El clorpirifós es un insecticida organofosforado altamente tóxico desarrollado en los 60 por el gigante Dow Chemical, que se utiliza en una gran variedad de cultivos diferentes en unos 100 países.

Pese a ser uno de los productos más vendidos para el control de plagas, hasta la fecha se ha mantenido lejos del foco mediático y son muy pocos los que lo conocen.

Sin embargo, está presente en muchos de los alimentos que ingerimos, con lo que se ha convertido en una amenaza también para la especie humana, como ocurre con otros pesticidas que afectan a otros organismos que no son el objetivo de los tratamientos.

El pesticida clorpirifós mata a los insectos por contacto, atacando su sistema nervioso y se aplica para el control de numerosas plagas –insectos y ácaros–, principalmente en cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

Como indican los datos oficiales, fue el insecticida más usado en 2017 en argentina: sólo ese año se importaron más de 278 millones de kilos de plaguicidas por los que se pagaron algo más de 1611 millones de dólares.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) indica que el clorpirifós es «altamente tóxico» para las abejas y «muy tóxico» para aves, peces y organismos acuáticos. Lo considera de clase II, es decir, un producto «moderadamente peligroso y nocivo», aunque existen otras clasificaciones que lo señalan como altamente dañino. En 2009, el por entonces Ministerio de Salud dispuso su prohibición para uso doméstico, aunque lo habilitó en el ámbito rural. Es de venta libre.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) indica que el clorpirifós es «altamente tóxico» para las abejas y «muy tóxico» para aves, peces y organismos acuáticos.

En Estados Unidos, varios estudios han relacionado la exposición prenatal al clorpirifós con disminución de peso al nacer, bajo coeficiente intelectual, déficit de atención e hiperactividad y otros problemas de desarrollo en niños. Pero en 2017, ya bajo la administración de Trump, la Agencia de Protección Ambiental (EPA: Environmental Protection Agency), ignoró las conclusiones de sus científicos y rechazó una propuesta presentada durante la administración Obama para prohibir su uso en campos y huertos.

Aunque algunos estados decidieron enfrentar el problema, por lo que Hawaii fue el primer estado en aprobar la prohibición total de su uso a fines de 2018. California acaba de aprobar lo mismo. Oregon, Nueva York y Connecticut tratan de seguir los mismos pasos.

En Europa, el pasado mes de agosto, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA, por sus siglas en inglés), confirmó en su última evaluación del plaguicida sus efectos genotóxicos y neurológicos en el desarrollo de los niños. Por lo que todo apunta a su prohibición a partir de 2020, que es cuando vence la actual autorización para su uso.

Este veneno fue autorizado por primera vez en la Unión Europea en el 2006, aunque ocho Estados -Alemania, Irlanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Eslovenia, Letonia y Lituania- ya lo han prohibido.

VENENO EN LA MESA

Diversos estudios han mostrado en los últimos años que los residuos y metabolitos de clorpirifós están presentes en muchos productos de alimentación.

Según un análisis publicado el pasado mes de junio por la organización Pesticide Action Network , el clorpirifós está entre los 15 pesticidas más abundantes en los alimentos, y sus residuos se han detectado sobre todo en los cítricos. En concreto, el informe revela que el clorpirifós se encuentra en uno de cada cuatro pomelos y limones, así como en un tercio de las naranjas y mandarinas.

“Efectivamente, el clorpirifós está categorizado como altamente peligroso por la OMS y la FAO. Aquí se usa muchísimo porque es un plaguicida barato. De hecho, a nivel doméstico está en hormiguicidas y en correas para perros. Desde 2015 se intenta incluirlo en el Convenio de Estocolmo, porque reviste las características de contaminante persistente, pues tarda mucho tiempo en degradarse, se traslada grandes distancias y puede bioacumularse, pero todavía no se ha podido lograr”, explica Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo y presidente de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina.

El clorpirifós está entre los 15 pesticidas más abundantes en los alimentos, y sus residuos se han detectado sobre todo en los cítricos.

