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Los vaivenes de la relación CGT-Gobierno

Los vaivenes de la relación CGT-Gobierno

La situación entre la central obrera y el gobierno se ha ido desgastando a lo largo del año
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Nunca fue una relación fácil ni armoniosa, pero tras unos primeros acuerdos y señales de mutuo respeto, las negociaciones entre la CGT y los funcionarios del gobierno nacional parecía estar bien encaminada: promesas por Ganancias, acuerdos por las obras sociales, pactos tripartitos para evitar despidos, negociaciones conjuntas en el Congreso para la reforma de diversas leyes. Como ya hemos señalado en anteriores artículos, el vínculo, no obstante, no estuvo exento de roces: la reforma de Ganancias no fue la esperada, el presidente Macri vetó la ley anti-despidos (auspiciada por el sindicalismo) y los pactos anti-despidos -que debían ser una suerte de reemplazo de esa ley vetada- fueron repetidamente violados por el empresariado.

La situación actual, mucho más conflictiva que al principio, empieza a exhibir tres frentes de disputa bien definidos: el de la negociación de leyes en el Congreso; el de la situación de los trabajadores argentinos, enfrentados a despidos y flexibilizaciones; y el de las protestas por venir, sean paros o movilizaciones.

 

Leyes

Primero fue Ganancias. Luego la ley antidespidos. Ahora, el foco de la discusión es un decreto de Macri para la modificación del régimen de ART, que levantó polvareda en la oposición y, sobre todo, en el sindicalismo. El motivo del enojo es claro: existía en el Congreso un proyecto de consenso al que la CGT quería introducir modificaciones, cuando Macri decidió zanjar el asunto con un DNU. Ahora, tras el desconcierto de los dirigentes gremiales, y denuncias de inconstitucionalidad de la oposición, Macri parece estar dando marcha atrás, con un nuevo decreto.

La razón principal de confusión entre opositores  y dirigentes gremiales consiste en que el 21 de diciembre de 2016 el Senado ya había dado media sanción a un proyecto de ley de ART que había contado con un amplio acuerdo y que surgió del consenso entre el Gobierno, la CGT, diversos sectores sindicales y sectores políticos. Otro de los reclamos de la oposición consistió en señalar que no era necesario un DNU de este tenor en pleno período de verano, cuando el Congreso no funciona y cuando se podría haber llamado, en cambio, a sesiones extraordinarias. Por otra parte existía ya una reunión de comisión planteada por una parte de la oposición que tenía la esperanza de imponer número y rechazar el DNU: entre otras razones, por considerarlo inconstitucional.

[blockquote author=»» pull=»normal»]La situación actual, mucho más conflictiva que al principio, empieza a exhibir tres frentes de disputa bien definidos[/blockquote]

Así las cosas, y tras una reunión entre el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó (PRO-Cambiemos) el titular del FPV-PJ del Senado, Miguel Pichetto y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se llegó a un acuerdo salomónico: pedirle al Poder Ejecutivo que llame a Extraordinarias para, por un lado, evitar el rechazo en la comisión y, por el otro, devolver el asunto al Congreso.

 

Situación laboral

Desde diversos gremios, chicos y grandes, de la región metropolitana, y de todas las provincias se cuentan por cientos los despidos y los ajustes.

Armando Moyano, secretario general del gremio de Ceramistas de Puerto Madryn, contó a la radio local  FM Tiempo que el grupo San Lorenzo confirmó que concentrará la producción en Azul y dejará a 140 personas sin trabajo en su ciudad. Según el gremialista: “La esperanza está, hay que agotar todas las instancias para revertir la situación, pero el cierre sería definitivo”. Tras reunirse en asambleas, los trabajadores resolvieron comenzar un acampe para preservar sus fuentes de trabajo. Mientras tanto, la firma ofrece el pago de indemnizaciones.

El Grupo San Lorenzo ya había aducido caída en las ventas y cerrado su planta de Villa Mercedes, en San Luis, y había dejado 150 obreros en la calle.

En Río Grande, el secretario general de la UOM-Río Grande y diputado nacional por Tierra del Fuego, Oscar Martínez, denunció que entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, la industria fueguina perdió alrededor de 6 mil puestos laborales.

