Islandia, inicialmente próspera, enfrentó una crisis económica profunda que llevó a la devaluación y la recesión. La corrupción política y la crisis financiera empeoraron la situación. A pesar de los recursos naturales y las inversiones en criptomonedas, la mejora económica fue desigual y la calidad de vida disminuyó. La crisis presentó oportunidades para el cambio, pero también riesgos de estancamiento y desigualdad. Una dilema con moraleja para la Argentina.
La sociedad consideraba a los hombres de negocios como héroes, se pensaba un futuro promisorio. Al poco tiempo llegó la crisis, afectando al país en cuestión de manera profunda. La caída del producto bruto interno (PBI) resultó de las más pronunciadas, mientras vastos sectores de la población perdían sus trabajo y ahorros, muchos cayeron en la pobreza.
La crisis que afectó al país en cuestión indujo una fuerte devaluación que profundizó aún más la recesión, mientras crecía la inflación el sector financiero se hallaba fuertemente comprometido. La gravedad de la situación obligó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el país en cuestión la reputación de la clase política resultó fuertemente afectada, los partidos políticos tradicionales, que hasta dicho momento habían dominado el escenario político, resultaron fuertemente desprestigiados. En los titulares de los principales medios periodísticos abundaban las denuncias de corrupción, se ventilaban los negociados de políticos y empresarios, o empresarios devenidos en políticos, saltaban datos de sus cuentas en los principales paraísos fiscales.
El país en cuestión, afortunadamente, se hallaba bendecido de recursos naturales. Producía alimentos y energía a precios competitivos. Esto último atrajo inversiones en “minería de criptomonedas”, actividad electro-intensiva. La crisis imponía una mayor explotación de los recursos naturales, para la dirigencia ello representaba la alternativa más rápida para obtener divisas y sortear la falta de fondos que mostraba la situación. A menudo se suscribió nueva deuda para dinamizar el nuevo sector, la historia sin fin.
Fruto de la devaluación, la posición externa del país en cuestión mejoró rápidamente. Pero no tanto. La mejora económica resultaba desigual, la caída en la calidad de vida seguía perjudicando a numerosas familias.
El país en cuestión es considerado “pequeño”, tal la calificación brindada por los manuales de economía internacional. Tal situación describe la imposibilidad de influir sobre la dinámica de los mercados internacionales, supongamos de energía o alimentos. El mismo manual plantea mercados globales operando en un marco competitivo. Las ventajas competitivas, al decir de David Ricardo, dinamizan el comercio al tiempo que garantizan el bienestar de los pueblos.
Aquellos que avanzaron lo hicieron a partir de recrear nuevas habilidades, generar ventajas dinámicas donde el Estado juega un rol preponderante, sea regulando bien promoviendo la “salida global” de sus empresas. Pensemos aquí en los aportes teóricos de Paul Krugman, o en las contribuciones empíricas de Alice Amsden, Ha-Joon Chang o Justin Lin.
Éste no es el ámbito para analizar la validez de esta teoría, aunque convendría observar visiones de economía internacional más recientes para así, por caso, comprender el éxito exportador de Japón, Corea del Sur o China. Aquellos que avanzaron lo hicieron a partir de recrear nuevas habilidades, generar ventajas dinámicas donde el Estado juega un rol preponderante, sea regulando bien promoviendo la “salida global” de sus empresas. Pensemos aquí en los aportes teóricos de Paul Krugman, o en las contribuciones empíricas de Alice Amsden, Ha-Joon Chang o Justin Lin.
Dejemos aquí el debate académico, cambiemos el ángulo de análisis.
Si en la década de los noventa la globalización cegó a los hacedores de política de la verdad revelada detrás del “milagro asiático”, veinte años más tarde el ascenso de China le mostraría su plena validez. Adentrado el siglo XXI, sin embargo, la geopolítica devendrá la visión preponderante de la economía global. Comercio e inversiones se ven interpeladas por nuevas aproximaciones. Las políticas de industrialización ya no están cuestionadas, hasta el propio Fondo las promueve. También acepta la conveniencia de introducir medidas macro-prudenciales para evitar los excesos que a menudo provoca la globalización financiera, una versión edulcorada de los controles de capitales vigentes en la posguerra.
PUNTOS DE QUIEBRE EN LAS CRISIS
Es momento donde los caminos se bifurcan, se descubren alternativas. Las historias nos presentan lecciones. Las crisis cuestionan, implican el devenir de momentos críticos, puntos de quiebre, reflejan un camino plagado de riesgos, pero también de oportunidades. Y, como manejando en una ruta, observamos múltiples señales. Algunas salidas pueden conducirnos al estancamiento, terminar implementando un programa de “ajuste perpetuo” en beneficio de la minoría. Pero si elegimos convenientemente, la ruta puede conducirnos a un futuro más justo, más inclusivo. Cuando se presenta la bifurcación se relajan, momentáneamente, las restricciones políticas habituales. Estamos frente a un momento crítico, fundacional, que brinda la oportunidad para un profundo cambios en la organización social, en la protección ambiental.
Atravesar un momento crítico, sin embargo, no necesariamente nos lleva al cambio transformador. Algunas coyunturas refuerzan el modelo preexistente. Tal es el caso de Argentina, la tierra de las grandes oportunidades a menudo desperdiciadas. El faro cultural de América Latina, hoy gobernado por la extrema derecha que se disfraza de liberal, pero actúa de manera poco republicana.
Si elegimos convenientemente, la ruta puede conducirnos a un futuro más justo, más inclusivo. Cuando se presenta la bifurcación se relajan, momentáneamente, las restricciones políticas habituales. Estamos frente a un momento crítico, fundacional, que brinda la oportunidad para un profundo cambios en la organización social, en la protección ambiental.
De crisis en crisis desde los 70’s, la sociedad argentina no logró superar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), pese a los límites que éste mostraba. Con la apertura financiera se terminó frustrando cualquier intento de crecimiento con inclusión, toda política que intente minimizar la volatilidad que acompaña a la libre movilidad de capitales resulta ampliamente resistida. Toda herramienta que tienda a controlar los movimientos financieros transfronterizos resulta fuertemente cuestionada. Para las élites, todo resuena a keynesianismo.
El país se caracteriza también por la prevalencia de un consenso extractivo, ayer auspiciado por gobiernos neoliberales o neo-desarrollistas, hoy instrumentado por el gobierno de extrema derecha y los mandatarios provinciales. Solo es posible salir de la crisis en cuestión a partir de los recursos, uno de los puntos centrales del gran “Acuerdo de Mayo” propuesto por Javier Milei. Ello implica, entre otras cosas, no desaprovechar la oportunidad que brinda Vaca Muerta. Aprovechándose de diversas ventajas impositivas, así como de amplios subsidios, en Zapala, localidad de la provincia del Neuquén, la energía eléctrica resulta extremadamente barata. Al menos para aquellos empresarios dedicados al minado de criptomonedas, actividad que describen como motor de desarrollo – obviamente, con escaso recelo por sus efectos sobre el medio ambiente.
Si queremos arreglar la situación del país de manera definitiva, no queda otra que el ajuste y la degradación del medio ambiente. Aunque la austeridad castiga a muchos y beneficia a unos pocos. Pensemos sino cuales son los sectores que ganaron y perdieron después de 100 días de La Libertad Avanza en el poder. Los salarios se pulverizan, las pensiones se licuan, aumentan los despidos, se cierran dependencias públicas. Se propone eliminar las excepciones a la ley de glaciares, avanzar con el extractivismo a toda costa.
Mientras tanto, aumentan las prepagas, los servicios públicos devienen impagables, el aumento en los combustibles brinda ganancias extraordinarias a las petroleras, el sector financiero florece mientras las reservas de litio se regalan al mejor postor. Y así más. Libertad para los capitales. Libertad para contaminar el medio ambiente. Para las élites, el juego es a todo o nada. En nombre del mercado se justifica, con crueldad, los costos que generan las medidas, las mayorías sufren mientras el círculo rojo festeja.
Afortunadamente, abundan los ejemplos de crisis económicas profundas que devinieron en oportunidades. Tal es el caso de Islandia. Un país pequeño, tanto en lo poblacional como en lo económico, ciertamente mucho menos relevante que Argentina en el contexto internacional.
Expuesto como modelo por su nivel de integración financiera y apertura económica, este país resultó fuertemente expuesto por la crisis financiera global (CFG) del 2008. La crisis fue total, a la abrupta caída en el nivel de actividad sumó el colapso del sistema financiero: los tres principales bancos se declararon en quiebra. Al momento de la CFG, los activos combinados de estos bancos representaban 14 veces más que el PBI de Islandia. Los inversores olían sangre, particularmente aquellos asentados en Gran Bretaña – recordemos que estas entidades financieras captaron gran parte de sus depósitos en la plaza financiera de Londres. Pero las autoridades lograron un acuerdo histórico con el Fondo, que reconoció la necesidad de reintroducir el control a los capitales transfronterizos.
En el acuerdo stand by (ASB) firmado a fines del 2008 Islandia acordó con el Fondo introducir medidas de control de capitales, cuya permanencia se estimaba en un semestre. Pero fue en 2017 cuando estas medidas comienzaron a ser revertidas, aunque parcialmente: el control perduró hasta 2021. Al mismo tiempo, el gobierno introdujo una serie de regulaciones destinadas a preservar la estabilidad del sistema financiero doméstico. Le permitió a las autoridades de la isla estabilizar el tipo de cambio, reprogramar su deuda al tiempo que diversificaron la economía.
ISLANDIA SI PUDO
El recambio político, por otra parte, permitió a Katrín Jakobsdóttir acceder en 2017 al poder. A partir de ese momento, la Primera Ministra, parte de la coalición de izquierda – verde, comenzó a implementar una serie de medidas políticas transformadoras. Pero fue la pandemia primero, la invasión de Ucrania después, lo que terminó de moldear una nueva visión.
Ante la irrupción de nuevos eventos críticos, y el agravamiento de la crisis geopolítica, Jakobsdóttir decidió prohibir la minería de criptomonedas, actividad que consumía más electricidad que la totalidad de la población de la isla. Al mismo tiempo, el gobierno introducía un programa agrícola destinado a fortalecer la seguridad alimentaria tanto como aquella de corte energético. Tal decisión no resulta aislada. Este tipo de política fue central en numerosos países de Asia, vital para China o India. Tras la invasión de Crimea en 2014, también la UE comenzó a reconocer la necesidad de este tipo de medidas. La escalada de Rusia fortaleció esta política.
