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AMLO y el fin de Notimex

AMLO y el fin de Notimex

López Obrador hizo lo que la derecha no pudo: cerrar la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex. Tras 55 años, una de las agencias de noticias más importantes de Latinoamérica cesó su actividad. 

 

El jefe del gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logró en su mandato lo que presidentes de derecha intentaron realizar en múltiples ocasiones y no pudieron: cerrar definitivamente la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).

AMLO, confirmó el cierre y liquidación de Notimex en una de sus habituales conferencias de prensa, en octubre pasado, y justificó la decisión en la “importante inversión” que debe hacer el Estado para su funcionamiento. “Lo importante es que haya un acuerdo y que no se afecte a los trabajadores. Tenemos que ahorrar en todo”, sentenció. La medida, que deja sin empleo a más de 300 trabajadores, pone fin a 55 años de historia de un medio de comunicación público que se convirtió en referente en el ámbito nacional e internacional.

En apariencia, un conflicto gremial mal conducido por la directora de la agencia derivó en una huelga permanente y en el cese de la actividad periodística, en 2020, de la tradicional agencia estatal mexicana creada en 1968. Pero si se analizan las declaraciones de AMLO en contra de las instituciones periodísticas que funcionan bajo la órbita del Estado y el constante descrédito a que fue sometida Notimex desde el inicio de su gestión, no resulta tan clara la impericia atribuida a la directora en cuanto al manejo de la situación, por el contrario, se asemeja más a una política orquestada para la disolución del medio estatal.

AMLO, confirmó el cierre y liquidación de Notimex en una de sus habituales conferencias de prensa, en octubre pasado, y justificó la decisión en la “importante inversión” que debe hacer el Estado para su funcionamiento. “Lo importante es que haya un acuerdo y que no se afecte a los trabajadores. Tenemos que ahorrar en todo”, sentenció.

El origen del conflicto se remonta a marzo de 2019, cuando la destacada periodista de investigación Sanjuana Martínez Montemayor fue nombrada como directora de Notimex, tres meses después de la asunción del nuevo gobierno autodenominado popular. Al momento de convertirse en funcionaria pública expuso en una serie de entrevistas otorgadas a medios de comunicación los dos objetivos que guiarían su labor: “Acabar con la corrupción generada, sobre todo, por los líderes del sindicato de trabajadores; y hacer de la agencia de noticias la más prestigiosa del mundo”.

Para cumplir con su propósito, durante los primeros nueve meses de gestión despidió a 142 trabajadores, más del 50 por ciento de ellos sindicalizados, e implementó un recorte salarial del 40 por ciento a través de la quita de vales de comida y la eliminación de la ayuda de canasta básica contemplada en el Contrato Colectivo de Trabajo, medidas fundamentadas en la política de austeridad del nuevo gobierno de México.

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) denunció ante la justicia los despidos injustificados, pero también acusó a la funcionaria de crear un gremio paralelo: “las autoridades crearon un sindicato patronal y amedrentaron a los trabajadores con que si no firmaban su adhesión al mismo, serían despedidos”, expresaron en un comunicado. El Sindicato Independiente de Notimex (SINotimex), en contraste, había surgido para colaborar con Martínez Montemayor en la implementación de su plan, lo que incluyó una campaña en redes sociales para agredir a funcionarios, periodistas, y ex empleados de la agencia, que la directora de Notimex consideró adversarios.

Sanjuana Martínez, directora de Notimex desde 2019, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

 

Estas medidas profundizaron el encono entre ambas partes y alejó la posibilidad de un acuerdo para renegociar el Contrato Colectivo de Trabajo. La consecuencia lógica fue el inicio del cese de actividades decretado por SutNotimex a partir del 21 de febrero de 2020. Ese día colocaron una bandera rojinegra en la entrada del edificio de la agencia y no permitieron el acceso del personal, por lo que a partir de ese momento se dejó de emitir material periodístico. Fue el principio del fin.

El SutNotimex acusó que la medida se tomó ante la negativa de la directora general de Notimex para dialogar y alcanzar un acuerdo. Pero la intransigencia del gremio también allanó el camino del gobierno para la eternización del conflicto y, en definitiva, selló la suerte de la agencia. Ante la decisión del sindicato de mantener la huelga de manera ininterrumpida desde el febrero de 2020 hasta noviembre de 2023, la administración de AMLO envió a la Cámara de Diputados un proyecto para la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, que fue aprobado en noviembre de este año. La resolución establece que “Notimex conservará su personería jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación respectivo, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables”.

La intransigencia del gremio también allanó el camino del gobierno para la eternización del conflicto y, en definitiva, selló la suerte de la agencia. Ante la decisión del sindicato de mantener la huelga de manera ininterrumpida desde el febrero de 2020 hasta noviembre de 2023, la administración de AMLO envió a la Cámara de Diputados un proyecto para la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

El dictamen de extinción y la derogación de la ley que creó la agencia pasarán ahora al Senado para su aprobación definitiva. Una vez que eso ocurra, el proceso de liquidación quedará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que fungirá como liquidador único del Gobierno Federal.

