A 60 años de la Revolución Argentina y la «noche de los bastones largos»

A 60 años de uno de los hechos más cruentos propiciados por la autodenominada Revolución Argentina, nos proponemos reconstruir aquella «Noche de los Bastones Largos». Con aportes de los historiadores Florencia Osuna y Esteban Pontoriero, nos adentramos a un episodio represivo que marcó las siguientes décadas de la política y la ciencia en nuestro país. 

El 29 de julio pasado se cumplieron sesenta años de uno de los episodios más traumáticos de la historia de la universidad argentina: la Noche de los Bastones Largos. Aquella noche, efectivos de la Policía Federal irrumpieron violentamente en cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires para desalojar a docentes, investigadores y estudiantes que resistían la intervención ordenada por la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, quien había asumido el poder apenas un mes antes. Los golpes propinados por las fuerzas de seguridad, las detenciones masivas, la destrucción de laboratorios y el posterior exilio de centenares de científicos transformaron ese episodio en un símbolo del autoritarismo y de la persecución al conocimiento. Sin embargo, la Noche de los Bastones Largos no fue un hecho aislado ni una reacción improvisada del nuevo gobierno militar. Constituyó la expresión más visible de un proyecto político mucho más amplio que pretendía reorganizar profundamente la sociedad argentina. Para comprender por qué las universidades se convirtieron en uno de los primeros objetivos de la Revolución Argentina resulta necesario retroceder varios años y observar un escenario atravesado por la Guerra Fría, la proscripción del peronismo, las disputas internas dentro de las Fuerzas Armadas y la creciente influencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en América Latina.

Florencia Osuna, Doctora en Historia, nos explica: “en este tipo de guerra no convencional contra un enemigo no convencional, es necesario no solo que las acciones represivas se planteen en este escenario de guerra atípico sino, también, que la política pública se transforme en una estrategia de combate y de guerra contra este enemigo de nuevo tipo, que es al mismo tiempo un enemigo político, militar e ideológico».

UN MUNDO DIVIDIDO EN DOS

Cuando Onganía llegó al poder en junio de 1966, el mundo atravesaba uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el planeta había quedado dividido en dos grandes bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, cuya competencia excedía ampliamente el plano militar. Se trataba de una confrontación ideológica, económica, tecnológica, cultural y hasta deportiva, que atravesaba prácticamente todos los conflictos internacionales y América Latina ocupaba un lugar estratégico dentro de esa disputa.

Hasta fines de la década de 1950, Washington había considerado a la región latinoamericana como un área relativamente estable y aislada de la influencia de cualquier ideología cercana a la soviética o china. Esa percepción cambió drásticamente con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, ya que la llegada de Fidel Castro al poder alteró el equilibrio geopolítico del continente. Por primera vez desde el inicio de la Guerra Fría, un gobierno revolucionario se declaraba abiertamente socialista a pocos kilómetros del territorio estadounidense. El temor a que la experiencia cubana se reprodujera en otros países latinoamericanos llevó a la administración norteamericana a redefinir su estrategia hemisférica. Comenzó entonces una etapa caracterizada por un fuerte fortalecimiento de la cooperación militar entre Estados Unidos y los ejércitos latinoamericanos. Miles de oficiales fueron entrenados en nuevas doctrinas de seguridad, inteligencia y lucha contrainsurgente en la infame Escuela de las Américas, instalada en Panamá, en donde los métodos de tortura desarrollados por los militares franceses en la Guerra de Argelia (1954-1962) serían transmitidos a muchos de los dictadores latinoamericanos más sanguinarios que surgirían en las décadas siguientes.

