de las transformaciones en otras instancias de integración social que en el mismo sistema educativo, aún no se ha logrado conformar una narrativa identitaria con la capacidad de edificar significativamente el encuentro que se produce en esta instancia de socialización.

La reciente discusión y la marcha del 1F dan cuenta de la importancia que tiene la ESI en el sistema educativo. La importancia de “poder hablar” lo que a cada quien le pasa, bridando aprendizajes y espacios allí donde quizás en otros ámbitos no se pueden expresar. También sabemos de los límites de la inclusión si no es factible plantear que efectivamente ocurra allí algo distinto, se pueda acceder a saberes.

No se trata de autoflagerse pero tampoco de pensar con indulgencia. Se trata más bien de construir una nueva narrativa que de un lugar re anude derechos-calidad-igualdad-mérito. la escuela, tal como nos incentivaron a pensar Simons y Masschelein[3] implica una forma de vida común, que tiene sentido en sí misma dado que el riesgo del encuentro vale en tanto habilita una vida de aventuras a través del aprendizaje escolar. Una escuela secundaria que dialogue con el mundo contemporáneo, que (co)partícipe de sus tiempos, desasosiegos y esperanzas. Una institución que permita descubrir, conocer, para salir, como narra Damián González Bertolino precisamente en El origen de las palabras[4], de “el relativo letargo de mis (sus) horas de secundaria”.

En muchas ocasiones “los “especialistas”, la gente que opina en las redes sociales, el funcionariado o desde ciertas organizaciones tendemos a pedirle a docentes y estudiantes “más de lo que pueden hacer”. Sin voluntad política no se pueden implementar políticas, tampoco sin contar con la voluntad de quienes transitan cotidianamente las escuelas. Y esto implica intentar “hacer las cosas de manera simple”. No es dejar el status quo que sabemos que debemos modificar si no acompañar, brindar pautas claras, contar con una hoja de ruta, acompañar lo que se hace, evaluar en un sentido amplio, proponer y mejorar la formación de docentes. Es, también, aprender de la canción de Cazuza y evitar que el futuro repita el pasado y, por el contrario, abra nuevos caminos de garantía del derecho a la educación.

El texto presenta algunos de los puntos planteados en el Documento «Inclusión, calidad y evaluación en la Argentina. Una mirada progresista para la educación», con aportes de quienes integran la Comisión Educación del CEMUPRO y, especialmente de Sofía Cattáneo, Virigina Cofre, Germán Falo, Florencia Galván Darrichón, Daiana Gallo Ambrosi, Rodrigo Martínez, Viviana Muga, Diego Piedrabuena y Gustavo Trungelliti.

[1] Más allá de la crisis. Visión de alumnos y profesores de la escuela secundaria argentina, de Inés Dussel, Andrea Brito y Pedro Núñez (Buenos Aires: Santillana, 2007).

[2] Apegos feroces, de Vivian Gornick (Madrid: Sexto Piso, 2017).

[3] https://www.flacso.org.ar/conversatorio-dialogos-sobre-la-escuela-como-cuestion-publica/

[4] El origen de la palabras. de Damián González Bertolino (Montevideo: Estuario Editora, 2021).

La VIHsibilidad en la runway

La VIHsibilidad en la runway

La escena ballroom más que una expresión artística, fue un refugio crucial durante la aparición del VIH/SIDA, brindando no solo entretenimiento, sino también apoyo vital. Su legado como espacio de resistencia y apoyo para las comunidades LGBTIQ+ sigue siendo relevante y digno de reconocimiento en la actualidad.

Un Pokémon, pero en tanga. Así apareció el activista por los derechos humanos, Lucas “Fauno” Gutiérrez en la kiki ball llamada “Pokeball” organizado por House of Tropikalia en el Centro Cultural “Haroldo Conti», donde hace cuarenta años funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Entre sexy y bizarro, vestido con un traje amarillo y negro emulando al “pocket monster” llamado Umbreon, toma el micrófono con una convicción absoluta y da un discurso que deja a trescientas personas del público en un silencio total: “Estamos habitando un espacio de memoria, verdad y justicia con nuestras disidencias y orgullos. Somos ballroom y somos un hecho político”, dice en un grito y el público estalla en aplausos.

Los ballrooms se erigen como un mosaico de diversidad, que albergan a personas percibidas como travas, trans, tortas y putos. En este escenario, el brillo y el glamour se convierten en sus instrumentos para atraer miradas y elevar sus voces en defensa de los derechos que les corresponden.

En este contexto, el reciente hito de la aprobación de la ley del VIH en Argentina constituye un logro significativo para el colectivo LGBTQ+ y las organizaciones activistas que han sostenido su lucha durante décadas. Sin embargo, la persistente discriminación que enfrentan las personas transmisoras del virus plantea un desafío latente, con la crucial importancia de mantener la visibilidad y la educación como pilares fundamentales para forjar un cambio significativo en la sociedad.

«Abrazar términos como «puto», «marica» y «bichoso», se convierte en un ejercicio de reapropiación, quitándoles el poder a quienes los usan como insultos y convirtiéndolos en elementos identitarios.»

