La dictadura en cuestión, entrevista con Gabriela Águila
La historiadora Gabriela Águila ofrece en su último libro una lectura renovada de la última dictadura militar. Entre la divulgación histórica y el rigor académico, la autora analiza uno de los períodos más significativos de nuestra historia reciente.
La historiadora Gabriela Águila (fotografía de Marcelo Bustamante, La Capital de Rosario)
Historia de la última dictadura militar (Siglo XXI, 2023) es el último libro de la historiadora Gabriela Águila, un trabajo que se sitúa a mitad de camino entre la investigación académica y la divulgación histórica. Esta posición híbrida, lejos de restar méritos al libro, lo proveen de un rigor y una solidez que, lamentablemente, muchas veces falta en publicaciones destinadas al gran público.
¿Qué más se puede decir de la última dictadura militar en la Argentina que no se haya dicho? ¿Acaso tiene sentido seguir discutiendo los años setenta (como se quejan agriamente algunos comunicadores)? El libro de Águila demuestra a cada página que todavía hay mucho por decir e investigar sobre el tema, que se puede ofrecer nuevas lecturas e interpretaciones a pesar (o tal vez gracias a que) de ser un hito de la historia tan connotado por propios y extraños. No sólo eso, la autora, una historiadora reconocida y consagrada, presenta y da a conocer mucha de la producción de jóvenes (o no tanto) investigadores e investigadoras, becarios y becarias, que en los últimos veinte años han venido investigando distintas aristas y actores de este período de la historia argentina. Esta inclusión da al libro una frescura y solidez que tal vez de otro modo no hubiera tenido.
El libro recorre con claridad y una escritura ágil el devenir de la última dictadura militar en la Argentina, con un tono y un registro amigable para lectores no expertos. No obstante eso, el libro ofrece para los especialistas y curiosos una extensa sección de notas y referencias bibliográficas que respaldan las afirmaciones y explicaciones desarrolladas a lo largo de todo el volumen. Una obra destinada a convertirse en una referencia para aquellos que quieran acercarse a este tema y a sus interpretaciones más recientes.
Sobre este libro, los desafíos de abordar un tema tan cargado de sentido y algunas de sus principales líneas interpretativas, conversamos con Gabriela Águila para La Vanguardia.
«Los golpistas se propusieron objetivos muy ambiciosos con la pretensión de refundar y reorganizar la nación, cerrando una etapa de caos, desgobierno y corrupción que había favorecido a juicio de los militares el surgimiento y desarrollo de la denominada subversión».
La dictadura de 1976, objeto de tu último libro, es y fue considerada por muchos un parteaguas en la historia argentina: ¿Qué cambió ese día (y los años subsiguientes)? ¿El saldo de la última dictadura fue, en cierto modo, refundacional (así no sea en los parámetros que ellos se proponían)?
La dictadura de 1976-1983 puede ser considerada un parteaguas en la historia argentina, en primer lugar porque fue la última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en la vida política nacional con un golpe de estado. Cuando esa dictadura finalizó, en diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas habían perdido no sólo su legitimidad política sino también el rol que habían desempeñado en el sistema político-institucional, cerrando el ciclo de alternancia entre civiles y militares que caracterizó al siglo XX argentino. Pero también puede ser analizada como un punto de inflexión por sus objetivos, estrategias implementadas y resultados, en particular en lo que refiere a la violencia represiva y las violaciones masivas a los derechos humanos.
Los golpistas se propusieron objetivos muy ambiciosos con la pretensión de refundar y reorganizar la nación, cerrando una etapa de caos, desgobierno y corrupción que había favorecido a juicio de los militares el surgimiento y desarrollo de la denominada subversión. La condición necesaria para imponer el orden era, en primer lugar, la acción represiva con el objetivo de aniquilar la acción subversiva pero también disciplinar a la sociedad. El otro objetivo central del golpe fue la reestructuración de la economía, vinculada con la implementación del plan de Martínez de Hoz, que favoreció la distribución regresiva del ingreso y afectó al salario y el empleo, y podríamos sumar otros que referían al funcionamiento del sistema político y la relación con los partidos, la política sindical y laboral, las políticas educativas y culturales, además del autoritarismo, la censura y las restricciones a los derechos ciudadanos, denotando un proceso global de una amplitud y unas características que aparecen como inéditas en la historia nacional por su profundidad y amplitud. Además, se trató de un proceso histórico con alcances y efectos en el mediano o largo plazo, tanto en lo que refiere a los efectos individuales y sociales de la represión (que fueron más allá de los afectados directos) y su persistencia e impacto en la memoria social, como en la conexión entre las políticas económicas implementadas en aquellos años y su profundización en los siguientes, así como otros han encontrado los efectos del autoritarismo y la represión incluso en algunas actitudes presentes en la sociedad argentina en el largo plazo.
