Respetando la cultura cíclica de las políticas gubernamentales de los últimos veinte años, volvemos al debate simplista y retrógrado de la baja de imputabilidad. Como fracasamos en la política educativa y de desarrollo social, surge esto. Fue parte de las folletinescas propuestas de Duhalde, de los Kirchner, de Sergio Massa y Daniel Scioli -como candidatos presidenciales- y así también del gobierno de Mauricio Macri, bajo la ilusoria panacea de ser el ajuste de tuerca que soluciona las falencias estructurales de este tumor que definimos como inseguridad. Resulta en una propuesta inconclusa, errada y hasta violatoria por parte del Gobierno Nacional al proponer la baja de edad de punibilidad a los catorce años de edad. El mismo debate que fracasó en Uruguay, por consulta popular, con la creencia oriental y orientada a que no era la solución a los problemas de seguridad ciudadana.

Esto coincide con una visión política que acepta el fracaso del sistema en el proceso socioeducativo, en la carencia de políticas de desarrollo social y la tutela efectiva de los principios que nuestra Constitución Nacional brega, obligando a considerar que la única opción viable es aumentar el poder punitivo del Estado para contrarrestar sus errores estructurales. Y los argentinos, nos embarcamos en este debate, algunos pensando que no queda otro remedio que violar las leyes, para obtener seguridad y justicia clasista. El Gobierno, una vez más, esquiva su propuesta electoral de «Pobreza Cero» y asume que indefectiblemente, los que nos hace pobres es solamente el poder adquisitivo y no el acceso a las herramientas culturales y políticas para el progreso social; individual y colectivo. Sin dudas, resulta errado creer que la baja de imputabilidad es una solución al problema de al inseguridad. Un problema, también estructural, consecuente de la corrupción política y una cultura de anomia social, que no puede ser resuelto si sólo se piensa en medidas efectistas e instrumentales para visibilidar la panacea de un Estado gendarme, capaz de traer a la vida a las múltiples víctimas de los robos, violaciones, secuestros, homicidios dolosos, esclavitud o trata, violencia de género y accidentes de tránsito. Sin duda, parece ser que tampoco se evidencia en la medida a ser considerada, factores cuantitativos. Las estadísticas no lo avalan, pero asumimos que la inseguridad deviene de la delincuencia juvenil.

Es sabido, como en el luctuoso y lamentable caso de Brian Aguinaco asesinado en Flores, que hay victimarios de edad joven y que merecen ser sancionados y sometidos a un debido proceso judicial, cuyas víctimas -vivas o difuntas- merecen también justicia, al igual que sus familias. Pero esto ya está lejos de la debida prevención y es en el plano de la sanción de los actos que podríamos haber erradicado. Y resulta un desafío mayor poder trabajar en el complejo tejido social de un país de acentuada desigualdad: con juventudes que sometidas a una cultura familiar propia de la anomia; habitantes de villas de emergencia jamás integradas urbanísticamente; jóvenes marginados de los preceptos constitucionales de igualdad de oportunidades y de trato; donde el sistema educativo parece sólo reafirmar esa desigualdad y no hacer a la equiparación; donde la salud es sólo la atención tardía del paciente ingresado en una guardia de urgencia hospitalaria; donde el concepto de futuro es inexistente y algo privado de ellos. La Argentina es un país con presbicia para ver los problemas desde su origen y, lo peor de todo, es que también sufre de miopía política.

Mucha de nuestras juventudes desde la infancia se crían sin saber lo que es que le festejen su cumpleaños. Asumimos como norma social lo que en el quehacer cotidiano no sucede para todos, lo que no prima en la realidad. Y la lista se agrava, con posibilidad de verse peor cuantificada, en padres sin responsabilidad parental, en narcóticos inmersos en su vida social, educación sin calidad, salud sin prevención temprana ni carácter integral. En resumidas cuentas, un Estado lejano y ausente.

Desde 1980, la Argentina tiene un sistema vetusto en esta materia, propio de la dictadura militar. Reconocido por estudiantes de derecho, víctimas, celebrado por victimarios, por el crimen organizado -entre tales el narcotráfico y la corrupción policial-, juristas, fiscales, defensores de menores, asistentes sociales, activistas sociales, especialistas en la materia. Tenemos un sistema que no respeta las reglas internacionales, como las Reglas de Beijing de 1985 o las Reglas de La Habana de 1990, ni la propia Convención Internacional de los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional. La propuesta del Gobierno de Cambiemos y sectores similares, como el Frente Renovador, no visualizan que bajar la edad de punibilidad sería un error grave y que potencia la delincuencia futura, no su reparación. No garantiza justicia ni para las víctimas, ni para los victimarios; sujetos a resocializar. El proyecto actual sólo puede profundizar la educación en la delincuencia, agrandando la brecha de desigualdad. Las condiciones actuales en el sistema penitenciario sólo garantizan una cosa, y en contrario a la Constitución Nacional: ser verdaderas universidades de la delincuencia, con múltiples orientaciones según el crimen y la organización que lo impulsa.

Juzgar a un joven como un adulto vulnera todo principio moral y jurídico. Nuestro país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Mendoza y otros» por no cumplir con el derecho internacional. Hay que prestar debida atención y hacer al debido acatamiento de las normas en materia de derechos humanos. Retomando la experiencia uruguaya, el país oriental rechazó ampliamente esta política, porque creyeron firmemente que no es una solución al problema, que no relaciona estadísticamente la tasa de delincuencia juvenil con el grave problema de la inseguridad y que aún mas, resulta extremadamente errado juzgar a los jóvenes -niños y niñas al fin- como adultos y aplicarle las mismas penas y la misma privación de libertad en la mismas unidades penitenciarias. Porque de eso se trata el simple hecho de proponer la baja de imputabilidad.

Es importante avanzar en el cumplimiento del derecho internacional y observando las experiencias y logros de naciones como Costa Rica, en el debate profundo e integral de un régimen de responsabilidad penal juvenil, en el ámbito del Congreso de la Nación, para garantizar el acceso a la justicia, el derecho a la niñez y la vigencia de los derechos humanos, para brindar justicia a las víctimas y constituir a la par una herramienta de transformación social de última instancia. Digamos #NoalaBaja, porque ningún pibe nace chorro.