De acuerdo al informe «El plato fumigado», realizado por el colectivo Naturaleza de Derechos con datos del Senasa, entre 2011 y 2016 se detectaron residuos de clorpirifós (en total, en la Argentina son 118 los formulados de clorpirifós autorizados) en 33 alimentos, entre ellos, la acelga, el tomate, la lechuga, el apio y la rúcula.

«No puede ser que estemos comiendo constantemente residuos de agrotóxicos. Hay que cambiar la matriz productiva. Gastamos millones en tratamientos oncológicos porque los pools de siembra aplican lo que quieren sin control», dispara Melina Álvarez, doctora en Biología y exbecaria del Conicet.

Entonces, resta hacerse una sola pregunta, ¿Por qué no se ha prohibido antes si todo el mundo sabía que era tan nocivo?, lamentablemente la respuesta a esa pregunta no es simple ya que en el mundo de la producción de alimentos ya no se producen alimentos, sino ganancias y ahí es donde comienza el problema.

Es urgente que comencemos a replantearnos de que manera avanzamos hacia formas de producción de alimentos más amigables con el ambiente y la salud de las personas y no seguir aceptando recetas que van contra nuestros propios derechos y que benefician solo a las grandes empresas de biotecnología que controlan el mercado agroalimentario mundial.

En base a La Vanguardia / El Nuevo Herald / Tiempo Argentino / EFE

Estados Unidos oficializó su decisión de retirarse del Acuerdo de París sobre el clima y se convierte en el primer país que abandona este pacto, lo que provocó la preocupación de la comunidad internacional.

El presidente estadounidense había anunciado su intención de romper con ese consenso ya el 1 de junio de 2017, cuando no llevaba ni seis meses en la Casa Blanca, y lo ha formalizado justo el primer día que le estaba permitido según las normas del pacto. La salida efectiva, sin embargo, no puede darse hasta noviembre de 2020, es decir, justo después las elecciones presidenciales estadounidenses, lo que deja aún un resquicio de esperanza para la ONU.

«Hoy Estados Unidos inicia el proceso de retirada de los acuerdos de París. Conforme a los términos del acuerdo, Estados Unidos sometió una notificación formal de su retirada a las Naciones Unidas. La retirada será efectiva un año después de la notificación», declaró el secretario de Estado, Mike Pompeo.

La salida de Estados Unidos del acuerdo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero tiene un doble efecto: sin duda, constituye un mensaje político de la primera potencia económica global, pero, al mismo tiempo, la posición del presidente estadounidense generó un fuerte rechazo del resto del mundo y una rebelión de grandes ciudades de EEUU, además de una reactivación de la militancia ambiental.

Las reacciones internacionales a esta retirada no se hicieron esperar. La Unión Europea (UE) dijo que estaba dispuesta a «reforzar la cooperación» con las otras partes del Acuerdo de París e insistió en que las bases del pacto son «sólidas».

«El Acuerdo de París tiene bases sólidas y está aquí para quedarse. La UE y sus socios están dispuestos a reforzar la cooperación con todas las partes para aplicarlo», tuiteó el comisario europeo de Acción para el Clima, Miguel Arias Cañete.

China, primer emisor mundial de gases de efecto invernadero, aseguró que lamentaba la decisión de Estados Unidos. «Esperábamos que Estados Unidos diera muestras de una mayor responsabilidad y que contribuyera más en el proceso de cooperación multilateral, en lugar de añadir más energía negativa», sostuvo un portavoz de la diplomacia china, Geng Shuang.

No hay nada fácil en este camino, con o sin el apoyo de Estados Unidos: desde 2015, cuando se firmó el pacto de París, las emisiones globales han aumentado.

Cuesta imaginar el éxito de semejante acuerdo multilateral sin la implicación de la mayor economía del mundo.

John Kerry, secretario de Estado cuando se pactó el Acuerdo, señaló en un artículo de opinión en The Washington Post que “el presidente Trump dio el paso que prometió en 2017 para retirar oficialmente a Estados Unidos del Acuerdo que todos los demás países de la Tierra han firmado. Esto no es Estados Unidos primero; una vez más, es Estados Unidos aislados”.

Hasta la fecha 197 países lo han ratificado ya y han presentado planes de recorte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, como especifica el pacto. Los planes de cada Gobierno deben cumplir como objetivo que el aumento global de la temperatura no supere a finales de siglo el umbral de los dos grados respecto de los niveles preindustriales.