Según el sindicato, las principales fábricas electrónicas instaladas en Río Grande como BGH y Famar analizan reducciones horarias mayores a las ya implementadas. La empresa Brightstar “atraviesa las dificultades propias de las firmas que fabrican mono productos, en este caso celulares”, y en Radio Victoria “hay una dificultad con los contratados que no son vueltos a llamar”, detallaron desde la UOM. Por último, el gremio señaló que acompañará la movilización de los trabajadores de Bangho, que será el 14 de febrero, en el Ministerio de Trabajo.

Pero los despidos también incluyen a conocidas empresas de transporte: en el Rápido Argentino se viven momentos de incertidumbre. Desde hace 48 horas las actividades están paralizadas y no se sabe cuánto se reiniciarán los traslados, en un confuso episodio donde algunos acusan un lockout patronal y otros señalan que se trata de un paro de actividades. Según Roberto Fernández, titular de la UTA, desde el sindicato se denunció numerosas veces a la firma, tanto por el estado de los colectivos como el de los talleres. Fernández denunció que “el Rápido Argentino está en venta y quién está interesado en comprarla es la firma ’20 de junio’, que es la que les alquila los micros, pero les interesan los ramales nacionales y no los de la provincia de Buenos Aires”.

La oferta de compra de la empresa ’20 de junio’ implicaría el despido de personal, desde administrativos hasta boleteros, lo que explica el estado de alerta a los trabajadores.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Existe tensión social por la falta de respuestas y los embates que sufren los trabajadores, entre despidos, inflación y negociaciones a la baja en paritarias.[/blockquote]

Protestas

¿Qué va a pasar con la movilización del 7 de marzo? Desde la CGT son tiempistas. El líder de la UTA, Roberto Fernández, dijo que la movilización del 7 de marzo “debe ser interpretada como una señal de alerta de los trabajadores” e instó a “reabrir el diálogo”. Entrevistado por Télam, el sindicalista insistió con que “los gremios industriales están viviendo una mala situación producto de la suspensión y despido de miles de trabajadores”, y, de esa forma, justificó la decisión de la CGT de “realizar la movilización del 7 de marzo porque es un reclamo generalizado” debido a que existe tensión social por la falta de respuestas y los embates que sufren los trabajadores, entre despidos, inflación y negociaciones a la baja en paritarias.

Con reclamos desde ATE, las dos CTA (ahora en aparente reunificación entre Yasky y Micheli), los docentes bonaerenses y las constantes declaraciones críticas de parte de dirigentes como Pablo Moyano o Sergio Palazzo -dos de los más duros públicamente- todo parece indicar que la movilización será una muestra de fuerza del gremialismo, en un intento de dar un llamado de atención al gobierno de Macri y su política hacia los trabajadores.

 

Fuentes: Infogremiales y Mundo Gremial.

La CGT se plantea iniciar un plan de lucha

La CGT se plantea iniciar un plan de lucha

Tras varias idas y vueltas con funcionarios del Gobierno, se reunirá hoy el Consejo Directivo de la CGT para definir medidas

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La relación entre la CGT y el Gobierno, que en un comienzo fue buena, va de mal en peor. Primero fue Ganancias. Luego, los numerosos despidos. Ahora, el proyecto oficial de reforma laboral. El actual contexto combina una persistente inflación, un nuevo anuncio de ‘tarifazo’ de luz y la reiterada denuncia de parte del gremialismo respecto del incumplimiento del acuerdo firmado en noviembre de 2016 para evitar despidos. La suma de esos factores ha provocado desgaste, y coloca lo que fue una buena relación al borde de una ruptura.

De parte del Gobierno argumentan con números del Indec y del Ministerio de Trabajo que la ocupación mejoró. Según el portal Chequeado esto es cierto, aunque con la importante salvedad de que lo hizo muy moderadamente en el sector privado y aún por debajo del mismo período de 2015. Es decir que los gremios, a su vez, tienen razón en denunciar que existen despidos, y más razón aún cuando reclaman que se cumpla el acuerdo oficial firmado entre gremios, empresarios y gobierno en noviembre de 2016.

RETIRO DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL

Con gestos de molestia y cansancio, ayer miércoles el triunviro Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) afirmó que la CGT suspenderá su participación en la mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo. Según declaró Schmid a Radio del Plata: “se quebró la confianza. Nos encontramos ante el incumplimiento de los empresarios y la apatía del Gobierno a la hora de hacer respetar los acuerdos que se alcanzaron”.

