A veinte años de la Ley 26.150, un balance sobre el impacto de la Educación Sexual Integral en las aulas, la prevención de violencias y la baja en la fecundidad adolescente. El peligro del abandono estatal y los desafíos que siguen vigentes.
En las marchas, la ESI es un reclamo recurrente y crucial.
El 4 de octubre de 2026 se cumplieron 20 años de la sanción de la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Dos décadas después, la fecha invita a hacer un balance de las transformaciones que impulsó esta política pública, reconocer a quienes sostuvieron su implementación y preguntarnos qué está en juego cuando el Estado deja de garantizar un derecho.
Porque la sexualidad no desaparece cuando deja de hablarse de ella. Las preguntas siguen ahí, las experiencias también y las dudas no piden permiso para aparecer en el aula. Lo que puede desaparecer, en cambio, son los espacios para abordarlas con información confiable, perspectiva de derechos y sin prejuicios.
La ESI no es una materia aislada ni una charla extraordinaria que aparece cuando sobra tiempo. Tampoco se reduce a una clase sobre métodos anticonceptivos o a dibujar un aparato reproductor en el pizarrón. Es una política educativa integral que reconoce a niñas, niños, adolescentes y estudiantes de todas las edades como sujetos de derecho. Incluye el cuidado del cuerpo y la salud, el reconocimiento de las emociones, el respeto por la diversidad, la construcción de vínculos libres de violencia y el ejercicio de los derechos sexuales.
A lo largo de estas dos décadas, la ESI abrió espacios para poner en palabras experiencias que durante mucho tiempo permanecieron silenciadas. En las aulas se empezó a hablar de consentimiento, abuso, identidad, diversidad, desigualdades de género y violencia sexista. También se fortalecieron las herramientas para reconocer vulneraciones de derechos, pedir ayuda y construir relaciones basadas en el respeto y la autonomía.
No es poca cosa. Aprender a reconocer una situación de violencia, saber que se puede decir que no o contar con información para tomar decisiones sobre el propio cuerpo puede cambiar una trayectoria de vida.
La implementación de la ESI estuvo atravesada por dificultades, resistencias y obstáculos. Sin embargo, su apropiación por parte de estudiantes, docentes, familias y organizaciones sociales permitió ampliar los debates sobre sexualidad y cuestionar prejuicios profundamente arraigados.
UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE TRANSFORMÓ CONVERSACIONES Y EXPERIENCIAS
La implementación de la ESI estuvo atravesada por dificultades, resistencias y obstáculos. Sin embargo, su apropiación por parte de estudiantes, docentes, familias y organizaciones sociales permitió ampliar los debates sobre sexualidad y cuestionar prejuicios profundamente arraigados.
La ESI también forma parte de un entramado de políticas públicas que contribuyeron a ampliar derechos y mejorar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida.
En ese recorrido, la disminución de los embarazos y la maternidad en niñas y adolescentes constituye una transformación relevante, vinculada con políticas públicas de prevención y garantía de derechos, como la Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). Mientras la ESI brinda herramientas para conocer el propio cuerpo, reconocer situaciones de abuso, construir vínculos respetuosos y tomar decisiones informadas, el Plan ENIA fortaleció el acceso al asesoramiento y a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Los resultados dan cuenta de la relevancia de estas políticas. Según datos de Proyecto Mirar, entre 2018 y 2021, la tasa específica de fecundidad adolescente se redujo un 43% entre niñas de 10 a 14 años, un 45% entre adolescentes de 15 a 19 años y un 49% en el conjunto de 10 a 19 años. A su vez, los resultados del Censo 2022 registraron una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos e hijas, un dato significativo para dimensionar los avances en materia de prevención del embarazo adolescente. (Informe del Equipo ELA, Mayo de 2025)
Detrás de las cifras hay algo más que estadísticas: hay niñas y adolescentes que pueden contar con mejores herramientas para decidir sobre su sexualidad, reconocer situaciones de violencia y proyectar sus vidas. Que la maternidad no sea un destino impuesto por la falta de información, las desigualdades o el abuso sexual también es una cuestión de derechos. Por eso, garantizar la ESI y sostener políticas integrales como el Plan ENIA resulta fundamental para que esas posibilidades no dependan del lugar donde se nace, se vive o se estudia.