Sanjuana Martínez Montemayor asumió la dirección de la agencia de noticias estatal con dos claros objetivos: “Acabar con la corrupción generada, sobre todo, por los líderes del sindicato de trabajadores; y hacer de la agencia de noticias la más prestigiosa del mundo”.  Tal vez haya cumplido con el más importante pedido del presidente: acabar con el Sindicato Único de Notimex (SutNotimex) y con la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex.

La “bomba” de las LELIQ

La “bomba” de las LELIQ

El presidente electo Javier Milei viene advirtiendo sobre la «bomba» que significan las LELIQ para nuestra economía. Sin embargo, esta advertencia es más una coartada para su propio programa económico. 

La exageración desmesurada no es, para la extrema derecha vernácula e internacional, un medio más de propaganda: es su manera normal de comunicar, su recurso omnipresente para generar el miedo que necesitan para que la gente acepte sus propuestas extremas.  El presidente recién elegido por el 30% de los argentinos, por el cual optó en el balotaje el 56%, sigue al pie de la letra esta práctica. Y en ella se inscribe su “gran” preocupación por el problema de las LELIQ.

Las LELIQ (Letras de Liquidez) representan deuda del Banco Central (BCRA) con los bancos, que el Central toma para sacar de circulación el exceso de pesos que hay en la economía debido, por ejemplo, a la emisión monetaria que produce para financiar al Tesoro. Para que esa emisión no genere un aumento inflacionario de los medios de pago, el BCRA esteriliza parte de ese dinero, tomándoselo a los bancos a una tasa del 10,9% mensual, y lo guarda para que no se use, de modo que es como si no hubiera sido emitido.  Así, los bancos toman dinero gratis en cuenta corriente, casi gratis en caja de ahorro, y al 10,7% mensual en plazo fijo (lo que da una tasa promedio del 4,6% mensual), y en parte se lo prestan al Central al 10,9%, con riesgo cero. Pingüe negocio que la inflación hace posible, y que en el resto del mundo no existe ni podría existir, porque la tasa de interés mensual es bajísima.  Vemos así, además, que estas letras son la contrapartida de los depósitos de empresas y particulares en los bancos: no es dinero de éstos, sino de los depositantes.

Las LELIQ (Letras de Liquidez) representan deuda del Banco Central (BCRA) con los bancos, que el Central toma para sacar de circulación el exceso de pesos que hay en la economía debido, por ejemplo, a la emisión monetaria que produce para financiar al Tesoro. 

Pero las LELIQ no se pagan: en general se renuevan al vencimiento, emitiendo más LELIQ para pagar los intereses. Así, estas letras, junto con los pases pasivos y otros documentos emitidos con idéntica finalidad, representan hoy una masa de dinero considerable, de unos 23,8 billones de pesos a fines de noviembre, mientras que la base monetaria (algo así como todo el dinero disponible en el mercado), suma unos 8 billones. Es mucha plata que, si se liberara de golpe, produciría una hiperinflación. Pero, ¿cómo evoluciona esta montaña de dinero?

En economía, hay un fenómeno que se llama ilusión monetaria: la sensación de que, por ejemplo, el stock de LELIQ, como sube mucho medido en pesos, es una bomba que, tarde o temprano, va a estallar; o, dicho de otro modo, una deuda impagable. Pero los economistas, en una economía inflacionaria, debemos cuidarnos mucho de caer en esa ilusión, y mirar los números en términos reales, es decir, depurados de la inflación.  Así, el stock de LELIQ más pases, en los últimos seis meses, cayó 1% en términos reales y, en los últimos tres, debido a la aceleración inflacionaria, cayó 10%. No hay tal bomba: hay una masa importante de deuda que tiende a reducirse con la inflación, y que, si la inflación que promete el presidente electo para el comienzo de su mandato se cumple, como todo indica que ocurrirá, se licuará aún más; y si, como también se promete, se elimina rápidamente el déficit fiscal, el Banco Central, al dejar de financiar al Tesoro, podría ir liberando gradualmente ese dinero para abastecer la mayor necesidad de medios de pago producto de la inflación que continúa.  Es cuestión de tiempo y paciencia, y de implementar una política cuidadosa, para que el peso de las LELIQ se vaya reduciendo hasta desaparecer, sin necesidad de medidas heroicas.  La economía argentina tiene muchos problemas más grandes y más urgentes que éste.

 

 Luis «Toto» Caputo fue anunciado como Ministro de Economía por Javier Milei.

 

Pero la derecha neoliberal presenta éste como el gran problema, y le da una prioridad que no merece.  Y el nuevo gobierno se propone, a través del que será su Ministro de Economía (si se cumple la amenaza formulada en los días en que se escriben estas líneas), una solución heroica: pagar las LELIQ tomando deuda externa (por algo así como 23.000 millones de dólares, una cifra inmensa, la mitad de lo que se le debe al FMI), vaya a saberse a qué tasas y bajo qué condiciones, porque nadie le va a prestar barato ni fácil a un país que hizo dos defaults en 20 años, y que seguramente pronto no podrá honrar sus compromisos en los términos pactados.  Tomar deuda en dólares para pagar deuda en pesos se hizo también durante el gobierno de Macri, con los desastrosos resultados conocidos.

No hay tal bomba: hay una masa importante de deuda que tiende a reducirse con la inflación, y que, si la inflación que promete el presidente electo para el comienzo de su mandato se cumple, como todo indica que ocurrirá, se licuará aún más.