Pero, por otro lado, me interesaba también poner en debate la excepcionalidad de esa dictadura, tanto por la extendida intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política y en la represión de la conflictividad social y política durante el siglo XX y, asimismo, porque fue coetánea o contemporánea de otras dictaduras que se instalaron en el Cono Sur de América Latina, con rasgos y modalidades de actuación similares, incluso en lo que refiere al ejercicio de la represión. Todo ello pone en cuestión el carácter único o excepcional de la última dictadura y la conecta con otros procesos autoritarios y represivos tanto sincrónicos como diacrónicos, acaecidos en América Latina o el Cono Sur y en la propia historia nacional.
Si bien la cuestión de la violencia aparece de forma recurrente en la narración del proceso histórico y, por supuesto, en el discurso de los militares, vos señalás que la violencia no fue la causa principal del golpe de Estado: ¿Cuáles fueron las causas que se combinaron en la concreción del derrocamiento? ¿Qué lugar ocupó la violencia y la tesis de la “guerra sucia” en la fundamentación del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional?
Al respecto y si bien planteo que la violencia política no puede ser considerada la causa principal del golpe y la dictadura, es indiscutible que tuvo un papel muy importante en el contexto político que precedió a la intervención militar, en el clima social del período, en los posicionamientos críticos de numerosos sectores y, obviamente, en la injerencia de las FFAA en la denominada lucha contra la subversión y en el creciente papel político que asumieron hacia 1975 como alternativa al debilitado y cuestionado gobierno peronista. La violencia estatal como estrategia fundamental para aniquilar a lo que denominaban la subversión (conviene aclarar que los militares no hablaban de “guerra sucia” sino de lucha contra la subversión y, más adelante, de “excesos”) fue el elemento que cohesionó a las Fuerzas Armadas y contribuyó a legitimar el golpe, fue un núcleo discursivo fundamental del régimen militar y además la cuestión sobre la que se edificaron gran parte de los apoyos al gobierno hasta los años finales de la dictadura.
En tu libro señalás el relativo apoyo del golpe de 1976 y, al mismo tiempo, la búsqueda explícita de legitimarse ante la sociedad de los líderes militares mediante la prensa o a través de actos públicos. ¿Cómo se manifestó ese apoyo inicial y qué implicó ese intento de legitimación? ¿Hubo voces opositoras?
Como decía, los militares golpistas esgrimieron un conjunto de objetivos y propósitos que buscaban legitimar su intervención y se enlazaban con la pretensión de “cerrar definitivamente un ciclo histórico”. Estos incluían aniquilar a la denominada subversión a través de la represión estatal pero también poner fin al caos, la corrupción y el desgobierno que había imperado hasta ese momento, resolver la crisis que jaqueaba la economía, disciplinar a los sindicatos y a restaurar el orden, la moral y los valores tradicionales, entre otros elementos que encontraron un fuerte consenso entre sectores políticos, sociales y corporativos. Al respecto está documentado el papel de las entidades empresarias en la gestación del golpe de estado, que contó además con la participación activa de sectores civiles provenientes de la derecha nacionalista católica y de grupos liberales -que inspiraron ideológicamente y participaron en la elaboración del programa económico, las políticas educativas o culturales, entre otras, y nutrieron con sus cuadros a los elencos gubernamentales-, de las cúpulas empresarias y de la jerarquía de la Iglesia católica, con el acompañamiento de los grandes medios de comunicación y el “compás de espera” que le otorgaron los partidos políticos más importantes.