Las transformaciones tampoco pueden medirse únicamente por los contenidos que llegan a las aulas. La ESI contribuyó a instalar conversaciones sobre aquello que antes se consideraba privado, incómodo o directamente innombrable. Y cuando algo que parecía natural empieza a discutirse, también se abre la posibilidad de cambiarlo.
Nada de esto ocurrió por generación espontánea. Detrás de la implementación hubo docentes, equipos educativos, organizaciones sociales, militantes y comunidades que sostuvieron el trabajo incluso cuando faltaron recursos, formación y acompañamiento institucional. La sanción de una ley es fundamental, pero no alcanza por sí sola para garantizar un derecho: el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que pueda ejercerse efectivamente.
Garantizar la ESI significa reconocer que todas las personas tienen derecho a recibir información, comprender los cambios que atraviesan, tomar decisiones sobre su sexualidad y vivir sin discriminación ni violencia. No se trata de imponer una única forma de vivir los cuerpos y los vínculos, sino de ampliar las posibilidades para que cada quien pueda hacerlo con libertad y respeto.
¿QUÉ PERDEMOS CUANDO EL ESTADO DEJA DE GARANTIZARLA?
Cuando el Estado se retira, la sexualidad no se toma vacaciones. Las preguntas siguen apareciendo, los vínculos se construyen y las experiencias suceden. Lo que se debilita son las herramientas para comprenderlas, transitarlas y tomar decisiones con información, autonomía y acompañamiento.
Se reducen las oportunidades para identificar y prevenir situaciones de abuso y violencia; se debilitan los espacios de escucha y orientación, y se vuelve más difícil cuestionar los mandatos de género y las desigualdades que condicionan la libertad de las personas.
También se pierde la posibilidad de que las instituciones educativas funcionen como espacios donde las experiencias puedan ser escuchadas sin discriminación y donde la diversidad no tenga que justificarse para ser reconocida.
La ausencia de ESI tampoco afecta únicamente a las infancias y adolescencias. La sexualidad atraviesa toda la vida y se transforma con las experiencias, los vínculos y los cambios sociales, culturales, biológicos y subjetivos. Sin embargo, todavía persisten prejuicios que suponen que el deseo tiene fecha de vencimiento, como si cumplir años implicara entregar las llaves de la vida erótica.
¿Quién decidió que el erotismo tiene edad de jubilación? ¿En qué momento se estableció que las personas mayores debían dejar de tener preguntas, deseos, vínculos o ganas de explorar su sexualidad?
La ESI también permite discutir estas representaciones, cuestionar la desexualización de las personas mayores y reconocer que el derecho a vivir la sexualidad no se agota en una etapa de la vida. Hablar de educación sexual desde una perspectiva integral supone contemplar las distintas edades, trayectorias y experiencias, sin reducir la sexualidad a la reproducción ni confundir el envejecimiento con el final del deseo.
En este sentido, garantizar la ESI significa reconocer que todas las personas tienen derecho a recibir información, comprender los cambios que atraviesan, tomar decisiones sobre su sexualidad y vivir sin discriminación ni violencia. No se trata de imponer una única forma de vivir los cuerpos y los vínculos, sino de ampliar las posibilidades para que cada quien pueda hacerlo con libertad y respeto.
VEINTE AÑOS DESPUÉS, GARANTIZAR ESTE DERECHO SIGUE SIENDO UNA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Esteban Paulón, Ricardo Iacub y Silvia Ausburguer.
