Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Por una crítica realista a la democracia, entrevista con Luis Felipe Miguel

Por una crítica realista a la democracia, entrevista con Luis Felipe Miguel

Las promesas incumplidas de las democracias representativas, en especial en lo que respecta a la desigualdad, ya no son una novedad. El politólogo brasileño Luis Felipe Miguel se propone renovar esa crítica con realismo y rigor.
Luis Felipe Miguel, politólogo y profesor de la Universidad de Brasilia.

La publicación de Consenso y conflicto en las democracias contemporáneas del politólogo Luis Felipe Miguel forma parte de un programa de cooperación que la editorial de la Universidad de Buenos Aires, EUDEBA, ha firmado con su contraparte de la Universidad Estadual de San Pablo (UNESP). La colección «Puentes de Encuentro» busca mejorar la circulación de bibliografía entre Brasil y Argentina que, máxime considerando la cercanía y mutua influencia, ha sido cuanto menos pobre. Esta iniciativa, que ya cuenta con tres títulos en circulación, puede servir para establecer vínculos académicos e intelectuales más provechosos.

Dicho esto, debo confesar que el libro de Luis Felipe Miguel fue una grata sorpresa en más de un aspecto. El desafío no era fácil, el trabajo se proponía abordar un tema trillado y, sobre todo en las últimas décadas, indagado por parte de lo más granado del mainstream académico occidental. No obstante, Consenso y conflicto en las democracias contemporáneas no solo es un escrito sólido y documentado, sino que logra meterse en los resquicios de algunos debates de la teoría política con originalidad y solvencia.

Luis Felipe Miguel se propone, creo que con éxito, hacer un ejercicio de reflexión teórica que deambula entre el realismo y el utopismo, aunque resulte paradójico. Busca, en cierto modo, que el diagnóstico sombrío de nuestras democracias contemporáneas, cada vez menos democráticas, no nos suma en el parálisis y la desazón. Los límites de nuestras actuales democracias representativas, cada vez más insensibles a las desigualdades y la dominación (en especial, pero no solamente, de clase), son un problema que cualquier agenda de izquierda debe enfrentar. Sobre ese enorme desafío, conversamos con Luis Felipe Miguel para La Vanguardia.

El libro propone desde el principio un abordaje que combine la crítica y el realismo a partir de una relectura de Maquiavelo: ¿Qué límites tiene la crítica sin realismo y, al contrario, el realismo sin crítica en la teoría y la práctica política?

Creo que la ambición de las ciencias sociales debe ser comprender el mundo para permitirnos a todos intervenir en él de manera más esclarecida. Si dejamos de lado el realismo, si apartamos el rostro de ciertas verdades a veces desagradables y nos aferramos a esperanzas vacías, perdemos la capacidad de intervenir con eficacia en el mundo. Pero si abandonamos la crítica, si perdemos de vista las contradicciones presentes en la realidad, llegamos al mismo resultado, porque permaneceremos en la pasividad y el conformismo. En este sentido, Maquiavelo es verdaderamente una inspiración: el padre de una lectura cruda y desencantada de la política fue también el defensor de la unificación italiana.

«Es obra del “neoliberalismo” como exacerbación del imperio del capital frente a la voluntad popular expresada por las instituciones democráticas formales. El resultado es una democracia tan limitada, incapaz de desafiar incluso las desigualdades más flagrantes, que es poco más que una fachada. Este es el actual proceso de “desdemocratización”, como se evidencia en todo el mundo».

En Consenso y conflicto en la democracia contemporánea te sumás a las criticás a los modelos políticos consensualistas de Rawls, Habermas e incluso Honneth, pero también te alejás de los críticos más célebres como Mouffe: ¿Qué problemas encontrás en esos modelos consensualistas y qué limitaciones en las críticas más extendidas? ¿Qué implicaciones tiene asumir la inderogabilidad del conflicto político?

En política, siempre nos enfrentamos a imperativos contradictorios. El conflicto debe ser contenido para evitar que la vida social degenere en una guerra civil, el programa que Hobbes trazó magistralmente en el siglo XVII. Pero esta contención tiende a obrar a favor de los grupos en posición dominante, sobre todo porque, como ya señaló Maquiavelo, una razón central del conflicto es la rebelión de los oprimidos. No hay escapatoria a esta pregunta. El giro consensualista en la teoría política proyecta un mundo en el que las relaciones de dominación pueden ser ignoradas, lo que elimina toda utilidad para la intervención en el mundo real. Incluso Mouffe, en su crítica, juzga que es posible establecer un consenso procedimental básico, a partir del cual se establecería el conflicto de manera domesticada. Pero deja de lado el hecho de que estos procedimientos no son neutrales y terminan también en disputa.

Uno de los puntos claves de tu trabajo tiene que ver con la desvirtuación de la idea democrática, en especial de su vector igualitario: ¿Es este uno de los puntos que para usted explica la actual crisis de la democracia liberal? ¿Estamos llegando al límite de la desigualdad que tolera la democracia en esos términos?

La democracia moderna nació de la presión de los grupos sociales dominados. Permitió que sus intereses fueran tomados en cuenta en los procesos de toma de decisiones y condujo a un arreglo pactado, no a la eliminación de la dominación, sino la garantía de ciertas concesiones. Por lo tanto, es una democracia que afirma y al mismo tiempo restringe su compromiso igualitario fundamental. En los países de la periferia capitalista, la extensión e intensidad de estas concesiones siempre ha sido menor. Con la actual crisis prolongada del capitalismo, que pasa por “olas” y “burbujas”, pero que se percibe desde la década de 1970, y con los cambios en el escenario internacional, en especial el derrumbe del socialismo autoritario, las clases dominantes de los países centrales también están menos dispuestos a ceder. Es obra del “neoliberalismo” como exacerbación del imperio del capital frente a la voluntad popular expresada por las instituciones democráticas formales. El resultado es una democracia tan limitada, incapaz de desafiar incluso las desigualdades más flagrantes, que es poco más que una fachada. Este es el actual proceso de “desdemocratización”, como se evidencia en todo el mundo.

Uno de los capítulos más originales y disonantes con el resto del libro analiza la relación de representación política en discusión con gran parte de la bibliografía existente: ¿Cuáles son tus objeciones a las miradas mainstream? ¿Qué implica la idea del “representante protector”?

La discusión sobre la representación política también ha tomado en los últimos tiempos un sesgo idealista. A veces, se basa en prescripciones normativas sobre la conducta de los representantes y representados, o bien supone que la “buena voluntad” de los representantes puede suplir la ausencia de mecanismos de control por parte de los representados. Frente a esto, creo necesario comprender cómo, a los ojos de los ciudadanos de a pie, el representante puede ser visto como un medio de acceso a un universo del que está excluido, el de las ventajas que otorga el poder.

Tu trabajo es bastante escéptico con respecto a las alternativas de enmendar la democracia representativa a través de, por ejemplo, instancias de democracia participativa: ¿Por qué son limitados los alcances de estas iniciativas? ¿Cómo debería encararse, desde tu perspectiva, una reforma de esa democracia representativa?

La democracia participativa original preveía la democratización de los espacios de la vida cotidiana, especialmente en el lugar de trabajo. Desarrolló un enfrentamiento con el capitalismo, entendiéndolo como un obstáculo: o bien al precepto de la participación igualitaria en la toma de decisiones que afectan a todos, o bien al de la cualificación política, ya que se espera que los empleados tengan cualidades de sumisión y obediencia que son opuestas al comportamiento ideal que se esperan del ciudadano activo. Pero las instancias de democracia participativa, como los presupuestos gubernamentales o los consejos políticos, no atacan este problema. Pueden ser positivos, pero corren el riesgo de concentrar las energías políticas en la disputa por tajadas menores del presupuesto público, dejando en un segundo plano los conflictos sociales esenciales, como el que opone capital y trabajo.

Uno de los reclamos teóricos centrales de tu trabajo está en poner en el centro las relaciones de dominación y, en especial, el análisis de clases, aunque sin necesidad de retornar a un marxismo ortodoxo: ¿Por qué considerás que se ha soslayado la dominación en los análisis políticos contemporáneos? ¿Qué potencialidad tiene volver a pensar en términos de dominación y, si se me permite, “lucha de clases”?

