Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Hay que frenar el ecocidio en los humedales

Hay que frenar el ecocidio en los humedales

Los incendios en el Delta del Paraná destruyeron 1 millón de hectáreas. Tenemos responsabilidad como humanos por el impacto ambiental. Hay instrumentos políticos para frenar la tragedia. Tenemos que trabajar todos en conjunto.

La superficie quemada equivale a 55 veces una ciudad grande como Rosario.

La crisis ambiental es una crisis de nuestra civilización generada por el modelo de desarrollo económico.

Las problemáticas ambientales, como el cambio climático, la sobreexplotación de recursos o la contaminación que más se evidencian a niveles locales y regionales, son consecuencias del modelo de desarrollo que usufructúan unos pocos con recursos que son de toda la humanidad.

Este modelo de explotación ha degradado los tejidos sociales y vinculares de nuestras sociedades del sur global, producto de un sistema inequitativo que genera cada vez más exclusión. 

El desafío que tenemos como humanidad no es privativo de las políticas públicas. Nos obliga a repensarnos desde el lugar que ocupamos.

La crisis ambiental es una crisis de nuestra civilización generada por el modelo de desarrollo económico.

Nos enfrentamos a una crisis ecológica sin igual producto de la relación que establecemos con la naturaleza desde la modernidad. Muestras sobran: los incendios permanentes y continuos de los últimos tres años en los humedales pertenecientes a la zona centro de nuestro país.

Tratar a la naturaleza como mercancía trae consecuencias graves. Las provincias que comparten este tesoro natural que son los humedales, hoy padecen riesgos que traerán consecuencias incalculables en el futuro: no solo en la salud de las personas sino en el sostenimiento de una calidad de vida óptima y un desarrollo económico equilibrado.

INCENCIANDO EL EQUILIBRIO NATURAL

Los humedales son una pieza clave en el gran equilibrio natural que el mundo necesita.

Tienen una capacidad incalculable para absorber dióxido de carbono (principal gas que impacta en el cambio climático global). Tienen aspectos y morfologías particulares. Se caracterizan por ser tierras en condiciones de inundación o saturadas por el agua. A todos los determina un mismo factor: el agua, que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. Por lo tanto, las especies que lo habitan son aquellas que se adaptan a estas condiciones.

En la Argentina los humedales representan aproximadamente el 22% de la superficie.

Podemos encontrarlos a lo largo y a lo ancho, en climas diversos y en paisajes totalmente opuestos. Tenemos los humedales de Península Valdés en Chubut (declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO), Laguna de los Pozuelos en Jujuy, Palmar de Yatay en Entre Ríos, Lagunas y Esteros del Iberá en Corrientes o la Reserva Ecológica Costanera Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (destacada por ser una reserva urbana).

Desde el 2020 no dejaron de arder casi sin interrupciones más de 1.000.000 de hectáreas del delta del Paraná

Hay dos en los que se debe poner especial atención dado su estado de riesgo porque atesoran recursos naturales de interés de cara al futuro: los humedales Los Salares que contienen litio y los humedales AltoAndino amenazados por la megaminería.

LA TRAGEDIA

Pero quizás los humedales más tristemente conocidos en los últimos tiempos son los del Delta del Paraná.

Es un ecosistema generoso que se extiende en 17.500 km2 en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Dador natural de bienestar y equilibrio a más de 15 millones de personas. Además, regulan inundaciones, depuran agua, retienen sedimentos, carbono y xenobióticos, forman suelos y proveen alimentos, maderas y fibras. Esta zona representa además una muy variada diversidad biológica.

Pero estos territorios son muestra una y otra vez de numerosos incendios y de disputas territoriales.

Desde el año 2008-2009 una ola de numerosos focos de fuego se detectó en esta zona arrasando con miles de hectáreas y junto con ellas cientos de miles de especies de flora y fauna. Ese año marcó un hito: se desarrollaron herramientas de gestión para reconducir esta catástrofe y que lograron detenerla durante casi 6 años consecutivos.

La ley de bosques nativos no presenta resultados concretos en cuanto a la preservación y el destino de fondos nacionales que desarrollen acciones de preservación y protección de los mismos en nuestro país.

Pero la pandemia trajo nuevos intentos de destrucción intencionales sobre este ecosistema.

Desde el 2020 no dejaron de arder casi sin interrupciones más de 1.000.000 de hectáreas del delta del Paraná. Un registro histórico de fuego permanente que arrasa día a día con más y más superficie de estos territorios, llenando de humo y de hollín el entorno, especialmente el de la ciudad de Rosario, complementando y exponenciando enfermedades respiratorias y malestar en medio de una pandemia que ataca el sistema respiratorio.

El humo y la contaminación afectan a amplias zonas del país.

LEY DE HUMEDALES, YA

La Ley de humedales sigue siendo una deuda pendiente en nuestro país y con ello la discusión sobre el ordenamiento territorial del sector, la coordinación interjurisdiccional entre las provincias afectadas y las decisiones políticas necesarias para atacar la causa de este problema: los motivos reales por los cuales se originan estos incendios.

¿Podemos producir en estas tierras? ¿Como? ¿De qué forma?

La Argentina ya cuenta en materia legislativa y de gestión con herramientas para accionar sobre estos temas. Los espacios de coordinación nacional como son el COFEMA y el PIECAS lograron resultados visibles en aquel trágico 2009. Detuvieron las quemas y avanzaron en acuerdos interprovinciales de gestión.