Esta deuda será muy pesada e inútil, para resolver un problema casi inexistente, y agravará aún más el severo endeudamiento que nos dejara la gestión que terminó en 2019.

Cuando se adoptan malas decisiones, muchas veces al observador le cuesta saber si eso se hace por maldad, por intereses, o por mera estupidez.  Pero el entusiasmo endeudador del futuro ministro es pertinaz: fue el mismo que emitió un bono a 100 años con una tasa de interés altísima para la época, para beneficio de los fondos internacionales que le conocen muy bien; y el que aumentó descomunalmente nuestra deuda externa desde 2016, para entregarnos al Fondo Monetario Internacional cuando los financistas de Wall Street se negaron a seguirle prestando.

Nada nuevo hay bajo el sol argentino.  Los mismos personajes vuelven a saquearnos con fórmulas parecidas.  El gobierno que asumirá habiendo prometido un gran cambio, vendrá para hacer lo que ya hizo Macri, con la misma gente y métodos similares.  Triste y larga será la lluvia en Macondo.

La VIHsibilidad en la runway

La VIHsibilidad en la runway

La escena ballroom más que una expresión artística, fue un refugio crucial durante la aparición del VIH/SIDA, brindando no solo entretenimiento, sino también apoyo vital. Su legado como espacio de resistencia y apoyo para las comunidades LGBTIQ+ sigue siendo relevante y digno de reconocimiento en la actualidad.

Un Pokémon, pero en tanga. Así apareció el activista por los derechos humanos, Lucas “Fauno” Gutiérrez en la kiki ball llamada “Pokeball” organizado por House of Tropikalia en el Centro Cultural “Haroldo Conti», donde hace cuarenta años funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Entre sexy y bizarro, vestido con un traje amarillo y negro emulando al “pocket monster” llamado Umbreon, toma el micrófono con una convicción absoluta y da un discurso que deja a trescientas personas del público en un silencio total: “Estamos habitando un espacio de memoria, verdad y justicia con nuestras disidencias y orgullos. Somos ballroom y somos un hecho político”, dice en un grito y el público estalla en aplausos.

Los ballrooms se erigen como un mosaico de diversidad, que albergan a personas percibidas como travas, trans, tortas y putos. En este escenario, el brillo y el glamour se convierten en sus instrumentos para atraer miradas y elevar sus voces en defensa de los derechos que les corresponden.

En este contexto, el reciente hito de la aprobación de la ley del VIH en Argentina constituye un logro significativo para el colectivo LGBTQ+ y las organizaciones activistas que han sostenido su lucha durante décadas. Sin embargo, la persistente discriminación que enfrentan las personas transmisoras del virus plantea un desafío latente, con la crucial importancia de mantener la visibilidad y la educación como pilares fundamentales para forjar un cambio significativo en la sociedad.

«Abrazar términos como «puto», «marica» y «bichoso», se convierte en un ejercicio de reapropiación, quitándoles el poder a quienes los usan como insultos y convirtiéndolos en elementos identitarios.»

En un acto de resistencia, Lucas Fauno explica su identificación con palabras que históricamente se usaron de manera despectiva y que todavía se utilizan en los espacios públicos, en las canchas y en las multitudes heteropatriarcales. Abrazar términos como «puto», «marica» y «bichoso», se convierte en un ejercicio de reapropiación, quitándoles el poder a quienes los usan como insultos y convirtiéndolos en elementos identitarios. 

VIHSIBILIDAD

«Mi categoría favorita es American Runway que me ayuda a encontrar mi expresión de la masculinidad. También disfruto de Old Way, que tiene raíces militares y egipcias», comenta Lucas Fauno quien además describe la conexión histórica del Ballroom con la lucha contra el VIH y el SIDA: «La escena Ballroom cuidaba, apañaba, buscaba hogar, buscaba respuestas de medicación o de información a todos sus asistentes”, explica. Estos espacios no sólo brindaban entretenimiento y expresión, sino también apoyo, información y cuidado para las comunidades marginadas durante la pandemia del VIH. “Ballroom es nuestra disidencia, es nuestra resistencia y es nuestra manera de abrazar el orgullo”, aclara el activista.  Además enfatiza la importancia de recordar y honrar la historia de la escena ya que su legado continúa siendo una fuente de resistencia y apoyo para las comunidades LGBTIQ+.

El primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA . Cada año en esa fecha, el Ministerio de Salud de la Nación publica el Boletín sobre el VIH y enfermedades de transmisión sexual (ITS). Según el último publicado en 2022, más de 140 mil personas en nuestro país viven con el virus y un 13% de ellos desconoce su condición. La atención en el sistema público de salud beneficia al 65% de las personas que conocen su diagnóstico, con más de 65 mil personas en tratamiento. La principal forma de transmisión del VIH, con un 98%, es a través de relaciones sexuales sin protección, con una prevalencia notable en ciertos grupos clave, como mujeres trans, hombres que tienen sexo con otros hombres y trabajadores sexuales. Se reportan alrededor de 5 mil casos nuevos anualmente. 