La dominación es un fenómeno central de la vida social y política de las sociedades humanas. Ignorarlo o dejarlo en un segundo plano significa abandonar la pretensión de una comprensión realista del mundo y los desafíos para transformarlo. Es cierto que se desvanecen las esperanzas de un cambio radical; la politóloga inglesa Anne Phillips escribió una vez que “afirmar la incompatibilidad del capitalismo y la democracia no conduce más que a un ataque de depresión”. Pero pretender que la incompatibilidad no existe solo conduce a la producción de modelos engañosos, incapaces de cuestionar efectivamente la realidad. Comprender los ejes de dominación presentes en la sociedad, cómo funcionan, cómo limitan la vigencia de las igualdades formales, cómo estructuran preferencias y comportamientos, cómo estructuran conflictos políticos centrales (más allá de la “pequeña política” limitada a la distribución de cargos), todo esto es necesario para hacer una Ciencia Política digna de su proyecto inicial, inaugurado por Maquiavelo.

Si bien tu trabajo acude a Maquiavelo, padre de la autonomía de lo político, o distintas propuestas utopistas (Gorz, Goodwin, Roemer, Van Parijs y, de modo crítico, Friedman), también se apoya en lecturas como las de Michels y, en particular, de Pierre Bourdieu bastante escépticas con respecto a la potencialidad de la acción política: ¿Cómo se articula el voluntarismo de unos con el pesimismo, incluso determinista, de otros? ¿Hay lugar para el “optimismo de la voluntad”, siguiendo a Gramsci, en este diagnóstico sombrío?

Para mí, la genialidad de Gramsci radica en su comprensión de lo político como un “soñador con los pies en la tierra”, de la política transformadora como “una conciencia activa de la necesidad histórica”. Creo que es importante calibrar un realismo algo escéptico, que nos haga conscientes de las dificultades del proceso de transformación social, entendiendo que el mundo social está en constante cambio y, en definitiva, lo hacemos nosotros, las mujeres y los hombres concretos. No es una tarea fácil, sobre todo porque el trabajo ideológico primario es promover el conformismo: nada puede ser diferente, es inútil tratar de cambiar. Pero la forma de combatir el conformismo no es alimentar ilusiones, sino un análisis realista del mundo social, que indague los mecanismos de su reproducción y piense las formas de enfrentarlos.

«La forma de combatir el conformismo no es alimentar ilusiones, sino un análisis realista del mundo social, que indague los mecanismos de su reproducción y piense las formas de enfrentarlos».

Me interesaría pasar un poco a la coyuntura política, en especial en Brasil. Hemos visto en el último tiempo como las derechas expresan mejor los desbordes y críticas a la democracia liberal, mientras el progresismo se vuelca a defender las instituciones: ¿Estás de acuerdo con este diagnóstico? ¿Coincidís con quienes leen esto como una “polarización asimétrica”? ¿Te preocupan la radicalización de algunos sectores de derecha?

La radicalización de la derecha es un reflejo de la desdemocratización promovida por años de hegemonía neoliberal. La creciente frustración con una democracia cada vez más incapaz de cumplir sus promesas es capitalizada por estos actores, quienes simulan un discurso antisistema (de hecho, se oponen a las brechas que los dominados han generado en el sistema, condenando políticas de reparación histórica a los colectivos oprimidos y apoyo a los más vulnerables). Con ello, la izquierda se ve constreñida a la posición de defensora y guardiana de un modelo institucional cuyos problemas y límites siempre ha enfatizado. Es necesario salir de esta situación; es preciso que los sectores progresistas presenten propuestas que vayan más allá de la mera recomposición de la vigencia de la democracia liberal y los mecanismos para mitigar las desigualdades asociadas al estado de bienestar.

En ese sentido, Bolsonaro, como otros dirigentes de la derecha, ha sido eficaz para construir un discurso de outsiders al sistema político, pero articulando con los sectores dominantes en un sentido extenso: ¿A qué se debe esta eficacia? ¿La clausura del campo político, para pensarlo en términos bourdieanos, produce estos efectos? ¿Hay que darle mayor importancia a la potencia del discurso que denuncia a la “casta política” (muy semejante a la crítica de Robert Michels que tan bien analizás)?

Creo que hay una serie de factores. Un, que ya ha sido mencionado de alguna manera, es la dificultad de la izquierda para concebir un mundo social radicalmente diferente, lo que la lleva a permanecer prisionera de un imaginario político que no es el suyo –con  la consiguiente liberación de espacios para la rebelión contra el sistema para el discurso de extrema derecha. Otro, es el nuevo entorno de comunicación generado por las redes sociales. Parece que el juego político ha cambiado y solo la extrema derecha domina del todo las nuevas reglas. La percepción, que subyace a los actuales modelos de democracia liberal, de que la competencia electoral permite que una situación de mínima participación política y mínima información política conduzca, aun así, a elecciones colectivas dotadas de algún sentido, ya no se verifica. La difusión de mentiras y teorías conspirativas, la imposibilidad de establecer un terreno común de debate gracias al aislamiento en burbujas discursivas, todo ello genera un escenario muy desafiante para la acción política progresista.

QUIÉN ES

Luis Felipe Miguel es profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia, donde coordina el Grupo de Investigación sobre Democracia y Desigualdades (Demodê). Ha publicado, entre otros trabajos, Democracia e representação (2014), Democracia na periferia capitalista (2022) y, en español, Democracia como emancipación: miradas contrahegemónicas, con Gabriel E. Vitullo (2021).

El 24 de marzo y el uso de los Derechos Humanos

El 24 de marzo y el uso de los Derechos Humanos

Las dirigencias políticas argentinas han usado los derechos humanos como un instrumento subalterno, es decir para otros fines que los de su respeto estricto, desde hace décadas.

Hubo un tiempo en el que el 24 de marzo no estaba cooptado ni debilitado por posiciones mezquinas o negacionistas.

Así, el peronismo, después de oponerse en los ‘80 a los juicios a las Juntas, después de indultar en los ‘90 a los peores asesinos de la historia argentina y después de llevar como candidatos en los 2000 a gente como Aldo Rico, pasó (al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner) a buscar legitimidad y apoyo social tomando como propia la bandera de los derechos humanos, aunque se sabe sin duda alguna que carecían de antecedentes en esa materia.

Lo hicieron de una manera tan frívola que Néstor como Presidente pidió «disculpas por un Estado que no había hecho nada», olvidándose nada menos que del Juicio a las Juntas, y Cristina Fernández, como Presidenta, llegó a hablar de “los goles secuestrados por la dictadura”, haciendo una pavorosa analogía con las víctimas torturadas.

En un país donde la mitad de su población está encadenada a la pobreza (que es la principal violación de derechos humanos), los numerosos organismos estatales dedicados a la temática no tienen nada para decir ni hacer acerca de la gurisada que vive excluida y condenada a un destino de pobreza material e intelectual desde hace décadas.

Pero los derechos humanos (al menos en relación con los crímenes de la dictadura) pasaron a ser política de Estado, y se reabrieron causas y se condenó a numerosos represores que de otro modo hubieran muerto impunes. Eso es un hecho innegable y lo celebré y lo destaqué y lo seguiré haciendo.

Y se crearon oficinas y secretarías y direcciones de derechos humanos en todos lados. Y lo cierto es que lograron cooptar de ese modo a muchas de las organizaciones de derechos humanos que progresivamente suspendieron todo juicio crítico hacia el Estado conducido por esa fuerza política (con honrosas excepciones, como la inclaudicable Nora Cortiñas).

Los derechos humanos pasaron a ser, desde el Estado, un discurso vinculado casi exclusivamente a la dictadura, y usado para escarnecer al eventual “enemigo” dictado por las coyunturas (por ejemplo, periodistas que habían sido valientes denunciantes durante esos años, como Magdalena, fueron injuriados públicamente, y en cambio el pasado de un “incondicional” como el general Milani, resultaba intocable). El fiscal Strassera, hoy casi endiosado a raíz de la película «Argentina, 1985», fue calificado como «despreciable» por un lenguaraz que estuvo (desde Menem hasta hoy) en todos los gobiernos peronistas, por el mero hecho de ser crítico a esos gobiernos.

Así, en un país donde la mitad de su población está encadenada a la pobreza (que es la principal violación de derechos humanos, como dice Pierre Sane, ex secretario general de Amnistía Internacional), los numerosos organismos estatales dedicados a la temática no tienen nada para decir ni hacer acerca de la gurisada que vive excluida y condenada a un destino de pobreza material e intelectual desde hace décadas. Un gurí muere aplastado por el camión recolector en un basural entrerriano, y la vida sigue, como si nada, mientras se festeja que un 10% de la población sale de vacaciones y desborda los centros turísticos, y las oficinas gubernamentales siguen con sus agendas, como si todo eso nada tuviera que ver con los derechos humanos.