También tenemos la Ley de bosques nativos que no presenta resultados concretos en cuanto a la preservación y el destino de fondos nacionales que desarrollen acciones de preservación y protección de los mismos en nuestro país. Deudas de relevamiento e información respecto a otro de nuestros tesoros naturales a lo largo y ancho de la Argentina.

Poner límite a la frontera agropecuaria es un desafío de cara al futuro, donde la crisis vinculada a la producción de alimentos que se necesitará para abastecer a una sociedad que evoluciona y crece exponencialmente. 

Frente a la catástrofe ya consumada las autoridades nacionales no pueden ni ejecutan un plan de manejo del fuego acorde a las dimensiones de la gravedad y urgencia que demanda el ecocidio en el delta del Paraná. Muy por el contrario. Se detecta mayor presencia de ganado año tras año. Se postulan terrenos para la venta. Los emprendimientos inmobiliarios y los propietarios de la zona aún permanecen ilesos de los delitos ambientales ocasionados (ley N° 10.000 de Intereses Difusos).

¿Y LOS COMPROMISOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO?

Entender que las protecciones de estos recursos son fundamentales también para potenciar y conservar la producción de nuestro país es clave para destrabar una inútil discusión que no avanza en los poderes legislativos.

El cambio del clima se profundizará ocasionando innumerables consecuencias en las condiciones meteorológicas que históricamente han permitido que la Argentina y especialmente la zona centro de nuestro país sea un motor productivo de alto rendimiento.

No hay producción agropecuaria posible sin la conservación de los ambientes naturales reguladores por excelencia. Sus servicios ambientales incluyen la protección contra inundaciones y regulan sequías extremas para esta zona.

Cientos de especies amenazadas.

Poner límites a la frontera agropecuaria es un desafío de cara al futuro. La crisis vinculada a la producción de alimentos que se necesitará para abastecer a una sociedad que evoluciona y crece exponencialmente. 

La Argentina ha firmado compromisos vinculados a la lucha contra el cambio climático. Nuestro país posee una ley nacional vinculada al tema, así como la provincia de Santa Fe particularmente. Los avances en materia legislativa son opuestos al accionar de los poderes ejecutivos.

Hoy más que nunca hay que trabajar para detener este ecocidio que ya consumió el equivalente a 55 ciudades de Rosario. Dejar de distribuir responsabilidades y competencias, debe ser el próximo paso. Hacer cumplir las normas, es obligación. Convocarnos a trabajar en pos del futuro, dejando las diferencias a un lado, es la salida a esta catástrofe nunca antes vista.

El desmonte en Salta «la fea»

El desmonte en Salta «la fea»

En la provincia de Juan Manuel Urtubey las topadoras avanzan sin control, ignorando la Ley de Bosques, sobre todo si las tierras pertenecen a los amigos y socios del gobernador.

“Salta la linda”: así la llaman en una canción y de verdad le hacen justicia. Pero parece que a muchos de sus funcionarios esto dejó de importarles: autorizaron el desmonte de cerca de 9.000 hectáreas en una finca en el norte de Salta, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal.

La propiedad pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri. Otro de los dueños de la Finca Cuchuy SA es Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación.

La organización ecologista Greenpeace ya había denunciado el caso en el año 2014 y logrado frenar el desmonte, al menos hasta que sus activistas fueron detenidos. En el mes  de enero pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos, lo que motivó una nueva denuncia. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años.

“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente” advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

[blockquote author=»» pull=»normal»]La destrucción de esos bosques es irreparable y afectará seriamente la subsistencia de cuatro comunidades indígenas.[/blockquote]

La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, donde se prohíben desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la Categoría III – verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, de las cuales lleva desmontadas más de 5.000.

Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Urtubey salió a responder las acusaciones y aseguró que “la autoridad competente avaló el cambio de uso del suelo” y comunicó que esos trabajos que se ejecutan desde 2014 “se ajustaron a la normativa ambiental vigente al momento de su autorización”.

Aseguraron además que la Ley de Bosques Nativos establece que las provincias son las que dictan sus ordenamientos territoriales y que en este caso la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción local, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La autorización del cambio de uso de suelo en esa finca fue dispuesta mediante el decreto 2211/10, que aprobó el procedimiento de análisis de proyectos a nivel predial.

Ante esta polémica el gobierno nacional tomó intervención mediante el Ministerio de Ambiente de la Nación que emitió una nueva resolución, la 56/2018, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, donde respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional;  declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas;  instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados en las más de 40.000 hectáreas desforestadas hasta el momento bajo estas autorizaciones; y prohibió la emisión de certificados de exportación de palo santo provenientes de estas áreas.

A partir de haber tomado conocimiento de esta medida, la provincia anunció finalmente que suspenderá las autorizaciones otorgadas y comunicará al propietario de la finca Cuchuy la suspensión de los desmontes en ejecución.

Aunque esto parece no importar mucho en Salta, ya que los últimos días de febrero la organización ecologista Greenpeace advirtió que mediante sobrevuelos realizados durante ese mes, detectó el desmonte de 300 hectáreas en la estancia. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.

La destrucción de esos bosques es irreparable y afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por  diferentes miembros de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.

