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Una República sin defensores

Como alguna vez sentenció el filósofo peruano Manuel González Prada, nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira. La coalición de gobierno Cambiemos hizo de la “República” uno de sus principales afanes proselitistas como pilar fundacional de la alianza. Fue al parecer, la marca distintiva que sustentó a Mauricio Macri -con un partido que no hace honor a su nombre en su gestión de la Ciudad de Buenos Aires- en un proyecto afianzado por las políticas y trayectoria de los socios fundadores (y liquidadores) del inconcluso Frente Amplio UNEN. Sin embargo, de la promesa institucional de la plataforma electoral de 2015, incluyendo lo expuesto en el primigenio debate presidencial por el actual mandatario, lo versado ha sido justamente contrariado en pleno por la práctica gubernamental. Quizás fue una de las pocas oportunidades en donde Daniel Scioli se expidió acertadamente como vocero de una política de gobierno, sin necesidad de recurrir a la mendacidad.

No es en vano ni redundante afirmar que el macrismo está lejos de aquella demanda social por el fortalecimiento de las instituciones de la Nación hacia un marco de transparencia y justicia en el real combate a los hechos -pasados, presentes y eventuales- de corrupción. Un gobierno que deliberadamente ha querido ocultar a los funcionarios y amigos del poder político que se han beneficiado de la compra de dólares a futuro, los individuos involucrados a las sociedades off-shore de Panamá Papers, las operaciones judiciales y políticas del presidente de Boca Juniors, y el incompatible papel que ocupan los negocios privados en la esfera de lo público de Ángelo Calcaterra, Nicolás Caputo y Franco Macri; sobre todo ante una Oficina Anticorrupción (OA) que en vez de investigar, justifica.

En este marco, los últimos actos de gobierno no hacen más que ratificar ese rumbo. Decidió recrudecer la violencia represiva de las fuerzas de seguridad (¿democráticas?) para repeler la legítima protesta social de los pueblos originarios y movimientos de la economía popular  -obrándose víctimas como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel-, valló el acceso a Puerto Madero (en aras de la seguridad internacional) y restringió los derechos constitucionales al libre acceso al territorio nacional a ciudadanos extranjeros y argentinos -sin sentencias judiciales o pedidos de detención internacional- que venían a expresarse en el marco de la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Libertades, motivantes del fin republicano, que se ven amedrentadas en gran parte gracias a la aún vigente Ley Antiterrorista, paquete de la ‘pesada (pero conveniente) herencia´. Lejos también quedaron aquellas garantías judiciales, donde la prisión preventiva no podía ejercerse como anticipación punitiva.

En tiempos donde la sociedad básicamente pende de un hilo, siendo rehén del ajuste y el regreso de las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el lobby internacional, la República no tiene defensores. A pesar de que una diputada se auto-consagre como la fiscal de la República (incluso sin desvalorizar sus denuncias a la matriz del saqueo K), poco ha hecho ante la quita de pensiones a las personas con discapacidad por la fallida aplicación del inconstitucional Decreto 432/97, los progresivos tarifazos del Ing. Juan José Aranguren del Ministerio de Shell y Barrick Gold de la Nación, y la latente reforma previsional, laboral y tributaria que gracias a la connivencia política y sindical sigue su trámite parlamentario en el Congreso de la Nación. Lejos estamos de esa promesa de campaña de un 82% móvil y más cerca estamos de aquel recorte del 2001. El recorte de más $118.668 millones de peso parece estar en consonancia con la recomendación del FMI ante el “desfasaje previsional”. La “Pobreza Cero” y el pleno empleo resultan hoy otras quimeras más de una panacea que solo garantiza ser paradisíaca para los sectores corporativos y corruptos de la Argentina.

Desde el año 2008 brilla por su ausencia la designación de un Defensor del Pueblo de la Nación, institución dotada del deber -literal- de defender y proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Y para que no exista duda razonable, desde el año 2006, sigue pendiente el efectivo cumplimiento de la Ley 26.061 en lo que concierne a la designación e institucionalización de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, ante un marco donde el Gobierno planea la baja de imputabilidad (o edad de punibilidad) y resuena el resurgimiento del suspendido -pero nunca derogado- Servicio Militar Obligatorio (Ley 17.531) , como alternativa para que los jóvenes encuentren su cauce de orden y progreso castrense, en un país cuyo Parlamento no está dispuesto a sancionar una Ley Nacional de Juventudes, entre otras cuestiones de valoración jurídica y social. Estamos a días de iniciar el 2018, próximos a cumplir diez años de ‘acefalía’ de un Defensor del Pueblo y trece años de una Defensoría de la Niñez inexistente; sucesos carentes de mérito de regocijo.

