Acerca de Frankenstein
El 1 de enero pasado cumplía 200 años Frankenstein, la novela de Mary Shelley. La publicación de una edición especial del Massachusetts Institute of Technology resulta una buena oportunidad para ver qué tiene para decirnos esta fábula adolescente dos siglos más tarde.
Esquirlas de los Oscar
Los Oscar tienen tantos detractores como seguidores. Pero de cada entrega siempre quedan esquirlas. Una semana después, los ganadores y los perdedores siguen siendo los mismos. Benditos sean los ojos que miran…y las palabras que pueden seguir ponderando y criticando. (más…)
El desmonte en Salta «la fea»
En la provincia de Juan Manuel Urtubey las topadoras avanzan sin control, ignorando la Ley de Bosques, sobre todo si las tierras pertenecen a los amigos y socios del gobernador.
“Salta la linda”: así la llaman en una canción y de verdad le hacen justicia. Pero parece que a muchos de sus funcionarios esto dejó de importarles: autorizaron el desmonte de cerca de 9.000 hectáreas en una finca en el norte de Salta, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal.
La propiedad pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri. Otro de los dueños de la Finca Cuchuy SA es Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación.
La organización ecologista Greenpeace ya había denunciado el caso en el año 2014 y logrado frenar el desmonte, al menos hasta que sus activistas fueron detenidos. En el mes de enero pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos, lo que motivó una nueva denuncia. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años.
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente” advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
[blockquote author=»» pull=»normal»]La destrucción de esos bosques es irreparable y afectará seriamente la subsistencia de cuatro comunidades indígenas.[/blockquote]
La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, donde se prohíben desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la Categoría III – verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, de las cuales lleva desmontadas más de 5.000.
Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Urtubey salió a responder las acusaciones y aseguró que “la autoridad competente avaló el cambio de uso del suelo” y comunicó que esos trabajos que se ejecutan desde 2014 “se ajustaron a la normativa ambiental vigente al momento de su autorización”.
Aseguraron además que la Ley de Bosques Nativos establece que las provincias son las que dictan sus ordenamientos territoriales y que en este caso la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción local, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La autorización del cambio de uso de suelo en esa finca fue dispuesta mediante el decreto 2211/10, que aprobó el procedimiento de análisis de proyectos a nivel predial.
Ante esta polémica el gobierno nacional tomó intervención mediante el Ministerio de Ambiente de la Nación que emitió una nueva resolución, la 56/2018, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, donde respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados en las más de 40.000 hectáreas desforestadas hasta el momento bajo estas autorizaciones; y prohibió la emisión de certificados de exportación de palo santo provenientes de estas áreas.
A partir de haber tomado conocimiento de esta medida, la provincia anunció finalmente que suspenderá las autorizaciones otorgadas y comunicará al propietario de la finca Cuchuy la suspensión de los desmontes en ejecución.
Aunque esto parece no importar mucho en Salta, ya que los últimos días de febrero la organización ecologista Greenpeace advirtió que mediante sobrevuelos realizados durante ese mes, detectó el desmonte de 300 hectáreas en la estancia. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
La destrucción de esos bosques es irreparable y afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por diferentes miembros de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, que tiene por objeto determinar qué zonas de Bosque nativo son aptas para el desmonte –para ser utilizadas en la agricultura, ganadería o tala– y qué zonas deben ser protegidas por su invaluable valor en la conservación de la biodiversidad. Los mapas marcan con rojo aquellas zonas donde está prohibido cualquier modificación; con amarillo las áreas que tampoco pueden desmontarse, pero puede utilizarse en aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y con verde aquellas que pueden ser utilizadas para la producción, previo permiso gubernamental con audiencia pública.
[blockquote author=»» pull=»normal»]“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes”, dice Hernán Giardini, de Greenpeace.[/blockquote]
Las rezonificaciones que avala el gobernador Urtubey cambian zonas rojas o amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los intereses de las comunidades originarias. Todo esto en beneficio de unos pocos terratenientes, como el primo del jefe de Gabinete, el secretario de Legal y Técnica de la Nación, y el propio presidente.
Finalmente, Greenpeace denunció que el proyecto de ley para penar este tipo de delitos forestales realizados por los terratenientes, avalados por autoridades políticas, se encuentra demorado por la diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
En base a Greenpeace / El Tribuno / Tiempo Argentino / El Federal
“Retrotopía”: Bauman, Spinetta y el negro espejo roto
En su libro póstumo, Zygmunt Bauman sostiene que los seres humanos perdimos la fe en las utopías porque los futuros imaginables son peores que el presente. Por eso miramos hacia el pasado. Pero insiste: no es cierto que el pasado fuera mejor . Y ofrece algunas claves para evitar esa tentación.
Verano bajo fuego
Los incendios forestales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Córdoba y Mendoza consumieron más de 700 mil hectáreas, incluyendo cerca de 18.500 hectáreas del Parque Nacional Lihué Calel.