La Ley de Bosques, sancionada en 2007, que tiene por objeto determinar qué zonas de Bosque nativo son aptas para el desmonte –para ser utilizadas en la agricultura, ganadería o tala– y qué zonas deben ser protegidas por su invaluable valor en la conservación de la biodiversidad. Los mapas marcan con rojo aquellas zonas donde está prohibido cualquier modificación; con amarillo las áreas que tampoco pueden desmontarse, pero puede utilizarse en aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y con verde aquellas que pueden ser utilizadas para la producción, previo permiso gubernamental con audiencia pública.

[blockquote author=»» pull=»normal»]“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes”, dice Hernán Giardini, de Greenpeace.[/blockquote]

Las rezonificaciones que avala el gobernador Urtubey cambian zonas rojas o amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los intereses de las comunidades originarias. Todo esto en beneficio de unos pocos terratenientes, como el primo del jefe de Gabinete, el secretario de Legal y Técnica de la Nación, y el propio presidente.

Finalmente, Greenpeace denunció que el proyecto de ley para penar este tipo de delitos forestales realizados por los terratenientes, avalados por autoridades políticas, se encuentra demorado por la diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.

“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.

 

En base a Greenpeace / El Tribuno / Tiempo Argentino / El Federal

El fuego que no para: entrevista a Elisabeth Möhle

El fuego que no para: entrevista a Elisabeth Möhle

Durante los últimos meses se han producido una gran cantidad de incendios en los llamados «humedales». ¿Por qué se producen? ¿Son todos intencionales? ¿Qué soluciones pueden plantearse para revertir esta situación? Elisabeth Möhle, licenciada en Ciencias Ambientales y becaria doctoral en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, da algunas respuestas en esta entrevista.

En los últimos meses se ha puesto de relieve la importancia de los humedales. ¿Podrías comentar exactamente qué son?

Según la Convención Ramsar sobre los Humedales, son los terrenos cubiertos de agua dulce o salada de manera permanente o temporaria. Son ecosistemas complejos y frágiles entonces es fácil que se vean afectados en sus ciclos por las diferentes actividades humanas. Como ejemplos conocidos podemos mencionar los Esteros del Iberá o el Delta del Paraná.

¿Por qué son importantes?

Los humedales son muy importantes porque brindan una amplia variedad de servicios ecosistémicos, desde la provisión de agua dulce, madera y alimentos, pasando por la conservación de biodiversidad hasta la mitigación de inundaciones. En este sentido son clave para el desarrollo de la vida silvestre y de los habitantes de la zona.

Sin embargo, muchos humedales se ven amenazados por el avance de la actividad agropecuaria, la minería y los proyectos inmobiliarios, que si se llevan delante sin planificación y control pueden tener efectos devastadores sobre estos ecosistemas.

¿Qué porcentaje de nuestro territorio ocupan?

La superficie asociada a los humedales fue estimada en 600.000 km2, lo que representa el 21,5% del territorio nacional. Son sesenta millones de hectáreas, casi dos veces la superficie de la Provincia de Buenos Aires. Abundan sobre todo en el noreste, cerca de la Cuenca del Plata, pero también en zonas más áridas como la Puna o la estepa patagónica.

Por eso es fundamental no apuntar a conservar prístinamente todos los humedales argentinos, sino planificar las actividades humanas en ellos para que se den de manera tal que no se degraden los ecosistemas y así asegurar la provisión de esos servicios en el largo y mediano plazo.

¿Se puede producir en ellos de modo sustentable o solamente deben ser resguardados?

Como ocupan aproximadamente un cuarto del territorio nacional es imposible pensar en que no se puede producir en los humedales. Pero es fundamental que esa producción se lleva delante de manera planificada y responsable. Para eso es clave la ley de humedales, para planificar esas actividades para permitir el desarrollo económico sin poner en riesgo los ecosistemas.

«Las quemas de este año fueron sin autorización y por la situación de la sequía se salieron rápidamente de control».

Siempre ha habido incendios en el país, pero en los últimos meses pareciera haber una agudización. ¿A qué se debe? ¿Son todos intencionales?

Hay que ver en cada caso la causa específica del fuego, en muchos casos fueron intencionales, en otros por causas antrópicas accidentales y puede haber que una pequeña porción haya sido natural. Los incendios son habituales pero este año se combinó una sequía importante con una bajante histórica del río Paraná. Entonces no había corte natural de los fuegos.

En el Delta del Paraná hubo una situación especialmente  dramática. ¿Podrías contarnos qué pasó?

Hubo muchos incendios intencionales que son normales, en el sentido de que se hacen todos los años para renovar las pasturas. Pero tienen que hacerse con autorización provincial para que los gobiernos puedan organizar y monitorear el proceso. Las quemas de este año fueron sin autorización y por la situación de la sequía se salieron rápidamente de control.

¿Cuáles son los motivos principales de esos incendios intencionales, en particular los que no son permitidos?

Los principales motivos para incendiar bosques o humedales tienen que ver, como decíamos, con renovar las pasturas. Pero también se hace para liberar terrenos para la producción agrícola o ganadera y/o para la instalación de proyectos inmobiliarios. Esto último es lo que ha sido más polémico.

Además de los incendios en los humedales se han registrado también incendios en bosques nativos y reservas naturales. ¿Qué nos podés comentar sobre esto?

Acá también hay que ver en cada caso cuál fue la causa, a veces en las reservas también juega el interés inmobiliario. En cualquier caso, es clave que no se permita el cambio del uso del suelo en función de las quemas.