En un acto de resistencia, Lucas Fauno explica su identificación con palabras que históricamente se usaron de manera despectiva y que todavía se utilizan en los espacios públicos, en las canchas y en las multitudes heteropatriarcales. Abrazar términos como «puto», «marica» y «bichoso», se convierte en un ejercicio de reapropiación, quitándoles el poder a quienes los usan como insultos y convirtiéndolos en elementos identitarios. 

VIHSIBILIDAD

«Mi categoría favorita es American Runway que me ayuda a encontrar mi expresión de la masculinidad. También disfruto de Old Way, que tiene raíces militares y egipcias», comenta Lucas Fauno quien además describe la conexión histórica del Ballroom con la lucha contra el VIH y el SIDA: «La escena Ballroom cuidaba, apañaba, buscaba hogar, buscaba respuestas de medicación o de información a todos sus asistentes”, explica. Estos espacios no sólo brindaban entretenimiento y expresión, sino también apoyo, información y cuidado para las comunidades marginadas durante la pandemia del VIH. “Ballroom es nuestra disidencia, es nuestra resistencia y es nuestra manera de abrazar el orgullo”, aclara el activista.  Además enfatiza la importancia de recordar y honrar la historia de la escena ya que su legado continúa siendo una fuente de resistencia y apoyo para las comunidades LGBTIQ+.

El primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA . Cada año en esa fecha, el Ministerio de Salud de la Nación publica el Boletín sobre el VIH y enfermedades de transmisión sexual (ITS). Según el último publicado en 2022, más de 140 mil personas en nuestro país viven con el virus y un 13% de ellos desconoce su condición. La atención en el sistema público de salud beneficia al 65% de las personas que conocen su diagnóstico, con más de 65 mil personas en tratamiento. La principal forma de transmisión del VIH, con un 98%, es a través de relaciones sexuales sin protección, con una prevalencia notable en ciertos grupos clave, como mujeres trans, hombres que tienen sexo con otros hombres y trabajadores sexuales. Se reportan alrededor de 5 mil casos nuevos anualmente. 

El sexólogo clínico y educativo, Federico Bordón, pone foco en la importancia de fortalecer políticas de salud pública y avanzar en estrategias de prevención combinada. Subraya la necesidad de intensificar el acceso a pruebas rápidas y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) como una herramienta valiosa para la prevención integral de las ITS: «La ESI propone una reflexión y destaca el papel de las instituciones educativas como protectores de una pedagogía del cuidado». 

 

Al respecto, Fauno sostiene que “negar la ESI es negar la vida de las personas VIH positivas, es negar nuestra sexualidad, es negar nuestra vincularidad. No podemos seguir dando las batallas en solitario.”

Es importante diferenciar SIDA de VIH ya que el síndrome es la etapa avanzada de la infección causada por el virus. En palabras de ONU SIDA, una persona tiene SIDA cuando el VIH debilita las defensas del cuerpo (el sistema inmunológico) y esa situación lo predispone a desarrollar enfermedades oportunistas (infecciones o tumores). Se las llama así porque aparecen “aprovechando” la caída de las defensas. Sin embargo, con los tratamientos actuales son cada vez más las personas que tienen VIH sin desarrollar SIDA.  

“Negar la ESI es negar la vida de las personas VIH positivas, es negar nuestra sexualidad, es negar nuestra vincularidad. No podemos seguir dando las batallas en solitario.”

INSISTIR RESISTIR ASISTIR

Desde el 2021 se realiza el “PositHIVo kiki ball” con el objetivo de celebrar y tejer redes dentro de la comunidad LGBTIQ+. Además de las competencias en la runway con categorías alusivas, se realizan diversos talleres y conversatorios. Celebrar para no olvidar. Resistir para encontrar la cura.

«Ser activista no es lo mismo que ser un mártir. El activismo es un llamado a la acción colectiva que te convierte en un interlocutor, un puente, un gestor que visibiliza o enuncia, pero que llama a la acción por los derechos humanos», dice Lucas Fauno. Además destaca la necesidad de abordar problemáticas más allá de su propia lucha, como los derechos de las personas con discapacidades o las comunidades afrodescendientes.

«Ser activista no es lo mismo que ser un mártir. El activismo es un llamado a la acción colectiva que te convierte en un interlocutor, un puente, un gestor que visibiliza o enuncia, pero que llama a la acción por los derechos humanos»

Fauno planteó un desafío para recuperar la memoria histórica, reconociendo que el avance de las derechas en todo el mundo representa una amenaza para los logros de las luchas pasadas al argumentar que el diálogo y la educación son herramientas fundamentales para combatir la desinformación y el miedo que alimentan las decisiones políticas perjudiciales. “Si votamos opciones políticas que buscan eliminar derechos, estamos negando la lucha de las travestis y trans además de aquellas personas no binarias, marronas, monstras y bichosas”. El desafío es colectivo y global: “debemos reparar nuestra historia, proteger las infancias y adolescencias para que puedan desarrollarse sin ser atacadas ni menospreciadas.»