No hay nada fácil en este camino, con o sin el apoyo de Estados Unidos: desde 2015, cuando se firmó el pacto de París, las emisiones globales han aumentado.

Los países que forman parte de la Convención Marco de la ONU de Cambio Climático —prácticamente todos los Estados del mundo— discuten desde hace 25 años cómo frenar un problema que ya ha hipotecado a las futuras generaciones que habitarán el planeta: el calentamiento global.

A partir de 2020, fecha en la que expira el Protocolo de Kioto. Está previsto que las medidas de recorte de emisiones comprometidas por los Estados firmantes del acuerdo se empiecen a aplicar. Estados Unidos, que ya se desmarcó de Kioto bajo la Administración de George Bush hijo, opta por el mismo camino y con un argumento similar: la economía.

CÓMO APLICAR EL ACUERDO DE PARÍS

Se han celebrado 24 cumbres (normalmente anuales) pero hubo que esperar a la de 2015 para cerrar un pacto que involucrara a todos los países en la lucha contra ese calentamiento: el Acuerdo de París.

Con el pacto de París se creó el marco general (que incluye los objetivos y marca las vías para intentar conseguirlos), pero faltaba el desarrollo técnico, que debe completarse antes de 2020, cuando caduca el Protocolo de Kioto y entra en funcionamiento el Acuerdo de París.

“En París inventamos el fútbol, ahora necesitamos crear las reglas”, suele explicar Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La aplicación completa del Acuerdo de París supondrá una transformación de la economía mundial y dejar de lado los combustibles fósiles, responsables de la inmensa mayoría de gases que calientan el planeta.

Ese reglamento es lo que, en su mayoría, se ha logrado aprobar en la cumbre de Katowice, celebrada en 2018: un complejo documento de casi 120 páginas que contiene las reglas de transparencia, financiación, adaptación y recortes de emisiones de gases de efecto invernadero para que funcione el Acuerdo de París.

Estas reglas fijan, por ejemplo, la forma en la que cada país tiene que notificar sus planes de recorte, qué tipos de gases se deben combatir, los plazos en los que se revisarán los compromisos nacionales contra el calentamiento y cómo se hará o el seguimiento de las promesas de financiación. El Acuerdo de París ya recogía el objetivo de que a partir de 2020 los países más ricos contribuyan a un fondo de 100.000 millones de dólares para ayudar a los Estados con menos recursos a adaptarse a los impactos del cambio climático. Ahora también se incluyen normas para hacer el seguimiento de ese compromiso.

La aplicación completa del Acuerdo de París supondrá una transformación de la economía mundial y dejar de lado los combustibles fósiles, responsables de la inmensa mayoría de gases que calientan el planeta. Por eso, muchos países que dependen de esos combustibles suelen desacreditar las cumbres o como en el caso de Estados Unidos, argumentar el impacto en su economía para salirse y poner por delante sus empresas y sus negocios por sobre el bienestar de toda la humanidad.

En base a Nueva Sociedad / Página 12 / El País

¿Cómo se deben tomar las decisiones acerca de cuestiones que van a afectar a muchas personas? ¿Puede un puñado de personas decidir en nombre de todas las que recibirán el impacto de esa decisión, sin haberlas consultado? ¿Es ético? ¿Es democrático?

¿Cómo se deben tomar las decisiones acerca de cuestiones que nos van a afectar a muchas personas? ¿Quiénes deben participar del proceso por el cual se autoriza una acción privada de alcance social, cuando la evidencia científica indica que será riesgosa para la salud o el ambiente?

Qué tema ¿no? Es quizás una de las discusiones contemporáneas más importantes y, paradójicamente, casi nunca es abordada en estos términos. Por lo general, se discute cuando se consumó algún hecho que amenaza a las comunidades, o peor aun, cuando el desastre ya se produjo. Un ejemplo del primer caso fue la autorización a la instalación de Botnia frente a Gualeguaychú. Un caso del segundo tipo fue el derrame de un millón de litros de solución cianurada en San Juan, en la Mina Veladero, en 2016.