El sexólogo clínico y educativo, Federico Bordón, pone foco en la importancia de fortalecer políticas de salud pública y avanzar en estrategias de prevención combinada. Subraya la necesidad de intensificar el acceso a pruebas rápidas y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) como una herramienta valiosa para la prevención integral de las ITS: «La ESI propone una reflexión y destaca el papel de las instituciones educativas como protectores de una pedagogía del cuidado». 

 

Al respecto, Fauno sostiene que “negar la ESI es negar la vida de las personas VIH positivas, es negar nuestra sexualidad, es negar nuestra vincularidad. No podemos seguir dando las batallas en solitario.”

Es importante diferenciar SIDA de VIH ya que el síndrome es la etapa avanzada de la infección causada por el virus. En palabras de ONU SIDA, una persona tiene SIDA cuando el VIH debilita las defensas del cuerpo (el sistema inmunológico) y esa situación lo predispone a desarrollar enfermedades oportunistas (infecciones o tumores). Se las llama así porque aparecen “aprovechando” la caída de las defensas. Sin embargo, con los tratamientos actuales son cada vez más las personas que tienen VIH sin desarrollar SIDA.  

“Negar la ESI es negar la vida de las personas VIH positivas, es negar nuestra sexualidad, es negar nuestra vincularidad. No podemos seguir dando las batallas en solitario.”

INSISTIR RESISTIR ASISTIR

Desde el 2021 se realiza el “PositHIVo kiki ball” con el objetivo de celebrar y tejer redes dentro de la comunidad LGBTIQ+. Además de las competencias en la runway con categorías alusivas, se realizan diversos talleres y conversatorios. Celebrar para no olvidar. Resistir para encontrar la cura.

«Ser activista no es lo mismo que ser un mártir. El activismo es un llamado a la acción colectiva que te convierte en un interlocutor, un puente, un gestor que visibiliza o enuncia, pero que llama a la acción por los derechos humanos», dice Lucas Fauno. Además destaca la necesidad de abordar problemáticas más allá de su propia lucha, como los derechos de las personas con discapacidades o las comunidades afrodescendientes.

«Ser activista no es lo mismo que ser un mártir. El activismo es un llamado a la acción colectiva que te convierte en un interlocutor, un puente, un gestor que visibiliza o enuncia, pero que llama a la acción por los derechos humanos»

Fauno planteó un desafío para recuperar la memoria histórica, reconociendo que el avance de las derechas en todo el mundo representa una amenaza para los logros de las luchas pasadas al argumentar que el diálogo y la educación son herramientas fundamentales para combatir la desinformación y el miedo que alimentan las decisiones políticas perjudiciales. “Si votamos opciones políticas que buscan eliminar derechos, estamos negando la lucha de las travestis y trans además de aquellas personas no binarias, marronas, monstras y bichosas”. El desafío es colectivo y global: “debemos reparar nuestra historia, proteger las infancias y adolescencias para que puedan desarrollarse sin ser atacadas ni menospreciadas.»

INDETECTABLE = INSTRASMISIBLE

El VIH continúa siendo un tema de gran relevancia en la sociedad argentina, no solo por sus implicaciones médicas, sino también por el profundo estigma que lo rodea. En este contexto, Fauno destaca la importancia crucial de comprender la afirmación «indetectable es igual a intransmisible». El activista sostiene que los prejuicios arraigados en la transmisión del VIH impactan significativamente las interacciones sociales y el funcionamiento del sistema de salud, evidenciando una falta general de empatía en la sociedad y los medios. “Hace 15 años que vivo con el virus y recuerdo pensar ‘¿Todavía existía el VIH? ¿Cómo que me dio el positivo si nadie hablaba de esto”, cuenta Lucas Fauno. 

Con el fin de combatir esta discriminación, el Ministerio de Salud de la Nación respalda una campaña enfocada en informar que las personas con VIH bajo tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable no pueden transmitir el virus sexualmente. Según la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, la condición «indetectable» se alcanza mediante la rigurosa adherencia al tratamiento, lo que reduce la cantidad del virus en sangre a niveles indetectables en análisis convencionales. Aunque no erradica el virus, cuando una persona con VIH mantiene una carga viral indetectable durante al menos seis meses, no hay posibilidad de transmitir el virus por vía sexual. 

El estigma y escasez de información y temor en la población desde que aparecieron los primeros casos de VIH en Argentina en 1982. Se han suscitado concepciones erróneas sobre la enfermedad y sus afectados, desde la creencia de que el virus solo afecta a hombres que tienen relaciones homosexuales, hasta la idea de que es un castigo divino para aquellos que mantienen relaciones pre-matrimoniales. A pesar de la «primavera democrática», las personas con VIH se enfrentaron a una realidad carente de apoyo estatal, lo que motivó la creación de la Fundación Huésped en 1989 para brindar ayuda y solidaridad a quienes la necesitaban.

«Se han suscitado concepciones erróneas sobre la enfermedad y sus afectados, desde la creencia de que el virus solo afecta a hombres que tienen relaciones homosexuales, hasta la idea de que es un castigo divino para aquellos que mantienen relaciones pre-matrimoniales.»