¿Hubo pérdidas humanas? ¿Quiénes fueron los damnificados?

Yo no tengo registro de fallecidos asociados directamente a los incendios, sí hubo muchas personas que dijeron tener afectaciones en las vías respiratorias. Los damnificados más directos fueron todos aquellos cuyas propiedades, y así actividades productivas, se vieron afectadas por los fuegos. Excluyendo a los que incendiaron sus terrenos adrede, claro.

Muchos legisladores se han preocupado por este tema, entre ellos Enrique Estévez, que ha presentado un proyecto de Ley de Humedales. ¿Podrías contarles a nuestros lectores en qué consiste una Ley de Humedales?

Básicamente la ley apunta a evitar la continua degradación de estos ecosistemas, a través de su conservación combinado con un aprovechamiento sustentable y planificado. Los mecanismos específicos dependerán de qué proyecto se termine votando. Pero probablemente se asemeje a la ley de bosques en que se le exigirá a las provincias el hacer un ordenamiento territorial de los humedales bajo su jurisdicción determinando qué actividades y en qué condiciones se pueden llevar adelante en cada región.

¿Qué medidas inmediatas debería tomar el Ministro de Ambiente?

Hay dos líneas de acción. Por un lado, resolver el (los) problema actual, respecto de la degradación de los ambientales y de los otros ecosistemas en nuestro territorio para lo que hay que aumentar el enforcement de la legislación vigente. Y por el otro, pensando más en el mediano y largo plazo, el desafío es hacer un ordenamiento ambiental de todo el territorio para planificar el uso sustentable de los recursos naturales y servicios ambientales. Es decir, determinar qué actividades productivas se realizan dónde en función de las posibilidades ambientales del territorio.

Se ha cuestionado mucho el papel de la Justicia en este asunto. ¿Qué han hecho hasta ahora los jueces a cargo de los distintos casos? ¿Hubo alguna decisión positiva?

La Corte intervino cuando los incendios ya estaban muy avanzados y ordenó crear el Comité de Emergencia Ambiental para detener los incendios en el Delta del Paraná. El objetivo de ese organismo sería adoptar las medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares, en la región del Delta del Paraná. Sería algo similar al Comité de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el que interviene el conjunto de las jurisdicciones que van a tener en claro la puesta en marcha del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento sostenible del Delta, el Piecas, que existe hace tiempo, pero aún no se implementó correctamente.

De todas formas, más allá de la necesidad de una actuación judicial firma para penalizar de manera efectiva los delitos ambientales, el desarrollo sustentable no se resuelve con fallos judiciales si no con gestión y compromiso de todos los actores implicados.

«La ley apunta a evitar la continua degradación de estos ecosistemas, a través de su conservación combinado con un aprovechamiento sustentable y planificado».

¿Cómo se frenan estos desastres? ¿Siguen los incendios?

Los incendios se aplacaron algo con las lluvias, pero siguen ahí, o volvieron. En la medida en la que no haya planificación por un lado y penalización real va a ser difícil que dejen de sucederse. A la par es importante mejorar las alertas tempranas y la infraestructura para apagar los focos.

¿Existen otras medidas que deberían tomarse desde el Estado Nacional para abordar estos temas, además de una Ley de Humedales?

Un aspecto crucial de las leyes de protección ambiental son las capacidades de las agencias subnacionales, es decir las secretarías ambientales provinciales. En definitiva, son ellas las que definen, implementan y monitorean el cumplimiento de la legislación pertinente. En ese sentido fortalecerlas en términos de capacidades técnicas y poder político, sería un paso importantísimo. A su vez, la implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica, que apunta a no sólo evaluar proyecto por proyecto si no una visión más amplia de las posibilidades y limitaciones ambientales de cada territorio y las actividades productivas que se pueden llevar adelante en función de eso.

 ¿En qué estado se encuentra el proyecto de humedales?

El proyecto comenzó a discutirse en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. No tengo noticias de que haya avanzado más que eso. Hay unos 14 proyectos diferentes de prácticamente todos los partidos, lo cual da a entender que, en la medida en que la discusión no se partidice, hay chances de que los legisladores lleguen a un acuerdo que permita por fin sancionar esta ley.

Herramientas que sería clave incorporar: mesas ampliadas de discusión entre los diferentes actores involucrados, ordenamiento territorial de los humedales, una moratoria hasta realizar el ordenamiento, un órgano científico veedor científico independiente y un fondo de conservación como incentivo.

Es importante resaltar que es importante negociar con todos los actores, los provinciales y los productivos. La mejor ley no es aquella que satisface 100% a un sector, sino esa en la que todos ceden un poco y se comprometen a cumplirla, en ese sentido el proceso es tan importante como la letra final de la ley. 

Por último, ¿hay algo que te gustaría agregar y haya quedado pendiente?

Argentina es un país que necesita desarrollarse, poder garantizarle condiciones de vida digna a todas y todos los argentinos y reducir sus brechas de desigualdad. Para esto necesitamos fomentar actividades productivas, pero, dada la crisis ambiental global y la importancia de conservar los ecosistemas y los recursos y servicios que brindan, estas actividades deben enmarcarse en una lógica de desarrollo sustentable. Es decir, crecer económicamente, pero respetando las limitaciones ambientales y reduciendo la desigualdad.