¿Está legitimado un órgano del Estado para resolver o autorizar acciones que nos perjudicarán a otras personas, sin que esas personas tengan la posibilidad de dar su opinión, y mucho menos, de decidir al respecto?

Nunca discutimos esta pregunta: por lo general, se discute cuando se consumó algún hecho que amenaza a las comunidades, o peor aun, cuando el desastre ya se produjo.

La semana pasada, en Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia –un puñado de personas que cobran medio millón de pesos por mes– resolvió que se puede fumigar con veneno a 100 metros de las escuelas. (Veneno, sí, porque aunque se disimule llamándolo «fitosanitarios», es veneno. Para quienes no saben cómo funciona, detengámonos un segundo para comentar cómo es: se modifica genéticamente una especie vegetal, para que resista a un determinado producto tóxico; ese producto mata todo aquello que no ha sido inmunizado. Está claro que se trata de un veneno ¿verdad?).

Cinco personas resolvieron por todos nosotros. ¿Vivirá alguno de ellos a 100 metros de una escuela rural? Yo no conozco a ninguna de ellas. Pero intuyo que difícilmente esas personas, tan inteligentes, tan preparadas que han llegado a ocupar el máximo lugar en la cúspide de la justicia entrerriana (y que en fallos anteriores habían resuelto exactamente en contrario) esas personas que tienen sueldos mensuales de medio millón de pesos (540 mil para ser exactos), difícilmente vivan a menos de cien metros de una escuela rural.

Y de nuevo la pregunta: ¿pueden decidir en nombre de todos los que seremos afectados? ¿Es ético? ¿Es democrático?

Para la filosofía está claro que no. Ni ético, ni democrático. Nadie debería poder decidir por otros, porque en eso consiste la idea de autonomía. Hace muchos años, en Grecia, cuando nació lo que llamamos democracia, era más bien un principio de sentido común: ¿Cuál era ese principio? Que “si algo atañe a todos, deben decidirlo entre todos”. Claro que ese todos no incluía a todos, porque no todos eran ciudadanos. Pero quienes eran considerados ciudadanos, formaban parte de la discusión y de la decisión.

También el derecho romano recogió esa idea, que fue incluida en el Código del emperador Justiniano: «Lo que a todos toca, todos deben tratarlo y aprobarlo». Ese adagio se mantuvo en el derecho medieval aunque solo entre miembros de ordenes religiosas o autoridades eclesiásticas. Se incluía en la decisión a quienes se consideraba “iguales”. Dentro de los sectores de la elite de la Iglesia, tenían ese derecho solo por serlo.

Casi hasta nuestros días, en Occidente a nadie se le ocurrió que ese principio pudiera incluir a los sectores subalternos, a los “de abajo”. Recién las revoluciones liberales lo adoptaron, pero solo para los burgueses constituidos como nuevos sectores dominantes. Y hace poco tiempo la filosofía política contemporánea –con nombres como Habermas, Rawls, Cohen, y el argentino Carlos Nino entre otros– retoman esa idea, a la que llaman “deliberación” y la consideran el elemento principal de la democracia.

“La oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”: eso es lo que se nos está negando.

Para muchos científicos y filósofos de la ciencia actuales, las cuestiones ambientales no pueden resolverse sin la participación de las personas que serán potencialmente afectadas por esas cuestiones. De eso habla la propuesta de dos reconocidos científicos y epistemólogos, el argentino Silvio Funtowicz y el británico Jerome Ravetz, autores de un libro de enorme impacto en el que proponen precisamente eso: “Ciencia posnormal. Ciencia con la gente”.

Algo parecido dice la Declaración de Río de Janeiro, un tratado ambiental internacional, del cual la Argentina es firmante. Fíjense lo que dice en su principio número 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.

La oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Eso es lo que se nos está negando. Nada menos, nada más.

La cuestión climática y el problema del desarrollo son dos tópicos cuya actualidad tiene un correlato con la urgencia del problema, que aumenta día a día. Las reflexiones, siempre necesarias, son sobre todo un llamado a la acción.