NEGACIONISMO

Desde la vereda de enfrente, las cosas no pueden haber sido peores: el macrismo usó los derechos humanos de una manera aun más infame, burlonamente, negando la masacre de la dictadura, utilizando las graves falencias y desigualdades para instalar un discurso falaz y provocador contra los derechos humanos, discutiendo cada tanto casi como una obsesión la cifra de víctimas de la dictadura, dando espacios y sillones de funcionarios a negacionistas de la década más terrible de la historia, alentando algunas de las peores tendencias racistas o clasistas de parte de la sociedad, promoviendo políticas de «mano dura» e incluso bancando a agentes de las fuerzas que cometieron crímenes como en el caso del asesinato brutal de Rafael Nahuel, y llegando su máxima figura a hablar, como si nada, de «guerra sucia».

No solo eso: entre todas las dirigencias (peronistas, radicales, macristas) legitimaron la brutal deuda externa contraída por la dictadura y en particular la deuda privada de empresas entre las que se cuenta, no podía ser de otro modo, el grupo empresario del ex Presidente Macri. Especialistas como Alejandro Olmos Gaona han trabajado sobre la silenciada relación entre los mecanismos fraudulentos de gestación y refinanciación de la deuda externa argentina, y la violación sistemática, pero encubierta, de los derechos humanos. Pero aquí, también, se actúa desde los gobiernos como si nada tuviera que ver una cosa con la otra.

El riesgo al que nos enfrentamos hoy es que algo tan esencial para el entendimiento democrático como debería serlo el consenso acerca de la importancia de los derechos humanos caiga en el descrédito definitivo, por obra y gracia de la irresponsabilidad y cinismo de las dirigencias.

Hay más: el desastre ambiental de la Argentina, que está entre los países con mayor uso de agroquimicos en el mundo (hoy con numerosos estudios científicos que demuestran la correlación de su uso con efectos deletéreos sobre las comunidades), la deforestación, el desmonte, la contaminación de cursos de agua y la pérdida de biodiversidad, la destrucción de humedales, entre otras calamidades que afectan el derecho humano a un ambiente sano, se han profundizado en el transcurso de estos mismos gobiernos que dicen hacer de los derechos humanos una política de estado. De nuevo, como si una cosa nada tuviera que ver con la otra.

En ese derrotero tremendo, el riesgo al que nos enfrentamos hoy es que algo tan esencial para el entendimiento democrático como debería serlo el consenso acerca de la importancia de los derechos humanos caiga en el descrédito definitivo, por obra y gracia de la irresponsabilidad y cinismo de las dirigencias. Creo que la película “Argentina, 1985” es un intento positivo (más allá de opiniones y matices) por evitar que eso ocurra. Pero no puede ser solo una película la única chance de impedirlo. Las dirigencias deben reflexionar al respecto y modificar sus conductas si no quieren que la sociedad argentina retroceda penosamente en este aspecto.

Y la responsabilidad es, como siempre, de quienes más responsabilidad tienen.

UTILIZAR EL 24 PARA UN RECLAMO MEZQUINO

La emblemática fecha del 24 de marzo fue durante muchos años (y con mucho esfuerzo: tengo bien presente el recuerdo de aquellos 24 de marzo, más de 30 años atrás, cuando apenas un puñadito de personas dábamos vuelta alrededor de la plaza de mi ciudad), un símbolo de un consenso que con el tiempo se convirtió en mayoritario, o eso creímos: que había un pasado reciente al que jamás aceptaremos regresar, y que ese consenso pasaba por sobre cualquier diferencia partidaria, religiosa, sectorial, filosófica.

Por eso me parece que no hay uso más perverso que la pretensión actual de utilizar la fecha del 24 de marzo para un reclamo chiquito, mezquino y (además) mentiroso, contra una supuesta proscripción que ni sus propios seguidores le creen, y por eso varias de las organizaciones de derechos humanos (incluso las mismas que todos estos años abandonaron cualquier mirada crítica) vienen pidiendo que no lo hagan.

Esperemos que la lideresa de ese espacio revise con sensatez esa decisión y vuelva atrás de lo que, de concretarse, será una nueva, fraudulenta y vergonzosa desvirtuación de la conmemoración de esa fecha tremenda.

¿Cómo fue la primera república española hace 150 años?

¿Cómo fue la primera república española hace 150 años?

Duró menos de un año. Fue una apuesta democrática y federal en respuesta a demandas populares. Avances sociales. Resistencia monárquica y represión.

Imagen publicada por la revista satírica La Flaca del 28 de marzo de 1873. Muestra el apoyo a la República Española por parte de las repúblicas —Suiza, Estados Unidos y Francia— y el rechazo de las monarquías y los imperios.

El 11 de febrero de 1873 se proclamó en las Cortes, Madrid, la Primera República Española. Hace, por lo tanto, ciento cincuenta años. Este régimen político duró escasos once meses pero supuso la primera apuesta plenamente democrática y federal en España, planteando además, la prístina legislación social en plena eclosión de la Primera Internacional y del empuje del incipiente movimiento obrero español. Período histórico, dentro del Sexenio Democrático (1868-1874). 

El 10 de febrero de 1873 abdicó el rey Amadeo I (Amadeo de Saboya) un monarca elegido cuando fue destronada la reina Isabel II en la Revolución de septiembre de 1868. Las Cortes, en sesión conjunta del Congreso y Senado, proclamaron la República por 285 votos contra 32 al día siguiente, pero este hecho no consiguió estabilizar la agitada vida política española, ya que a los problemas heredados –levantamiento carlista y guerra de Cuba-, se añadió en el seno del republicanismo la división entre unitarios y federalistas, que, a su vez, agudizaron las diferencias entre los moderados y los intransigentes a la hora de establecer el federalismo, ya fuera desde arriba, ya desde abajo.

Hay que tener en cuenta la presión social que vinculaba a la República con la necesidad de reformas importantes en favor de las clases populares, como eran la eliminación de los consumos -impuestos indirectos- o el sistema de quintas, sin olvidar las cuestiones salariales y de limitación de la jornada laboral.

Fuera del ámbito republicano y democrático, los sectores contrarios al establecimiento de un sistema político plenamente democrático trabajaban para liquidar la República, ya fuera desde el extremismo carlista, ya desde las posiciones monárquicas borbónicas alfonsinas.

Este régimen político duró escasos once meses pero supuso la primera apuesta plenamente democrática y federal en España, planteando además, la prístina legislación social en plena eclosión de la Primera Internacional y del empuje del incipiente movimiento obrero español.

La República tuvo cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

En el período de Figueras se produjo un pronunciamiento por parte de los radicales, aunque fracasó. Este hecho motivó que Martos y Serrano huyeran a Francia. En mayo se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes en las que triunfaron los republicanos federalistas con una aplastante mayoría de 344 diputados sobre 391. En la primera votación se proclamó la República Democrática Federal.

Pi i Margall accedió a la presidencia de la República el día 11 de junio. El nuevo presidente fracasó a la hora de establecer, desde arriba, una estructura federal de forma ordenada. La insurrección cantonalista se extendió con gran rapidez en gran parte del este y sur peninsulares. Los cantones serían unidades políticas inferiores a partir de las cuales se debería formar la federación española, es decir, era un movimiento que pretendía montar la estructura federal desde la base.

El cantonalismo tuvo un evidente componente social reivindicativo, por lo que debe ser entendido, a su vez, como una reacción ante la posible derechización de la República. Alcoy y Cartagena fueron las principales ciudades que se proclamaron cantones. Fue muy complicado reprimir el cantonalismo, no sólo por su extensión sino también porque coincidió con la presión carlista.

Estos levantamientos provocaron la dimisión de Pi i Margall, a pesar de que intentó frenar el movimiento a través de una avanzada legislación social: regulación del trabajo infantil, abolición de la esclavitud en Cuba y un proyecto de reorganización del ejército.

PROYECTO CONSTITUCIONAL

Pi i Margall presentó a las Cortes un proyecto de Constitución para la República federal, aunque la discusión parlamentaria no comenzó hasta agosto, con Salmerón en el poder, cuando casi todos los cantones habían sido derrotados. Pero los graves problemas del período alargaron mucho el proceso constituyente. El Proyecto constitucional de 1873 recogía una estructura federal del Estado: España se organizaría en municipios, estados regionales y el Estado federal o Nación.