Según un estudio de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y el Ministerio de Salud de la Nación, la desinformación y el estigma han llevado al 17% de las personas con VIH en Argentina a desconocer su condición. Federico Bordón subraya la necesidad de un lenguaje no estigmatizante al hablar del VIH, poniendo énfasis en impulsar canales de denuncia y consulta para eliminar la estigmatización. Asimismo, destaca que la Educación Sexual Integral (ESI) emerge como una herramienta fundamental para prevenir infecciones de transmisión sexual y fomentar la divulgación de información actualizada y precisa.

En el intento de superar estos obstáculos, el sexólogo clínico y educativo Federico Bordón hace hincapié en la importancia de promover y hacer visible la legislación que ampara a las personas con VIH. «Necesitamos instaurar canales de denuncia y consulta no solo para los afectados por VIH, sino para toda la población», dice.

El activista Lucas Fauno también deja abierto el espacio a la reflexión política y colectiva: “Una ley de VIH debe ampliar ese diálogo desde el Estado y también desde las casas para pensar en esas vidas. El Estado debe asegurar que no nos falten medicamentos y que podamos acceder a un trabajo sin preocupacionales que nos discriminen”, concluye.

 

UNA LEY DE CALIDAD DE VIDA

La Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, aprobada en 2022 por el Congreso Nacional, representa una evolución significativa desde la Ley Nacional de Sida de la década de 1990. Mientras la antigua legislación se enfocaba principalmente en la investigación y tratamiento del VIH/SIDA, la nueva normativa va más allá, priorizando no solo la atención médica, sino también la calidad de vida de las personas afectadas en nuestro país.

Lucas Fauno destaca este cambio y subraya la importancia de la nueva ley, que aborda aspectos como el acceso al empleo y a una vida sin discriminación para quienes viven con VIH: “Imaginate que las infancias y adolescencias VIH positivas no eran posibles porque lo más probable es que una infancia que nazca con el virus falleciera.  Entonces ahora lo que hay que hacer es pensar en esas vidas, que no nos falten medicamentos y que podamos acceder a un trabajo sin exámenes preocupacionales que nos discriminen”, explica. 

«La ley del año 1990 era una ley de urgencia de vida. La ley actual es una ley de calidad de vida”, opina el activista Fauno al referirse a la normativa concebida con un enfoque de géneros y de derechos humanos. Cabe destacar que la normativa fue escrita de manera colectiva, con la participación de organizaciones sociales, diversas fuerzas políticas y entidades estatales para garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsar la eliminación del estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. Además, se enfoca en el desarrollo de tecnologías para mejorar el diagnóstico y tratamiento, promueve la capacitación, la investigación y una comunicación más efectiva. 

Entre sus disposiciones, la Ley 27.675 prohíbe las pruebas de diagnóstico sin consentimiento, ya sea en contextos laborales, educativos u otros y establece medidas como la posibilidad de jubilación anticipada y una pensión vitalicia para aquellos en situación de vulnerabilidad social. Esta ley representa un avance significativo hacia la protección de los derechos y la mejora en la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH en Argentina.

Pedro Sánchez ante el desafío de la “cuestión española”

Pedro Sánchez ante el desafío de la “cuestión española”

Pedro Sánchez fue investido nuevamente como cabeza de un gobierno de coalición progresista en España. El trasfondo es la nunca resuelta cuestión nacional y, en particular, la situación catalana ahora signada por la controvertida propuesta de amnistía.  

Pedro Sánchez (PSOE) en la sesión de investidura.

Lo que ha decidido la investidura de Pedro Sánchez ha sido la “cuestión nacional española”. Cuando en 2010 el Tribunal Supremo tumbó el nuevo Estatuto Catalán de 2006 que habían aprobado las Cortes Generales españolas y las Cortes y el pueblo catalán en las urnas, abrió una época política en España que todavía no se ha cerrado.

El PP ganó las elecciones en julio pasado, pero a la hora de formar gobierno sólo pudo sumar el apoyo parlamentario de Unión del Pueblo Navarro —en la práctica el PP en esa región— y de Vox. Este último apoyo, estando en juego la “cuestión nacional”, explica la derrota del PP en la formación de gobierno. Vox es un partido de extrema derecha caracterizado por un nacionalismo español centralista, de cuño franquista. Como tal, amenaza con la ilegalización de los partidos nacionalistas vasco o catalán y lleva en su programa la disolución del modelo autonómico, la fórmula que la Transición encontró para resolver precisamente la “cuestión nacional” española. Esto es lo que lógicamente le cierra la puerta al PP para buscar apoyos entre los partidos nacionalistas vascos (PNV y EH Bildu) y catalán (ERC y Junts per Catalunya). En definitiva, condena al PP a recabar apoyos sólo en uno de los dos ejes que determinan la política española, el izquierda-derecha, pero no en el otro, más oculto y por eso más delicado, que enfrenta al nacionalismo español con los llamados nacionalismos “periféricos” (vasco, catalán, gallego).

A tal punto la “cuestión nacional” está oculta que el PP y el PSOE no se declaran nacionalistas españoles sino “constitucionalistas”, pues buscan —sobre todo el PP—endilgar el nacionalismo, que evoca algo pre-moderno, provinciano y en el fondo franquista, a los nacionalistas vascos, catalanes o gallegos. Por eso los nombran como “nacionalistas periféricos”, colocándolos en el rincón temporal y cultural del atraso de una España europeizada. Asimismo, todos los partidos, incluidos los nacionalistas “periféricos”, se refieren al asunto como “el problema territorial” de España, como si fuera una cuestión administrativa y no identitaria, esto es, política.