Desde que comenzó la temporada estival el fuego no da respiro en el centro del país, miles de hectáreas quemadas, cientos de animales devorados por las llamas y, como todos los años, la falta de recursos para combatirlo.
El año pasado ya se habían quemado cerca de 1,3 millones de hectáreas, en los apocalípticos incendios ocurridos en la misma zona, que quedaron plasmados en una impactante foto tomada desde el espacio por la NASA.
La evaluación efectuada por las autoridades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego indicaron que la combinación entre «tormentas secas», caracterizadas por la cantidad de rayos, y las pocas precipitaciones pluviales, propagaron las llamas en la región en un marco de grandes pastizales secos, altas temperaturas, bajo porcentaje de humedad y vientos superiores a los 80 km por hora. Sumado al accionar negligente o intencional del ser humano, éstas son las causas principales que provocan uno de los problemas ambientales más graves y característicos de estas épocas del año.
A todo esto tenemos que agregarle además que en medio de las llamas se conoció la noticia de que el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich recortará en más de 400 millones los fondos destinados a acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana a desastres, que desde hace unos meses incluyen el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
En 2017 el programa del Ministerio de Seguridad llamado “Acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana a desastres” contó con $ 1467 millones (de los cuales ejecutó 990 millones). En 2018, la inversión descendió a 1094 millones. Una quita superior al 25%, por la que se prevé una menor elaboración de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta.
[blockquote author=»» pull=»normal»]En 2018, la inversión para el programa “Acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana a desastres” descendió a 1094 millones. Una quita superior al 25%, por la que se prevé una menor elaboración de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta.[/blockquote]
El programa incluye metas como el desarrollo y funcionamiento de las Federaciones y Cuerpos de Bomberos Voluntarios de todo el país, y la concientización y capacitación orientada a la sociedad civil.
Pero como la naturaleza no entiende de números, los incendios provocaron una vez más un desastre en toda la región y dejaron al descubierto la falta de previsión por parte de las autoridades.
Según Fabián Tittarelli, subsecretario de Ecología pampeano, los campos afectados por los incendios tardarán entre cuatro y cinco años en recuperarse. «El impacto es muy grande, porque más allá de las pérdidas económicas, que son gravísimas tanto para los productores como para la provincia en general, hay que considerar el impacto sobre la biodiversidad en general, sobre el bosque», sostuvo el funcionario en medios locales.
También en La Pampa a principios de enero el fuego alcanzo al Parque Nacional Lihué Calel, donde Personal del área protegida y de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), con la colaboración de agentes de los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Laguna Blanca, Defensa Civil de La Pampa y Bomberos Voluntarios de General Acha, tras más de dos semanas de intenso combate pudieron extinguir el fuego. Pero donde lamentablemente se quemaron 18.500 hectáreas, más de la mitad del parque.
El Parque Nacional Lihué Calel está ubicado en el centro sur de La Pampa, sobre la ruta nacional 152, a 120 kilómetros de General Acha y a 220 de Santa Rosa, y tiene un total de 32.514 hectáreas.
Otro lugar emblemático alcanzado por las llamas fue Sierra de la Ventana, un importante centro turístico ubicado en el partido bonaerense de Tornquist.
El incendio en las sierras quemó miles de hectáreas en la zona mientras decenas de dotaciones de bomberos intentaban combatir las llamas y las altas temperaturas que, combinadas con el viento, complicaron sensiblemente sus tareas.
Todo esto dejo al descubierto, una vez más, la falta de previsibilidad y controles en las zonas donde estos hechos son recurrentes. Sumado al incomprensible accionar de algunas personas que inician focos de fuego de manera intencional.
[blockquote author=»» pull=»normal»]Es imperioso contar con la voluntad y decisión política de las autoridades gubernamentales para instrumentar eficazmente los planes de manejo del fuego que permitan prevenir los incendios y combatirlos de manera eficiente.[/blockquote]
Necesitamos cambios urgentes, principalmente en las conductas humanas, para evitar que se produzcan este tipo de daños a causa del accionar negligente o intencional, a través de la educación y las campañas públicas de concientización ciudadana. Es imperioso contar con la voluntad y decisión política de las autoridades gubernamentales locales, provinciales y nacionales para instrumentar eficazmente los planes de manejo del fuego que permitan prevenir los incendios y, en caso de que estos se produzcan, combatirlos de manera eficiente.
Para Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, “el gobierno debe ampliar significativamente los fondos destinados a la prevención y lucha contra el fuego; y el Congreso debe avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, que propone castigar con prisión de 2 a 10 años y multar a quien intencionalmente ocasione un desmonte, incendio, cambio de suelo o la destrucción de un bosque nativo, violando la reglamentación”.
En base a Télam / Tiempo Argentino / La Nación / La Arena / Diario Textual