Exactamente cincuenta años después de la publicación del ya clásico ensayo de interpretación sociológica Dependencia y Desarrollo en América Latina por Cardoso y Faletto, Siglo XXI Editores vuelve a hacer una gran apuesta de la mano de Beling y Vanhulst. Las casi trescientas páginas de Desarrollo non sancto presentan un giro de tuerca fundamental para la cuestión ambiental y climática al integrar a la religión con un elemento que moviliza creencias hacia acciones hoy ya consensuadas como urgentes a escala global. “El jardín de las delicias”, una de las grandes obras de El Bosco, fue la metáfora que con la que Leonardo DiCaprio presenta la problemática del cambio climático en un documental que muchos ambientalistas consideran de culto: Antes de la inundación (2016). Este despliegue de información y entrevistas con expertos y políticos de distintas esquinas del mundo, incluye una visita de DiCaprio al papa Francisco en el Vaticano, donde el actor hollywoodense le expresa su preocupación sobre la actual crisis climática y recibe a cambio una copia de Laudato si’, la encíclica del papa Francisco sobre “el cuidado de la casa común”.

Arrancando con un primer y poderoso prólogo por el ecoteólogo de la liberación, Leonardo Boff,  se aborda el contexto en el que se difunde la encíclica Laudato si’, hacia mediados del 2015, poco antes de la redacción del Acuerdo de París. La idea de poner orden en la casa común, la Tierra junto con la pregunta de ¿en qué medida la fe cristiana, y concretamente la Iglesia, pueden contribuir a evitar un eventual Armagedón bio-socio-ecológico? invita a ver a la  carta encíclica como no dirigida a los cristianos sino a la humanidad. Boff considera que estamos ante nuevo paradigma ecológico, del Ecoceno (en contraposición al Antropoceno), y si miramos de cerca el texto de la encíclica, veremos que toda ella está estructurada dentro del rito metodológico que maduró en América Latina a través de los textos oficiales del Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM) y en los preceptos la Teología de la Liberación: ver, juzgar, actuar y espiritualizarse. También se explica la manera en que el Papa organiza los materiales en la línea de las cuatro ecologías –la ambiental, la político-social, la cultural-mental y la espiritual– las cuales conforman una ecología integral. Boff resalta los datos mencionados para explicar la actual crisis ecológica del sistema-vida y del sistema-Tierra, los modos que se están ensayando para superarla, con la conciencia de que se trata de algo sistémico y que, por eso, reclama un cambio radical en los fundamentos que sustentan nuestra forma de habitar la casa común.

Desarrollo non sancto sin duda acompaña los gritos que exigen una revolución climática antes de que el reloj de la medianoche anuncie la catástrofe climática.

Un segundo prólogo por Wolfgang Sachs se concentra en la imagen del papa Francisco sobre el sistema de la alta política internacional, con su visita a los Estados Unidos, su encuentro con Obama y su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para Sachs resulta claro que los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y Laudato si’ se superponen. En estas primeras páginas se deconstruye el proceso a través del cual el papa Francisco lleva la desmitificación del “desarrollo” un paso más allá, coincidiendo con debates actuales sobre la necesidad de pensar no solo el decrecimiento del capitalismo en algunas áreas, sino directamente en el poscrecimiento del sistema de producción en general. Luego Adrián Beling y Julien Vanhulst introducen el texto con una revisión de la literatura de desarrollo económico, ecología política y políticas de desarrollo sustentable desde la revolución industrial hasta la fecha. Además, presentan los andariveles teóricos –Antropoceno, modo de vida imperial y modernización ecológica, entre otros– sobre los que discurrirán los capítulos del libro, el cual se encuentra dividido en tres partes interconectadas que sostienen la narrativa como pilares a lo largo de las páginas.

El primer pilar consiste de un llamado a construir una “ecología integral” a través de una nueva narrativa eclesial en el contexto de crisis civilizatoria, con un capítulo dedicado a la convocatoria papal a un diálogo cosmopolita; luego otro sobre justicia social partiendo de la sostenibilidad y la interculturalidad, y finalmente un abordaje de la “ecología integral” como un nuevo relato religioso en el sobre el cual debatir a escala global un desarrollo socioecológicamente sustentable. Esta primera parte del libro ciertamente representa una vuelta de tuerca sobre una dimensión específica del debate climático, la religión, la cual había pasado casi desapercibida en recomendables best-sellers como los que publicó Naomi Klein para la audiencia no especializada en los últimos años: Esto lo cambia todo, Decir NO no basta y En llamas.