El gran tema pendiente de la democracia en España es construir una identidad compartida. La “cuestión social” genera menos controversia, pues como en el resto de las democracias occidentales contemporáneas se tramita entre un centro-izquierda socialdemócrata (PSOE) y un centro-derecha liberal-conservador (PP).

El gran tema pendiente de la democracia en España es construir una identidad compartida. La “cuestión social” genera menos controversia, pues como en el resto de las democracias occidentales contemporáneas se tramita entre un centro-izquierda socialdemócrata (PSOE) y un centro-derecha liberal-conservador (PP). La derecha española, quizá gracias a su bagaje católico, no tiene una posición abierta y explícitamente thatcherista, sino “compasiva”, que busca conciliar lo que denomina “meritocracia” con el valor de lo comunitario privado (familia, religión, tradiciones). Esto la lleva a no cuestionar el Estado de Bienestar, salvo si su extensión ahoga —siempre a sus ojos— la iniciativa individual. El principio filosófico del Estado de Bienestar —al fin una creación de los conservadores Bismarck y Beveridge—, según el cual la comunidad es responsable de asegurar un mínimo nivel de vida material de sus miembros, es compartido por PP y PSOE, lo que lo convierte en una política de Estado. La discusión es cuánto es ese mínimo y quién lo gestiona, no ese piso en sí.

Pero la cuestión nacional es otra cosa. A pesar de compartir un genérico nacionalismo español, PSOE y PP tienen diferentes sensibilidades. Fue el socialista Rodríguez Zapatero quien hacia 2004 lanzó la noción de una “España plural” para integrar a los nacionalismos “periféricos” en una idea de nación compartida. Por eso respaldó la renovación del Estatuto Catalán prometiendo que avalaría lo que el Parlamento y el pueblo de Cataluña decidieran. Era un modo de despegarse del recelo centralista hacia los nacionalismos “periféricos”. Zapatero cumplió y el PSOE refrendó en 2006 en las Cortes Generales el Estatuto, que en su Preámbulo definía a Cataluña como nación. El PP lo rechazó por incompatible con su interpretación de la Constitución, según la cual  la única nación común es la española, e inició dos caminos simultáneos para recurrirlo. Por abajo, recogió firmas en Cataluña y, por arriba, lo llevó a la Justicia, donde triunfó en 2010. Esto no hizo más que multiplicar el catalanismo, caldo de cultivo del giro independentista de la derecha catalana (antes CIU, hoy Junts) en 2012, que terminaría en una consulta ilegal sobre la independencia —duramente reprimida por el gobierno de Rajoy— y la proclamación unilateral e inmediata suspensión de la República catalana en octubre de 2017. Todo esto dio lugar a que el gobierno nacional del PP suspendiera temporalmente —con el apoyo del PSOE— la autonomía catalana entre octubre de 2017 y junio de 2018. Luego se produciría la huida del presidente del gobierno catalán, Puigdemont (Junts) a Bélgica en octubre de 2017, donde está todavía hoy, y la condena judicial de los líderes del Procés —como se conoce el proceso de lucha por la independencia abierto hacia 2012— en 2019. El surgimiento de Vox en 2013 como escisión de derecha del PP no hizo sino completar el cuadro de un creciente encono entre nacionalismo español y nacionalismos “periféricos”. Vox se convertiría en tercera fuerza nacional en 2019. El eje nacionalismo español-nacionalismos “periféricos” se volvió central. El elefante seguía en la habitación y crecía día a día.

Manifestación contra la amnistía promovida por el PSOE.

Las elecciones generales del pasado 23 de julio dieron a Junts per Catalunya siete diputados. A diferencia de lo que dijeron los medios y los partidos para azuzar el anti-catalanismo, esos escaños no resultaban imprescindibles para la investidura de Sánchez, pues bastaba con que se abstuvieran. Pero no si votaban en contra. Por eso Sánchez buscó el acuerdo con Junts, para lo cual negoció la concesión de un amnistía a los condenados por el Procés, la cual había considerado inconstitucional poco antes. Además, en arriesgada acción, accedió a enviar negociadores a Bruselas para hablar con “el fugado” —como gusta decir la derecha— Puigdemont, y a poner un veedor internacional para supervisar la marcha del pacto entre ambas fuerzas.

Esto resultó intolerable para la derecha española —la del PP y también la franquista—, que se ha movilizado a las puertas de la sede nacional del partido socialista en Madrid desde que se formalizó el acuerdo PSOE-Junts que aseguraba la Investidura de Sánchez. Varios medios, el líder de Vox y la presidenta de la Comunidad de Madrid —Isabel Díaz Ayuso, del PP— afirman que Sánchez ha dado un golpe de Estado. El propio líder del PP, Núñez Feijóo, contribuyó a este clima de deslegitimación repitiendo que él debía gobernar porque había ganado las elecciones en julio, siendo que España tiene un sistema parlamentario y que él gusta llamarse “constitucionalista”. De hecho, forzó en septiembre un proceso de Investidura que de antemano sabía que perdería. Así fue.