Además, se establecía la soberanía popular con sufragio universal. Por vez primera, se proclamaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta Constitución nunca entró en vigor, pero tiene una gran trascendencia histórica porque diseñaba una democracia y un modelo de organización territorial no centralista.

En las Cortes se plantearon proyectos que, sin abordar una completa reforma agraria, promovieron cambios en la estructura de la propiedad que provocaron la alarma de los grandes propietarios.

Repasemos los proyectos: El 23 de junio se presenta una proposición de reparto de tierras a censo reservativo, solicitando la no inclusión en las leyes de desamortización de los bienes propios de los pueblos. En el mes de julio se planteó un proyecto de ley sobre venta a censo reservativo de los bienes de aprovechamiento común.

Proclamación de la república por la Asamblea nacional, Madrid, en la revista española «La Ilustración Española y Americana».

A principios de agosto una proposición de ley pedía la devolución a los pueblos de los terrenos de aprovechamiento común. Esta cuestión es importante porque la desamortización de Madoz dejó a los consistorios sin uno de sus pilares económicos y a los vecinos sin un recurso fundamental para vivir.

El 18 de agosto, por su parte, se propuso un proyecto de ley sobre reparto a braceros de terrenos faltos de cultivo. Dos días después se aprobaba la única ley en materia agraria, la redención de foros, posteriormente fue derogada por Serrano en febrero de 1874. Todos estos proyectos iban en la misma línea, a favor de los campesinos y jornaleros, pero, como vemos, o no llegaron a aprobarse, o fueron derogados inmediatamente en la Dictadura posterior.

La reforma agraria siguió siendo una de las grandes asignaturas pendientes, y tuvo que llegar otra República para abordarla, para luego frustrarse con el franquismo. La reforma agraria siempre fue un claro motivo de enfrentamiento porque tocaba una estructura de la propiedad harto injusta, y estaría entre una de las causas del posterior golpe del 18 de julio de 1936, que llevó a España a la Guerra Civil.

La reforma agraria siempre fue un claro motivo de enfrentamiento porque tocaba una estructura de la propiedad harto injusta, y estaría entre una de las causas del posterior golpe del 18 de julio de 1936, que llevó a España a la Guerra Civil.

La Primera República también se preocupó de las relaciones entre los trabajadores y los patronos. Recordemos el miedo que generó en la burguesía española la llegada de la Internacional y la reacción de la misma en tiempos de Amadeo de Saboya. El 14 de agosto se presentó un proyecto de ley sobre Jurados Mixtos que pretendía establecer un instrumento para la resolución de los conflictos laborales entre los empresarios y los obreros.

Anteriormente se habían planteado algunos precedentes, pero ahora se pretendía elevar la cuestión a rango de ley y de forma general para todo el país. El 24 de julio se aprobó la Ley sobre protección del trabajo de los menores de dieciséis años, y dos días después se estableció la Ley sobre protección del trabajo de niños en los circos.

Salmerón se convirtió en presidente en el mes de julio. Su objetivo fue restablecer el orden y envió el ejército para sofocar el movimiento cantonalista. La represión fue intensa. En agosto casi todos los cantones se rindieron, aunque Málaga resistió hasta mediados de septiembre y Cartagena hasta enero de 1874. Con Salmerón, la República inició un viraje hacia posiciones más moderadas. Pero no duró mucho en su cargo porque dimitió por problemas de conciencia al no querer firmar sentencias de muerte impuestas por la autoridad militar.

LA CAIDA

Castelar alcanzó la presidencia en septiembre, representando el triunfo de la República conservadora. Aunque fue el presidente que terminó el proyecto constitucional federal, era defensor de una República centralista, por lo que postergó la discusión y aprobación del texto. Movilizó a los reservistas para intentar acabar con las últimas resistencias cantonalistas y las guerras cubana y carlista. Además, firmó las penas de muerte que Salmerón había rechazado, y permitió el regreso al país de los dirigentes de los partidos radical y constitucional, Serrano entre ellos.

El final de la República se precipitó cuando se reanudaron las sesiones de las Cortes el 2 de enero de 1874. Ese día, Castelar debía rendir cuentas de su labor de gobierno desarrollada desde su toma de posesión. El presidente defendió la importancia de separar la Iglesia del Estado pero no aludió a la necesidad de que se aprobase el proyecto constitucional. La cámara negó la confianza a Castelar y, por consiguiente, dimitió.

La posibilidad de que el poder recayese de nuevo sobre los federalistas ofreció un pretexto para el golpe de estado de Pavía, capitán general de Madrid, que en la madrugada del día 3 de enero ocupó el Congreso y disolvió la cámara. De esta manera se puso fin al régimen republicano, aunque oficialmente España siguió siendo una República hasta finales de año.

El general Serrano presidió un nuevo gobierno provisional (dictadura) que tuvo como objetivo restablecer el orden público, controlar a los carlistas y continuar la guerra en Cuba. En diciembre de 1874, el general Martínez Campos se sublevó en Sagunto y proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II.

Los intereses de la oligarquía española habían triunfado, aunque no a través del método que había diseñado Cánovas del Castillo para que regresara la monarquía a España.

Elvira Cuadra Lira: testimonio de una expatriada nicaragüense

Elvira Cuadra Lira: testimonio de una expatriada nicaragüense

Por sus críticas a la violencia de la dictadura fue condenada en ausencia y le quitaron hasta la nacionalidad. La investigadora analiza el actuar represivo del régimen de Ortega y cuenta por qué fue señalada como “enemiga”.

Elvira Cuadra Lira está refugiada en Costa Rica desde 2018.

Elvira cierra los ojos y siente el perfume del patio de su casa. Quiere correr entre los árboles y ver los pajaritos que llegan y se van. Podría hacerlo. Está cerca, sólo unos kilómetros y la frontera que divide la Nicaragua donde nació de Costa Rica, donde debió refugiarse. Pero no puede. Podría pasar lo peor, que no es sólo la muerte.

Del otro lado de la frontera, en su país, gobierna una dictadura que la condenó a vivir sin país. Nicaragua por orden judicial ya no es su país, porque decidió que ella ya no es nicaragüense. No tiene país. Probablemente ya no haya constancia administrativa de su nacimiento. No tiene pasaporte. No tiene derechos ciudadanos. Y confiscaron su casa, con su patio, los árboles y los pajaritos.

La dictadura decidió castigarla junto a otros 93 intelectuales que viven fuera de Nicaragua, por ser traidores a la patria.

¿Cuál es esa traición? Difundir y oponerse a las políticas de represión del gobierno del matrimonio de Daniel Ortega con Rosario Murillo. Ha descrito las torturas, los disparos a manifestantes con armas de fuego, el monopolio del Estado en una pareja, la falta de garantías, el encierro forzoso y el destierro. Delitos de lesa humanidad, como afirma el informe más reciente de Naciones Unidas.

Y pensar que de adolescente, ella fue una entusiasta de las políticas sandinistas de educación y trabajo colectivo, cuando Daniel Ortega era un joven revolucionario, secundado en la presidencia por el escritor Sergio Ramírez, otro de los expatriados por expresar sus disidencias.

Elvira Cuadra Lira fue coordinadora de investigaciones en el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y directora ejecutiva en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en Nicaragua. Los dos centros académicos fueron cerrados por el gobierno en 2018. Es autora y co-autora de ensayos, libros y frecuente colaboradora de La Vanguardia.

Escribo con el sesgo de parcialidad que me da conocer a Elvira desde hace 20 años. De haber compartido incidencia política en foros internacionales para frenar la violencia armada e impulsar políticas de seguridad democráticas y eficientes.

Cuando le pregunto, tengo en mente su voz firme y estilo parco en una tarde que se volvió noche de San Salvador, posiblemente en 2002, compartiendo la cerveza y los dolores de la guerra civil con colegas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Panamá. Ese día chorrearon las lágrimas de todos, menos de ella, por los afectos masacrados. Ahora desliza una nostalgia al hablar de su patio y del calor afectuoso de los nica. Pero sueña con el día en que podrá volver.

Elvira, cómo es que has sido considerada traidora y desterrada.

El 15 de febrero el magistrado de uno de los tribunales del Poder Judicial en Nicaragua apareció públicamente leyendo una supuesta resolución sobre un grupo de 94 personas entre las cuales estoy yo, que habíamos sido supuestamente enjuiciados en ausencia y sancionadas por una serie de delitos no especificados.

¿Cuál es la acusación?

Nos señalan como traidores a Nicaragua. Incluyen entre las penas o el castigo, la anulación de nuestra nacionalidad, la suspensión a perpetuidad de todos nuestros derechos ciudadanos, la confiscación de nuestros bienes y además, nos declaran prófugos de la Justicia.