PROYECTO DE LEY DE HUMEDALES DEL DIPUTADO NACIONAL ENRIQUE ESTÉVEZ

El diputado nacional Enrique Estévez, del Partido Socialista, presentó un proyecto de Ley de Humedales. Según el diputado, el proyecto fue trabajado colectivamente con organizaciones ambientales, universidades públicas y especialistas y prevé una amplia participación colectiva para su discusión que, espera, se apruebe en breve este año para paliar la situación crítica que atraviesa nuestro medio ambiente.               

Desmontes: llegando tarde

Desmontes: llegando tarde

Las multas son cada vez más severas, pero la ley se aplica cuando se ve el camión con su carga y los árboles ya fueron cortados, provocando un daño en el ambiente que tal vez nunca se recupere.

La tala del monte y los bosques en distintos puntos del país quedan evidenciados cuando la policía secuestra grandes cantidades de madera de bosques nativos sin guías ni permisos legales, pero ya es tarde, el ecosistema del que estos formaban parte ya no está y tardará, en el mejor de los casos, muchos años en recuperarse y en otros jamás volverá a su estado natural provocando el desplazamiento de gran cantidad de especies de flora y fauna y la desaparición de muchas otras que dependen del equilibrio natural de los ambientes nativos.

Hace pocas semanas en la provincia de Misiones, lugar donde la tierra colorada y la selva Paranaense se juntan para darnos la mayor biodiversidad de argentina, se produjo un hecho que quiso servir de ejemplo, por la tala de 60 hectáreas de árboles se aplicarían más de 20 millones de pesos de multas a los responsables.

“Se trataría de un predio en proceso de transferencia a favor de un tercero que registra infracciones ambientales anteriores, en cuyo caso, por reincidencia, cabría la aplicación de multas superiores a los 20 millones de pesos, además de los trabajos de restauración del daño causado”, informaron desde el Ministerio de Ecología de Misiones.

Generalmente, en los lugares donde se producen estos grandes desmontes la flora nativa es reemplazada por monocultivos forestales, tales como pinos o eucaliptus, provocando el desplazamiento y la desaparición de la fauna local.

La multa prevé además de los trabajos de restauración del daño causado, como si esto fuera posible. Estamos hablando de la selva, uno de los ecosistemas más diversos y complejos, donde plantas y animales conviven y dependen unos de otros para sobrevivir, un ambiente particular y de un delicado equilibrio que no se restaura plantando nuevamente unos cuantos árboles.

Generalmente, en los lugares donde se producen estos grandes desmontes la flora nativa es reemplazada por monocultivos forestales, tales como pinos o eucaliptus, provocando el desplazamiento y la desaparición de la fauna local que por ser especies exóticas no son parte de su ecosistema y por lo tanto estos enormes bosques se convierten en verdaderos “desiertos verdes”.

En cambio, el monte nativo es un ecosistema con predominio de especies arbóreas nativas maduras con diversas especies de flora y fauna en conjunto con el medio que las rodea, que brinda numerosos servicios ambientales que son utilizados por toda la población.

Son reservorios de biodiversidad, mejoran la infiltración del agua, la retienen y protegen los suministros de agua potable, mejora la estructura de los suelos, aumenta contenido de materia orgánica, disminuye la erosión hídrica y eólica, entre muchos otros servicios que además de ser insustituibles, si los medimos en términos económicos, sus costos serian demasiados elevados.

PLANTAR SOLUCIONES

La organización ecologista Greenpeace viene denunciando desde 2018 que la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina es culpa en gran parte del actual modelo agroexportador. La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó «la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales».

“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, insisten desde Greenpeace.

Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.

El avance reciente de la soja y de los monocultivos forestales, entre otras acciones humanas, han hecho que se produjera el muy grave fenómeno de la deforestación en vastos territorios de nuestro país con consecuencias muy negativas para el ambiente.

“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se le reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.

El avance reciente de la soja y de los monocultivos forestales, entre otras acciones humanas, han hecho que se produjera el muy grave fenómeno de la deforestación en vastos territorios de nuestro país con consecuencias muy negativas para el ambiente: muerte de animales que vivían en dichos bosques, el agravamiento del fenómeno global del cambio climático, incremento de las inundaciones en muchas regiones, etc.

Por lo que es vital que se impulse la plantación de árboles en regiones no productivas, que sean ejemplares nativos y que no corran riesgos de ser talados por cuestiones de ampliación de zonas dedicadas a futuros emprendimientos productivos o similares.

Otra medida urgente seria incrementar los controles para prevenir los desmontes ilegales, para no seguir llegando tarde.

En base a El Tribuno / Greenpeace / AIM / Misiones Online / El Territorio  

Bolivia duele

Bolivia duele

Evo Morales no es un santo, ni tampoco un demonio. Es un hombre de carne y hueso que encarnó ilusiones y fracasos y cuyo balance de resultados deberán realizar principalmente sus compatriotas. Lo que llena de dolor es el actual desenlace de su liderazgo institucional. La historia dará su versión (que nunca es unánime, claro). Pero es lícito intentar un balance actual. Y al momento de hacerlo, al menos procurar honestidad ideológica, y opinar en base a datos.

Los sucesos desatados en el país hermano llenan de dolor y tristeza a quienes durante estos años seguimos el proceso de transformación de ese país con esperanza e ilusión, pero también con desencanto. El triste desenlace para el primer Presidente aborigen (sin soslayar sus graves responsabilidades en ese final anunciado) no es bajo ningún concepto el que merecía quien contribuyó como nadie a cambiar la historia de su país, para bien o para mal (ver datos abajo), en un singular proceso de democratización capitalista al que, paradójicamente, tanto sus enemigos más dogmáticos como sus defensores más acríticos coinciden en calificar como “socialista”, aunque reciba duras críticas también por izquierda.

