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La vuelta de la cacerola

La vuelta de la cacerola

Desde el jueves pasado se vivió un clima enrarecido frente a una controvertida reforma previsional motorizada por el gobierno. Mientras el Congreso debatía y sancionaba esta reforma, la calle mostraba escenas de protesta social -y de represión- que hacía tiempo no se veían.

El lunes 18 por la noche, mientras en el recinto la discusión estaba en un momento álgido, donde legisladores se acusaban unos a otros y los discursos eran vacuos y casi predecibles, el ruido en las calles se volvió a sentir, las cacerolas volvieron a ser de nuevo las protagonistas. Esta vez no se reclamaba porque el cepo cambiario restringía la posibilidad de veranear en el exterior, sino por un fin más ulterior, el recorte a uno de los sectores más vulnerables: los jubilados.

De a poco y sin césar, los vecinos, en las esquinas de los diferentes barrios porteños, se agrupaban, realizaban cánticos, algunos aplaudían, otros acompañaban filmando con el celular, todos intentando mostrar el descontento frente a una jornada negra. La más difícil de los últimos tiempos de democracia, con un Congreso que siguió legislando, a pesar de los actos de violencia que se vivían afuera, con una represión que no distinguió entre jubilados, manifestantes o periodistas.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Un Congreso que siguió legislando, a pesar de los actos de violencia que se vivían afuera, con una represión que no distinguió entre jubilados, manifestantes o periodistas.[/blockquote]

El pueblo habló y lo hizo de manera contundente, pacífica y espontánea. Buscando expresarse, movilizándose, tratando de repudiar  además los excesos de la violencia institucional que reinó durante todo el día. Fue in crescendo hasta que en un momento la energía acumulada derivó en una caminata desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires hasta el Congreso de la Nación, una masiva movilización inédita, un reclamo unívoco: «con los jubilados no».

Soy de la generación del 2001, donde las cacerolas nos marcaron, donde vimos a nuestros viejos llorar por perder el trabajo, los que tuvimos que trabajar para ayudar a la familia, los que no llegamos a alcanzar los lujos de las mieles menemistas, y, todo lo contrario, nos vimos adolescentes en un diciembre álgido con las incertidumbres de un sistema que, un poco, nos abandonó. Crecimos inestables, conociendo las reglas del juego y así nos forjamos.

Durante todos estos años marchamos, creo que nunca paramos, lo hicimos cada vez que sentimos una injusticia. Lo seguiremos haciendo.

Las marchas del jueves 14 de diciembre y la del lunes 18 fueron un quiebre. Para muchos, implicó, por primera vez, sentir miedo en una manifestación, ante un Congreso militarizado, una enardecida Gendarmería que no distinguió y aplicó la mano dura, avalada por el gobierno nacional.

El lunes no hicimos más que confirmar esto. Miles de personas conocieron en carne propia la incertidumbre o la angustia de la violencia institucional. En las redes sociales, amigos, colegas, comentaban como habían sido víctimas de balas de goma, habían sido testigos de atropellos, vieron como se actuó con impunidad, asfixiados por gases lacrimógenos, sin que a nadie le importe mucho. Adentro, y a pesar de algunos intentos de querer interrumpir la sesión, nada fue suficiente y el oficialismo, acompañado por algunos otros partidos políticos, lograron su cometido: la reforma se convirtió en ley en la mañana de hoy.

[blockquote author=»» pull=»normal»]Durante todos estos años marchamos, creo que nunca paramos, lo hicimos cada vez que sentimos una injusticia. Lo seguiremos haciendo.[/blockquote]

No estamos acostumbrados a este tipo de fuerza de choque, no nos resignamos a que un pibe desaparezca o muera durante un operativo -como fueron los casos de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel-, nos conmueve y nos duele, todavía no podemos creerlo.

Por primera vez, muchos acataron las minuciosas recomendaciones que diferentes organizaciones distribuyeron preventivamente frente a la posible situación de una detención arbitraria. “No vayas solo/a”, “lleva documentación”, “avisá donde estás”, entre otras.

Los lazos de solidaridad salieron fortalecidos a pesar de todo, esa fue una premisa que nunca se debilitó. A pesar de una clase dirigente sorda, los ciudadanos y ciudadanas salieron a la calle a protestar, conscientes de que los derechos adquiridos no se deben tocar. La ley fue aprobada en el recinto, pero en las inmediaciones resonó un repudio difícil de silenciar.