El segundo pilar aborda las sinergias con otros discursos de transición, y  el papel de la religión y las iglesias en la transformación socioecológica a partir de debates sobre decrecimiento y postextractivismo. Este diálogo con otras tradiciones de pensamiento religioso se profundiza en un segundo capítulo con la reflexión sobre alternativas al desarrollo a partir del diálogo con la visión andina de “suma qamaña” y el budismo. En el tercer apartado de este pilar, se plantea la pregunta de ¿qué entendemos por buen vivir?, y,  como remate sobre el debate entre discursos de transición se enlaza a la  Laudato si’ con el Acuerdo de París y se preguntan si efectivamente son caminos convergentes hacia una “Gran Transformación” socioecológica. Para sumar al contexto sociopolítico de esta segunda parte de Desarrollo Non Sancto y destacar su relevancia como publicación de primer nivel en español, vale la pena rescatar La política del cambio climático, escrito por Anthony Giddens cinco años antes del Acuerdo de París, y Facing An Unequal World, editado por Raquel Sosa Elizaga, el cual fue publicado el año pasado pero que aun no cuenta con una versión en castellano.

El tercer y último pilar aborda la religión como agente de transformación socioecológica, empezando por un artículo sobre el rol de las iglesias y religiones en “El cuidado de la casa común”. Un segundo elemento se dedica a explicar las intersecciones entre movimientos socioambientales latinoamericanos y la encíclica Laudato si’ a partir de un abordaje de los conflictos socioambientales en la región, sin dejar de lado las singularidades de cada organización. Por último, se reflexiona sobre la posibilidad de la religión como agente transformador en una sociedad mundial pluralista y (post)secular. Este tercer segmento del libro es particularmente importante si tenemos en cuenta los recientes debates en torno a la adopción por parte de los países de nuestra región del acuerdo regional de Escuazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Considerado como un acuerdo pionero y visionario por la CEPAL, es uno de los principales tratados ambientales en el mundo de los últimos veinte años, además de un instrumento legal sin precedentes en nuestra región. Además de ser el primer tratado ambiental de nuestra región, es el único que surgió de la cumbre Rio+20 y es el primero en el mundo en establecer provisiones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los activistas ambientales.

El texto aborda la religión como agente de transformación socioecológica, explora intersecciones entre movimientos socioambientales latinoamericanos y la encíclica ambiental Laudato si’, y releva el diálogo con otras tradiciones de pensamiento religioso, como la visión andina y el budismo.

A modo de cierre, el epílogo sumariza la la gran transformación desde un desarrollo non sancto a una ecología integral viendo a Laudato si’ como un documento antisistémico, cuya discusión pone en entredicho el “santo grial” del desarrollo. Si bien los autores coinciden con Morin en que nos encontramos en una época de “desierto del pensamiento”, esta obra coincide con recientes discusiones extra-académicas como la del documental InnSaei (2016) que aborda la relación entre espiritualidad e intuición como herramientas de movilización ecológica, de la misma manera que la serie Los Años de Vivir Peligrosamente (2017) divulgó los desafíos de conservación y catástrofe climática.

En los tiempos que corren, con la juventud de los cinco continentes saliendo a las calles demandando acción por parte de la clase política y una cumbre sobre cambio climático en Madrid que se avecina para los primeros días de diciembre, el mensaje de Desarrollo Non Sancto sin duda acompaña los gritos que exigen una revolución climática antes de que el reloj de la medianoche anuncie la catástrofe climática. Los recientes informes del IPCC sobre usos del suelo y la situación de los océanos, en lo que hasta ahora fue el año más caliente del que se tenga registro, con incendios forestales como nunca antes se habían visto, convierte en necesario entender los preceptos de una doctrina que pueda aliviar a una tierra arrasada y reencauzarla hacia un desarrollo sustentable: que cambie el sistema y no el clima, de eso se trata.