Por supuesto, proceso lleno de claroscuros. Porque la historia no es un combate entre santos y demonios.

Y es que Evo Morales no es un santo, ni tampoco un demonio. Es un hombre de carne y hueso que encarnó ilusiones y fracasos y cuyo balance de resultados deberán realizar principalmente sus compatriotas. Lo que llena de dolor es el actual desenlace de su liderazgo institucional. La historia dará su versión (que nunca es unánime, claro). Pero es lícito intentar un balance actual. Y al momento de hacerlo, al menos procurar honestidad ideológica, y opinar en base a datos.

Para quien, como yo, adhiere desde hace mucho a ideas igualitarias, es imposible no sentir una fortísima corriente de simpatía con el primer Presidente aborigen de la querida, maltratada, desigual y despreciada república hermana de Bolivia.

SIMPATÍA INEVITABLE

Para quien, como yo, adhiere desde hace mucho a ideas igualitarias, es imposible no sentir una fortísima corriente de simpatía con el primer Presidente aborigen de la querida, maltratada, desigual y despreciada república hermana de Bolivia. Esa simpatía se remonta a lo más profundo de la historia: Bolivia nació de la misma placenta que nuestras luchas. Como es sabido, lo que hoy es Bolivia (el “Alto Perú”) firmó la declaración de la independencia de estas provincias en 1816. Algunos de nuestros revolucionarios más lúcidos (Monteagudo, Moreno y Castelli) estudiaron en Chuquisaca (actual Bolivia) y desde allí proyectaron sus sueños: “Sabed que el gobierno de donde procedo sólo aspira a restituir a los pueblos su libertad civil y que vosotros bajo su protección viviréis libres, y gozaréis en paz juntamente con nosotros esos derechos originarios que nos usurpó la fuerza”, arengaba Castelli a los “indios del Perú y el Alto Perú” en 1811.

De allí venimos. De cinco siglos de expoliación de esos pueblos, simbolizados en el ahuecamiento del cerro de Potosí, ese “Cerro Rico” (que hasta aparece en el escudo boliviano). Ese cerro de donde salió el 80 por ciento de toda la plata del mundo, que aumentó la riqueza de las clases dominantes europeas, financió la construcción de capitales e imperios y dejó solo miseria y dolor en ese país.

NÚMEROS DUROS

¿Cómo no entusiasmarse ante la esperanza que simbolizaba el proyecto encabezado por Evo Morales, ese líder indígena surgido de los movimientos sociales, que al llegar a Presidente de la Nación solo había ido dos veces al cine? ¿Cómo no deslumbrarse ante el proceso que lideró, al revisar los datos principales de sus gestiones?

Repasemos algunos: entre 2006 y 2018, la pobreza descendió más de 25 puntos (cayó de casi el 60% al 34%. Se podrá decir que sigue siendo una cifra alta. Sin dudas: es la que exhibe la Argentina después de la década supuestamente “progresista” y tras el paso del macrismo).

La inflación anual este año es menor al 2%. La desigualdad se redujo un 25 %. En los últimos cinco años el crecimiento promedio fue de casi 5%. Según el FMI, en 2019 Bolivia es el país con mayor crecimiento en toda América Latina: casi 4%.

El salario mínimo, en dólares, supera los 300 dólares (50 más que en la Argentina). Es el país de América del Sur con menos desocupación (4%). Hasta hace poco, el Banco Mundial ponía a Bolivia como ejemplo a seguir para una administración eficaz y sostenible.

En 2006 la esperanza de vida en Bolivia era de 59 años y el analfabetismo de 23%. En 2019 la esperanza de vida es de 72 años y el analfabetismo cayó al 2,7%.

Mientras los neoliberales de la región ponían como modelo a Chile, muchos de los progresistas, de la izquierda y del “populismo” del Sur del continente, había elegido a Bolivia, frente al indefendible desastre de Venezuela.

Evo Morales había bancado esos avances sociales con el flujo de la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que marcó el crecimiento económico, político y social de Bolivia.

Mientras los neoliberales de la región ponían como modelo a Chile, muchos de los progresistas, de la izquierda y del “populismo” del Sur del continente, había elegido a Bolivia, frente al indefendible desastre de Venezuela.

DEMOCRATIZACIÓN CAPITALISTA

¿Qué pasó con el modelo a seguir? Es difícil entenderlo. Dicen que “desde lejos no se ve”, pero también es cierto que nada resiste si es visto demasiado cerca. Evo, que en algún momento conquistó a una mayoría inédita de la sociedad boliviana, incluso rompiendo la medialuna secesionista del oriente (en donde se impuso en las elecciones de 2014, triunfando en ocho de los nueve distritos del país), fue perdiendo parte importante de esos apoyos: de aquel 61% de 2014, pasó primero al rechazo a su pretensión reeleccionista (rechazo que ignoró) y ahora a un 46% según el polémico escrutinio de octubre.

Aunque Evo y su partido hayan hablado hasta el cansancio de “socialismo” (al igual que, paradojalmente, muchos de sus enemigos más encarnizados), en Bolivia lo que hubo fue un proceso de democratización capitalista como ese país jamás había tenido.