Foto de Federico Brocchieri (Facebook)

Una República sin defensores

Como alguna vez sentenció el filósofo peruano Manuel González Prada, nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira. La coalición de gobierno Cambiemos hizo de la “República” uno de sus principales afanes proselitistas como pilar fundacional de la alianza. Fue al parecer, la marca distintiva que sustentó a Mauricio Macri -con un partido que no hace honor a su nombre en su gestión de la Ciudad de Buenos Aires- en un proyecto afianzado por las políticas y trayectoria de los socios fundadores (y liquidadores) del inconcluso Frente Amplio UNEN. Sin embargo, de la promesa institucional de la plataforma electoral de 2015, incluyendo lo expuesto en el primigenio debate presidencial por el actual mandatario, lo versado ha sido justamente contrariado en pleno por la práctica gubernamental. Quizás fue una de las pocas oportunidades en donde Daniel Scioli se expidió acertadamente como vocero de una política de gobierno, sin necesidad de recurrir a la mendacidad.

No es en vano ni redundante afirmar que el macrismo está lejos de aquella demanda social por el fortalecimiento de las instituciones de la Nación hacia un marco de transparencia y justicia en el real combate a los hechos -pasados, presentes y eventuales- de corrupción. Un gobierno que deliberadamente ha querido ocultar a los funcionarios y amigos del poder político que se han beneficiado de la compra de dólares a futuro, los individuos involucrados a las sociedades off-shore de Panamá Papers, las operaciones judiciales y políticas del presidente de Boca Juniors, y el incompatible papel que ocupan los negocios privados en la esfera de lo público de Ángelo Calcaterra, Nicolás Caputo y Franco Macri; sobre todo ante una Oficina Anticorrupción (OA) que en vez de investigar, justifica.

En este marco, los últimos actos de gobierno no hacen más que ratificar ese rumbo. Decidió recrudecer la violencia represiva de las fuerzas de seguridad (¿democráticas?) para repeler la legítima protesta social de los pueblos originarios y movimientos de la economía popular  -obrándose víctimas como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel-, valló el acceso a Puerto Madero (en aras de la seguridad internacional) y restringió los derechos constitucionales al libre acceso al territorio nacional a ciudadanos extranjeros y argentinos -sin sentencias judiciales o pedidos de detención internacional- que venían a expresarse en el marco de la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Libertades, motivantes del fin republicano, que se ven amedrentadas en gran parte gracias a la aún vigente Ley Antiterrorista, paquete de la ‘pesada (pero conveniente) herencia´. Lejos también quedaron aquellas garantías judiciales, donde la prisión preventiva no podía ejercerse como anticipación punitiva.

En tiempos donde la sociedad básicamente pende de un hilo, siendo rehén del ajuste y el regreso de las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el lobby internacional, la República no tiene defensores. A pesar de que una diputada se auto-consagre como la fiscal de la República (incluso sin desvalorizar sus denuncias a la matriz del saqueo K), poco ha hecho ante la quita de pensiones a las personas con discapacidad por la fallida aplicación del inconstitucional Decreto 432/97, los progresivos tarifazos del Ing. Juan José Aranguren del Ministerio de Shell y Barrick Gold de la Nación, y la latente reforma previsional, laboral y tributaria que gracias a la connivencia política y sindical sigue su trámite parlamentario en el Congreso de la Nación. Lejos estamos de esa promesa de campaña de un 82% móvil y más cerca estamos de aquel recorte del 2001. El recorte de más $118.668 millones de peso parece estar en consonancia con la recomendación del FMI ante el “desfasaje previsional”. La “Pobreza Cero” y el pleno empleo resultan hoy otras quimeras más de una panacea que solo garantiza ser paradisíaca para los sectores corporativos y corruptos de la Argentina.

Desde el año 2008 brilla por su ausencia la designación de un Defensor del Pueblo de la Nación, institución dotada del deber -literal- de defender y proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Y para que no exista duda razonable, desde el año 2006, sigue pendiente el efectivo cumplimiento de la Ley 26.061 en lo que concierne a la designación e institucionalización de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, ante un marco donde el Gobierno planea la baja de imputabilidad (o edad de punibilidad) y resuena el resurgimiento del suspendido -pero nunca derogado- Servicio Militar Obligatorio (Ley 17.531) , como alternativa para que los jóvenes encuentren su cauce de orden y progreso castrense, en un país cuyo Parlamento no está dispuesto a sancionar una Ley Nacional de Juventudes, entre otras cuestiones de valoración jurídica y social. Estamos a días de iniciar el 2018, próximos a cumplir diez años de ‘acefalía’ de un Defensor del Pueblo y trece años de una Defensoría de la Niñez inexistente; sucesos carentes de mérito de regocijo.