Sánchez ha presentado la amnistía en el marco de la necesidad de restaurar la convivencia, un valor propio de la Transición. Para integrarla además en su política socialdemócrata, ha presentado la igualdad social como garantía de esa convivencia, como vía para frenar a la extrema derecha de Vox, a la que muestra como beneficiaria del resentimiento social generado por los ajustes. Así, Sánchez busca mitigar la imagen de que Cataluña, la región más rica de España junto a Madrid, está siendo premiada.

El problema es político, no jurídico. Y no es catalán, sino español. La cuestión de fondo es si se encara la gran tarea pendiente de la Transición: la construcción de un modo de identificarse, como mínimo, con la comunidad y, como máximo, con España, que no sea castellanocéntrico. España carece de símbolos comunes. No posee ni un panteón, ni un libro, ni una música, ni una comida que sean “nacionales”. Quizá no tenga por qué tenerlos. Pero debería aspirar, ya por motivos nacionalistas, sino democráticos, a que nadie se arrogue la representación de la totalidad.

Contra eso, la derecha intenta quitarle al PSOE las banderas de la igualdad social y política, mostrándolo como un partido que ha traicionado sus principios históricos y los de la Constitución con tal de llegar al poder. El PP reclama “una nación de ciudadanos libres e iguales”, aduciendo que gracias al PSOE los catalanes serán ahora ciudadanos de primera y, los demás españoles, de segunda. No sólo por la Amnistía, sino porque para contentar a los catalanes el PSOE les dará beneficios fiscales. Pero el PP no propone otra solución al problema que la vía estrictamente jurídica —abocada a la represión, como ya se vio en el pasado reciente— otro modo de negar el carácter político del problema.

Además, el PP olvida que en España ya existen diferencias fiscales por regiones, por ejemplo con el Régimen Foral de Navarra y el País Vasco, de cuño medieval. También que toda la Transición se apoyó en la Amnistía de 1977, que perdonó los crímenes del franquismo y también los de organizaciones armadas antifranquistas, lo cual ha sellado una democracia sin Memoria. Por no hablar de la Amnistía fiscal que impulsó en su último gobierno, que si bien era de otro tipo, afectaba también la “igualdad entre los españoles”. En cuanto a la “fuga” de Puigdemont, en todo caso no se diferencia mucho de la del Rey Juan Carlos I en 2020, motivada por corrupción económica contra el Estado pero protegida por éste.

El problema es político, no jurídico. Y no es catalán, sino español. La cuestión de fondo es si se encara la gran tarea pendiente de la Transición: la construcción de un modo de identificarse, como mínimo, con la comunidad y, como máximo, con España, que no sea castellanocéntrico. España carece de símbolos comunes. No posee ni un panteón, ni un libro, ni una música, ni una comida que sean “nacionales”. Quizá no tenga por qué tenerlos. Pero debería aspirar, ya por motivos nacionalistas, sino democráticos, a que nadie se arrogue la representación de la totalidad contra los símbolos de algunas de sus partes, como cuando los símbolos castellanos se presentan como españoles, empezando por el idioma. El reverso de esta meta democrática de un sentido de pertenencia compartido es que las partes no vivan su identidad como incompatible con la del conjunto.

La idea de la España plural nombra esa aspiración democrática de que haya muchas maneras de sentirse español o miembro de la comunidad. El legado franquista, al apropiarse de los símbolos del conjunto, ha lastrado profundamente esa tarea. La derecha española no está en esa posición, pero todavía muestra rechazo hacia una idea pluralista de nación, como cuando se niega a reconocer a las lenguas co-oficiales (vasco, catalán, gallego) en el Parlamento, y prefiere no escuchar la traducción al castellano del discurso de los parlamentarios que las usan. Así evidencia que considera que la Nación no es decidible en democracia, sino una esencia previa intocable.

Lo más difícil en política es adivinar dónde anida la derrota en el momento mismo del triunfo. El Talón de Aquiles de Sánchez no está necesariamente donde la derecha señala. La inconstitucionalidad de la Amnistía ha sido rechazada por varios juristas. La “traición a la palabra dada” no es tal pues el PSOE no ha formado gobierno solo, sino como fruto de un acuerdo con otros partidos; además, resulta absurdo, antipolítico, pretender que un partido rechace el gobierno por no poder sostener todo su programa. Es paradójico que se lo reclamen los que insisten, como el PP, en que la democracia es acuerdo y consenso. La política democrática se orienta por valores, no queda congelada en los programas electorales, que son al fin apuestas genéricas descontextualizadas. Y se guía por la lógica de evitar males mayores, como sería para el PSOE que PP y Vox decidan sobre la cuestión catalana. Al fin, fue la política del PP la que ayudó a inflamar Cataluña. Vox, por su parte, afirmó que si llegaba al gobierno “se incendiaría Cataluña”.

El riesgo para el PSOE y para España es que la apuesta salga mal en términos de igualdad y convivencia. El PSOE tiene que poder compaginar la igualdad social y política de todos los españoles con el reconocimiento de la particularidad catalana.