Democratización, porque en un país que era oficialmente “blanco” y “monocolor” pese a que la abrumadora mayoría de su población es indígena (62%), perteneciente a decenas de etnias y nacionalidades diferentes, no se impuso una nueva identidad, sino que se reconoció el carácter “plurinacional” del Estado. Se oficializaron nada menos que treinta y cuatro lenguas indígenas. Se incorporó a la vida pública a la mayoría de la población boliviana.

Y capitalista, porque se hizo respetando las reglas del sistema mundial, esa forma de concebir la producción y distribución de los bienes que rige en todo el planeta y que (por ahora al menos) se conoce como «capitalismo». La nacionalización de los hidrocarburos se hizo por ley, con todos los elementos que se exige en el mundo actual. Bolivia no abolió el mercado ni la propiedad privada ni la moneda ni las relaciones laborales burguesas ni rurales. No fomentó otra forma de producción agrícola, sino que por el contrario apostó con fuerza a la llamada “agroindustria”. Sí, esa que desmonta y líquida los bosques nativos.

Yo propongo una analogía, discutible como cualquier analogía (porque si una analogía fuera exacta, precisa, término a término, sería innecesaria: los elementos a comparar serían idénticos e indistinguibles).

EL MANDELA BOLIVIANO

¿Cuál es la analogía que propongo? Que fue un proceso similar al de Sudáfrica liderado por Nelson Mandela. Tanto en sus virtudes como en sus carencias. El desafío en ambos casos fue dejar atrás la más abierta exclusión y negación del otro. Nada menos que crear una nueva república: en un caso un Estado «plurinacional», en el otro «la Nación arcoiris».

En ambos se aceptaron ciertas reglas de juego generales, que el mundo actual no pone en debate: la economía de mercado, los organismos internacionales en general, y en el caso de Bolivia, con elogios públicos del Banco Mundial y con números que envidian el resto de los países de la región (en el indicador que se quiera mirar).

Y además, muy adaptado a los tiempos que corren: apostando, por ejemplo, a un desarrollo científico y tecnológico, inédito para Bolivia (satélites, investigación nuclear, software, autos de litio, plantas de energía solar, etcétera) pero donde la mayor inversión se vinculó “a profundizar el modelo desarrollista basado en la expansión de las industrias extractivas, desde la explotación del litio, la megaminería en asociación con corporaciones transnacionales y el agronegocio, hasta la construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras”, en palabras de Maristella Svampa.

Esas políticas recibieron acusaciones encendidas desde sectores más radicales (ambientalistas, indígenas, e incluso de la izquierda tradicional): las consideraron neoextractivistas, neodesarrollistas, o abiertamente burguesas, parte de lo que se denominó “el Consenso de los Commodities”. Para ciertos grupos de izquierda boliviana, Evo Morales es “un títere de un grupo de poder” y García Linera “un traidor”.

Me adelanto a alguna objeción: la aceptación de esas reglas generales (nacionales o internacionales) está en entredicho. Es cierto que el gobierno de Evo Morales se empecinó en abrir camino a una reelección que había sido rechazada por la población boliviana en un referéndum y que, pese a eso, el gobierno boliviano forzó una interpretación antojadiza de la Constitución para habilitarla.

Y el papelón del recuento electoral (confirmado ahora con las observaciones de la OEA, que no habló de fraude pero sí enumeró una serie de irregularidades) va más allá de la discusión sobre la funcionalidad de ese organismo: si uno no quiere darle excusas al “enemigo” (real o supuesto) lo que debe hacer es respetar las reglas, y no intentar un fraude “bien hecho”. Tal cosa no existe, como sabe cualquier estudiante de ciencia política (puede haber sistemas electorales retorcidos, como el de los EEUU, que permiten que un Trump gane con un total de votos menor al de su contrincante, pero eso es una cosa, y otra bien distinta es cortar la luz con un resultado y que cuando vuelve el suministro eléctrico los números sean otros).

El racismo y el clasismo boliviano claramente no fueron eliminados en estos años, y es difícil saber cuánto tiempo se requiere para extirpar esas lacras de la mente humana.

QUÉ PASÓ

Bueno, pero entonces ¿qué pasó? Los amantes de las explicaciones simplistas dirán que el brazo del imperialismo recurrió a la sutileza del “golpe blando”, le echará la culpa a los medios e incluso a la ultraizquierda. El racismo y el clasismo boliviano claramente no fueron eliminados en estos años, y es difícil saber cuánto tiempo se requiere para extirpar esas lacras de la mente humana.

La triste imagen de policías de rasgos indígenas recortando de sus uniformes la whipala (bandera multicolor originaria) y escupiéndola o quemándola no puede ser más emblemática de lo que logran los mecanismos tradicionales de dominio. (De paso: se dice “wipala”, y no “wifala”, como si fuera una palabra inglesa! Escuchar a tantos repentinos especialistas en Bolivia que pronuncian “wifala” en la tele o la radio no por irrelevante resulta menos patético).

Pero no todo se explica por clasismo o racismo. La COB, la central obrera boliviana, hasta hace poco una de las principales aliadas del MAS, le pidió la renuncia a Evo “para pacificar al país” antes de que lo “sugirieran” las Fuerzas Armadas y la Policía.