A dos décadas de la sanción de la Ley 26.150, la discusión no debería centrarse en si la ESI es necesaria ni en si su implementación puede quedar librada a la voluntad individual de cada docente o institución. Se trata de un derecho del estudiantado y de una obligación estatal.
Una ley sin presupuesto, sin formación docente, sin materiales y sin acompañamiento institucional corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones. Y los derechos, por más que queden muy bien escritos en el papel, no se garantizan solos.
En un contexto en el que se ponen en cuestión políticas de ampliación de derechos y se multiplican los discursos que buscan desacreditar la perspectiva de género, defender la ESI supone sostener una herramienta educativa, democrática y colectiva. Su continuidad requiere políticas públicas capaces de trascender los cambios de gobierno y garantizar condiciones reales de implementación.
La pregunta por lo que pierde la sociedad cuando el Estado deja de garantizarla no remite solamente a los contenidos que dejan de enseñarse. Interpela las oportunidades que se restringen, las desigualdades que se profundizan y las libertades que quedan más expuestas cuando falta información y acompañamiento.
Porque garantizar la ESI no significa que todas las personas deban pensar, sentir o vivir su sexualidad de la misma manera. Significa que puedan construir sus propias respuestas con información, autonomía y derechos.
«Cuando el Estado deja de garantizar la Educación Sexual Integral, la sociedad pierde la posibilidad de construir infancias y adolescencias más libres y protegidas frente al abuso, la violencia y la discriminación» (Esteban Paulón, diputado nacional por el PS).
¿QUÉ PIERDE LA SOCIEDAD CUANDO EL ESTADO DEJA DE GARANTIZAR LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL?
Para profundizar esta pregunta, le pedimos su opinión a Silvia Augsburger, exdiputada nacional que participó del proceso legislativo que dio origen a la ley; Esteban Paulón, diputado nacional; y Ricardo Iacub, especialista en vejez y sexualidad.
Sus miradas recuperan distintas dimensiones de una misma discusión: las transformaciones sociales que impulsó la ESI, las consecuencias de debilitar las políticas públicas que garantizan derechos y la necesidad de pensar la sexualidad a lo largo de toda la vida. Tres voces para seguir una conversación que, veinte años después, está lejos de haber terminado.
Silvia Augsburger. Diputada nacional (MC, 2005-2009). Como integrante de la Comisión de Educación, firmó el dictamen de mayoría de la ESI, que se convirtió en ley el 4 de octubre de 2006.
En este octubre se cumplen 20 años de la sanción del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, al que hoy conocemos como ESI, y es una gran oportunidad para reflexionar acerca de las transformaciones sociales sustantivas que se han producido gracias al aporte de esta ley y qué perdemos como sociedad si el Estado no garantiza la ESI.
La ESI llegó al Congreso de la mano de las diputadas feministas. Se adelantó más de una década a la marea verde que tuvo su cresta en 2018. Así fue que, desde el primer Ni Una Menos de 2015, cuando las generaciones de adolescentes se empezaron a sumar al movimiento feminista, las «pibas» de las escuelas secundarias se pusieron el pañuelo verde en la mochila y se apropiaron del espacio escolar de ESI para hablar sobre sexualidad, abuso, derecho a la identidad sexual y violencia sexista.
Aún con enormes dificultades y obstáculos en su puesta en marcha y aplicación efectiva, la ESI puede mostrar sus logros. Quizás el resultado más destacado, junto a otras políticas públicas como el Plan ENIA, haya sido la disminución abrupta de «niñas madres», que hoy explica mayormente la disminución de la natalidad que se registra desde 2014 y que, lejos de ser una mala noticia, es la muestra más clara de la elección de esas niñas y adolescentes de un proyecto de vida con más libertad.
Si el Estado no cumple con garantizar la ESI, perdemos la herramienta esencial para garantizar los derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes; nos quedamos sin el espacio de escucha más amigable para que las niñas puedan denunciar un abuso sexual que estén padeciendo y sin el lugar más adecuado para reflexionar sobre la necesidad de construir relaciones sexoafectivas libres de violencia machista, que ya se cobró 200 femicidios en lo que va de 2026.