INDETECTABLE = INSTRASMISIBLE

El VIH continúa siendo un tema de gran relevancia en la sociedad argentina, no solo por sus implicaciones médicas, sino también por el profundo estigma que lo rodea. En este contexto, Fauno destaca la importancia crucial de comprender la afirmación «indetectable es igual a intransmisible». El activista sostiene que los prejuicios arraigados en la transmisión del VIH impactan significativamente las interacciones sociales y el funcionamiento del sistema de salud, evidenciando una falta general de empatía en la sociedad y los medios. “Hace 15 años que vivo con el virus y recuerdo pensar ‘¿Todavía existía el VIH? ¿Cómo que me dio el positivo si nadie hablaba de esto”, cuenta Lucas Fauno. 

Con el fin de combatir esta discriminación, el Ministerio de Salud de la Nación respalda una campaña enfocada en informar que las personas con VIH bajo tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable no pueden transmitir el virus sexualmente. Según la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, la condición «indetectable» se alcanza mediante la rigurosa adherencia al tratamiento, lo que reduce la cantidad del virus en sangre a niveles indetectables en análisis convencionales. Aunque no erradica el virus, cuando una persona con VIH mantiene una carga viral indetectable durante al menos seis meses, no hay posibilidad de transmitir el virus por vía sexual. 

El estigma y escasez de información y temor en la población desde que aparecieron los primeros casos de VIH en Argentina en 1982. Se han suscitado concepciones erróneas sobre la enfermedad y sus afectados, desde la creencia de que el virus solo afecta a hombres que tienen relaciones homosexuales, hasta la idea de que es un castigo divino para aquellos que mantienen relaciones pre-matrimoniales. A pesar de la «primavera democrática», las personas con VIH se enfrentaron a una realidad carente de apoyo estatal, lo que motivó la creación de la Fundación Huésped en 1989 para brindar ayuda y solidaridad a quienes la necesitaban.

«Se han suscitado concepciones erróneas sobre la enfermedad y sus afectados, desde la creencia de que el virus solo afecta a hombres que tienen relaciones homosexuales, hasta la idea de que es un castigo divino para aquellos que mantienen relaciones pre-matrimoniales.»

Según un estudio de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y el Ministerio de Salud de la Nación, la desinformación y el estigma han llevado al 17% de las personas con VIH en Argentina a desconocer su condición. Federico Bordón subraya la necesidad de un lenguaje no estigmatizante al hablar del VIH, poniendo énfasis en impulsar canales de denuncia y consulta para eliminar la estigmatización. Asimismo, destaca que la Educación Sexual Integral (ESI) emerge como una herramienta fundamental para prevenir infecciones de transmisión sexual y fomentar la divulgación de información actualizada y precisa.

En el intento de superar estos obstáculos, el sexólogo clínico y educativo Federico Bordón hace hincapié en la importancia de promover y hacer visible la legislación que ampara a las personas con VIH. «Necesitamos instaurar canales de denuncia y consulta no solo para los afectados por VIH, sino para toda la población», dice.

El activista Lucas Fauno también deja abierto el espacio a la reflexión política y colectiva: “Una ley de VIH debe ampliar ese diálogo desde el Estado y también desde las casas para pensar en esas vidas. El Estado debe asegurar que no nos falten medicamentos y que podamos acceder a un trabajo sin preocupacionales que nos discriminen”, concluye.

 

UNA LEY DE CALIDAD DE VIDA

La Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, aprobada en 2022 por el Congreso Nacional, representa una evolución significativa desde la Ley Nacional de Sida de la década de 1990. Mientras la antigua legislación se enfocaba principalmente en la investigación y tratamiento del VIH/SIDA, la nueva normativa va más allá, priorizando no solo la atención médica, sino también la calidad de vida de las personas afectadas en nuestro país.

Lucas Fauno destaca este cambio y subraya la importancia de la nueva ley, que aborda aspectos como el acceso al empleo y a una vida sin discriminación para quienes viven con VIH: “Imaginate que las infancias y adolescencias VIH positivas no eran posibles porque lo más probable es que una infancia que nazca con el virus falleciera.  Entonces ahora lo que hay que hacer es pensar en esas vidas, que no nos falten medicamentos y que podamos acceder a un trabajo sin exámenes preocupacionales que nos discriminen”, explica. 

«La ley del año 1990 era una ley de urgencia de vida. La ley actual es una ley de calidad de vida”, opina el activista Fauno al referirse a la normativa concebida con un enfoque de géneros y de derechos humanos. Cabe destacar que la normativa fue escrita de manera colectiva, con la participación de organizaciones sociales, diversas fuerzas políticas y entidades estatales para garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsar la eliminación del estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. Además, se enfoca en el desarrollo de tecnologías para mejorar el diagnóstico y tratamiento, promueve la capacitación, la investigación y una comunicación más efectiva. 

Entre sus disposiciones, la Ley 27.675 prohíbe las pruebas de diagnóstico sin consentimiento, ya sea en contextos laborales, educativos u otros y establece medidas como la posibilidad de jubilación anticipada y una pensión vitalicia para aquellos en situación de vulnerabilidad social. Esta ley representa un avance significativo hacia la protección de los derechos y la mejora en la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH en Argentina.