Hasta aquí las lecciones del país en cuestión, una historia abierta a finales diversos. Uno distópico, que privilegia la rentabilidad de unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría tanto como la denigración del medio ambiente. La pobreza que corroe el tejido social de una Argentina que supo iluminar culturalmente a la región. Una crisis de biodiversidad que se oculta, tanto como se niega el cambio climático. Otro promisorio, que resalta la búsqueda de un futuro inclusivo y sostenible. Donde la ética sustentó el diseño de políticas públicas, planificar medidas para evitar las hambrunas del mañana o garantizar el calefaccionamiento de los hogares.
Escapa a este artículo destacar que nos depara el futuro. Lo único que puede asegurarse es la imposibilidad de volver al pasado. A veces, la libertad atrasa.
La gestión frenética de Milei genera caos y beneficios para algunos. La inflación persiste, se prevé devaluación y el gobierno promete un ajuste ambicioso. El FMI alienta la desregulación, debilitando el control ambiental. Los recortes y el DNU empobrecen a la población.
Nicolás Posse, Luis Caputo y Javier Milei.
Han pasado poco más de dos meses de la asunción de Javier Milei, aunque el ritmo frenético que ha evidenciado su gestión parecería afirmar que el tiempo que ha pasado resulta mucho mayor. Quizás estemos viviendo una nueva temporalidad, tal como aquellos que miden en siete los años de vida de los perros por cada año vivido por su dueño. Pero bajo el gobierno de las fuerzas del cielo, los consejos de Conan tardan en llegar a estas latitudes, lo cual genera mayor incertidumbre política. La macro deberá esperar, la estabilización viene después: primero el caos.
Y, como plantea el dicho popular: en río revuelto ganancia de pescadores – o de quienes cuentan con los aparejos de pesca. Así el caos permite a ciertos sectores, empresarios y amigos, hacerse de activos a precios de remate, obteniendo beneficios impensados en otros tiempos. La urgencia por hacerse de fondos agrava también al ambiente, prevalece el discurso que equipara la protección del medio ambiente con privilegios de país desarrollado – poco importa si la destrucción de la naturaleza beneficia a unos pocos.
Téngase presente que a mayor caída de producto bruto interno, mayor el sacrificio fiscal (en puntos de producto) que deberá hacer el sector público para llegar a cumplir con las metas pautadas. Nótese que el plan descuida el desempeño de una variable económica clave en economías emergentes: el tipo de cambio real.
Mientras tanto la inflación continúa, las mayorías se ven empobrecidas. Según el consenso de quienes participan en la encuesta Relevamiento de Expectativas de Mercado, que recopila el Banco Central, se prevén tasas mensuales de dos dígitos para gran parte del año. Anualizadas, consagrarían una inflación superior al 200 por ciento. Con un gobierno decidido a mantener el esquema de ajustes graduales y predefinidos del tipo de cambio en torno al 2 por ciento mensual, lo anterior plantea un problema de retraso cambiario, impulsa una nueva devaluación en el corto plazo – algunos analistas la plantean ocurriendo en marzo, otros en abril.
A MÁS RECESIÓN = MÁS AJUSTE FISCAL PARA EL DÉFICIT CERO
El gobierno prometió un ajuste muy ambicioso, esfuerzo aplaudido por el Fondo Monetario Internacional. Los interlocutores del FMI destacan la adopción del ancla fiscal como herramienta anti-inflacionaria tanto como por la determinación que evidencia la política monetaria por parte del banco central. Según Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Fondo: “el proceso de estabilización será desafiante y requerirá de una implementación firme y ágil de la política económica”. Toda una apuesta, sin duda. Más cuando el ancla de estabilización está asociada al déficit público, el objetivo del equipo económico es lograr el déficit cero. Téngase presente que a mayor caída de producto bruto interno, mayor el sacrificio fiscal (en puntos de producto) que deberá hacer el sector público para llegar a cumplir con las metas pautadas. Nótese que el plan descuida el desempeño de una variable económica clave en economías emergentes: el tipo de cambio real.
A fin de reducir el déficit, el gobierno acordó con el Fondo aumentos de las tarifas de la electricidad (más del 200 por ciento) y del gas (más del 150 por ciento). Así, logrará reducir los subsidios energéticos en un tercio. También se proponen cortes a las transferencias a las provincias y a las empresas públicas por un total del 0,5 por ciento del PBI y preparar a éstas últimas para una potencial privatización.
En el comunicado de prensa emitido por el Directorio Ejecutivo del Fondo, por otra parte, se detecta su interés estratégico por los recursos naturales del país. En materia de tratamiento a la inversión, le plantea al gobierno sobre la necesidad de modificar el marco regulatorio, lo cual permitirá explotar el potencial del sector energético y minero del país: una profundización del modelo extractivo. Ninguna mención de la transición energética ni de los riesgos macro-financieros que implica su desconocimiento, el comunicado refuerza el modelo petrolero hoy vigente. Al alentar a la desregulación, la propuesta debilita el control ambiental en la actividad minera.
Pero también el Fondo clama por el desmantelamiento de toda medida de gestión sobre los flujos de capital, un artículo de fe por parte de la entidad que perdura desde los 1990s pese al reconocimiento que en 2012 realizará el Staff respecto a la importancia de los controles en la estabilidad macro-financiera.
En el mismo comunicado destaca la agudización de los desequilibrios que presenta la economía desde hace varios años, y como la acción del gobierno de Alberto Fernández terminó por agravar distorsiones que surgieron del desvió del acuerdo con el Fondo. Idéntico criterio adoptó el FMI en años posteriores, cuando reconoció el error de la inconsistencia del plan de excesivo endeudamiento, la crítica entonces era al tándem Macri–Caputo. Observamos así que las inconsistencias se repiten, la incongruencia involucra también al Fondo.
AJUSTE POR INFLACIÓN
Aunque errante y poco efectiva en su lucha anti-inflacionaria, la política económica del gobierno muestra algunos logros – aunque estos sólo entusiasmen al círculo rojo, los sectores financieros y al Fondo. Al tiempo que la inflación se disparaba al 25,5 por ciento, los salarios subieron apenas 8,9 por ciento en diciembre. La caída confirma el empobrecimiento de la población y el duro golpe para la clase media. Más allá de la fuerte caída en el salario real que siguió a la devaluación de diciembre, se le suma los fuertes ahorros que genera la fuerte licuación que viene sufriendo los egresos del Estado.
En un análisis de la oficina de presupuesto del congreso (OPC) destaca una caída del 11,9 por ciento en los gastos primarios de la administración central – medida interanual. Considerando en particular, los gastos primarios cayeron 30,8 por ciento, las jubilaciones y pensiones 32,5 por ciento, las asignaciones familiares el 36 por ciento, los programas sociales un 59,6 por ciento. Pero la caída más pronunciada se observa por el lado de las inversiones, donde la contracción alcanza al 75 por ciento. Tamaña contracción en el gasto, bien la drástica reducción en la inversión pública influye sobre el nivel de actividad económica. Al momento de priorizar recortes y premios el gobierno posee una fuerte discrecionalidad, posibilidad que le brinda el haber decidido prorrogar el presupuesto del 2023 (decreto 88/2023).
Los gastos primarios cayeron 30,8 por ciento, las jubilaciones y pensiones 32,5 por ciento, las asignaciones familiares el 36 por ciento, los programas sociales un 59,6 por ciento. Pero la caída más pronunciada se observa por el lado de las inversiones, donde la contracción alcanza al 75 por ciento.
La vigencia del DNU ha empujado un incremento en los precios de un grupo de productos y servicios claves, afectando a amplios sectores de la población. En el sector salud, se observan aumentos superiores al 50 por ciento en los precios de los medicamentos, la medicina prepaga validó aumentos por encima del 100 por ciento. Para los inquilinos, la eliminación de la ley de alquileres no sólo implicó un aumento de los precios, sino también enfrentar normas que dificultan el acceso a la vivienda. En virtud de otras medidas desregulatorias incluidas en el decreto, la industria petrolera convalidó un aumento del 140 por ciento en el precio de los combustibles. La mayoría de estos aumentos afectan a la clase media.
A los aumentos observados en el área de transporte, debe sumarse la reciente decisión del presidente de eliminar el fondo de compensación al transporte. Como represalia a los gobernadores ante la caída de la Ley Ómnibus, la “vendetta” de Javier Milei implica un “descongelamiento” automático de las tarifas, que puede llevar al boleto mínimo a niveles socialmente insostenibles (por encima de los 1.000 pesos).
RENTABILIDAD A COSTA DEL MEDIO AMBIENTE
Otro de los efectos del DNU que no debería pasarse por alto, atiene a los cambios que impone en materia de protección del medio ambiente, tanto como en materia climática. A fin de impulsar una mayor explotación el decreto viene a debilitar leyes y normativas ambientales, aún cuando distaban de garantizar un manejo prudencial de los recursos.
El gobierno viene a reformular leyes, como la de tierras, de bosques o glaciares, un avance sobre la naturaleza en momentos que distintos eventos extremos afectan a diversas regiones del país, los incendios forestales consumen bosques ancestrales. Pero, a diferencia de lo que observamos en otras áreas, el consenso extractivista permite al gobierno pasar los cambios sin mayores contratiempos en el Congreso, donde cuenta con el apoyo de los gobernadores y el respaldo del lobby minero.
En notas previas nos hemos referido al fracaso legado, lo errado de adentrarnos en la polarización. Resulta imposible intentar estabilizar la economía en un contexto signado por el cortoplacismo en la toma de decisiones. El contexto político, lamentablemente, no ha hecho más que empeorar. Las decisiones no sólo muestran un sesgo cortoplacista, los mensajes que surgen del Presidente exacerban el odio y el rencor.
En su afán de imponer su programa de gobierno, se avanza sobre los derechos adquiridos. Todo aquel que se le opone, se lo agrede, de ser necesario se lo reprime. Para ello está Patricia Bullrich. Si el programa se desvirtúa, entonces viene Mauricio Macri al rescate. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: refundar el país, volver a la “Belle Epoque”, la Argentina de unos pocos.
Todo lo anterior debería impulsarnos a repensar la situación actual, recrear una visión democrática, verde y progresista. Pensar la crisis como una oportunidad de cambio sin evadir responsabilidades, repensar alternativas que eviten resignar derechos, sociales o ambientales. Ello obliga a diseñar un programa de estabilización que logre recuperar credibilidad en el peso, que sea fiscalmente sustentable al tiempo que articule el corto plazo repensando el futuro desde una perspectiva inclusiva y sustentable.