Pero en palabras del escritor y político peruano; “Las autoridades políticas, lejos de apoyar a débiles y pobres, ayudan casi siempre a ricos y fuertes”. ¿Cambiamos?

Pepsico: días de lucha obrera

Pepsico: días de lucha obrera

Los trabajadores de Pepsico están decididos a no bajar los brazos. Tras los despidos, piden la reincorporación en sus puestos de trabajo y denuncian una maniobra de traslado de la empresa que consiste, únicamente, en buscar mano de obra barata. Historias de vida, luchas y reclamos que merecen ser contadas.

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Cinco puntos para repensar el tema de los “alquileres»

Cinco puntos para repensar el tema de los “alquileres»

El proyecto de ley que pretende regular el comercio de los alquileres, ya cuenta con unánime aprobación del Senado, y fue presentado en Diputados. Además de ser una discusión política, es un tema ciudadano y de conocimiento. Aquí Mario Daniel Villagra señala cinco puntos que deberían ser centrales en el debate.
  1. La manera en que presentan la noticia, los grandes medios de comunicación, no es más apropiada para entender el caso: “propietario vs inquilinos”, o viceversa. Así plateado, parece más una operación mediática de las cámaras inmobiliarias, quienes son los que encarecen el precio de un alquiler. El contrato de alquiler se podría efectuar entre propietario e inquilinos. Es más, muchas veces existe una buena relación entre ambas partes; y, en otros casos, ambos ven un problema en las inmobiliarias, sea por mal desempeño, sea por sus irregularidades.
  2. Enfrentar a propietarios e inquilinos es falso, pues no estamos hablando de un cambio revolucionario, ni siquiera de medidas de izquierda, simplemente son reformas. En ese sentido, lo que se piden son políticas que ayLa manera en presentan la noticia, los grandes medios de comunicación, no es la uden a apalear la desigualdad: es decir, este problema, en principio, es de conocimiento y necesita de la política (el alquiler, según David Harvey, es un mecanismo de segundo orden en el traspaso de un sector a otro, de los asalariados a los propietarios). Dependiendo la provincia, el alquiler equivale a entre 45 y 60 % de los salarios. Entonces, el consenso, antes que nada, tiene que ser de conocimiento, lueg110216-alquileres-02o de la política.
  3. En ese sentido, si de políticas se tratan, el problema debe ser planteado a largo plazo. Entonces, si salimos de pensar que es un enfrentamiento entre “inquilinos vs propietarios”, identificaremos claramente que a lo que se apunta es a la especulación y el lucro —especulación de las cámaras inmobiliarias y lucro de aquellos que tienen, no una o dos viviendas, sino cien—. Entonces, pensar una política pública implicaría cómo hacer que paulatinamente para que los inquilinos, si así lo desean, pasen a tener su casa propia.
  4. Para eso, hay que pensar un plan con lo que ya hay: casas deshabitadas, propietarios que lucran con el Derecho a la Vivienda, falta de políticas en relación a los alquileres, donde, evidentemente, aún manda el mercado. Aquí no se trata de adjuntar argumentos tales como “caerá la ganancia de los propietarios”; “se perjudican inquilino y propietarios”, pues eso es quedar un paso atrás del piso que se ha logrado hasta el momento.
  5. Por ahora hemos hablado de inquilinos, propietarios, políticas públicas y conocimiento. Quienes no quieren que se los nombre en todo este asunto son los Bancos y los Banqueros. Entonces, inquilinos y propietarios, que es falso que están enfrentados con este conflicto, deberían exigir, más que a las cámaras inmobiliarias que hacen sus negocios —que también hay que exigirles responsabilidad social—, a la clases política que interpele a los bancos para que establezcan créditos blandos para que un asalariado pueda paulatinamente ir haciendo su casa propia y no morir en el intento.

Más allá de estos puntos, lo que se consiguió hasta el momento es fruto de la toma de conciencia —conocimiento—. Ahora sabemos de la existencia de un sujeto político —inquilino— que cuenta con más de 7 millones de habitantes en Argentina, y más aún si tenemos en cuenta las personas que viven en un hogar. Ese sujeto nació, toma cuerpo y ahora quiere políticas públicas para solucionar los problemas que lo vienen afectando desde hace mucho tiempo. En el fondo, el capitalismo nunca pudo —ni quisiera— solucionar el problema de la vivienda de las clases trabajadoras. Pero de eso se trata: superar los males que heredamos del capitalismo; construir una nueva sociedad. Y para eso, inquilinos, propietarios y políticos, tienen que llegar a un consenso del conocimiento y poner el brazo de la política a disposición para lograr los cambios.