La principal innovación de este conjunto de ideas, que pasaría a ser conocida como la Doctrina de Seguridad Nacional, consistía en modificar completamente la noción de enemigo. Tradicionalmente, las Fuerzas Armadas habían sido preparadas para enfrentar amenazas provenientes de otros Estados. A partir de la década de 1960, el peligro comenzó a definirse como interno. El comunismo internacional no avanzaba únicamente mediante invasiones militares sino también infiltrándose en sindicatos, universidades, medios de comunicación, organizaciones estudiantiles, partidos políticos, ámbitos culturales e incluso sectores religiosos. En consecuencia, la defensa nacional debía involucrar a todas las instituciones estatales. Florencia Osuna, Doctora en Historia y coordinadora (junto con Valeria Galván) del libro Política y cultura durante el Onganiato (Prohistoria, 2026), nos explica: “en este tipo de guerra no convencional contra un enemigo no convencional, es necesario no solo que las acciones represivas se planteen en este escenario de guerra atípico sino, también, que la política pública se transforme en una estrategia de combate y de guerra contra este enemigo de nuevo tipo, que es al mismo tiempo un enemigo político, militar e ideológico. Por eso, se lo combate en el plano armado y represivo, pero, también, se lo combate en el plano cultural, educativo, social, ideológico”. Dentro de esa lógica, entonces, las universidades ocupaban un lugar particularmente sensible ya que, según estos actores, constituían espacios privilegiados para la difusión de ideas marxistas y para la formación de cuadros políticos opositores. La autonomía universitaria, conquistada desde la Reforma Universitaria de 1918, comenzó a ser interpretada como un obstáculo para el control estatal.

LA CRISIS ARGENTINA Y EL PRETORIANISMO MILITAR

Mientras el contexto internacional se transformaba aceleradamente, la Argentina atravesaba su propia crisis política. El golpe de Estado de septiembre de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón inauguró un período de profunda inestabilidad institucional. La denominada Revolución Libertadora prometía restaurar la democracia, pero simultáneamente decidió excluir de la competencia política al movimiento que había gobernado el país durante casi una década.

La proscripción del peronismo alteró el funcionamiento del sistema político argentino. Millones de ciudadanos continuaban identificándose con Perón, pero no podían votar libremente por ese movimiento. Los sindicatos permanecían bajo permanente vigilancia y numerosos dirigentes sufrían persecuciones, encarcelamientos o exilio. El peronismo, entonces, conservaba una enorme capacidad de movilización social y ninguno de los gobiernos que habían accedido al poder luego del 55 habían podido resolver ese dilema. La gran pregunta que atravesó toda la década fue cómo construir estabilidad política mientras el principal movimiento popular permanecía excluido de la vida institucional. Frondizi intentaría llevar a cabo su propia estrategia, integrando progresivamente a los votantes peronistas sin levantar formalmente la proscripción, pero esto terminaría acrecentando el malestar dentro de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, tampoco había consenso entre los militares. En esos años, fueron conformándose dos grandes facciones cuyo enfrentamiento hizo eclosión en esos años: los llamados azules y los colorados. Aunque ambos sectores compartían un fuerte antiperonismo y coincidían en atribuir a las Fuerzas Armadas un papel tutelar sobre la política argentina, discrepaban respecto del modo de enfrentar el problema peronista. Los colorados sostenían la postura más radical, ya que consideraban que cualquier apertura política terminaría favoreciendo el regreso del peronismo y defendían la posibilidad de interrumpir el orden constitucional siempre que resultara necesario para impedirlo. Los azules, por su parte, imaginaban la posibilidad de canalizar gradualmente a los votantes peronista dentro de otras expresiones partidarias, evitando que continuaran alimentando una fuerza política proscripta.

Finalmente, quien se terminaría imponiendo sería la facción azul, encabezada por Juan Carlos Onganía, quien a partir de entonces se convertiría en el militar con mayor influencia política del país. Esteban Pontoriero, doctor en Historia e investigador del CONICET, señala que las diferencias entre azules y colorados, tan marcadas antes de la llegada de Onganía al poder, deben ser matizadas ya que “la historia luego mostraría de alguna manera que, finalmente, no parecía haber en la práctica diferencias tan profundas ya que una vez que la facción azul realiza el golpe de Estado de 1966 e instaura su proyecto político, este se trataría básicamente de una dictadura sin plazos que proscribía toda actividad política, quedando muy lejos esa idea del profesionalismo prescindente, la preocupación por lo estrictamente técnico-militar y el alejamiento de las luchas políticas de parte de las fuerzas armadas.”