Crítica a la arbitrariedad en la política económica argentina, destacando la devaluación y la baja tasa de interés. La importancia de los principios republicano y democrático en las instituciones económicas. Riesgos de eliminar uno de estos principios.
Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.
Parte Primera, Capítulo Único, Declaraciones, Derechos y Garantías, Constitución de la Nación Argentina de 1853.
Gobernar por decreto y delegar potestades del congreso al Presidente son medidas de explícito autoritarismo. Se ven y se palpan en el contraste del negro de la letra sobre el blanco papel y la firma del autor. Pero hay decretazos, discutidos menos por su forma y más por sus efectos, que no son percibidos como un problema político y jurídico de fondo y que, sin embargo, pueden ser más relevantes de lo que aparentan. Me refiero a la política económica y en particular a la cambiaria y monetaria que caen bajo el ámbito del Banco Central y el Ministerio de Economía que actúan como dos caras de una misma moneda, casi por definición.
Tuvimos hace algunas pocas semanas un ejemplo de esta arbitrariedad, observada con cierta perplejidad por el público e indiscutida en el fondo político jurídico por los especialistas: una devaluación intensa y una fijación a la baja de la tasa de interés real. No vamos a discutir aquí los efectos de estas medidas, por cierto, harto conocidos: aceleración de la inflación, y en particular de alimentos y energía, caída del salario real, reducción drástica de la actividad económica, perdida del valor de los depósitos ahorrados por las personas, familias y empresas en la forma de depósitos a plazo fijo. Sin embargo, podemos pensar, de un modo sintético, el significado político jurídico de estas medidas y, por lo tanto, la importancia de las formas institucionales que permiten este tipo de decretazos naturalizados.
REPUBLICANISMO Y DEMOCRACIA EN LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS
Faltando un poco el respeto a especialistas en la materia, podríamos por comenzar definiendo dos principios claves, el republicano y el democrático, al menos en sus aspectos más complementarios. El principio republicano podría resumirse como la construcción histórica de una relación de autoridad, institucional y jurídica, que es capaz de funcionar sin un nombre propio, es decir, a la manera de, literalmente, una cosa pública. De este modo el principio republicano se opone a la arbitrariedad personal del poder político cualquiera que sea su fundamento. Supone, normalmente, una distribución del poder político de tal manera que lo particular se disuelve en un conjunto de reglas impersonales cuyo origen y materialidad pasan a ser el verdadero problema para resolver.
Viene a compensar ello el principio democrático, es decir, la idea de que el contenido y materialidad particular de las relaciones de autoridad política, emergen como reflejo de la realidad popular (plebeya). Ella se expresa, en un grado de autoconsciencia mayor, en la determinación de una estructura legal, desde la constitución hasta las ordenanzas municipales. Entre el voto universal y el decreto presidencial, se desarrolla un extenso sistema de mediaciones institucionales que son la realidad concreta del binomio república – democracia. Allí la tensión es permanente, entre pesos y contrapesos, representaciones y fragmentos, que se elevan a unidad histórica sólo en conflicto y movimiento. Nada está garantizado en este devenir.
El republicanismo no democrático y la democracia no republicana, a la larga se parecen demasiado y pueden ser difíciles de distinguir.
Las formas decadentes son múltiples. Tomemos dos ejemplos extremos y opuestos entre sí en donde se elimina un principio y como consecuencia se descompone el otro. Por un lado, se puede eliminar el componente democrático cuando una vanguardia toma el control del Estado y designa a los funcionarios que componen los poderes de este: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, típicamente. En este caso, el principio republicano funcionaría, sólo si y en rigor, el gobierno es el instrumento de aplicación de una ley universal impersonal que, ¡oh casualidad!, está debidamente encarnada en la vanguardia revolucionaria. En este contexto, evidentemente, la república degenera y se disuelve en la arbitrariedad del partido o facción. Finalmente, este expone todo su contenido particular excluyendo a otros particulares y comienza el proceso de raleo, extirpación y purga de aquello que no encaja en el particular que unilateralmente ha sancionado su propia universalidad.
De un modo opuesto, es posible que un representante elegido democráticamente, elimine el principio republicano, centralizando en su persona otros poderes del Estado argumentando, por ejemplo, la incapacidad o inefectividad de estos mecanismos. En este caso se desencadena una serie similar de acontecimientos. Al desaparecer el principio republicano, se precipita la unanimidad del único representante, que sólo puede conservar el principio democrático en el permanente ejercicio del referéndum o el plebiscito y bajo el estricto resultado de la unanimidad. Evidentemente se trata de una circunstancia que no puede persistir ni realizarse, de modo que la arbitrariedad se hace ley, y requiere para ello legitimarse, normalmente en alguna forma de mesianismo. Al igual que en el caso anterior no es el representante el que gobierna sino fuerzas divinas través de él. El principio democrático se convierte por lógica interna en un principio místico-religioso, bajo la forma general de hacer de un hombre un dios, lo que resulta bastante similar al paganismo religioso-místico-político de los años ’20 y ’30 del siglo pasado. Finalmente, todo se consuma cuando debe producirse, al igual que en el caso anterior, la purga de todo aquello que no calza en la cosmogonía que ha llegado al poder. Ralear el excedente que desborda la unanimidad de un particular que, unilateral y místicamente, se ha sancionado a sí mismo como un universal.
Si bien estas dos vías son diferentes, el republicanismo no democrático y la democracia no republicana, a la larga se parecen demasiado y pueden ser difíciles de distinguir. A modo de resumen, en ambos casos, los principios degeneran en la restauración de alguna forma de arbitrariedad unanimista y excluyente, mientras en el primer caso suele ser del tipo burocrático y en el segundo del tipo místico-religioso. Todo esto es harto conocido en su aplicación al campo de las instituciones políticas y la construcción de los marcos jurídicos necesarios para el funcionamiento de los sistemas sociales modernos. Frente a ello, emitir un decreto presidencial legislando en aspectos fundamentales, o enviar un proyecto de ley cerrando el parlamento, y todo en nombre de unas muy enigmáticas fuerzas del cielo, despiertan inmediatamente cortafuegos institucionales y políticos que, esperemos, funcionen aún.
Sin embargo, en el campo de la política económica, la república y la democracia no llegan, no existen, ni son consideradas, y son reemplazadas por la arbitrariedad absoluta de alguna figura, más o menos tragicómica, de un burócrata, banquero, financista o académico. Desde ese lugar, es posible provocar una verdadera conmoción como, por ejemplo, con una mega devaluación y una caída drástica de la tasa de interés, con la consecuente destrucción de los ingresos y patrimonios de los argentinos. Se trata también de un decretazo, repetido en la historia con lamentable frecuencia, en un sistema institucional basado en una autoridad personalísima, sin contrapesos, ni representación, que actúa en nombre de, como en los casos degenerados vistos arriba, una misteriosa regla general de funcionamiento universal de los hechos económicos. Se trata, en definitiva, de un sistema institucional en el que se acumulan irracionalidades pues, al igual que antes, se pretende imponer al mundo infinito un particular finito y arbitrario que, en su forma más agresiva, se enlaza con la irracionalidad de la vanguardia revolucionaria o de las fuerzas místico-religiosas casi sin distinción.
LA CAUSA REPUBLICANA Y DEMOCRÁTICA ES LA CAUSA FEDERAL
La ausencia de los principios republicanos y democráticos en las instituciones económicas que regulan, de un modo simplificado, el régimen cambiario y monetario, no es reciente. Es un rasgo propio del capitalismo argentino, al menos del último medio siglo que, en todo caso, se vuelve más visible cuando se toman medidas drásticas y que provocan conmoción social. Este atributo se ve representado en una institución tan frecuentemente discutida como poco comprendida: el Banco Central de la República Argentina, que encarna esta arbitrariedad, a resguardo de la realidad económica nacional, en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La pregunta que puede hacerse en este punto es, qué implica la introducción de principios republicanos y democráticos en las instituciones económicas, ya que no funcionan de la misma manera que los asuntos políticos y jurídicos convencionales. Recordemos que estos principios exigen, por un lado, la despersonalización del poder, por su forma, y la representatividad por su contenido. Sin embargo, en el ámbito de la regulación económica, estos principios se realizan bajo formas que invierten lo visto en el mundo de los asuntos civiles y políticos.
Mientras en la política se parte de la simetría e igualdad del voto universal, en lo económico se articulan componentes con intereses específicos, diferenciados y asimétricos, que definen los modos particulares propios de la producción de la vida material de un pueblo. Se encuentran allí sectores, corporaciones, clases sociales, que habitan en territorios específicos y tienen intereses particulares que, en todo caso, deben construir un interés económico común. Este último, en el plano económico tiene éxito en la medida en que es trazado para plazos largos y, por lo tanto, consuma una mayor temporalidad que la que se ve en el ámbito de lo político.
Mientras en la política se parte de la simetría e igualdad del voto universal, en lo económico se articulan componentes con intereses específicos, diferenciados y asimétrico.
Por otra parte, la despersonalización del poder se produce en este contexto por la vía de mecanismos de representación que operan en un sentido opuesto a lo que se observa en la práctica económica cotidiana. Puesto de otro modo, son mecanismos que aumentan o disminuyen el poder económico material de sectores, grupos, corporaciones, territorios. Sin embargo, ello no necesariamente busca establecer una simetría estricta entre estos, sino la composición de un conjunto de intereses comunes de largo plazo, que refuercen los compromisos propios de formar parte de una comunidad económica. Aquí se pone en juego la verdadera clave de la estabilización de la regulación cambiaria y monetaria y, por lo tanto, la consumación de un marco de normas que contenga el crecimiento mutuo de los miembros.
Debe notarse que, al igual que en el ámbito político, la publicidad o transparencia de los actos públicos constituye un principio clave en dicho proceso, pues ello es indispensable para la observancia de los principios de despersonalización del poder y la representatividad de los intereses particulares. Sin embargo, sí se produce un cambio desde de una lógica política cuantitativa de agregado del voto individual, a una lógica más cualitativa de los acuerdos corporativos, sectoriales, de clases y territoriales.