(Y otra vez de paso: discutir si eso es o no un golpe o una insurrección, cuando un Presidente debe pedir asilo en otro país, y en medio de un panorama que preanuncia una tragedia para un pueblo hermano, es una muestra de la increíble capacidad de ciertos sectores para sustraerse con trivialidades de las cuestiones verdaderamente relevantes. Y después nos extrañamos del rechazo ciudadano a esos mismos sectores).

¿ERRORES O CALAMIDADES?

Los defensores acríticos de Evo Morales evitan discutir esas cuestiones irritantes, las niegan como si de simples opiniones se tratara o hacen caso omiso a su existencia, casi de manera religiosa.

Pero los errores, los excesos, por graves que sean (y algunos de los que mencionamos sin duda lo son: si los gobiernos de derecha recurren a ese tipo de artificios, no dudamos en poner el grito en el cielo), no logran explicar el odio étnico, lo que están haciendo los sectores fascistas desatados en su festival de violencia (incendio de casas, ataque a jefes comunales, alentados por dirigentes nefastos como Camacho, uno de los líderes de la reacción fascista boliviana).

El triste final de la década larga de Evo Morales (de nuevo la analogía) es como imaginar un Nelson Mandela jaqueado por un movimiento restaurador «blanco». (A Mandela lo acecharon otras imágenes, no obstante: la corrupción en las cuentas del movimiento, que involucró a su propia esposa Winnie, o los números poco felices de las administraciones posteriores: Sudáfrica es hasta hoy uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial).

El alborozado festejo en las redes de dirigentes políticos, sociales, comunicacionales y empresariales, evidencian las peores emociones y sinrazones racistas, elitistas y exclusivistas. Porque todas las facetas discutibles, negativas y hasta injustificables que pueda haber tenido el primer presidente aborigen de Bolivia después de cinco siglos de barbarie organizada, son escasas para explicar (y mucho menos para justificar) el odio de clase, el odio étnico y el revanchismo de las distintas formas de la derecha de esta región toda.

Como a Lula, como a Allende, como a Arbenz o Lázaro Cárdenas, como a Perón incluso, parece que no lo odian por las cosas malas que hicieron, que en algunos cosas fueron muchas. Esa es apenas la excusa. Lo odian por las que otros consideramos “buenas”. Por haberle hecho creer a indígenas o a pobres o a seres que consideran inferiores, destinados a obedecer calladamente, que pueden tener derecho a realidades que ni siquiera podían imaginar. Empezando por algo tan simbólico y esencial como oficializar su lengua y reconocer su nacionalidad.

Para algunos de esos mismos dirigentes, haber impulsado que Bolivia se transformara en Estado Plurinacional fue alentar odio étnico. E incorporar al mercado capitalista de trabajo y de consumo a una enorme masa de la población antes desfavorecida, es alentar el odio de clase. Extraña forma de ver la realidad. Al contrario de ese discurso, durante un buen tiempo los logros económicos de Evo –todos dentro del capitalismo, pese al discurso tan atractivo y poderoso del Suma Qamaña o Sumak Kawsay, el “buen vivir” andino– habían logrado seducir hasta a quienes poco antes querían secesión, como pasó en 2014, donde sacó el 61% de los votos (¡61 por ciento!) y ganó hasta en Santa Cruz.

Como a Lula, como a Allende, como a Arbenz o Lázaro Cárdenas, como a Perón incluso, parece que no lo odian por las cosas malas que hicieron, que en algunos cosas fueron muchas. Esa es apenas la excusa. Lo odian por las que otros consideramos “buenas”.

FLUJOS Y REFLUJOS

Circuló mucho por las redes un poderoso símbolo de lo que está pasando en Bolivia: el bolsonarito boliviano, Luis Camacho, ingresó a la Casa de Gobierno y se fotografió reemplazando la wiphala por la Biblia. La imagen ha sido vista como el más claro emblema: una restauración supremacista blanca y cristiana tras la primavera indigenista de Evo.

Hay otro elemento, quizás mucho más poderoso, pero menos conocido. Al parecer la familia de Camacho tiene procesos millonarios contra el Estado Boliviano a raíz de que hasta 2006, su padre, José Luis Camacho era propietario de Sergas, la empresa que distribuía gas natural en esa ciudad. La restauración a la que aspira no sería precisamente espiritual.

Gramsci, en alguna parte, recordaba la idea de “corsi e ricorsi” de Giambattista Vico. La expresión italiana con la que aquel filósofo de la historia ilustraba su idea: la historia no avanza de forma lineal, empujada por una idea de progreso, sino que transcurre en forma de ciclos que parecen repetirse, y que implican siempre avances y retrocesos.

Quizás la década progresista recién está terminando ahora y se profundizan tiempos oscuros (para quienes creemos que la libertad y la igualdad son las metas, y no el crecimiento económico o fantasías así). Quizás la derrota de Macri no es el renacer sudamericano sino un episodio aislado (producto sobre todo del desastre macrista) y el ciclo conservador, en sus distintos matices, apenas está empezando. Pero quizás se habría evitado, al menos en Bolivia, si Evo y su círculo cercano no se hubieran encaprichado con la reelección, que fue (al menos en términos de respaldo electoral) el fin de su gobierno.

Ese poderoso símbolo que mencioné antes (los golpistas reemplazando la wiphala por la Biblia) resume una parte de la historia del querido y sufrido país hermano.

El otro, los intereses detrás del gesto, tal vez sinteticen cabalmente la parte restante.