Durante estos 20 años, desde distintos espacios del Estado, desde las aulas o desde la militancia social o partidaria, con enorme compromiso, docentes y militantes han sostenido y ampliado el impacto de esta ley enorme de defensa y protección de derechos humanos fundamentales.
Ese trabajo ha permitido la apropiación social de la ley, como lo muestra el cambio de las subjetividades de las generaciones de adolescentes que toman decisiones sobre su sexualidad con mucha más libertad y conocimiento y que, en estos tiempos de vientos de ultraderecha que intentan arrasar con todo lo conquistado, levantan en las movilizaciones estudiantiles la bandera de la ESI como su reivindicación más emblemática.
Podrán intentar que el Estado no garantice, pero como sociedad ya no retrocedemos.
«Si el Estado no cumple con garantizar la ESI, perdemos la herramienta esencial para garantizar los derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes; nos quedamos sin el espacio de escucha más amigable para que las niñas puedan denunciar un abuso sexual que estén padeciendo y sin el lugar más adecuado para reflexionar sobre la necesidad de construir relaciones sexoafectivas libres de violencia machista» (Silvia Ausburguer, diputada nacional (MC) y referente feminista).
Esteban Paulón. Diputado nacional.
Cuando el Estado deja de garantizar la Educación Sexual Integral, la sociedad pierde la posibilidad de construir infancias y adolescencias más libres y protegidas frente al abuso, la violencia y la discriminación.
Esto implica perder una formación integral y la oportunidad de brindar herramientas para que cada persona pueda reconocer y expresar lo que siente. También es una pena desatender una política que aborda cuestiones centrales para la vida, porque eso posterga la posibilidad de que las personas vivan con mayor libertad y autonomía, y puedan expresarse, vivir y sentir libremente.
Ricardo Iacub. Titular de la cátedra Psicología de la Tercera Edad y Vejez en la Facultad de Psicología de la UBA.
La sociedad pierde mucho cuando el Estado no se hace responsable de la sexualidad de las personas, porque tiene que ver con el bienestar subjetivo y social, y también con la salud. La ESI es, en alguna medida, una de las mejores herramientas para combatir las enfermedades infectocontagiosas. Es una vía por la cual las personas pueden comprender muchos de los cambios que se producen con la edad y despejar muchísimos prejuicios.
Existe evidencia de que, cuando las personas tienen una lectura más amplia de su sexualidad, particularmente cuando las formas del erotismo son más vastas, pueden experimentar menos ansiedad y angustia frente a problemas de índole sexual. También sabemos que muchas personas creen que hay problemas de índole biológica cuando no lo son; que las mujeres tienen muchas limitaciones para encontrar nuevas parejas por cuestiones de prejuicio social; y que los varones tenemos más dificultades para detectar cambios biopsicológicos en el ámbito de la sexualidad. Esto puede llevar a las personas a la depresión.
En países como el Reino Unido, donde la salud está socializada, entienden que las personas viven mejor cuando tienen más salud o, como decía Freud, que cuando la gente tiene más salud puede salir a trabajar, lo que incluso tiene un rédito económico para el Estado.
Pero, básicamente, la función del Estado es garantizar estas cuestiones a lo largo de toda la vida. Y más aún en una etapa de la vida como la vejez, en la que hay cambios psicológicos, biológicos y sociales que inciden notoriamente sobre la sexualidad. En la medida en que estas cuestiones puedan ser abordadas y comprendidas, las personas pueden vivir su sexualidad mejor, con más salud y mucho mayor bienestar.
Queridos, queridas, querides lectores: espero que disfruten esta nota, que la compartan y que sigamos ampliando la conversación sobre la ESI, porque defender este derecho también es defender la posibilidad de vivir con más libertad, información y autonomía.