En el marco de esta observación general, puede reconocerse cómo la introducción de los principios republicanos y democráticos en el ámbito económico supone también la introducción de un principio federal o de representación territorial ya que los intereses de la vida económica se producen y articulan territorialmente. Los territorios tienen una importancia vital en la construcción de las instituciones económicas nacionales y la convergencia de éstos en la formación de un interés económico común de largo plazo, constituye, probablemente, la prueba de fuego en la construcción de un orden macroeconómico estable.
El hecho simbólico de este desajuste se consuma en la forma no republicana, no democrática y unitaria, del centro decisional de la política cambiaria y monetaria. Centralizado y autónomo, en el microcentro de la ciudad más privilegiada del país, a la sombra de grandes edificios corporativos, bajo el mando de burócratas, banqueros, financistas y académicos, que circulan y habitan aquel mundillo gris, el BCRA encarna una desconexión fundamental. En otra parte, en el mundo real, en el verde de la vida, se desenvuelven los procesos económicos que crean nuestra vida material, desde La Quiaca a Ushuaia, desde el océano, la selva, el bosque y el pastizal hasta la cordillera. Esta desconexión es un rasgo que, evidentemente, no resulta funcional al desarrollo capitalista en Argentina y los capitalismos más avanzados del mundo dan testimonio de ello.
UN EJEMPLO: EL SISTEMA DE BANCOS REGIONALES
Un ejemplo de sistema institucional de política monetaria que contiene claros elementos republicanos y democráticos, y que no suele ser reconocido por estos atributos, es el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norte América. Es posible hacer un breve repaso de su organización para ilustrar el punto de este artículo. Sobre ello hemos formulado algunas reflexiones en un informe realizado para el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, publicado en 2019.
El Sistema de la Reserva Federal, está conformado por tres componentes. Por una parte, la Junta de Gobierno, nombrada por el presidente de los Estados Unidos, con el acuerdo del Senado, bajo un complejo sistema de nombramientos plazos e incompatibilidades. Por otro lado, los 12 Bancos de la Fed, distribuidos en distintos territorios elegidos en 1913 luego de largas disputas sobre la representatividad territorial. Estos bancos, a su vez, se componen por el capital de instituciones financieras locales públicos, privadas o de otra naturaleza (mutuales) y sus directorios se componen de nueve miembros tres correspondientes al sector financiero y seis representantes de las fuerzas productivas de la región (tres de ellos elegidos por el sistema financiero local y tres de ellos elegidos por la Junta de Gobierno). Finalmente, en tercer lugar, tras la reforma de 1935, se crea en el marco de la Fed, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), organismo que tiene la potestad de definir las operaciones de mercado abierto, fijación de la tasa de descuento, el requisito de reservas mínimas e interviene en el mercado de divisas. Este organismo, decisivo para el establecimiento de la política monetaria en los Estados Unidos, se constituye con 12 miembros, los 7 de la Junta de Gobierno y 5 por los Bancos de la Reserva. Merece notarse que el Banco de Nueva York tiene una banca permanente, mientras que los restantes rotan.
Más allá de las particularidades del caso lo que queda en evidencia es la complejidad institucional que incorpora criterios de representatividad y contrapesos en la toma de decisiones de política monetaria. Esto contrasta notablemente con la organización hiper centralizada y autónoma del BCRA. Frente a ello, ¿podría usted imaginar un sistema republicano, representativo y federal para nuestro BCRA?
Le pediré, en el final de este artículo, que haga un pequeño esfuerzo de imaginación política y visualice la existencia de cinco bancos regionales conformados con criterios de representatividad del sistema financiero y productivo, con funciones de regulación coordinadas por órganos federales compuestos. Siguiendo en el plano de la estricta imaginación podemos pensar en un banco para el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, otro para el espacio del litoral y la pampa húmeda, otro para el gran norte, otro para el espacio cuyano, otro para el gran sur argentino. Dado que, en cada caso, predominan actividades diferentes, tendrán composiciones diferentes y en conjunto constituirían los órganos de gobierno del sistema federal de banco regionales. Podemos animarnos a imaginar también la potestad del sistema para establecer criterios de largo plazo en la administración de la divisa internacional, la tasa de interés, la orientación del crédito promocional y, en coordinación con el Ministerio de Economía, establecer el programa de obras públicas preferentes para el desarrollo productivo de la Argentina moderna.
Se trata, evidentemente, de un ejercicio de la imaginación política reformista, pero, a diferencia de las ideas que abandonan completamente la realidad subyacente y la vida económica real, aquí se pretende conservarla. Se trata, en este caso, de potenciar sus capacidades, pensar los sistemas institucionales necesarios para la composición de acuerdos de largo plazo y, en definitiva, proyectar la realidad hacia un futuro de progreso y modernización, tanto para los componentes particulares, como para el conjunto de la Nación Argentina.
En «De Alfonsín a Macri» (EUDEBA, 2022), Gustavo Gamallo junto a un gran equipo de investigadores recorre las políticas sociales argentinas de las últimas cuatro décadas. En entrevista con Fernando Manuel Suárez, Gamallo conversó sobre los balances y desafíos que enfrenta el Estado argentino.
Gustavo Gamallo, Doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, compilador del libro «De Alfonsín a Macri».
La estatalidad y las políticas sociales son cada vez más heterogéneas y complejas: los problemas se multiplican y las demandas también. Argentina no es una excepción, ni mucho menos. Es por ello que el libro que ha coordinado Gustavo Gamallo (De Alfonsín a Macri. Democracia y política social en Argentina, 1983-2019) y que ha publicado EUDEBA este año resulta tan buena noticia. Este libro colectivo viene a llenar un vacío y a ordenar la discusión, parece destinado a convertirse en un material de referencia dada la rigurosidad de los análisis y la sistematicidad de los datos que allí se presentan. El libro cuenta con un grupo de autores y autoras, de diferentes edades y trayectorias, abocados/as cada uno/a de ellos/as a su tema de especialidad: Aldo Isuani (políticas sociales); Damián Bonari, María Marcela Harriague y Caterina Colombo (gasto público social); Mariano Palamidessi y Jorge Gorostiaga (educación básica); Lucas Luchillo (educación superior); Carlos Vasallo Sella, Adolfo Sánchez de León y Guillermo Oggier (salud); Patricia Aguirre y Laura Pautassi (cuestión alimentaria); Pilar Arcidiácono (en coautoría con Gamallo, asignaciones familiares); Camila Arza (sistema previsional); María Mercedes Di Virgilio y María Carla Rodríguez (políticas habitacionales); y Corina Rodríguez Enríquez (en coautoría con Pautassi, políticas de cuidado).
Estudiar las políticas sociales y la estatalidad es montar un rompecabezas, máxime en un país federal, y el libro lo logra con creces. Los artículos iniciales contribuyen mucho a ese objetivo, ofreciendo una lectura general de la heterogeneidad, un orden ante la multiplicidad de lógicas y áreas que intervienen en las políticas sociales de nuestro país. También ofrece una mirada equilibrada, ni demasiado optimista, pero tampoco catastrofista, sobre las prestaciones sociales del Estado argentino, sus capacidades y principales limitaciones. Un libro que contribuye a delinear un panorama amplio y riguroso de las políticas sociales de nuestro país en las últimas cuatro décadas. A raíz del lanzamiento de esta obra colectiva, conversamos con Gustavo Gamallo para La Vanguardia sobre los muchos temas que allí se tratan, los principales desafíos de las políticas sociales en Argentina y los más duros escollos que enfrenta.
Uno de los méritos indudables es dar una mirada de conjunto de las políticas sociales de 1983 para acá y ofrecer una lectura general específica, no atada a las lógicas exclusivas de la política o la economía: ¿Cómo se puede subperiodizar la historia reciente en términos de las políticas sociales? ¿Qué visiones del sentido común es preciso revisar o matizar?
Nosotros tenemos en estos años de democracia dos períodos largos: el período de las presidencias de Menem y de Néstor y Cristina [Kirchner]. Entonces, hay como dos momentos importantes que creo que para el campo son decisivos por distintas razones. El más interesante, creo que por la distancia temporal, es la discusión con los ’90. Como señala ahora una serie que emite Encuentro: “La década que amamos odiar”. Entonces, por un lado, es un período de transformaciones profundísimas en distintos ámbitos. Y, en particular con las reformas del Estado, sobre todo Aldo Isuani, que es el autor del capítulo 2 del libro, había insistido –ya por esos momentos– en la necesidad de distinguir las reformas del Estado benefactor o social de las reformas del Estado empresario.
Yo en esos años trabajaba en Gas del Estado, entonces éramos víctimas directas de esas transformaciones que tuvieron que ver con fundamentalmente la concesión y la privatización de los servicios públicos de distinto tipo al sector privado. Según tenemos identificado, se privatizaron o se dieron en concesión, aproximadamente, unas ciento veinte empresas. Y, en ese sentido, a veces la discusión sobre la política social quedó como a la sombra de eso.
Cuando uno mira con detalle la transformación del Estado social, encuentra, por un lado, una agenda transformadora activa. Lo cual no significa que hagamos una apología de ese momento, sino que uno encuentra mucha actividad en distintos ámbitos de la política social. En el Congreso, por ejemplo, se revisa prácticamente casi toda la legislación previa. Si bien en el gobierno de Alfonsín había habido un intento de reforma frustrado, en el ámbito de la salud sobre todo. Pero si uno hace la referencia de esos tiempos, hay una reforma previsional, hay una reforma del sistema de educación superior, hay una reforma del sistema de educación básica (se vuelve a tratar la Ley 1420), hay una reforma del régimen de asignaciones familiares, entre otras. Es decir, tenés todo un paquete legislativo en el Congreso y se hacen un conjunto de reformas legales, muchas de las cuales aún siguen vigentes.
En segundo lugar, está todo el proceso de provincialización que a mi juicio es la gran transformación de todos estos años. Que tienen como eje el sistema de salud, el sistema de educación (que ya habían sido iniciados en la época de la dictadura, pero que son completados en este período) y el sistema federal de vivienda (un sistema de transferencia donde las provincias comienzan a hacerse cargo de lo que eran las intervenciones del FONAVI). Y también hay todo un cambio institucional que tiene que ver, por un lado, con el proceso de provincialización y sus efectos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, un ministerio sin escuelas que empieza a desarrollar otro tipo de agencias. En el campo de salud también se crean instituciones importantes, por distintas razones, como la ANMAT o la Superintendencia de Seguros de Salud (cuyas funciones han quedado un poco relegadas en la práctica). O la creación de la ANSES, por ejemplo, que hoy es decisivo para entender buena parte de lo que sucede con la política social.