No hay ningún argumento. Sólo hay discursos políticos o una narrativa del gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, seguido por diferentes funcionarios públicos, particularmente el Poder Judicial. Justifican castigar a aquellas personas que consideran opositores o enemigos.

«La mayoría de la población en Nicaragua, muy entusiasmados con lo que eso significaba. Yo recuerdo muy bien la época y la forma en que actuaba la Guardia Nacional de Somoza antes de 1979. Vimos en el triunfo de la Revolución una esperanza para Nicaragua.»

Pero, ¿en qué consiste concretamente ese castigo?

Bueno, pues, me han quitado mi nacionalidad. En términos concretos, se ha traducido en la anulación de todos nuestros registros ciudadanos en Nicaragua: desde partidas de nacimiento hasta nuestros pasaportes. Nos alcanza a algunas personas de esta lista de 94 y de las 222 personas prisioneras políticas que fueron excarceladas el 9 de febrero de 2023 y desterradas a Estados Unidos. Además, a algunas de esas personas de la tercera edad, les han suspendido sus pensiones. Hay también un castigo a los familiares y han comenzado el proceso de expropiación o confiscación arbitraria de nuestros bienes dentro de Nicaragua.

Pero de joven dispatizabas con el primer gobierno de Ortega, ¿no?

Tenía 13 años en 1979, cuando triunfó la Revolución Sandinista. Y pues, obviamente, todos estábamos como la mayoría de la población en Nicaragua, muy entusiasmados con lo que eso significaba. Yo recuerdo muy bien la época y la forma en que actuaba la Guardia Nacional de Somoza antes de 1979. Vimos en el triunfo de la Revolución una esperanza para Nicaragua. Había mucho deseo de futuro.

En ese momento, me integré activamente en diferentes actividades que se promovieron como parte de la Revolución. Por ejemplo, la Cruzada Nacional de alfabetización en 1980. Tenía 14 años, era la primera vez que salía fuera de mi casa. Fui hacia una comunidad rural en el norte del país, muy alejada de mi casa. Allí viví seis meses con los campesinos. En ese periodo nunca fui hasta mi casa en Managua. Enseñaba a leer y escribir. Compartimos lo que los campesinos vivían. Estaba en una comarca que era sumamente pobre donde la gente con costo tenía para comer, no habían ni siquiera gallinas. Y bueno, fue una enorme experiencia de vida que ha tenido un efecto sobre mí hasta el día de hoy.

Luego participé en diferentes actividades cuando hizo falta mano de obra para cortar el café, principal producto de exportación de Nicaragua. En ese momento se necesitaba apoyar económicamente a la Revolución. También corté algodón y participé en numerosas otras este actividades.

Luego, pues, hubo un periodo en que me tocó ser madre soltera con todas las dificultades que eso significaba: conseguir leche para mi hijo o algunas cosas básicas en el contexto de privaciones de la revolución. Entonces tuve que trabajar y seguir estudiando.

¿Y en qué momento te volviste una amenaza?

De a poco. Estudié sociología gracias al programa de formación gratuita que en ese momento había en el contexto de la Revolución. Estudié en la Universidad Centroamericana de los jesuitas, que siempre fue una universidad privada, pero era la única donde existía la carrera de sociología. La gratuidad de la educación en ese periodo me permitió estudiar.

Me gradué en el año 92, después de que perdiera las elecciones el sandinismo. Fue en el tiempo de la transición política, un periodo histórico con Violeta Barrios de Chamorro, la primera mujer presidenta de la historia del país.

Comencé a hacer investigación al salir de la universidad. Mi primer trabajo fue en un centro de alcance regional para Centroamérica sobre los procesos de transición política en Nicaragua, El Salvador y la democratización en Honduras. Me permitió seguir de cerca lo que estaba ocurriendo en los tres países. Además, comenzar a analizar diferentes temas vinculados con esas transiciones. En el caso de Nicaragua, me tocó hacer un análisis sobre la participación del Ejército en la transición y pacificación. Es decir, la desmovilización, el desarme y la reinserción de los excombatientes de la llamada contrarrevolución como del Ejército. Desde entonces, el Ejército y la Policía me veían como una persona de atención. Obviamente, tenía una visión crítica de la participación de las dos instituciones en la transición y en las políticas de seguridad.

«El régimen de Ortega-Murillo es una dictadura. En 2018, su primera respuesta frente a las masivas y extendidas protestas sociales que se generaron fue la represión abierta y usando violencia letal. Desde el principio se disparó para causar daño, para asesinar personas y particularmente jóvenes estudiantes en las universidades. Hubo apresamientos masivos, persecución, agresiones, ataques, torturas, violaciones a mujeres»

¿Qué cambió con el retorno al poder de Daniel Ortega?

Se incrementó esa tensión y desconfianza a partir de 2007. Cuando Ortega regresó a la presidencia comenzó a organizar un sistema de dispositivos de represión, de control y de vigilancia social sobre toda la población. Particularmente se concentraba sobre algunas organizaciones sociales y sobre personas en particular. Obviamente, como yo siempre he dado seguimiento al proceso político en el país y a los temas de seguridad, yo estaba desde muy tempranamente en esa lista. 

En la medida que la crisis sociopolítica que estalló abiertamente en 2018 se fue prolongando en el tiempo, el control se fue incrementando significativamente. Es que mantengo la línea de análisis sobre los temas de seguridad y análisis sobre la forma de represión de los Ortega-Murillo y soy fuente de consulta permanente por medios de comunicación y académicos.

¿Por qué afirmar que el gobierno de Ortega y Murillo es una dictadura? 

El régimen de Ortega-Murillo es una dictadura. Tiene todos los rasgos de un régimen dictatorial. Para comenzar, en el 2018, su primera respuesta frente a las masivas y extendidas protestas sociales que se generaron fue la represión abierta y usando violencia letal. Desde el principio se disparó para causar daño, para asesinar personas y particularmente jóvenes estudiantes en las universidades. Hubo apresamientos masivos, persecución, agresiones, ataques, torturas, violaciones a mujeres.

Esa respuesta violenta se fue profundizando con el tiempo. Por ejemplo, en la escalada de violencia política que inició en 2021 y qué significó el apresamiento de los liderazgos más reconocidos de Nicaragua, se les dio un tratamiento de tortura y malos tratos que los expertos internacionales han calificado como tortura blanca. No les daban de comer suficiente, estaban algunos en condiciones de aislamiento de oscuridad permanente o de iluminación permanente, interrogatorios sistemáticos. Y pues, eso ha tenido efectos físicos y psicológicos sobre estas personas. La intención era precisamente destruirlos, hacerlos sufrir. Sus familiares también han sido víctimas de malos tratos y de vejámenes en diferentes oportunidades.

¿Qué características tiene hoy ese régimen de control?

Sobre la sociedad nicaragüense se ha impuesto un estado policial de vigilancia que no admite ninguna expresión de malestar o descontento. Se han aprobado un conjunto de leyes que castigan la libertad de expresión y de pensamiento. Se han cerrado medios de comunicación, se ha perseguido a los periodistas independientes, intelectuales y académicos. No hay en Nicaragua nadie que pueda salir a la calle con una bandera del país porque eso se considera un acto enemigo desde la perspectiva de los Ortega-Murillo. Todo esto le da al régimen las características de una dictadura. El hecho de que todos los poderes del Estado están subordinados a la decisión de dos personas es propio de una dictadura.

El informe más reciente presentado por el grupo de expertos creado por Naciones Unidas ha sido contundente en señalar que en Nicaragua desde 2018 se han cometido crímenes de lesa humanidad.

¿Cuál es tu situación ahora que estás sin nacionalidad, sin lugar dónde volver y condenada a la distancia?

Estoy en Costa Rica desde el año 2018. Estoy aquí porque en diciembre de ese año el régimen de los Ortega Murillo canceló las personerías jurídicas de dos de los centros con los que estaba asociada como investigadora y el nivel de riesgo era sumamente alto para mí.

Ahora no tengo ningún documento válido. Hay varios gobiernos que han ofrecido darnos protección a través del otorgamiento de la nacionalidad. Por ejemplo España, Chile, Argentina, México creo que Colombia. Estoy valorando si me voy a adscribir a alguna de esas medidas de protección y adoptar otra nacionalidad. De momento sigo en Costa Rica en condición de refugiada. Agradezco profundamente toda la protección y la solidaridad del gobierno, pero particularmente de las y los costarricenses que nos han acogido y nos han permitido vivir en este país y hacer nuestro trabajo.