Esteban Pontoriero, autor de La represión militar en la Argentina (1955-1976) (UNGS-UNLP-UNMi, 2022), sintetiza: «la dictadura tenía una idea de reconfigurar el poder en la sociedad a partir de este esquema de largo plazo, que se vería a nivel de la planificación económica y política asociada más bien a una gestión administrativa técnica, más que política». 

UNA DICTADURA PENSADA PARA DURAR

Cuando Arturo Umberto Illia asumió la presidencia el 12 de octubre de 1963, la democracia argentina seguía funcionando bajo severas limitaciones y esto afectó al propio gobierno electo. El peronismo continuaba proscripto, las Fuerzas Armadas conservaban un fuerte poder de veto y la inestabilidad política parecía haberse convertido en una característica permanente del sistema institucional. El gobierno radical impulsó una agenda que buscó fortalecer el papel del Estado, ampliar la inversión social y consolidar el desarrollo científico y educativo, pero con claras limitaciones en su legitimidad de origen sustentada en un volumen estrecho de sufragios.

Más allá de las intenciones del gobierno de Illia y de lo logrado, su gestión fue víctima de un constante ataque por parte de los medios de comunicación y de los grupos concentrados de poder, por lo que, en la madrugada del 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas llevarían a cabo el quinto golpe de Estado en nuestro país, esta vez al mando del mismísimo general Juan Carlos Onganía. Finalizaba así la presidencia encabezada por un hombre que, a la distancia, es considerado como una de las personas más honestas e íntegras que ha ocupado la primera magistratura de nuestro país y que pagó el precio de enfrentarse a los grupos concentrados de poder de la Argentina. Sin embargo, el golpe que lo desalojó del poder fue bien visto por amplios sectores de nuestra sociedad. Curiosamente, uno de los pocos actores sociales que condenó el golpe sería el Consejo Superior de la UBA y más tarde pagaría el precio de esta postura.

La autodenominada Revolución Argentina no era un golpe de Estado más, sino que estaba dotado de particularidades nunca vistas en las interrupciones precedentes al orden democrático. Pontoriero, autor de La represión militar en la Argentina (1955-1976) (UNGS-UNLP-UNMi, 2022), sintetiza estas particularidades afirmando, en primer lugar, que “se trató de un golpe de Estado que tuvo un nivel de organización, planificación y concreción entre las tres fuerzas como no había existido antes. Asimismo, dicho golpe se planteó como un proyecto de largo plazo, debido a varios motivos, especialmente la búsqueda de una dictadura que durara el tiempo suficiente para que, durante su transcurso, falleciera Perón y de esa manera, en teoría, se terminara con el ‘problema del peronismo’. Por otra parte, la dictadura tenía una idea de reconfigurar el poder en la sociedad a partir de este esquema de largo plazo, que se vería a nivel de la planificación económica y política asociada más bien a una gestión administrativa técnica, más que política. Y, por último, a escala internacional o, al menos, americana, se trató de un golpe de Estado y de una dictadura militar que nació en el esquema de seguridad en el marco de la Guerra Fría, del esquema de seguridad nacional, la preeminencia de Estados Unidos y la colaboración entre distintos gobiernos y dictaduras militares en relación con la llamada lucha contra el comunismo”.

La idea, entonces, era reemplazar el funcionamiento tradicional de la democracia por un modelo de conducción tecnocrática. Los ideólogos del régimen sostenían que la política partidaria había demostrado ser incapaz de resolver los problemas estructurales del país. En consecuencia, el Estado debía quedar en manos de técnicos y especialistas capaces de administrar racionalmente la economía y reorganizar la sociedad. En este esquema, entonces, la política tradicional no tenía nada para ofrecer y, por tal motivo, los partidos políticos fueron suspendidos, el Congreso Nacional disuelto, la Corte Suprema reemplazada y los gobernadores destituidos. El próximo objetivo en este plan de control, entonces, debían ser las universidades.