Entonces, ahí hay lo que en el capítulo 1 yo llamo el momento arquitectónico: una fuerte reforma de todo el sistema de políticas sociales que creo que sobrevive en la mayoría de los ámbitos. Con la excepción tal vez de la vuelta atrás del diseño previsional, sobre todo la participación de las AFJP, sin que cambien las condiciones de jubilación de las personas. Los requisitos de la ley del 93 siguen vigentes, no así la administración de fondos por parte de las administradoras privadas. Y sobre todo el engrosamiento de todo el campo de las transferencias. Lo que habitualmente se llaman los “planes sociales”, pero no solamente: también lo que tiene que ver con pensiones no contributivas o lo que tiene que ver con la moratoria previsional.
«Hay que romper con la idea del Estado como una totalidad, un Estado monolítico, de un Estado que se conjuga como sujeto: “El Estado hace, el Estado dice, el Estado decide”. Lo que uno ve en realidad son dinámicas sectoriales, no siempre armonizadas».
Entonces, como un segundo momento, vinculado sobre todo con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristinas Fernández, que yo lo llamo el momento expansivo. Hay una gran expansión que se verifica en el gasto social, que llega a su punto máximo histórico de 30 puntos del PBI.
Pero, en todo caso, lo que llamamos el momento arquitectónico ha quedado relegado, ¿no? Y un poco lo que yo planteaba en el capítulo 1 es sobre todo la idea de que lo que tenemos hoy es un Estado social fundado fundamentalmente en los ’90 y ampliado desde el punto de vista de sus prestaciones en los 2000. Eso se puede ver con claridad mirando el sistema previsional, el régimen de asignaciones familiares, lo que mencionábamos de las transferencias o la creación de nuevas casas de estudio. Ahí hay un momento de fuerte expansión, pero, en todo caso, la cuestión de las reformas estructurales quedó un poco de lado.
Entonces, en términos de periodización yo diría que son como los dos momentos tal vez más significativos, sobre todo por su duración: estamos hablando de un período de diez y otro de doce años respectivamente. Mientras que la presidencia de Alfonsín, si bien fue una presidencia larga, estuvo mucho más tensionada por otras situaciones y que en el campo de la política social tuvieron como eje la frustrada reforma de salud en el marco de un intento de restablecer otro tipo de relaciones con el mundo del sindicalismo. De hecho, ese fue el último intento estructural de un cambio en el sistema de salud.
El libro propone una lectura general a partir de los artículos introductorios y luego incorpora distintas piezas que forman el cuadro general: ¿Cuán articuladas están esas piezas en la política concreta? ¿Hay que hablar de políticas sociales en plural o se puede hablar de “política social” en singular?
Eso lo trabajamos mucho en nuestro campo de trabajo docente. Hay que romper con la idea del Estado como una totalidad, un Estado monolítico, de un Estado que se conjuga como sujeto: “El Estado hace, el Estado dice, el Estado decide”. Lo que uno ve en realidad son dinámicas sectoriales, no siempre armonizadas. El caso concreto de lo que hablábamos de la época del gobierno de Menem, donde encontramos, por una parte, una fuerte política de disminución radical de la intervención económica del Estado –que se ve sobre todo en las grandes empresas estatales– y, por otro lado, un proceso de centralización muy grande de, por ejemplo, el sistema de asignaciones familiares o del sistema previsional (se trajeron a lo nacional muchos de los regímenes provinciales). En el caso del sistema de asignaciones familiares se ve con mucha claridad: lo que era un sistema de fondos compensadores sufre un claro proceso de centralización. Lo que veíamos en el campo de la salud, donde hay instituciones que intentan regular de otra manera los comportamientos del mundo de las obras sociales, con efectos diversos.
Entonces, lo que uno podría decir también, desde el punto de vista metodológico, es que en general cuando se hace investigación de políticas comparadas, se comparan sistemas nacionales unos contra otros. En ese sentido, hay una lectura posible que se puede hacer del trabajo como un análisis de política comparada al interior de un mismo Estado, durante un proceso diacrónico, y encontrar puntos de contacto y puntos de ninguna vinculación. Y creo que eso es interesante porque, sumado al carácter federal de algunas de las intervenciones, le introduce una complicación especial a la gestión de estos temas. Más bien lo que uno va a encontrar son dinámicas que no siempre responden a esa visión que uno a priori suele tener de que el Estado tiene una racionalidad que ordena con cierta superioridad el comportamiento de los agentes. Pero, en realidad lo que encontramos son dinámicas sectoriales que no son fácilmente compatibles. En el caso de las transferencias es muy claro, todo lo que se terminó gestionando vía ANSES tuvo un carácter muy distinto a lo que se fue gestionando, por ejemplo, vía Desarrollo Social. Entonces ahí lo que podemos llamar la relación entre la estatalidad y la población tuvo un carácter muy distinto.
El libro opta por una mirada nacional, pero advierte las peculiaridades del diseño federal: ¿Qué desafíos presenta el federalismo para pensar las políticas sociales y la estatalidad en general? ¿En algún área hay homogeneidad o, por el contrario, un equilibrio precario de diversidades?
Ahí hay un problema de que la lectura desde lo nacional supone un recorte metodológico imposible de realizar si uno no lo hiciera. Es decir, si uno va a estudiar el sistema educativo en un período largo y uno empezara a mirar las políticas de cada una de las provincias sería algo imposible de desarrollar, al menos desde este punto de vista. Si uno hiciera un trabajo sobre educación, bueno, ahí tendría otro tipo de aproximación. Entonces, hay registros –pienso en educación porque es el capítulo que más información tiene de todos en relación con eso– de los resultados diferenciales que se pueden encontrar en términos de rendimientos, en términos de tasas de graduación (sobre todo en el nivel medio), en términos de inversión por estudiante, en términos de salario docente, etcétera. Ahí hay una peculiaridad que pareciera no estar resuelta todavía, como si todavía tuviéramos cierta nostalgia centralista. Es decir, suponer que la Argentina va a poder gestionar esos sistemas como si no existiera el federalismo. Y creo que ahí hay un asunto que está todavía sin resolución. El caso de salud es más grave todavía. Porque, en definitiva la educación es un servicio universal, en muchas provincias el sector privado es mínimo (es el problema de tres o cuatro provincias), mientras que el sistema sanitario tiene otras características por el tema de las obras sociales y su expresión en función, en todo caso, de la actividad económica de cada provincia.
Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con también cómo las autoridades nacionales se posicionan frente a esas restricciones que tiene un país federal y lo vemos, por ejemplo, cuando se crean nuevos ministerios y cuando, después de varios años, quienes pasan por esa experiencia cuentan sus frustraciones porque terminan haciendo un “tallercito” en la intendencia amiga o en la gobernación donde tienen llegada. Se hace muy difícil la implementación de muchas políticas nacionales por estas razones y a veces tiene relación en cómo se piensan. Pero no con la seguridad social, creo que este es un punto importante, el despliegue que uno ve de la ANSES, tanto en las personas mayores de edad como en las poblaciones menores de edad: por ejemplo, la AUH se implementó de una manera extraordinaria en un período relativamente breve. Cuando uno mira los números en el largo plazo, desde que se inició hasta el presente, la cobertura en parecida a la actual.
Hay ciertas capacidades que el Estado nacional tiene, particularmente la capacidad para transferir ingresos, y otras capacidades que no tiene desarrolladas. Eso supone unos niveles de dificultad para calibrar ciertas iniciativas políticas y que no siempre uno encuentra en las autoridades. Es decir, ¿se puede hacer? ¿es posible implementar este tipo de cosas? En el caso de seguridad social yo diría que sí, y uno puede ver los datos, en los casos de políticas como educación o salud los resultados son mucho más ambiguos.
¿Podemos decir que cuando la política requiere más cooperación de actores intermedios esto dificulta la implementación? Pienso, por ejemplo, que ANSES es un organismo descentralizado, pero no federalizado. ¿Estos actores intermedios funcionan como actores de veto en cierto modo y complejizan la puesta en práctica?
Claramente. Nosotros lo hemos visto en la época de la Ley Federal de Educación y la reforma de los niveles y los ciclos. No sé si recordás que hubo provincias que decidieron no adherir al seis y seis y mantener el siete (primaria) y cinco (secundaria). Digamos, hay amplios resortes que están en manos, en este caso, de las provincias.
Pero pensemos en el caso también de muchas políticas de transferencias de ingresos que requieren contraprestaciones laborales o ese tipo de cuestiones que el Estado nacional no tiene ninguna capacidad de organizar, de gestionar y de auditar. Hoy está en discusión todo el sistema. Insisto: ahí hay limitaciones estructurales desde el punto de vista institucional que no siempre se entienden o no siempre se calibran cuando se piensan algunas intervenciones. Entonces, por ejemplo, el sistema de jubilaciones requiere que las personas presenten unos papeles y tengan una cuenta bancaria con el organismo, y se terminó el asunto. Cuando uno está pensando en otro tipo de relación con los actores, ya sean estatales o no estatales, ahí se disparan otro tipo de dinámicas.
Está claro que los servicios en manos de las provincias implican responsabilidad que la Nación ha delegado. O, mejor dicho, las provincias han recuperado, siguiendo la lógica constitucional sobre las funciones delegadas y no delegadas. Se supone que originariamente esto es una federación y por lo tanto las funciones son originariamente de las provincias. Temas de seguridad, de salud, de justicia, de educación, son muchos los aspectos políticamente relevantes que están en manos de las provincias. Insisto, esto implica una imposibilidad fáctica para desarrollar ciertas actividades.
Cuando se observa el Estado nacional desde el punto de vista presupuestario, lo que fundamentalmente se encuentra en el presupuesto son actividades de transferencia de recursos: a las personas por la seguridad social; a las provincias y a las universidades; a las empresas por el tema de las tarifas; y, finalmente, le paga a su personal. Eso te está mostrando un poco cuál es el carácter del Estado federal en Argentina. Ahora, cuando se escucha hablar al presidente, el actual o anteriores, pareciera que estamos en un país donde cualquier ministro puede poner en marcha una política como si estuvieras en un país unitario y la verdad que no es así. Creo que parte de los fracasos tienen que ver con eso. Un poco me parece que la lectura de alguno de los trabajos te permite pensar en esta dinámica.