Pero en palabras del escritor y político peruano; “Las autoridades políticas, lejos de apoyar a débiles y pobres, ayudan casi siempre a ricos y fuertes”. ¿Cambiamos?

Pepsico: días de lucha obrera

Pepsico: días de lucha obrera

Los trabajadores de Pepsico están decididos a no bajar los brazos. Tras los despidos, piden la reincorporación en sus puestos de trabajo y denuncian una maniobra de traslado de la empresa que consiste, únicamente, en buscar mano de obra barata. Historias de vida, luchas y reclamos que merecen ser contadas.

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Cinco puntos para repensar el tema de los “alquileres»

Cinco puntos para repensar el tema de los “alquileres»

El proyecto de ley que pretende regular el comercio de los alquileres, ya cuenta con unánime aprobación del Senado, y fue presentado en Diputados. Además de ser una discusión política, es un tema ciudadano y de conocimiento. Aquí Mario Daniel Villagra señala cinco puntos que deberían ser centrales en el debate.
  1. La manera en que presentan la noticia, los grandes medios de comunicación, no es más apropiada para entender el caso: “propietario vs inquilinos”, o viceversa. Así plateado, parece más una operación mediática de las cámaras inmobiliarias, quienes son los que encarecen el precio de un alquiler. El contrato de alquiler se podría efectuar entre propietario e inquilinos. Es más, muchas veces existe una buena relación entre ambas partes; y, en otros casos, ambos ven un problema en las inmobiliarias, sea por mal desempeño, sea por sus irregularidades.
  2. Enfrentar a propietarios e inquilinos es falso, pues no estamos hablando de un cambio revolucionario, ni siquiera de medidas de izquierda, simplemente son reformas. En ese sentido, lo que se piden son políticas que ayLa manera en presentan la noticia, los grandes medios de comunicación, no es la uden a apalear la desigualdad: es decir, este problema, en principio, es de conocimiento y necesita de la política (el alquiler, según David Harvey, es un mecanismo de segundo orden en el traspaso de un sector a otro, de los asalariados a los propietarios). Dependiendo la provincia, el alquiler equivale a entre 45 y 60 % de los salarios. Entonces, el consenso, antes que nada, tiene que ser de conocimiento, lueg110216-alquileres-02o de la política.
  3. En ese sentido, si de políticas se tratan, el problema debe ser planteado a largo plazo. Entonces, si salimos de pensar que es un enfrentamiento entre “inquilinos vs propietarios”, identificaremos claramente que a lo que se apunta es a la especulación y el lucro —especulación de las cámaras inmobiliarias y lucro de aquellos que tienen, no una o dos viviendas, sino cien—. Entonces, pensar una política pública implicaría cómo hacer que paulatinamente para que los inquilinos, si así lo desean, pasen a tener su casa propia.
  4. Para eso, hay que pensar un plan con lo que ya hay: casas deshabitadas, propietarios que lucran con el Derecho a la Vivienda, falta de políticas en relación a los alquileres, donde, evidentemente, aún manda el mercado. Aquí no se trata de adjuntar argumentos tales como “caerá la ganancia de los propietarios”; “se perjudican inquilino y propietarios”, pues eso es quedar un paso atrás del piso que se ha logrado hasta el momento.
  5. Por ahora hemos hablado de inquilinos, propietarios, políticas públicas y conocimiento. Quienes no quieren que se los nombre en todo este asunto son los Bancos y los Banqueros. Entonces, inquilinos y propietarios, que es falso que están enfrentados con este conflicto, deberían exigir, más que a las cámaras inmobiliarias que hacen sus negocios —que también hay que exigirles responsabilidad social—, a la clases política que interpele a los bancos para que establezcan créditos blandos para que un asalariado pueda paulatinamente ir haciendo su casa propia y no morir en el intento.

Más allá de estos puntos, lo que se consiguió hasta el momento es fruto de la toma de conciencia —conocimiento—. Ahora sabemos de la existencia de un sujeto político —inquilino— que cuenta con más de 7 millones de habitantes en Argentina, y más aún si tenemos en cuenta las personas que viven en un hogar. Ese sujeto nació, toma cuerpo y ahora quiere políticas públicas para solucionar los problemas que lo vienen afectando desde hace mucho tiempo. En el fondo, el capitalismo nunca pudo —ni quisiera— solucionar el problema de la vivienda de las clases trabajadoras. Pero de eso se trata: superar los males que heredamos del capitalismo; construir una nueva sociedad. Y para eso, inquilinos, propietarios y políticos, tienen que llegar a un consenso del conocimiento y poner el brazo de la política a disposición para lograr los cambios.