Pocas semanas después del golpe, el gobierno avanzó sobre uno de los símbolos más importantes de la Argentina del siglo XX: la universidad reformista. El decreto-ley 16.912 eliminó la autonomía universitaria, puso fin al cogobierno e intervino las universidades nacionales. Las autoridades académicas dejaron de responder a la comunidad universitaria para depender directamente del Poder Ejecutivo. Dichas medidas formaban parte de una política mucho más amplia destinada a combatir lo que el gobierno definía como infiltración marxista dentro de las universidades. La intervención era presentada como un instrumento para terminar con la agitación estudiantil y reorganizar el sistema universitario de acuerdo con los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

La respuesta de buena parte de la comunidad universitaria fue inmediata. En distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, docentes, investigadores y estudiantes resolvieron permanecer dentro de los edificios como forma de resistencia pacífica. Sin embargo, nadie imaginaba aún la magnitud de la respuesta oficial.

LA NOCHE DEL 29 DE JULIO

El viernes 29 de julio de 1966 la Policía Federal recibió la orden de desalojar los edificios ocupados. Las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Ingeniería, Filosofía y Letras y Ciencias Económicas fueron rodeadas por efectivos policiales. En su interior permanecían cientos de personas que rechazaban la intervención universitaria y se negaban a abandonar los edificios. Durante la noche, los policías ingresaron utilizando largos bastones de madera con los que golpearon indiscriminadamente a docentes, investigadores, estudiantes y autoridades universitarias quienes, en muchos casos, serían detenidos por las fuerzas de seguridad. La violencia ejercida sobre la comunidad académica se vería acompañada, además, por la destrucción total o parcial de laboratorios, instrumental científico, bibliotecas, archivos y oficinas. Si bien algunos contemporáneos vieron en la Noche de los Bastones Largos un simple exceso por parte del gobierno de facto o un conflicto que escaló a niveles impensados, lo cierto es que, tal y como afirma la investigadora del CONICET Florencia Osuna “estas intervenciones estaban justificadas por este sesgo anticomunista o antisubversivo de la doctrina de la seguridad nacional  a la que adhería plenamente Onganía, porque se consideraba que era importante intervenir las universidades para poner fin a la infiltración marxista y a la agitación estudiantil que se consideraba que habían sido propiciadas por el reformismo”.

Las consecuencias fueron inmediatas. En las semanas posteriores comenzaron a multiplicarse las renuncias de profesores e investigadores y si bien algunos encontraron su lugar en universidades privadas, lo cierto es que muchos eligieron el camino del exilio. La Argentina perdía, en muy poco tiempo, una parte sustancial de la generación de científicos que había construido durante la década anterior uno de los sistemas universitarios más prestigiosos de América Latina. Para Osuna, lo ocurrido a finales de julio del 66 “es un golpe de represión muy fuerte en contra de la universidad y el movimiento estudiantil. Pero, al mismo tiempo que estas prácticas provocaran que se instalara de manera permanente la llamada fuga de cerebros por razones políticas, posteriormente seguirá ocurriendo lo mismo, pero ahora por razones económicas”. La reconstrucción del sistema científico, entonces, demandaría décadas.

Si bien algunos contemporáneos vieron en la Noche de los Bastones Largos un simple exceso por parte del gobierno de facto, lo cierto es que, tal y como afirma la investigadora  Florencia Osuna, “estas intervenciones estaban justificadas por este sesgo anticomunista o antisubversivo de la doctrina de la seguridad nacional a la que adhería plenamente Onganía, porque se consideraba que era importante intervenir las universidades para poner fin a la infiltración marxista y a la agitación estudiantil que se consideraba que habían sido propiciadas por el reformismo”.