Por otro lado, al momento del golpe de estado las críticas o las resistencias, si es que existieron, fueron imperceptibles y predominaron actitudes de aceptación o apoyo (activo o difuso) hacia el gobierno militar. En los primeros años, las expresiones de resistencia activa fueron muy limitadas debido en gran parte a la represión y el terror imperante, y estuvieron protagonizadas por grupos minoritarios que se organizaron en torno a la denuncia por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad y dieron origen al momento de derechos humanos.
Sin dudas un rasgo idiosincrático de la dictadura fue su plan represivo y sistemático: ¿Cuál fue la diferencia cualitativa y cuantitativa de ese dispositivo con respecto a la represión estatal previa e, incluso, de otros regímenes autoritarios similares?
El uso de la violencia estatal y la represión sobre los conflictos sociales y políticos internos no comenzó con el golpe de estado, tal como puede verificarse en distintas coyunturas entre los años 50 y 60 e, incluso, a lo largo del siglo XX. En lo que hace al período previo al golpe de estado, las Fuerzas Armadas venían asumiendo el comando de las acciones represivas desde principios de 1975, cuando fueron autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional a intervenir en la eliminación del foco guerrillero que el ERP había instalado en el sur de la provincia de Tucumán. Fue en ese escenario cuando recurrieron por primera vez a estrategias de guerra contrainsurgente e implementaron en forma amplia y sistemática métodos “no convencionales”, tales como los secuestros, el uso sistemático de la tortura, la instalación de centros clandestinos de detención y la desaparición de personas, lo que se amplificó a partir de octubre de ese año cuando extendieron su acción represiva al conjunto del territorio con el objetivo de aniquilar a la denominada subversión.
Con todo, no fue sino hasta el golpe de estado cuando ese accionar represivo se centralizó y coordinó a escala nacional en manos de las Fuerzas Armadas, los procedimientos y secuestros se multiplicaron y se instalaron centros clandestinos de detención en todas las provincias del país. El resultado de ese accionar represivo de una magnitud y extensión inéditas fueron los miles y miles de hombres y mujeres asesinados y desaparecidos, torturados, presos y exiliados, que lo diferenció cuantitativa y cualitativamente de lo que había sucedido en la primera mitad de la década del setenta.
El discurso antisubversivo aunaba el frente dictatorial, pero detrás de ese consenso emergían proyectos políticos y económicos no siempre compatibles: ¿Cuál fue el saldo de la política económica de la dictadura y sus principales límites? ¿Qué lugar ocupó el internismo militar en el rumbo -o falta de él- del gobierno?
La política económica diseñada por Martínez de Hoz y su elenco se basaba en transformar radicalmente el modelo económico vigente por otro centrado en la apertura irrestricta de la economía, el libre mercado y la preeminencia del sector financiero, para lo que contó con amplios apoyos en ámbitos económicos nacionales e internacionales. Estas políticas tuvieron efectos a corto, mediano y largo plazo y, entre otros aspectos, afectaron duramente a los asalariados y a ciertos sectores económicos –en particular, algunas ramas de la industria y otras actividades productivas en el interior del país-. Esto provocó quejas y críticas por parte de diversos sectores y organizaciones sindicales, políticas y empresariales del agro y la industria, que se profundizaron a medida que se hacían sentir los efectos sobre la estructura socio-económica, críticas que provenían también de quienes valoraban en forma positiva otras políticas del gobierno militar, en particular su accionar en la denominada lucha contra la subversión.
En lo que refiere a las Fuerzas Armadas, el proyecto de Martínez de Hoz fue cuestionado por sectores corporativistas y nacionalistas que organizaron el Ministerio de Planeamiento, encabezado por el general Díaz Bessone, un proyecto que terminó fracasando; por la Armada y el almirante Massera, quien se manifestó públicamente y también entre bambalinas contra la política económica o por el propio general Viola, quien asumió la presidencia en 1981 y luego de la salida de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía designó a un economista muy crítico de esas políticas. Como se advierte también en otros aspectos y líneas implementadas durante esos años, la política económica fue una arena de disputas y tensiones, que mostraba que el gobierno militar no era monolítico sino que estuvo atravesado por conflictos y fracturas, que tuvieron efectos importantes sobre su actuación y desenvolvimiento.