«Pues igual que muchísimos nicaragüenses yo quiero regresar a Nicaragua. Quiero pensar que el cambio en el país es cercano, que ésta es una confrontación muy fuerte entre los viejos remanentes autoritarios del pasado en Nicaragua y de Centroamérica.»

 ¿Qué te pasaría si volvieras a Nicaragua?

De momento no puedo regresar a Nicaragua. Eso es impensable. No hay manera de regresar, el riesgo es demasiado alto, es un riesgo de muerte.

¿Has pensado en que algún día volverás?

Pues igual que muchísimos nicaragüenses yo quiero regresar a Nicaragua. Quiero pensar que el cambio en el país es cercano, que ésta es una confrontación muy fuerte entre los viejos remanentes autoritarios del pasado en Nicaragua y de Centroamérica. Que hay nuevas generaciones de nicaragüenses con valores con un pensamiento con una idea democrática. Pienso que ese momento de volver esté mucho más cercano, y yo espero estar en el grupo de los nicaragüenses que vamos a poder regresar a nuestro país.

¿Qué es lo que más extrañas?

Qué es lo que más extraño… Pues todo… mi familia… el patio de mi casa, que era un patio muy muy alegre, lleno de árboles con muchos animales, con pajaritos que llegaban. Y los olores de la comida. Pero lo que más extraño es el calor de la gente nica.

Hasta aquí nos cuenta Elvira.

En sus palabras resuena la soledad doliendo en los huesos.

Es una de las víctimas: de los 222 presos políticos desterrados y de los 94 expatriados.

Javier Auyero: «Se está erosionando la relación entre los sectores populares y el Estado»

Javier Auyero: «Se está erosionando la relación entre los sectores populares y el Estado»

El sociólogo Javier Auyero ha estudiado como pocos la situación de los sectores populares de nuestro país. Sus últimos libros, «Pacientes de Estado» y «Entre narcos y policías», muestran la relación cada vez más difícil entre los más humildes y un Estado que puede volverse una amenaza.
Javier Auyero, sociólogo argentino y profesor de la Universidad de Texas

Javier Auyero es uno de los sociólogos más prestigiosos y reconocidos de nuestro país. Afincado desde ha años en los Estados Unidos, en la actualidad en la ciudad de Austin (Texas), sin embargo su interés y preocupación siempre estuvo centrado de forma preferente en la Argentina y más precisamente en sus sectores populares. Desde sus trabajos pioneros sobre clientelismo hasta los próximos dedicados a las estrategias de supervivencia, pasando por los pacientes del Estado o la zona gris, Auyero ha recorrido libro tras libro sobre la compleja y multifacética politicidad popular argentina.

Sus muchos libros, diferentes entre sí (algunos en coautoría), parecen seguir un hilo conductor que explora todas las aristas de la vida política de los que menos tienen y más padecen. Sus últimos trabajos publicados, la reedición de Pacientes de Estado (EUDEBA, 2022) y Entre narcos y policías (en coautoría con Katherine Sobering, Siglo XXI, 2021), son libros que muestran un panorama desolador y, en cierta medida, frustrante. Los actores en cuestión no son pasivos, ni mucho menos, pero son claramente víctimas de la colusión, la inoperancia y la violencia. Los trabajos de Auyero siempre intentan mostrar los resquicios para la agencia en tramas de profunda desigualdad e injusticia, aunque no siempre el cuadro final es halagüeño. En esta ocasión, el Estado y sus agentes aparecen como un obstáculo e incluso una amenaza que esperan y necesitan otra cosa.

La etnografía permite, a través de un relato cercano a lo vivencial, narrar situaciones con una crudeza excepcional y Javier Auyero logra en cada uno de sus libros crear un fresco minucioso de eso que intenta mostrar, analizar y comprender. Sobre los desafíos de sus investigaciones, su modo de entender la sociología y, más en general, las peculiaridades de la política popular en la Argentina, conversamos con él para La Vanguardia.

«La totalidad de la experiencia de los llamados sectores populares es una mezcla de cosas: es ser paciente, es ser irreverente, es ser rebelde. Pero no es la tarea del sociólogo, me parece a mí, caracterizar todo lo que pasa». 

La primera pregunta es más bien general. Vengo leyendo tu trabajo y quiero preguntarte por ese hilo que une, dado que cada libro nuevo parece dialogar con los anteriores,  este gran tema que es la politicidad popular. ¿Cuál es el hilo que vos encontrás en cada una de estas etapas, desde tus trabajos sobre clientelismo hasta estos últimos? ¿Se trata de varias agendas de investigación con intereses convergentes o, en realidad, una única agenda con diferentes aristas?

Es una buena pregunta, porque la idea de una agenda de investigación, al menos como yo la entiendo, es una construcción post facto. Cuando uno está intentando construir un objeto de investigación (llámese “sufrimiento ambiental”, llámese “la zona gris”, llámese “colusión entre narcos y policías”) uno mira para adelante, hacia esta construcción, y para atrás de acuerdo con lo que le fue pensando de modo provisorio, y está esta idea de construir esta especie de sociología política de la marginalidad urbana.  Que empezó sin saber que era una agenda, era mi tesis doctoral: la idea de “la política de los pobres”, mirar el clientelismo. Mirar, en realidad, lo que vos decías: mirar la política popular sin entrarle por el lado por el que se le sigue entrando mayoritariamente al tema, que es el lado del peronismo. Yo recuerdo muy claramente mi idea de hacer un esfuerzo sistemático y sostenido de romper con la doxa de que “si tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de peronismo”. Después me di con la política peronista en la cabeza. Pero la idea para construir un objeto, en principio, era distanciarse de ese sentido común sobre el peronismo.

Pero sí, hay un hilo conductor que está en esta idea de “ladrillitos” en una agenda de una sociología de la marginalidad urbana. Pero que haya una agenda no me sirve mucho para anticipar cuál va a ser el próximo paso. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un libro con Sofía Servián una estudiante de Antropología, que es de Quilmes, sobre “estrategias de sobrevivencia”. Y empezamos con la idea de “estrategias de sobrevivencia” y al poco tiempo me di cuenta que, en realidad, era una revisita a la idea de La política de los pobres. Es decir, la dimensión política de las estrategias de subsistencia. Y, en más de un sentido, partes del libro (que saldrá prontamente por Siglo XXI) son una especie de revisita crítica a La política de los pobres: quizá porque mi mirada ha cambiado un poco, quizá porque ha cambiado la propia realidad que miro. Empezamos a acentuar un poco más el carácter extorsivo de algunas prácticas ligadas al clientelismo que quizá antes no estaban o no había sabido mirar bien.

Vinculado a eso, a mí me impacto mucho leer Pacientes de Estado que ahora reeditó EUDEBA, sobre todo el modo en que el libro va transmitiendo una sensación, junto a los protagonistas de la historia, de cierta desolación. Te quería preguntar sobre esta idea de “pacientes”: ¿Qué implica esa espera tan particular? ¿Es una situación de simple pasividad o se trata de estrategias activas? 

Es una pregunta interesante porque, si bien no he recibido muchas críticas muy explícitas al trabajo, cuando veo algunas utilizaciones del libro hay como comentarios al pasar de que yo estoy hablando de que los pacientes son pacientes pasivos. Y esa no era la idea de que intentaba transmitir, sino más bien construir un objeto y poner la atención en él. Yo no estudio personas, estudio relaciones, los sociólogos, al menos, estudiamos relaciones y universos.  Y lo que yo quería era hacer énfasis en que la gente más desposeída  tiene que esperar más tiempo: qué significa, qué hace en la subjetividad, qué construye. Mirarlo a la manera de Foucault, un poco más productiva, y analizar cómo esta espera genera otras cosas.

De ninguna manera quería negar la iniciativa de estos actores y, hacia el final  del libro, señalo en un momento que mientras estamos haciendo estas observaciones la gente está protestando, está haciendo piquetes, está haciendo bardo. No estoy diciendo ni que todos los desposeídos de la ciudad están esperando, ni que  la espera es solo esperar. La gente hace cosas con la espera, pero al mismo tiempo sería medio antisociológico, para mí al menos, pensar de que esta espera no le hace nada a la gente.  Y es ahí donde quería enfatizar.

La totalidad de la experiencia de los llamados sectores populares es una mezcla de cosas: es ser paciente, es ser irreverente, es ser rebelde. Pero no es la tarea del sociólogo, me parece a mí, caracterizar todo lo que pasa. 