«Está claro que los servicios en manos de las provincias implican responsabilidad que la Nación ha delegado. O, mejor dicho, las provincias han recuperado, siguiendo la lógica constitucional sobre las funciones delegadas y no delegadas. Se supone que originariamente esto es una federación y por lo tanto las funciones son originariamente de las provincias. Temas de seguridad, de salud, de justicia, de educación, son muchos los aspectos políticamente relevantes que están en manos de las provincias. Insisto, esto implica una imposibilidad fáctica para desarrollar ciertas actividades».
En los últimos capítulos del libro ustedes trabajan ciertos temas que están muy vinculados con lo que se conoce como el fin de la sociedad laboral, entre el desempleo y la precariedad. Sobre eso te quería preguntar: ¿Esto implicó un quiebre para pensar las políticas sociales? ¿Cómo se reconfigura en función de estas transformaciones sociales?
Creo que ahí también hay una tensión frente a cierta nostalgia de suponer que el futuro va a ser una vuelta a esos momentos míticos de una “integración trabajista” al estilo de los años ’70. Yo tengo otra visión. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso del Gran Buenos Aires que tenía en los años ’70 aproximadamente la mitad de los ocupados en la industria manufacturera, hoy eso llega a menos del 20%. Toda esa reconversión del aparato productivo en la Argentina, que tiene efectos territoriales muy claros, se expresa en todo caso en los niveles de precarización e informalidad que vemos. Ese empleo, que es empleo de calidad, se tiende a sustituir por un empleo de menor calidad, de menor nivel de protección. Los datos de los estudios de la UCA muestran que aproximadamente, depende el año, que entre el 45 y el 48% de los ocupados está en el sector micro-informal; muestran la permanencia de entre un 40 y 45% de la población en empleos de pleno derecho. Entonces la pregunta es si esto es un momento, un momento “malo”, o esto es en todo caso un escenario que abre el debate hacia otro tipo de respuestas estatales.
Porque todo el sistema de políticas sociales, sobre todo lo vinculado con la seguridad social, está fundamentado en la inscripción laboral en el sector formal. En la medida en que eso esté dañado – o, por lo menos con una permanencia importante en el tiempo, con la afectación sobre el sistema previsional, sobre el sistema de obras sociales, sobre el sistema de transferencias (el salario familiar, para decirlo rápidamente)–, está en problemas. Donde más se ve, porque fiscalmente es el aspecto más relevante, es en el sistema previsional. Cuando uno mira la población que se jubila cada año, el número de personas que lo hace por moratoria es mayor a las que se jubilan por la vía “habitual” o “legal”. Entonces, los sistemas están pensados para una sociedad de empleo pleno y de pleno derecho, y frente a esta situación lo que hay son problemas estructurales que la política social tiende a reforzar más que a resolver. Porque, en definitiva, una persona que trabaja en el sistema informal tiene acceso a ciertas prestaciones sanitarias que son distintas a las que tienen quienes están dentro del formal. Es como que se empieza a consolidar una especie de situación de, al menos (para no ser demasiado drástico), una sociedad con dos niveles de protección muy claros: los que se vinculan con la “vieja sociedad salarial” (la sociedad tradicional, los que trabajamos en las universidades nacionales, en el sector privado formal, etcétera) y quienes están en el mundo de la informalidad y la precarización.
Ahí, en ese sentido, los programas de transferencias tienen como una alarma importante porque son las que se dirigen a las poblaciones en edades centrales, es decir quienes históricamente resolvieron sus problemas de ingresos a través del trabajo. Todos han sido diseñados como políticas transitorias, como políticas de mejoramiento mientras el mercado de trabajo iba reconstituyéndose. Hace un tiempo se firmó un decreto que se llama “Puente al empleo”, antes se llamó “Empalme”, es decir toda esta idea de que estamos en una transición hacia una especie de idea de “mundo deseable” que es este mundo del trabajo. Estas ideas que dan vuelta por ahí del “trabajo genuino”, que nadie define. Yo no he encontrado una definición satisfactoria de qué es el trabajo genuino y qué es, en todo caso, el trabajo no genuino. Ahí yo creo que hay una crisis civilizatoria importante, donde se nos hace muy difícil imaginarnos una sociedad donde las personas vivan de otro modo.
Hay un sociólogo británico que hablaba de la “sociedad empleadora”, la idea de la sociedad que ordena la vida de las personas porque la mayor parte de su vida se dedican a trabajar por un salario. Y la pregunta es si estas transformaciones están dando paso a lo que vos mencionás: a formas de suministro de ingresos no mercantiles, sostenidas a través de impuestos, constituyéndose en otro tipo de relación entre ingresos y bienestar, donde la discusión ya no es el trabajo sino los ingresos. Yo creo que el debate desde el punto de vista intelectual va por ahí. Desde el punto de vista político no sé si va por ahí, yo creo hay mucha resistencia todavía de pensar tan drásticamente esa suerte de escisión o de hiato entre trabajo e ingresos. Y, de hecho, la UCA ha presentado un trabajo últimamente donde se ve el porcentaje de trabajadores pobres, que en el último informe está cerca del 30%. Es decir que ya ni siquiera el hecho de estar inscripto en el mundo del trabajo garantiza escapar a ciertos niveles de pobreza material.
Marcha frente al Ministerio de Desarrollo Social.
Vinculado a eso, me llamó la atención esto que vos decís de la fragmentación de las políticas sociales: ¿Cómo impacta esto, por un lado, en un proceso incluso de segregación urbana y, por otro lado, en la cuestión de la estigmatización que también aparece, por ejemplo en la figura del “planero”? ¿Qué impacto tiene y cuál es, si lo tiene, su correlato político: la polarización social más allá de la polarización política?
Sí, yo creo que es muy compleja la situación porque, por un lado, el libro muestra, sobre todo en el capítulo 3, que estamos en los máximos niveles históricos de gasto social y todo el mundo te pregunta “¿Entonces por qué tenemos está situación social?”. Cualquier persona, que no necesariamente sea un estudioso del tema, puede dar respuesta con velocidad a esta especie de incongruencia, de paradoja. La cuestión habitacional, por ejemplo, es un tema que es extraordinariamente grave: por decirte, escuché hace unos días una propaganda del Ministerio de Desarrollo Territorial y Vivienda que dice “Más familias argentinas acceden a la vivienda” y hablaba de 50 mil, pero estamos hablando de una necesidad habitacional de un millón por lo menos. La sensación es que tampoco hay, no solo en la agenda vinculada con los ingresos sino también de otro tipo, respuestas estatales. Siempre estuvieron respaldadas en poblaciones con mayores niveles ingresos. Para aclarar un poco la idea: la urbanización de los sectores populares descansó en poblaciones con ingresos suficientes para autoproducir su hábitat, con respuestas estatales no tan generosas como habitualmente se dice. Cuando uno mira, lo que hay, como dice un trabajo muy interesante, es “casa-propismo”: lo que hubo fueron personas que accedían al lote en cómodas cuotas (por ejemplo, en el Gran Buenos Aires) e inclusive en lugares cuestionables en cuanto a la calidad de los asentamientos, pero que a raíz de tener empleo más o menos permanente y seguro, lograron construir (o bien familiarmente, o bien por ayuda comunitaria) la urbanización de gran parte de lo que hoy es el GBA. Entonces, hoy esa depreciación material de los ingresos supone una afectación enorme y, además, no hay políticas equivalentes que compensen desde el punto de vista habitacional. En 2018 se hace el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), se identifican 4500 barrios populares, luego además del período de crecimiento económico más importante de la historia argentina según los datos de algunos investigadores del campo, y uno ve la expansión de la política, por ejemplo, de los Planes Federales de Vivienda (que fue también una de las grandes inversiones en términos históricos) y, no digo que no mueve el amperímetro porque para cada persona que es beneficiaria ha sido una mejora, pero en la situación general sigue teniendo la necesidad de que las inversiones tengan planes sostenidos en el tiempo. La cuestión ahí es: si las personas no tienen ingresos personales, no hay crédito y no hay política estatal consistente y sólida, lo que vamos a tener es un proceso de deterioro fuerte de esta situación desde el punto de vista habitacional.
Y en el campo de lo que particularmente preguntás vos, sobre el tema de los “planeros”, ahí hay una controversia importante que socialmente no se sutura. Creo que buena parte de la dirigencia política tampoco hace pedagogía en términos de tratar de transmitir la gravedad del problema y no suponer que es cuestión de darlo por sentado. Insisto, hace unos días hubo un decreto que dice que va a haber un “puente al empleo”: ¡Ojalá! No es la primera vez que se hace.
También hay un problema vinculado también con cierto hastío fiscal de los sectores que están soportando buena parte del peso de los impuestos. Y esto creo que los sectores autopercibidos “progresistas” tienen que empezar a tomar nota del problema. Porque, independientemente de que se compare si la tasa de presión impositiva argentina es superior o inferior a Noruega o a Suecia, el problema aquí es que la carga fiscal concentrada en un sector de la población, que son los sectores formales. Muchos pueden ser sectores adinerados y de grandes fortunas, pero otros son laburantes como yo o como vos, gente que trabaja por un salario. Y entonces la incomprensión también tiene que ver con empezar a mirar de otra manera el problema del gasto del Estado. El gasto en los programas sociales es de cerca, por ejemplo el Programa Potenciar Trabajo, medio punto del PBI. Siendo de 30% el total del gasto social. Entonces lo que se supone que los “planeros” se “aprovechan” es medio punto del PBI, no estamos hablando del problema fiscal en la Argentina. Y, cuando se analizan los subsidios las tarifas, por ejemplo, ahí es otro asunto, es otra historia.
Entonces pareciera que si no hay una discusión política más franca sobre el Estado y el gasto (que en su conjunto está casi en el 40-42% del PBI); si no hay una discusión más franca sobre cómo encarrillar esta situación; todo puede ser peor. Sumado a todos estos desequilibrios macroeconómicos que tampoco nos están llevando por buen camino: por la cuestión inflacionaria y por la incapacidad de nuestro país de generar un sendero de crecimiento consistente para, en todo caso por la vía mercantil, también mejorar parte de la situación de la población. A mí me parece que no hay que renunciar a ninguna situación: hay que tratar que el país crezca; hay que tratar que la sociedad sea expansiva y que sea generosa; y no suponer que una cosa invalida a la otra.