 

El padre que sigue buscando

El padre que sigue buscando

“Yo lo sueño a Daniel siempre, tengo que encontrar su cuerpo y llevarlo a enterrar a su tierra, solo eso pido” dice con la mirada atravesada por la tristeza y la resignación de los humildes, Gualberto Solano quien busca a su hijo Daniel desde hace seis años sin respiro.

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Daniel Solano es un desaparecido en democracia. Un joven trabajador “golondrina” de 27 años de la Misión guaraní Cherenta en Tartagal, provincia de Salta, que viajó a Río Negro en busca de trabajo o de las oportunidades que, como a miles de chicos jóvenes, no le supo dar su provincia natal.

Daniel Solano nació el dos de noviembre de 1984, el mismo mes en el que desaparecería 27 años después. Único hijo varón de una familia humilde compuesta por su padre Gualberto y sus cinco hermanas, su madre falleció cuando él tenía solo catorce años. Gualberto llevó adelante la familia en silencio y trabajando, intentó darles lo mejor.

Daniel era un chico pintón, de buen porte, atlético, amistoso y familiero. Su sueño era jugar de arquero, y lo hizo en Club Social y Deportivo Guaraní. También jugó en el mismo puesto en el equipo de fútbol de la última empresa en la que trabajó y la cual aparece vinculada con su desaparición: Agrocosecha. Era un chico común y a la vez poseía rasgos que lo hacían único: fue uno de los pocos de su comunidad que terminó la secundaria, era serio y trabajador.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Esa foto, con un gesto de calma y con el pulgar arriba, es la que acompaña todas las marchas en Tartagal y en Río Negro: se convirtió en el símbolo de un nuevo desaparecido en democracia.[/blockquote]

Estas características que su padre conocía tan bien, le hicieron descreer de los primeros datos que la empresa difundió después de la desaparición de su hijo. En los mismos, la empresa informó que Daniel se había ido del lugar sin dinero, sin sus documentos y había partido a Neuquen, sin avisar a nadie y con rumbo desconocido. Gualberto Solano también desconfió cuando la Jueza Marisa Bosco, que entendía en la causa, le informó que probablemente Daniel se encontrara en Bolivia. El padre consideró que esa información era falsa.

Era el tercer viaje que realizaba al sur en busca de trabajo, como lo hacen  muchos de los mal denominados “trabajadores golondrinas”, un término poético que en realidad esconde las condiciones precarias de este tipo de empleo. Daniel viajó los 2.300 kilómetros (dos días de viaje casi enteros) hacia la cosecha de manzanas en la localidad de Lamarque, a 17 kilómetros de Choele Choel. Solano convivía hacinado junto a otros 150 trabajadores que dedicaban casi todas las horas de sus días al trabajo. Los “golondrinas” fueron contratados por Agrocosecha SRL, empresa tercerizada a cuenta de Expofrut Argentina, sello criollo de la multinacional de origen belga Univeg.

El viernes 4 de noviembre, Daniel había cobrado su primer mes en la cosecha. El acuerdo inicial por el que el decidió viajar era de 2.000 pesos mensuales (90 por día, que contemplaba de 10 a 12 horas seguidas de trabajo), pero sólo le pagaron la suma de 800 pesos. Posteriormente se supo que, en ese momento, los más de 60 trabajadores, en su mayoría salteños, planteaban la posibilidad de realizar un reclamo a la empresa. Con parte de ese dinero, Daniel compró un celular con el que intercambió mensajes de texto con su novia María Luisa y llamó a su papá al que le contó, en pocas palabras, la idea del reclamo ante el acuerdo laboral pisoteado por la empresa.

2c700772dEse viernes, junto con otros trabajadores, fue al boliche de Choele Choel, Macuba. Nadie se imaginaba que esa noche iba a ser la última vez que iban a ver a Daniel Solano. Tampoco Solano sabía que los que festejaban con él y le servían cervezas eran algunos de sus “entregadores”. Incluso existen registros fotográficos de esa noche. Allí se lo puede ver a Solano sonriente, realizando gestos, vestido con una chomba celeste a rayas blancas y azules, jean y un pulover gris en los hombros. Esa foto, con un gesto de calma y con el pulgar arriba, es la foto que acompaña todas las marchas en Tartagal y en Río Negro y se convirtió en el símbolo de un nuevo desaparecido en democracia.

Esa noche, a las 2.40 de la madrugada, Daniel fue sacado a los empujones por los policías de seguridad que trabajaban como “adicionales”. Una vez en la calle, lo golpearon y no se supo nada más de él.