Hago mea culpa aquí. Porque es una crítica parecida a cuando yo publiqué La política de los pobres: decían “bueno, pero la política de los pobres no es solo el clientelismo”.  Yo nunca dije eso. Uno puede dejarse llevar por el título de algo, entonces: “la política de los pobres es esto” o “los pobres son pacientes del estado”. No tiene que ver con cómo uno construye un objeto en la sociología. Yo entiendo que un libro de sociología se lea de otro modo por el público en general y no se lea en clave sociológica. Entonces da la sensación de que yo estoy diciendo los pobres son pacientes del Estado, y no estoy diciendo eso, pero bueno es parte de los malos entendidos a los que es susceptible un análisis sociológico. Pero de ninguna manera estoy diciendo la espera es solo pasividad, de ninguna manera.

Sí sobre eso me interesa mucho pensando también esto como pacientes como un punto en un recorrido más amplio, porque justamente y pensaba mucho que es algo sobre lo que vos trabajas muy explícitamente, con lo que tus trabajos dialogan con la discusión más pública, en torno a cómo juegan no solo esas situaciones de vulnerabilidad social, de espera, de maltrato, sino a partir de estigmatización, digo pienso esta figura de los “planeros” que son tanto los destinatarios como aquellos  que están ahí esperando, y si vos ves, o sea cómo uno puede ver esas diferencias entre unos y otros actores, si es también una transición en el tiempo, si conviven, si uno son al mismo tiempo pacientes y al mismo tiempo forman parte de estas redes, y al mismo tiempo están en frente del ministerio  protestando, que lo veo ahí siempre en la universidad.

Sí, o sea lo que uno hace es un recorte de esa experiencia a los efectos de hacer análisis sociológico. Ahora, en la vida, en la ardua vida de los sectores populares, una persona, llamémosle Jimena, es piquetera a la mañana, cliente a la tarde, paciente a la medianoche, es sufriente, es activa, es pasiva, es muchas cosas al mismo tiempo. Nadie es una sola cosa.

La tarea del análisis sociológico es desentrañar esta relación con el Estado que es parte de un malentendido general, como se pensaba la política popular antes: cuando se decía, por ejemplo, “el clientelismo obtura la acción colectiva”.  Hay muchos trabajos de estos de hace veinte o treinta años. Y después uno se  empieza a dar cuenta que en realidad no, que las redes clientelares pueden ser soporte de acción colectiva, y hay muchos casos en Argentina y en América Latina que muestran que esto es así. Pensemos, por ejemplo, en el excelente trabajo del sociólogo Pablo Lapegna. Porque en realidad esto va de la mano con la propia experiencia de los sectores subalternos, que son, lo que en el libro de este último que estamos trabajando, son bricoladores, hacen bricolaje: “Bueno, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Tenemos que darle el 10% al puntero local,  tenemos que ir a  una marcha, después tenemos que cortar la calle y tenemos  que ir con otro grupo piquetero, y lo hacemos”. Porque así es la actividad de la sobrevivencia, de la subsistencia y de la persistencia.

Yendo a esto, quería hacer una pregunta completamente intuitiva sobre la cuestión de la fragmentación social. Veo una disociación cada vez más acentuada, como si las personas no formaran parte de la misma comunidad política. Esto deriva y se manifiesta en cierta polarización política, pero no se agota allí. ¿Vos ves también esta fractura? ¿Esta disociación?

Es interesante porque, y voy a dar una respuesta contradictoria, por un lado, los indicadores objetivos hablan de una sociedad mucho más fragmentada, mucho más desigual, de un campo político mucho más polarizado. Ahora, depende uno dónde ponga el medidor de tiempo. Porque no quiero sonar cínico, pero si el campo político está polarizado hoy en la Argentina, ahora la gente no se mata una a otra, el Estado no está matando a opositores políticos. Digo, esto puede sonar medio trillado, pero es así.

En términos de estructura social, sí uno puede tener una mirada más desencantada: la fragmentación social, la polarización  social, el achicamiento de la clase media, el acrecentamiento de los sectores pobres, coincide con mi propia biografía. Uno puede poner el dedo en el tiempo y es a mediados de los ‘60 donde la estructura social empieza a implosionar. Entonces, esto para mí –y sobre esto tuve muchas conversaciones con la gente con la que fui coautora, que son más jóvenes-  es una especie de obstáculo epistemológico con el que tengo que luchar siempre. Porque yo siempre veo que la cosa se está deteriorando, porque mi punto de inicio es muy distinto que alguien que nació en el mediados de los 90 o el 2001, o que vivió el 2001 como la eclosión y que ahora las cosas están mejor, o alguien como mi última coautora que jamás hubiese pensado que iba a ser primera generación en la universidad. Para ella en realidad, si bien hay deterioro, no lo hay en su propia trayectoria: es hija de una empleada doméstica y ella va a terminar con una licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, la universidad más prestigiosa del país.

Uno tiene que tener cuidado: por un lado, sí está esta fragmentación, sí está esta sensación de que mundos separados. Ahora bien, yo empecé a militar en el año 1984, iba  a Ingeniero Budge y a Santa Marta a dar clases de apoyo escolar. Para mis amigos conocidos, compañeros de la universidad, yo también me iba a otro planeta. Me acuerdo muy vívidamente estar haciendo una colecta de ropa después de una inundación en el año 87,  ir a los colegios del centro de Banfield y decir que colaboramos con un movimiento villero, y los chicos se mataban de la risa. Ya estaba la idea del estigma del villero, ese estigma no es nuevo.

Entonces, por eso te digo que es contradictorio: porque, por un lado, puedo decirte que sí está esta fragmentación, esta política popular, pero al mismo tiempo es una política popular que siempre está apuntando al Estado. Y en esto sí voy a sonar muy romántico y puede sonar tal vez populista: pero mucha de esta gente; muchos de los ocupadores de tierra del conurbano bonaerense;  mucha de la gente que es un incordio para sectores medios y medio bajos o sectores populares que tienen que ir a trabajar porque cortan el tráfico; mucha de esta gente imagina un futuro mejor para ellos viendo un futuro mejor para su comunidad. Esto puede sonar muy rosa, pero es la idea del ciudadano de Tocqueville, que no imaginaba una mejora propia sino en tanto y en cuanto una mejora de la comunidad. Una idea que me la recordó el gran libro de Lucas Rubinich, Contra el Homo Resignatus.

A mí también me resulta un incordio cada vez que estoy en Buenos Aires no poder llegar a tiempo, y quedarme varado en el tren o en tráfico. No estoy desmereciendo las preocupaciones, pero es un despropósito  acusar a esa gente como se hace, hacerle caer el estigma del “planero”. Eso es desconocer la realidad de todos los días de esta gente. Gente que trabaja mucho más que vos y yo, algo que se puede establecer de manera empírica. Por eso estoy entusiasmado con este nuevo proyecto, porque es a lo que nos dedicamos así granularmente en el libro sobre cómo siguen sobreviviendo los marginados. Si vos ves el tiempo que dedican a la sobrevivencia es mucho más que el de cualquier sector medio o medio alto, trabajan a destajo. También es cierto que a través del trabajo lo que buscan es ser integrados. Hay un circuito económico que se conecta muy poco con la sociedad más central, sí es cierto, al mismo tiempo, que son el sector informal de todos los sectores medios.

«Creo que la mejor manera de intervenir políticamente desde la sociología es haciendo trabajo riguroso y respetuoso de la evidencia. Entonces, cuando intervengo, trato de hacerlo desde la evidencia. Es decir, pasarme muchas horas hablando con gente, observando lo que hacen».

Ya me diste ganas de leer el libro nuevo. Te quería preguntar, porque está muy vinculado a esto, veo en tu trabajo un intento de, por un lado, desmoralizar los vínculos sociales y políticos y, al mismo tiempo, repolitizarlos en cierta racionalidad específica. ¿Qué implicó esta operación analítica para vos? Y, en términos públicos, ¿Con qué discursos tenés que seguir discutiendo estas cuestiones?