«La pregunta es si hay capacidad de los liderazgos políticos para pensar sobre otras bases estos sistemas que están funcionando mal. Porque tenemos el 70% de la población jubilada con el haber mínimo y tenemos regímenes de privilegio que conviven, con una tasa de informalidad laboral de un tercio. Lo que estamos haciendo es prolongar la situación en el tiempo, pero sin resolverla».
Una apostilla a esto que dijiste, sobre todo el tema de los subsidios: gran parte de las transferencias no aparece estrictamente como política social y, sin embargo, impactan, muchas veces no de la manera más progresiva, en ella. Y hoy claramente es una válvula, una especie de convertibilidad de los 2000.
Mucha gente venía advirtiendo, ya cuando comenzó esta situación, de la dificultad de estos subsidios que, además, territorialmente han tenido una distribución muy opaca. Y que, además, en algunos casos llegan a subsidiar, no sé, la aeronavegación. Y la pregunta es si tenemos en este contexto que seguir sosteniendo una aerolínea de bandera deficitaria. Yo creo que estamos en un escenario donde deberíamos ser capaces, al menos en el más alto nivel político, de empezar a tener alguna razonabilidad en las discusiones. O mismo la política social como vía de identificación de las poblaciones que efectivamente requieren cierto sostenimiento, por ejemplo, en el caso de las tarifas domiciliarias. Que en el caso del gas, incluso, ni siquiera es un suministro universal, porque hay una alta proporción de la población que no tiene acceso al gas por red. Entonces hay toda una serie de problemas que no son tan sencillos. Yo te decía: medio punto el Potenciar Trabajo y tres puntos las tarifas. No es un tema que uno pueda soslayar como si se tratara de una cuestión de poca significación.
Siempre pongo el ejemplo del PAMI, que gasta el 1% del PBI y hace cincuenta años que no se discute qué hacer con él. Y estamos hablando de una institución creada en un contexto laboral y, sobre todo, demográfico distinto. Entonces hoy una obra social de cinco millones de afiliados que requiere una rediscusión política de actualización, llamémosle. No estoy diciendo que hagamos una cosa o la otra, porque no estoy seguro de lo que hay que hacer. Pero la sensación que hay es que hay muchos temas que no aparecen en la agenda de discusión, en un contexto de la gravedad del que tiene nuestro país, al menos desde mi punto de vista.
Para cerrar, retomo una frase que propone Aldo Isuani y que vos reponés en la introducción del libro, tal vez de modo irónico, de que Argentina no tiene el Estado que se merece, pero sí uno que se le parece mucho. ¿Con esto quieren decir, sin mal no interpreto, que Argentina no está ni en el peor ni en el mejor de los mundos, al menos en materia de políticas sociales? Y que, a pesar del diagnóstico crítico, hay capacidad instalada para avanzar en discusiones más serias y en otro tipo de soluciones.
Ha habido casos muy llamativos. No sé si recordás que hace unos años atrás un turista inglés fue apuñalado en La Boca y el tipo no podía entender cómo le habían salvado la vida y no debía nada, ¿no? O el caso de nuestra educación universitaria, donde cualquiera puede estudiar lo que quiera y sin pagar nada. Entonces, Argentina no tiene un problema (aunque pueda haber algunas situaciones puntuales) de oferta educativa en término edilicios. Puede haber edificios de mala calidad, puede faltar jornada completa, pero hay una infraestructura social en nuestro país que es importante. Lo que también hay, creo, son incapacidades para, en todo caso, pensar un Estado en función de los nuevos riesgos sociales. Creo que eso es un poco lo que nosotros venimos trabajando hace tiempo en término de: qué hace este Estado, que se fundó en un contexto laboral muy especial (con un mercado laboral muy atípico en términos regionales, con una alta tasa de asalarización y una alta tasa de formalidad, y un bajo nivel de desempleo), frente a este cambio. Que no es precisamente de coyuntura, sino que estamos mirando un período largo, al menos desde los 90 para acá, con una importante permanencia y manifestaciones claras del empobrecimiento de la población y de la informalidad laboral.
Entonces, lo que a mí me cuesta entender es esta política que yo llamo “de las adyacencias” (es decir: “esto funciona bien y al lado le ponemos una política para resolver las fallas o incluir a los que no están considerados acá”) y que está empezando a crujir. El caso más concreto es el de la moratoria: cuando uno lee el texto original de esa medida se hablaba de los ’90, se hablaba de neoliberalismo, pero una vez pasado el tiempo lo cierto es que la situación no cambió. Cuando uno lee el decreto de la AUH dice más o menos lo mismo –dice, por ejemplo: “la mejor política social es el trabajo”–, pero cuando se mira lo que pasó desde el 2009 hasta el presente, no cambió la cosa. La pregunta es si hay capacidad de los liderazgos políticos para pensar sobre otras bases estos sistemas que están funcionando mal. Porque tenemos el 70% de la población jubilada con el haber mínimo y tenemos regímenes de privilegio que conviven, con una tasa de informalidad laboral de un tercio. Lo que estamos haciendo es prolongar la situación en el tiempo, pero sin resolverla. Yo no sé, no encuentro la creatividad o la lucidez para enfrentar una discusión seria sobre estos temas. En definitiva, el propósito del libro tuvo que ver con intentar construir bases informadas para este debate y yo estoy muy satisfecho con el resultado. Porque creo que cualquier persona que se ponga a leerlo con atención va a encontrar elementos que ordenan, en todo caso, lo que puede ser una jerarquización de problemas. Y creo que uno de ellos tiene que ver con esto: la de un Estado que se parece más a la sociedad del pasado que a la que estamos viendo, que se dibuja a partir de estas transformaciones tan profundas.
QUIÉN ES
Gustavo Gamallo es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Sociales y licenciado en Sociología, todos títulos por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en el estudio de las políticas sociales. Actualmente es profesor titular de la materia Sociología Política de la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA; profesor adjunto a cargo de la materia Sociología del Ciclo Básico Común, UBA; profesor adjunto de Sociología, de la Facultad de Derecho, UBA. Dicta cursos de posgrado en distintas universidades nacionales. Es codirector del proyecto Ubacyt – Grupo Consolidado “Brechas de bienestar y marginaciones sociales en Argentina”.
Editó recientemente la compilación ¿Más derechos, menos marginaciones? Políticas sociales y bienestar en Argentina (Biblos, 2012) y, en codirección con Laura Pautassi, El bienestar en brechas. Las políticas sociales de la Argentina de la posconvertibilidad (Biblos, 2016).
La economía argentina se apoya sobre un conjunto de tensiones socioeconómicas que se caracterizan por tener fundamentos u orígenes parcialmente separables. Se manifiestan y desarrollan sobre un mismo momento institucional que vela estas diferencias en la administración de la divisa de uso internacional en donde, bajo la rúbrica del tipo de cambio, todos los gatos se vuelven pardos.
Analizar cómo tensiones socioeconómicas más o menos separables se cruzan y confunden entre sí, tiene por meta-objetivo tratar de pensar las bases indispensables que rigen los sistemas de coordinación económica a fin de que eviten dificultades propias de las regulaciones cruzadas o indirectas. A saber, que suelen ser ineficientes y muchas veces ineficaces, en segundo lugar, suelen alentar comportamientos especulativos que generan inestabilidad estructural o riesgos sistémicos adicionales ya que acelera e intensifica la conflictividad retroalimentando tensiones.
Veamos entonces con más detalle esta situación tomando cinco tensiones primarias de la economía argentina, cuyos fundamentos serían más o menos separables, más allá de las íntimas y estrechas relaciones que pueden mantener a posteriori. Precisamente es a posteriori donde todas estas tensiones se encuentran y velan sus diferencias haciendo de la regulación y la coordinación un esfuerzo infructuoso, muchas veces contraproducente y finalmente sumamente desmoralizante para toda la comunidad.
En primer lugar, podemos traer a colación la tan mentada inflación distributiva. Esta se define por la capacidad de los principales empleadores y asalariados de sostener una puja por el excedente que se traduce en aumentos permanentes de precios y salarios. Inmediatamente se pone en marcha la actividad económica en la Argentina se desarrolla esta dinámica de precios que pone como base una inflación anual de, aproximadamente, del 20 a 25 por ciento. En el caso argentino, se observa una particular condición (que como veremos se va a repetir en otros casos), ya que los grupos socioeconómicos conservan capacidad para pujar por el producto pero de una forma no coordinada, no orientada, elevado a lema general de “paritarias libres sector por sector”. Esto favorece la dinámica inflacionaria ya que las pautas orientadoras se tornan débiles ante una puja descentralizada. Se trata de un poder inorgánico, sin orientación que contrasta con la estabilidad de precios en países vecinos sobre la base de una asimetría total entre los propietarios de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Pero también contrasta con aquellos casos en donde el poder de negociación persiste aunque bajo una unidad de propósito y orientación con la capacidad suficiente de poner límite a esta dinámica nominal.
En segundo lugar, puede agregarse lo que suele denominarse el problema de la restricción externa. Este momento se define por el hecho de que nuestras importaciones se aceleran cuando la Argentina crece, al menos en mayor medida que lo que se aceleran nuestras exportaciones cuando es el resto del mundo el que crece. Esto obliga a la Argentina a mantener en el largo plazo una tasa de crecimiento menor que el resto del mundo a lo que se agrega el hecho de que este crecimiento, limitado por las exportaciones, suele ser insuficiente para emplear en el sector de altos ingresos a la totalidad de la población. En términos generales un tercio de la población queda excluida de los beneficios del progreso técnico general. El origen de esta realidad se halla en la especialización productiva de nuestro país, caracterizado por la incapacidad para producir en la frontera tecnológica bienes de capital o insumos industriales. Esto introduce una fuente de conflictividad interna significativa entre los agentes económicos importadores y exportadores. El crecimiento de los primeros entra en contradicción con la acumulación de los segundos cuando la dinámica de las importaciones se acelera y ello suele implicar una puja muy agresiva sobre el flujo anual de la divisa internacional.
El espacio nacional argentino está atravesado por las mismas tensiones que estructuran a toda sociedad moderna, mientras que el logro de cierta unidad de propósito y reconocimiento mutuo, superando las distinciones socioeconómicas que nos separan, aplica como clave de interpretación general de todo proceso de desarrollo. Incluso esto puede ser pensado de un modo más corpóreo o material.