El dirigente gremial abundó en sus declaraciones y aseguró que existe “un clima de mucha tensión y enojo” en el movimiento obrero organizado en relación a las medidas económicas que el Gobierno aplicó desde comienzos del 2017, y anticipó que el Consejo Directivo de la CGT convocará a “una medida de fuerza” en marzo. “En el movimiento obrero existe mucho malestar y enojo con las medidas tomadas por el Gobierno desde que empezó este año. Suben las tarifas, los precios, y siguen las suspensiones y despidos”, completó Schmid, quien agregó que hoy jueves habrá una reunión de Consejo Directivo para convocar medidas de fuerza.

Entre las críticas a las medidas económicas del Gobierno, Schmid señaló también su oposición a la apertura de importaciones, dado que, según el gremialista, “destruye la producción nacional y el trabajo de los argentinos”, y lamentó el giro del oficialismo respecto de la CGT, con la cual habían logrado acuerdos a mediados de 2016, aspecto que Schmid ponderó positivamente, como los acuerdos por Ganancias y la aprobación de la Ley de Emergencia Social.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Algunos gremios proponen considerar un paro nacional de 24 horas, mientras que los principales referentes de los sindicatos industriales buscan definir una marcha de protesta para la primera semana de marzo[/blockquote]

Otro dirigente de peso, el dirigente Sergio Palazzo (La Bancaria), manifestó su oposición a la actitud del gobierno y en declaraciones a La Red afirmó: “Si los trabajadores para recuperar su poder adquisitivo tienen que andar peregrinando para ver si cobran un bono de dos mil pesos que, después, termina no cobrándolo la mayoría, y al sector empresario graciosamente le permiten aumentar hasta un 148% servicios como la electricidad, el diálogo no estaría siendo equitativo”.

Según Palazzo, en evidente acuerdo con la salida de la CGT de la Mesa de Diálogo Social, “se empiezan a cerrar muchos de los caminos del denominado diálogo social” y consideró que, en la reunión del Consejo Directivo de la CGT, la dirigencia de la central obrera debería adoptar una posición de “más dureza para hacerle entender a un gobierno que escucha sólo a un sector de la sociedad”.

Palazzo, además, tiene abierto un frente de batalla contra el Gobierno, dado que el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se negó a homologar un convenio acordado con la cámara empresaria bancaria, a lo cual el gremio de Palazzo respondió con una cautelar que le dio la razón y obligó a las patronales a cumplir el acuerdo y al Gobierno a no interferir en la paritaria.

PLAN DE LUCHA

Existe un consenso dentro de la CGT respecto de la necesidad de un reclamo y respecto de los motivos: la falta de respuestas de parte del Gobierno a las demandas específicas de los trabajadores y las políticas económicas (apertura de importaciones, tarifazos). Sobre lo que aún no hay definiciones, no obstante, es respecto del modo de reclamo: algunos gremios proponen considerar un paro nacional de 24 horas, mientras que los principales referentes de los sindicatos industriales buscan definir una marcha de protesta para la primera semana de marzo. El secretario de Industria de la CGT, Rodolfo Daer, dijo que “la presión es muy fuerte para hacer en la primera semana de marzo una marcha en Defensa del Empleo y la Producción, cuyos escenarios probables son el Congreso o el Ministerio de Producción”. Tras afirmar que no existe una política industrial, sostuvo que en su sector se están sufriendo suspensiones y despidos y que no han logrado acuerdos con el ministro Francisco Cabrera, lo que augura escenarios todavía peores.
El acuerdo en la CGT trasciende a los gremios más afectados (UOM, Textiles, Gastronómicos) y contaría también con el apoyo de los gremios del Transporte, cuyos principales dirigentes estarían dispuestos a solidarizarse y acompañar lo que decida el consejo directivo de CGT, según manifestaciones de uno de sus principales referentes, el titular de UTA, Roberto Fernández. Similar posición adoptarían los gremios de servicios, ya que no descartan que si se profundizara la crisis económica y laboral los despidos también afectarían a su sector.

 

En base a Infogremiales, Chequeado y Radio La Red.