«En los últimos quince años se ha producido una enorme cantidad de trabajos de investigación que, en una proporción muy importante, están basados en un riguroso trabajo de archivo y que, además de plantear nuevas preguntas y problemas, han dotado de base empírica y evidencia documental a los estudios sobre el período».
Es indudable que la guerra de Malvinas tuvo un rol determinante en el modo en que se resolvió el desenlace de la dictadura, pero en tu libro se ve un proceso de erosión de ese consenso e incipiente democratización mucho antes: ¿Cuándo comienza ese proceso de fisuras en el orden dictatorial y los primeros indicios de demandas en pos de la democratización?
Ya apunté que el golpe de estado y el gobierno militar contó con un caudal significativo de apoyos sociales y políticos y que esta fue la tónica dominante en los primeros años. La situación comenzó a cambiar hacia 1978-1979, cuando comienzan a advertirse algunas señales de debilitamiento del poder militar y del consenso que había acompañado al golpe de estado, y sobre todo a partir de 1981 cuando se incrementaron los cuestionamientos al rumbo gubernamental, provenientes desde diversos sectores sociales, políticos y sindicales, situación en la que incidió decisivamente la crisis económica. El incremento de los conflictos sindicales y también de la actividad político-partidaria con el surgimiento de la Multipartidaria en julio de 1981 -lo que evidenciaba que los partidos mayoritarios habían clausurado sus expectativas de negociar con el poder militar y empezaban a pensar en una pronta salida constitucional- así como otros datos, por ejemplo la creciente visibilidad y acompañamiento social y político al movimiento de derechos humanos o la emergencia de fenómenos y expresiones culturales críticas, dan cuenta de la emergencia de un nuevo clima político y social.
Como bien se sabe, los cuestionamientos al gobierno militar se profundizaron tras la derrota en la guerra de Malvinas en 1982, para adquirir modalidades más explícitas, activas y organizadas, que acompañaron la transición hacia las elecciones y el fin de la dictadura.
Tu libro intenta dar cuenta de la enorme producción historiográfica de los últimos 20 años sobre el tema: ¿Qué sabemos hoy sobre ese plan que no sabíamos hace un par de décadas atrás? ¿Cómo dialoga la historiografía con la enorme cantidad de libros periodísticos, testimoniales o ensayísticos que ofrecen interpretaciones sobre este período tan particular?
Como planteas, la última dictadura ha sido un período intensamente analizado no sólo por las ciencias sociales sino también por la literatura testimonial, el periodismo de investigación o la reflexión ensayística. Quienes estudiamos el período desde el campo de la historia y otras ciencias sociales no podríamos ignorar esas perspectivas de análisis, miradas y representaciones, si bien hay que reconocer que existen diferentes modos de abordar y analizar ese proceso histórico. En lo que hace a la historiografía o a la investigación académica, en los últimos quince años se ha producido una enorme cantidad de trabajos de investigación que, en una proporción muy importante, están basados en un riguroso trabajo de archivo y que, además de plantear nuevas preguntas y problemas, han dotado de base empírica y evidencia documental a los estudios sobre el período.
En términos más específicos, se ha producido una importante diversificación de las escalas de análisis, por ejemplo con las investigaciones a escala regional o local, centradas en distintas regiones y provincias del país, y además se han multiplicado los análisis sobre distintos actores y movimientos sociales y políticos, sobre los comportamientos y actitudes sociales, sobre el ejercicio de la represión legal y clandestina y sus variaciones a escala local, sobre las distintas dimensiones del régimen militar y sobre la alta política y la “micropolítica”, sobre las estrategias económicas, las políticas sociales y culturales, las relaciones o articulaciones de la dictadura a escala transnacional, entre tantos otros temas. En síntesis, sabemos mucho más de lo que se sabía hace dos décadas atrás, se han puesto en debate interpretaciones consagradas y se han abierto nuevas perspectivas de análisis en términos teóricos, metodológicos y empíricos que muestran una importante renovación de los estudios sobre la última dictadura.
QUIÉN ES