En tercer lugar, puede mencionarse una situación muy particular de la economía argentina, que suele estar caracterizada por la idea de la fuga de capitales. En rigor, esta tensión se define por el hecho de que los agentes económicos internos acumulan activos externos de muy bajo rendimiento (billetes y monedas) y pasivos externos de altos rendimientos (inversión extranjera directa y deuda pública sobre todo). Esto implica no sólo que la economía en su conjunto no puede movilizar sus excedentes de forma productiva (real o financiera o interna o externamente), sino que además se trata de un proceso de destrucción de riqueza realmente inédito y poco frecuente. Esta tan particular situación encuentra su fundamento en una paradójica situación de elevada conflictividad e inestabilidad interna combinada con una persistente capacidad de la economía nacional de generar y acumular excedentes, apoyada en la disponibilidad de recursos naturales, cierto desarrollo científico-tecnológico, formación y destreza de la fuerza de trabajo, y habilidad empresarial. Suele ser leído también como un problema de bimonetarismo de la economía nacional, lo cual, al igual que la etiqueta de fuga de capitales, puede ser algo engañoso o no reflejar el verdadero problema. Pues no se trata de que “los argentino ahorren en divisa extranjera”, todos los países mantienen excedentes en divisas externas, sino que, por el contrario, se trata de la incapacidad de orientar productivamente dichos excedentes. La economía argentina tiende a destruir su riqueza, literalmente, en vez de establecer mecanismos sustentados en confianzas mutuas entre los agentes económicos, para darle un destino productivo.
En cuarto lugar, la economía argentina (y esto también es un problema de todos los países del mundo integrados al comercio internacional), se encuentran ante la siempre difícil disyuntiva de desacoplar los precios internos de los internacionales, particularmente en aquellos bienes que definen el costo en divisa de la canasta básica y los insumos críticos de las empresas. Me refiero concretamente a alimentos y energía. En el caso de los países exportadores de alimentos o energía, ello parece tener una tonalidad más dramática, y ser interpretado como un problema, o una “enfermedad”. Algo que, en rigor, no puede ser comparado con una situación decisivamente más delicada de debilidad estructural, como es la de países importadores de alimentos y otros recursos esenciales. En estos casos la debilidad es máxima, en particular en momentos críticos o de escasez relativa y requieren esquemas políticos más estrictos, condiciones internacionales favorables que sobre limitan el margen de maniobra y un esfuerzo interno más que proporcional, por ejemplo los países del este asiático.
De cualquier manera, hay aquí un patrón que se repite, la Argentina se halla en una posición estructural muy sólida en recursos pero no puede aprovechar esa ventaja para lograr una mejora en su posición internacional. La variabilidad internacional de los precios internacionales no logra ser contenida internamente o, si se lo hace, es al costo de una conflictividad creciente. Para ver mejor este problema tómese el caso actual de los precios al alza de energía y alimentos. En primer caso, en el energético, el Estado promueve el consumo de energía bajado su precio relativo subsidiando a los consumidores en el tramo fundamentalmente de la generación (aunque el AMBA agrega subsidios en tramo de la distribución), de modo que las empresas reciben el precio pleno en divisa y no se imponen restricciones (incluso se alienta) al consumo de energía (muchas veces de lujo) pagándose plena la cuenta internacional. Como resultado de ello se crea un poder de compra adicional que presiona en el mercado de la divisa internacional agregando en este punto inestabilidad. En el caso de los precios de los alimentos, el desacople no se realiza mediante un subsidio, sino fundamentalmente mediante detracción directa a los exportadores, mediante impuesto y administración del precio de la divisa. En el caso del impuesto (retenciones) el Estado baja el precio de las exportaciones quitando poder de compra sobre la divisa internacional a los exportadores. En el caso de la administración de la divisa, el Estado quita poder de compra abaratando el precio que recibe el exportador pero lo crea por otro lado abaratando el precio que paga el importador por la divisa. Esta situación permite la acumulación de bienes de capital en los sectores importadores y el abaratamiento de la canasta básica medida en divisa.
En general, la ventajas comparativas de los complejos exportadores, permiten sostener estas detracciones, particularmente cuando se trata de grandes explotaciones sumamente capitalizadas que trazan planes de negocio a escala mundial, y operan en otro nivel, haciendo de las detracciones internas un componente relativamente menor. Sin embargo, existe un extenso espacio de productores internos que alimentan la vida de ciudades intermedias en particular en las provincias pampeanas, y los centros de las grandes ciudades, que encuentran aquí una fuente de descontento y de conflictividad muy intensa ya que sus márgenes sufren ante sustracciones que son directas y visibles.
Finalmente debe mencionarse un último momento problemático de la realidad socioeconómica de la Argentina, que podría resumirse en la fragilidad financiera del Estado argentino a partir de la fuente de desestabilización provocada por la deuda contraída en moneda extranjera. En este caso, se trata de una situación también particular producida por las demagógicas e irresponsables aventuras de endeudamiento externo y entrada masiva de capitales para el aprovechamiento de rentas extraordinarias garantizadas por el Estado. Esto constituye otro golpe directo a la estabilidad del sistema económico y suele ser protagonizado por gobiernos que llegan de la mano de agentes financieros de “la city”. En general todo concluye con un endeudamiento masivo del Estado en moneda extranjera, que supone una presión gigantesca y directa sobre el la divisa internacional que acaba concluyendo con una mega devaluación o hiperinflación, garantizando la posición de los acreedores externos sobre el flujo y los activos argentinos sobre los que ganan posiciones patrimoniales. Se agrega la capacidad permanente de condicionar política y geopolíticamente a los gobiernos altamente endeudados. Martínez de Hoz, Cavallo, Sturzenegger fueron los casos emblemáticos de este tipo de estrategias que suelen terminar con situaciones catastróficas de aguda conflictividad, disolución de la solidaridad mínima, descomposición de las instituciones estatales, como el propio dinero nacional, disgregación territorial y ruptura de unidades familiares, etc. De todas las fuentes de conflictividad esta es, probablemente la más difícil y lacerante de la vida común.
Como puede observarse las cinco tensiones que atraviesan la realidad económica nacional tienen fundamentos diferentes, es decir, orígenes o realidades de fondo al menos parcialmente separables. A posteriori, estas tensiones suelen confluir sobre el activo primario, que al decir de Aristóteles es el término medio, medida de todas las cosas y nomos de aceptación general en la que todas las cosas igualan. En español… las tintas se cargan en la puja por el dólar. En consecuencia, es posible preguntarse cómo administrar estas tensiones que, por otra parte, son generalizables a todas las economías del mundo, con las particularidades del caso que ya fueron señaladas. Para ello es preciso tener en cuenta dos principios con los cuales cerraré estas notas.
Los distintos grupos, estamentos, clases y territorios, que convergen en la unidad del espacio nacional, valoren mutuamente las actividades productivas que proveen los demás. Requiere que todos estos componente de la comunidad, se comprometan mutuamente con el incremento de la calidad de las actividades que realizan, en una suerte de sofisticación generalizada de nuestra acción material productora del mundo en el que vivimos.
En primer lugar, como puede observarse, en todos los casos se pone en juego una tensión distributiva no cooperativa sobre la base de una unidad nacional que persiste. Es clave observar este sostenimiento que se materializa como una posición positiva en su capacidad de organización y producción de riquezas. Persiste una fuerza social organizada, destrezas productivas, recursos estratégicos, incluso la capacidad para tomar activos externos en condiciones difíciles. Las pujas internas cruzadas ponen en movimiento una dinámica de infinita variabilidad en el tipo de cambio y la existencia de múltiples regulaciones cruzadas que limitan su acceso. Sin embargo esto vela las tensiones distributivas de fondo y, por lo tanto, se percibe de forma generalizada la debilidad estructural de estas regulaciones que suelen quebrarse en el mediano plazo reiniciando el caos monetario-cambiario. En definitiva, es probable que la explicitación de estos traumas distributivos sea algo necesario para trazar un entendimiento mutuo mínimo que proyecte una marco de cooperación general y proyección estratégica que limite la conflictividad y permita activar plenamente las capacidades diferenciales del espacio nacional argentino.
“No se trata de ir sobre un planificación estricta incompatible con la democracia, sino apoyarse en la democracia parlamentaria y el diálogo social para construir marcos que den orientación y objetivos comunes para el de mediano y largo plazo.”
En segundo lugar, lo anterior puede traducirse en la necesidad de diseñar sistemas de coordinación económica que vayan directamente sobre la tensión de base, y no sobre su traducción a posteriori como un problema genérico en el manejo de la divisa que vela las tensiones de fondo. Naturalmente, en última instancia de trata de componer acuerdos distributivos marco que orienten tensiones cruzadas: entre empleadores y asalariados, entre exportadores e importadores, en tres consumidores y productores de alimentos y energía, entre los que prestan y los que piden prestado, entre agentes interno y agentes externos. Establecer pautas de largo plazo para la dinámica de los salarios reales, definir el costo real de la canasta básica (alimentos y energía), la pauta de crecimiento de las importaciones de bienes de capital e insumos, los límites y la funcionalidad del endeudamiento externo, las condiciones financieras que permitan la movilización de los activos financieros de los argentinos, son metas que están en la base de toda sociedad política jurídicamente organizada y constituyen el punto de partida de su proyección en la arena internacional. No se trata de ir sobre un planificación estricta incompatible con la democracia, sino apoyarse en la democracia parlamentaria y el diálogo social para construir marcos que den orientación y objetivos comunes para el de mediano y largo plazo.
La idea de que existen dos “proyectos de país” en un “empate hegemónico inestable”, según los argumentos aquí planteados, resulta una ficción sumamente improductiva. No hay dos facciones, tampoco tres o cuatro. En todo caso, el espacio nacional argentino está atravesado por las mismas tensiones que estructuran a toda sociedad moderna, mientras que el logro de cierta unidad de propósito y reconocimiento mutuo, superando las distinciones socioeconómicas que nos separan, aplica como clave de interpretación general de todo proceso de desarrollo. Incluso esto puede ser pensado de un modo más corpóreo o material. En definitiva lo que aquí se proyecta exige que los distintos grupos, estamentos, clases y territorios, que convergen en la unidad del espacio nacional, valoren mutuamente las actividades productivas que proveen los demás. Esto, a su vez, requiere que todos estos componente de la comunidad, se comprometan mutuamente con el incremento de la calidad de las actividades que realizan, en una suerte de sofisticación generalizada de nuestra acción material productora del mundo en el que vivimos, y en el que la República Argentina, y toda la América de los Latinos, se realiza.