UN EFECTO INESPERADO

Paradójicamente, la represión produjo un resultado muy diferente del buscado por el gobierno ya que lejos de desmovilizar al movimiento estudiantil, aceleró su politización. Durante los años siguientes se profundizaron los vínculos entre estudiantes, organizaciones de izquierda y distintos sectores del movimiento obrero y será dicha articulación la que desempeñaría un papel decisivo en las grandes protestas sociales que estallarían pocos años después, como lo fue el Cordobazo en mayo de 1969. La insurrección protagonizada conjuntamente por obreros y estudiantes (y que tendrá réplicas posteriores, aunque a menor escala en diferentes puntos del país) reveló que el proyecto político de Onganía comenzaba a perder apoyo incluso entre sectores que inicialmente habían recibido con expectativa el golpe de Estado. La represión, entonces, se mostraba ineficaz como mecanismo de disciplinamiento social

La explicación principal del fracaso del gobierno de Onganía no debe buscarse solamente en los problemas económicos o en el crecimiento de la violencia: la causa central fue política. La Revolución Argentina había intentado reemplazar la negociación democrática por una administración puramente técnica del Estado. La eliminación de los canales institucionales para procesar los conflictos sociales, terminó acumulando tensiones que finalmente estallaron entre 1969 y 1970. A esto se le sumaría, además, la pérdida de apoyo de las Fuerzas Armadas y, en especial, del general Alejandro Agustín Lanusse, ya que, tal y como afirma el historiador Esteban Pontoriero, el futuro presidente del país entre 1971 y 1973 “era el cerebro detrás de la experiencia de la dictadura de la Revolución Argentina, y para ese momento, había identificado que era urgente plantear una salida política ordenada y que la situación se había agravado enormemente a nivel político interno, debido a la violencia y radicalización de importantes sectores de la sociedad. Todo esto provocará una valoración muy negativa de todo lo que había sido la experiencia de su gobierno y que se piense en Roberto Levingston como un posible sucesor”.

SESENTA AÑOS DESPUÉS

La Noche de los Bastones Largos ocupa hoy un lugar central en la memoria histórica argentina porque sintetiza múltiples procesos que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Fue la consecuencia de la radicalización ideológica propia de la Guerra Fría, de la creciente intervención militar en la política iniciada tras 1955, de la difusión de la Doctrina de la Seguridad Nacional y del proyecto autoritario impulsado por la Revolución Argentina. Pero también simboliza otra historia: la de una universidad pública que, pese a las intervenciones, persecuciones y exilios, logró reconstruirse una y otra vez. La de una comunidad científica que continuó produciendo conocimiento incluso en condiciones extremadamente adversas. Y la de una sociedad que terminó comprendiendo que la autonomía universitaria no constituye un privilegio corporativo, sino una condición indispensable para garantizar la libertad de investigación, la pluralidad de ideas y la formación de ciudadanos críticos.

Sesenta años después, los bastones que aquella noche buscaron disciplinar a la universidad siguen siendo uno de los símbolos más elocuentes de los riesgos que enfrenta una democracia cuando el conocimiento se convierte en objeto de persecución política. En momentos como los que actualmente atraviesa la Argentina, con un gobierno que desprestigia recurrentemente a las universidades y a sus trabajadores (tanto desde el maltrato discursivo como en la asignación de los recursos económicos que le corresponden), comprender la Noche de los Bastones Largos implica, en definitiva, comprender una época. Una época en la que la Argentina creyó que podía reemplazar la política por la fuerza, la deliberación por la obediencia y el pensamiento crítico por el control ideológico. El resultado fue exactamente el contrario al esperado: lejos de pacificar al país, profundizó los conflictos que terminarían marcando el dramático recorrido de la historia argentina durante los años siguientes. Las universidades argentinas han sido castigadas infinidad de veces y los acontecimientos de 1966 son, tal vez, uno de los golpes más duros que han sufrido. No solo por los efectos inmediatos sino también por los de largo plazo. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad salieron a las calles y lucharon desde el lugar que pudieron para preservar a una de las instituciones más importantes de nuestro país (tal vez una de las que más nos debería enorgullecer como argentinos) y volver a ponerla de pie. Ya ocurrió hace sesenta años. Que ocurra también ahora.