El riesgo para el PSOE y para España es que la apuesta salga mal en términos de igualdad y convivencia. El PSOE tiene que poder compaginar la igualdad social y política de todos los españoles con el reconocimiento de la particularidad catalana. La Amnistía tensa ambas cuestiones, pero puede justificarse a futuro por la garantía de no repetición de lo sucedido durante el Procés, que es lo que implícitamente cose el acuerdo —como en su día lo hizo la Amnistía del 77, que resultó exitosa en esos términos—. Con ello haría entrar al catalanismo en los cauces institucionales constitucionales. El límite que no parece recomendable que el PSOE cruce es que para conseguir el reconocimiento de la particularidad catalana le conceda a Cataluña un régimen fiscal insolidario con el resto del país. No porque ahora no exista (ya citamos el Régimen Foral), sino porque sería percibido como el primero y así como inaceptable, sobre todo en autonomías de tradición socialista, como Extremadura, Castilla La Mancha o Andalucía.

Sánchez parece apostar a una cuadratura del círculo: una fuerte política socialdemócrata de ampliación del Estado de Bienestar que, por una parte, apacigüe la potencial queja de las autonomías no catalanas y, por otra parte, permita a Cataluña conseguir unos beneficios que de algún modo satisfagan la demanda de creciente autonomía, muchas veces solapada con el soberanismo y el independentismo, aunque no sean sinónimos. Si no logra compaginar igualdad y diferencia, lo que se perderá no es la sacrosanta “gobernabilidad”, esa diosa aritmética a la que le rezan los “cientistas” políticos, sino el proyecto de un país igualitario, pluralista y tolerante, democrático en definitiva, pues la derecha cobrará alas y podrá hacer buena la única vía de que hoy dispone para llegar al gobierno: una mayoría absoluta de diputados entre PP y Vox.

Ser oposición sólo es posible en democracia

Ser oposición sólo es posible en democracia

El 19 de noviembre no elegimos sólo presidente en la Argentina. Se decide la continuidad de un consenso democrático que fuera el legado de Alfonsín y sostenido a través de cuatro décadas donde la política fue la forma de dirimir todas las disputas de sentido y poder en un país que decidió abandonar la violencia para imponer ideas.

Mónica Fein, Presidenta del Partido Socialista, Diputada Nacional

En estos cuarenta años hubo etapas de gran resistencia y lucha, tuvimos momentos de crisis, también momentos de estabilidad y progreso, pero con la tranquilidad de que expresar divergencias no pusiera en riesgo la vida de las personas.

Consolidamos un sistema electoral transparente, perfectible (como en Santa Fe, Córdoba y Mendoza demostraron las experiencias de boleta única) pero que permite a la ciudadanía elegir a sus representantes y que nadie dude en reconocer los resultados.

«Consolidamos un sistema electoral transparente, perfectible (como en Santa Fe, Córdoba y Mendoza demostraron las experiencias de boleta única) pero que permite a la ciudadanía elegir a sus representantes y que nadie dude en reconocer los resultados.»

Se abandonó la intervención de las fuerzas armadas en la política interior y se consolidaron derechos que durante la última dictadura fueron negados a toda la población.

Son enormes las deudas pendientes de la democracia, no hemos podido resolver flagelos como la desigualdad y la pobreza. La educación, en sus niveles básicos, tiene enormes dificultades para responder a las demandas de los nuevos tiempos. En materia de salud hace falta reconocer a nuestros y nuestras profesionales y dotarlos de herramientas con inversión y transparencia. El crimen organizado prolifera frente a la ineficiencia de las fuerzas de seguridad y en muchos casos complicidades.

Sin embargo sigue existiendo un sistema educativo gratuito, una universidad pública de calidad internacional, profesionales e investigadores con preparación y conocimientos que desarrollan soluciones para distintos problemas de la sociedad. Contamos con médicos competentes y hospitales públicos capaces de realizar las intervenciones más complejas y avanzadas. Existen jueces y policías dispuestos a arriesgarlo todo para protegernos.

«Tenemos en Argentina división de poderes, libertad de prensa, una población solidaria, garantías institucionales, reservas naturales, derecho a la propiedad y libertad para asociarse con los fines que nos representen.»

Tenemos en Argentina división de poderes, libertad de prensa, una población solidaria, garantías institucionales, reservas naturales, derecho a la propiedad y libertad para asociarse con los fines que nos representen. Hemos avanzado en materia de participación ciudadana, contribuyendo a la incorporación de toda la sociedad en decisiones de gobierno, promoviendo sumar voces al sistema democrático.

El 19 de noviembre no se elige sólo presidente, ha entrado a la disputa una propuesta que promulga la libertad de comercio como la única válida, que desconoce el terrorismo de estado y reivindica a sus protagonistas, una propuesta que ha demostrado a lo largo y ancho del planeta que no reconoce a la democracia como herramienta política a menos de que sean ungidos ganadores. Estamos frente a lo más rancio del poder económico que desea despojarse de toda moderación y borrar todo obstáculo para explotar al ser humano y seguir acumulando.

«El 19 de noviembre no se elige sólo presidente, ha entrado a la disputa una propuesta que promulga la libertad de comercio como la única válida, que desconoce el terrorismo de estado y reivindica a sus protagonistas»

Frente a esta amenaza, situada en las antípodas de las ideas del socialismo de igualdad, fraternidad y solidaridad es que convocamos a votar a Sergio Tomás Massa, con el compromiso de seguir siendo oposición, de marcar los errores y trabajar para que las deudas de esta tan sufrida democracia sean saldadas.