Como alguna vez sentenció el filósofo peruano Manuel González Prada, nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira. La coalición de gobierno Cambiemos hizo de la “República” uno de sus principales afanes proselitistas como pilar fundacional de la alianza. Fue al parecer, la marca distintiva que sustentó a Mauricio Macri -con un partido que no hace honor a su nombre en su gestión de la Ciudad de Buenos Aires- en un proyecto afianzado por las políticas y trayectoria de los socios fundadores (y liquidadores) del inconcluso Frente Amplio UNEN. Sin embargo, de la promesa institucional de la plataforma electoral de 2015, incluyendo lo expuesto en el primigenio debate presidencial por el actual mandatario, lo versado ha sido justamente contrariado en pleno por la práctica gubernamental. Quizás fue una de las pocas oportunidades en donde Daniel Scioli se expidió acertadamente como vocero de una política de gobierno, sin necesidad de recurrir a la mendacidad.

No es en vano ni redundante afirmar que el macrismo está lejos de aquella demanda social por el fortalecimiento de las instituciones de la Nación hacia un marco de transparencia y justicia en el real combate a los hechos -pasados, presentes y eventuales- de corrupción. Un gobierno que deliberadamente ha querido ocultar a los funcionarios y amigos del poder político que se han beneficiado de la compra de dólares a futuro, los individuos involucrados a las sociedades off-shore de Panamá Papers, las operaciones judiciales y políticas del presidente de Boca Juniors, y el incompatible papel que ocupan los negocios privados en la esfera de lo público de Ángelo Calcaterra, Nicolás Caputo y Franco Macri; sobre todo ante una Oficina Anticorrupción (OA) que en vez de investigar, justifica.

En este marco, los últimos actos de gobierno no hacen más que ratificar ese rumbo. Decidió recrudecer la violencia represiva de las fuerzas de seguridad (¿democráticas?) para repeler la legítima protesta social de los pueblos originarios y movimientos de la economía popular  -obrándose víctimas como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel-, valló el acceso a Puerto Madero (en aras de la seguridad internacional) y restringió los derechos constitucionales al libre acceso al territorio nacional a ciudadanos extranjeros y argentinos -sin sentencias judiciales o pedidos de detención internacional- que venían a expresarse en el marco de la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Libertades, motivantes del fin republicano, que se ven amedrentadas en gran parte gracias a la aún vigente Ley Antiterrorista, paquete de la ‘pesada (pero conveniente) herencia´. Lejos también quedaron aquellas garantías judiciales, donde la prisión preventiva no podía ejercerse como anticipación punitiva.

En tiempos donde la sociedad básicamente pende de un hilo, siendo rehén del ajuste y el regreso de las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el lobby internacional, la República no tiene defensores. A pesar de que una diputada se auto-consagre como la fiscal de la República (incluso sin desvalorizar sus denuncias a la matriz del saqueo K), poco ha hecho ante la quita de pensiones a las personas con discapacidad por la fallida aplicación del inconstitucional Decreto 432/97, los progresivos tarifazos del Ing. Juan José Aranguren del Ministerio de Shell y Barrick Gold de la Nación, y la latente reforma previsional, laboral y tributaria que gracias a la connivencia política y sindical sigue su trámite parlamentario en el Congreso de la Nación. Lejos estamos de esa promesa de campaña de un 82% móvil y más cerca estamos de aquel recorte del 2001. El recorte de más $118.668 millones de peso parece estar en consonancia con la recomendación del FMI ante el “desfasaje previsional”. La “Pobreza Cero” y el pleno empleo resultan hoy otras quimeras más de una panacea que solo garantiza ser paradisíaca para los sectores corporativos y corruptos de la Argentina.

Desde el año 2008 brilla por su ausencia la designación de un Defensor del Pueblo de la Nación, institución dotada del deber -literal- de defender y proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Y para que no exista duda razonable, desde el año 2006, sigue pendiente el efectivo cumplimiento de la Ley 26.061 en lo que concierne a la designación e institucionalización de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, ante un marco donde el Gobierno planea la baja de imputabilidad (o edad de punibilidad) y resuena el resurgimiento del suspendido -pero nunca derogado- Servicio Militar Obligatorio (Ley 17.531) , como alternativa para que los jóvenes encuentren su cauce de orden y progreso castrense, en un país cuyo Parlamento no está dispuesto a sancionar una Ley Nacional de Juventudes, entre otras cuestiones de valoración jurídica y social. Estamos a días de iniciar el 2018, próximos a cumplir diez años de ‘acefalía’ de un Defensor del Pueblo y trece años de una Defensoría de la Niñez inexistente; sucesos carentes de mérito de regocijo.

Pero en palabras del escritor y político peruano; “Las autoridades políticas, lejos de apoyar a débiles y pobres, ayudan casi siempre a ricos y fuertes”. ¿Cambiamos?