EL HOMBRE QUE VINO DE LEJOS

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De traje, con corbata roja, con anteojos de sol y acento salteño, llegaba un mes después de la desaparición, el abogado Sergio Heredia a las tierras de Walsh para ayudar a la familia Solano. Frente a los medios, este abogado desconocido cuestionaba los poderes del lugar. Heredia había ganado notoriedad a nivel nacional años atrás cuando denunció los negociados de la organización “Sueños Compartidos” de las Madres de Plaza de Mayo que dirige Hebe de Bonafini y que, por ese entonces, contaba con los servicios de Sergio Schocklender. También sabe todo Tartagal que la relación entre Sergio Heredia y Sergio «el Oso” Leavy, no es la mejor. El actual intendente tilda de “mediático y con antecedentes de violencia familiar” a Heredia. Sin embargo, la ex esposa del abogado lo desmiente.

Antes de partir, en diciembre del 2011, Heredia recabó testimonios de amigos y conocidos de Solano en Tartagal y en camioneta fue rumbo al lugar que se convirtió, tras varios viajes a Capital y a Salta, en su segundo hogar. Una de las características de la metodología utilizada por Sergio Heredia es el uso de las redes sociales. En su cuenta de Facebook postea fotos de Gualberto y sube todos los testimonios que va cosechando. Lo mismo hace con su cuenta de YouTube.

Estos videos denostados por algunos fueron parte del proceso de investigación que realizó Heredia. Mediante ellos detectó que la Jueza Bosco, que en mayo del año 2013 renunció y se jubiló para evitar el juicio político, afirmaba que en el expediente Daniel Solano fue visto por un testigo el seis de noviembre del 2011. En los videos (más de 100 y cada uno de ellos es reproducido hasta 120 veces por los usuarios) el mismo testigo desmiente el documento judicial y afirma que en realidad lo vio el cinco de noviembre. La diferencia es notable: la fecha puede establecer que Solano es un trabajador golondrina desaparecido o un hombre que fue visto con vida después de haber sido sacado de un boliche. Con ese dato, esta segunda quedó descartada.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Desde la misma empresa “los patrones” le ofrecieron convertirse en puntero para calmar las inquietudes de los trabajadores molestos por las promesas incumplidas. A Solano la propuesta “no le gustó” y sufrió como represalia lo que finalmente ocurrió[/blockquote]

A partir de este hecho, y realizando un trabajo de hormiga, Heredia convenció a diferentes trabajadores, que previamente no habían emitido declaraciones, de que hablaran. Esos documentos audiovisuales no sólo sirvieron para entender la causa de la desaparición de Solano, sino que también le permitió a Heredia advertir a los trabajadores de la necesidad de tener un respaldo y no quedar comprometidos en una situación que ya se vislumbraba como un crimen. Con ese tipo de herramientas también grabó cómo es la vida en Choele Choel, donde los Solano se encuentran realizando un acampe al frente de la Fiscalía del lugar. Si bien esta forma de recabar testimonios es bastante original, es criticada duramente por algunos juristas que consideran que cualquier pesquisa significa circunscribir el valor de las pruebas a un expediente.

Desde la llegada de Heredia, el caso viró en otro sentido. La hipótesis policial/judicial de que Solano se emborrachó, salió del boliche y se perdió para nunca más aparecer, perdió credibilidad. Fue entonces cuando empezó a cobrar fuerza la hipótesis del abogado Heredia, la cual sostenía que se estaba ante un crimen mucho más complejo y organizado. La reconstrucción de la historia que realizaron los abogados estableció lo siguiente: la empresa belga tenía un buen concepto de Daniel Solano, era respetado por otros trabajadores y considerado un “líder positivo”. Según esta versión, desde la misma empresa “los patrones” le ofrecieron convertirse en puntero para calmar las inquietudes de los trabajadores molestos por las promesas incumplidas. A Solano la propuesta “no le gustó” y sufrió como represalia lo que finalmente ocurrió.

6231103Sin beneficio, y como a todos, a Solano le pagaron la mitad de lo acordado. Uno de los mecanismos más sutiles se encuentra en la cláusula número 18 del contrato de trabajo de Agrocosecha. En él se establecía que si un trabajador poseía cualquier problema con la policía o la justicia, era pasible de ser despedidos sin pago, indemnización, ni pasaje de vuelta.

El negociado no sólo tiene que ver con la explotación laboral, sino que posteriormente se abrió otra causa judicial por estafa según lo que dijo el abogado de Solano “Se supone que Agrocosecha cobra el 4% de lo que le corresponde a cada trabajador, pero en la práctica se quedaban con casi dos tercios de ese ingreso que paga Expofrut Univeg. Pero la multinacional no es ajena al negocio, es parte del problema y todo eso lo tenemos acreditado” sostiene Heredia.

Mientras tanto, el pedido de Gualberto continúa, solo busca el cuerpo de su hijo en una tierra lejana y fría. Sin descanso.