Mirá, lo que te voy a decir puede sonar muy empirista, de respeto a la evidencia. No es que yo no tengo una posición moral, la tengo, pero eso tiene que dejado de lado constantemente y es uno de los obstáculos más recurrentes en la etnografía como se hace aquí en los Estados Unidos, cuyo moralismo es muy dominante. Porque la idea predominate es que nuestra tarea es, digamos, hacer de esta gente una especie de héroes. Sin embargo, quizá por mi formación política o mi formación académica, en lo personal nunca tuve esta tentación de moralizar. Sí tuve, y lo admito, la tentación –que debo siempre tener que controlar y sublimar de alguna manera– de la intervención política. Pero también creo que la mejor manera de intervenir políticamente desde la sociología es haciendo trabajo riguroso y respetuoso de la evidencia. Entonces, cuando intervengo, trato de hacerlo desde la evidencia. Es decir, pasarme muchas horas hablando con gente, observando lo que hacen, yendo a actos (como en el caso de La política de los pobres o en Inflamable), o tratando de reconstruir cómo fue la trayectoria de los piqueteros (como en Vidas beligerantes), etcétera, etcétera, etcétera. Ser respetuoso de esa evidencia y ver, no porque yo quiera o tenga una agenda para demostrar la racionalidad, sino porque así se da lo que yo puedo reconstruir que está sucediendo.

Entonces, quiero resumirte con esto: yo tengo mucho respeto a la evidencia y, al mismo tiempo, esta especie de empirismo teóricamente inspirado es, en mi manera de ver, un intento político de conversar con estos discursos que andan dando vuelta. Sin ser näive al respecto, por ejemplo, cuando yo escribí La política de los pobres anticipé un estigma que hoy es mucho más dominante que lo que era hace 20 años. Si hoy es mucho más dominante eso no quiere decir que uno tenga que abandonar la idea de tratar de intervenir en esos discursos, pero te obliga a cierta modestia. Es una lección en modestia, de “¡Cuidado!, no me voy a engañar, porque yo haya dicho eso el discurso político va a ir por ahí”. Incluso, todo lo contrario. Porque lo que decís vos es muy cierto, estos discursos son más dominantes que nunca y es un sentido común incluso paradójico entre los sectores populares. 

Guardé para el final la pregunta sobre el narcotráfico que es un tema álgido en la historia reciente del Partido Socialista en Rosario y Santa Fe. ¿El narcotráfico es un fenómeno que altera sustancialmente el rumbo de la política en general y la política popular en particular?

Mirá, antes que nada una advertencia: creo que hay gente que conoce realmente sobre el narcotráfico mucho más que yo. En el libro lo que nosotros intentamos fue aislar analíticamente las relaciones entre policías y traficantes, siendo muy respetuosa de la literatura secundaria que hay en la Argentina y América Latina sobre el narcotráfico. Entonces, hecha esta aclaración, lo que lo que voy a contestar tiene que estar calificado como proveniente de alguien que no es especialista en narcotráfico, simplemente escribí un libro porque me interesaban estas relaciones y estas interacciones a nivel más micro y quería aislar eso.

Dicho esto: sí, mi sensación es que el narcotráfico no siempre, pero en el caso de la Argentina, en ciertos lugares, dadas las recompensas el dinero que se mueve y la violencia sistémica que tiende a estar presente en el narcotráfico  (no siempre está acompañado de violencia sistémica, pero suele estarlo), está alterando muy radicalmente la vida de los sectores populares. Está haciendo de lugares relativamente tranquilos entornos bastante violentos.

Argentina es un país que no tiene en general, en términos comparativos, tasas de violencia (medida como se la mide, por tasa de homicidio) altas, pero es el país en el que la violencia está creciendo más rápidamente en toda América Latina. De ahí la sensación que la gente tiene de vivir en una sociedad violenta. Porque nadie en el día a día va por la calle diciendo “No, acá estamos tranquilos porque no es El Salvador”. No, lo que está es comparando con su experiencia anterior y su experiencia le dice (tanto en sectores medios como en sectores más desposeídos) que se ha despacificado la vida cotidiana y esto lo atribuyen al tráfico y al consumo de drogas, que son dos temas distintos.

Lo que se sabe sobre el consumo de drogas es que, en realidad, los efectos psicofarmacológicos de las drogas no son los que generan la mayor parte de la violencia. Lo que genera violencia es el tráfico, las disputas adentro del universo de los traficantes porque no hay una tercera parte que pueda arbitrar esos conflictos. Entonces, mi sensación es que, por un lado, están cambiando la vida de los sectores subordinados y, por otro –y de eso sabemos bastante menos y ahí hay un libro por escribir si alguien se anima–, está cambiando la política. Nosotros usamos una fuente de datos que es novedosa de alguna manera, que son las escuchas telefónicas. Pero nadie escucha a jueces y a políticos. Y el dinero que se genera ahí solo es posible por el poder, es decir,  la condición de posibilidad de las relaciones que nosotros miramos están arriba, no están abajo. A nosotros como investigadores nos dejan ver solo ese universo, porque son los sectores más  vulnerables, con menos poder. Pero eso está sostenido desde el campo político y desde el campo  judicial, y de eso sabemos poco y nada. Está claro que está alterando la política, ese dinero financia la política, pero eso es todo intuición, es todo anecdótico, no sabemos mucho sobre eso.

«Argentina es un país que no tiene en general, en términos comparativos, tasas de violencia (medida como se la mide, por tasa de homicidio) altas, pero es el país en el que la violencia está creciendo más rápidamente en toda América Latina. De ahí la sensación que la gente tiene de vivir en una sociedad violenta».

Te quería preguntar justamente eso, aunque sea en clave intuitiva: ¿Cómo ves esta colusión derivada y fomentada por el narcotráfico? ¿Qué impacto tiene para la política y la estatalidad?

Bueno, en primer lugar hay que pensar que esto ocurre en un contexto de cambios en las rutas del narcotráfico y estos actores políticos locales lo controlan poco y nada. Es decir, más intervención en el Caribe generó que la ruta de la droga se moviese hacia México, más intervención en Centroamérica o en México hace que las rutas se muevan hacia el sur. Entonces, hoy en los informes globales sobre drogas y en noticias sobre drogas se menciona mucho más a la Argentina que a Colombia, por ejemplo, y esto no es casual, porque las drogas están moviéndose al sur y tampoco es casual que esto pase en Rosario. Entonces en esto hay poco control, me parece que es importante contextualizar lo mucho o poco que puedan hacer actores locales porque esto es mucho más grande que un partido o que un gobernante.

Por otro lado, me parece a mí que esto nos hace pensar en el tipo de Estado, en el tipo de campo político y las acciones dentro del campo político. Es decir, qué es lo que está sucediendo allí. Otra vez, no me gusta especular, sería contradecir un poco lo que te decía antes. Pero vamos a  ensayar algo y especular algo sin haberlo investigado. Quien sabe mucho del tema es el sociólogo Matías Dewey, cuyo trabajo yo sigo y admiro mucho. Pero, lo único que quiero decir es que pone un gran signo de interrogación en cómo  funcionan las instituciones democráticas, en cómo funciona el Estado y, sobre lo que sí hay evidencia, es que se está erosionando la relación entre sectores populares y el Estado. Una relación que costó mucho reconstruir después de muchos años de dictadura y de inestabilidad democrática, el narcotráfico está tiñendo esta relación y está haciendo que los sectores populares tengan un nivel de cinismo sobre un Estado que los debe proteger y que en realidad es cómplice con quienes ellos ven que están haciendo la vida más violenta. E, intuitivamente, ellos saben algo que vos y yo estamos conversando ahora: que esto no es sólo el dealer de la esquina o el policía y el comisario, sino que esto está siendo sostenido por algo más grande y ellos, como nosotros, tienen esa intuición de lo que yace en las sombras del Estado pero que es parte del Estado. Pero uno no puede tener un Estado que sólo esté a la luz el 10% de lo que hace. Si todo el resto es sombra, todos empezamos a sospechar de todo y la convivencia democrática empieza a ser un problema.

QUIÉN ES

Javier Auyero es profesor de sociología latinoamericana en la Universidad de Texas en Austin y director interino de LLILAS Benson Latin American Studies and Collections. Sus principales áreas de investigación, escritura y docencia son la marginalidad urbana, la etnografía política y la violencia colectiva. Fue editor de la revista  Qualitative Sociology  de 2005 a 2010 y director del Urban Ethnography Lab entre 2015 y 2020. Es el editor actual de la serie Global and Comparative Ethnography Series en Oxford University Press.

Auyero es autor de numerosos libros , entre ellos  se destacan La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo (1998, Manantial),  Vidas beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento  (2003, UNQ) , La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea (2007, Siglo XXI),  Pacientes de Estado (2012, EUDEBA), Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental (2008, Paidós, con Débora Swistun), La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense (2013, Katz, con María Fernanda Berti), entre otros. Todos publicados también en inglés.