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No hay gobierno sin política y no hay política sin gente

No hay gobierno sin política y no hay política sin gente

Desde hace meses veníamos escuchando y mirando, aunque participando poco, sobre cómo puede mejorar nuestro país si el gobierno se aleja de la política, si se la castiga por todos los males ocasionados, si se la reduce a su mínima expresión. 

Hoy no solamente lo escuchamos, también se siente, se toca, se respira y se vive esa pretendida separación con aspiraciones de eliminación. Esa política, que nadie sabe a ciencia cierta qué cosa es, pero que se nombra en cada rincón de los lugares en que vivamos sin importar dónde.

Política que ganó en atributos negativos y que parece retroceder en las valoraciones de los argentinos “de bien” que, al parecer, somos todos, aunque del otro lado parece que hay muchos otros, muchos ellos, muchos que están equivocados y con ganas de seguir sufriendo.

“Esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política, y hay que tocar en las partidas donde roban los políticos, por ejemplo, cortar con la obra pública, porque todo lo que hacen con la obra pública es un robo descarado, es un monumento a la corrupción” (Javier Milei, en el programa de Mirtha Legrand, 03/12/2022)

LA PROMESA DE CAMBIO

El domingo 10 de diciembre de 2023 inició un proceso político que llegó al poder prometiendo un oxímoron: “gobernar castigando a la política”. Lo que no contó es que no hay gobierno sin política y no hay política sin gente. Si, eso que decimos gente, es en realidad algo muchísimo más complejo, heterogéneo, cambiante, dinámico y difícil de comprender que lo que parece.

Como en casi todo, buscamos dar significados genéricos a lo complejo, entonces todos somos gente, aunque todos seamos muy distintos en diferentes aspectos; no obstante, pareciese que cuando hablamos, lo hacemos en nombre y en representación de la gente (la seguiremos nombrando así a lo largo del texto). ¡Qué gran poder y privilegio!

Esa relación (gobierno verdugo de la política) es falsa porque promete una política sin política y, por lo tanto, niega la relación entre las partes interdependientes, partes que se constituyen mutuamente una de la otra. Por un lado, la gente, esa masa multiforme y compleja que somos todos. Por otro, las formas en que esas partes se organizan en torno al poder económico y político y, desde allí, resuelven su vida diaria.

Esa configuración de lo que en sociología solemos llamar campo de lucha, que es nuestra realidad y nosotros actuando en ella según nuestros intereses, posibilidades, convicciones, niveles de conciencia en nuestro entorno material a la que llamamos, quizás incorrectamente, realidad.

POLÍTICA DESDE LA ANTIPOLÍTICA

Es en lo material, las cosas, eso que tenemos y que parece que nos dicen quiénes somos en el mundo, es parte de la paradoja central del proceso al que asistimos. Porque la política en un sistema capitalista ordena, no necesariamente de manera armónica y balanceada, y además promueve una posibilidad de acceso a una mejor vida material y, posteriormente como por derivación lógica, o mágica, depende del intérprete, social y cultural (estatus). Toda esa simplificada narrativa se apoya sobre un supuesto, el que nos indica que de la libertad de mercado emergen mejores condiciones para todos.

Se impone, o pretende hacerlo, la idea de que el futuro que viene es el ideal para que seamos emprendedores, empresarios y prósperos económicamente. Que debemos pasar previamente por un espinoso camino que, al final de la última subida y algo adoloridos, nos lleva a un fértil valle de prosperidad material, un valle donde todos somos potenciales dueños de nuestras vidas. Donde la política tal como la conocíamos, que ya pagó su culpa, solo existe de formas sutiles y no entorpecen nuestro continuo crecimiento.

No obstante, en los primeros días, lo que abundó fueron formas variadas, aunque nada sutiles, de política. De la pura. Un mes después de haber sido consagrado como presidente por medio del voto y nueve días después de haber asumido, se impone un DNU que tiene por objetivo desregular el mercado.

No hace falta aquí desarrollar ni explayarse en los puntos del mismo, solo basta con señalar dos cosas. Primero, el DNU es la forma menos democrática de hacer política, pero no por eso deja de ser una de las formas más fuertes y contundentes de mostrar intereses políticos y, por lo tanto, de hacer política.

El DNU es la forma menos democrática de hacer política, pero no por eso deja de ser una de las formas más fuertes y contundentes de mostrar intereses políticos y, por lo tanto, de hacer política.

Por otro lado, empezó develarse que atrás de la antipolítica, había algo: más política. Pero no la que cree “la gente”, sino la de quienes mueven la economía de mercado. Entonces, si ellos son parte de la política, y “la gente también lo es” y al mismo tiempo todos somos libres: ¿quién se beneficia de estos decretos? El más fuerte, porque lo que los diferencia es su poder económico que radica en la capacidad de decidir sobre otro más débil.

Quien domina en política es quien tiene mejor capacidad de imponer sus condiciones sobre otros, quien domine en el mercado, que también es política, usará sus medios y recursos para imponer sus condiciones, las herramientas para ello es su capital acumulado.

¿SOBRE QUIÉN AVANZA LA LIBERTAD?

La desregulación del mercado no es posible sin la regulación del mercado de trabajo, transparentando y legitimando –desde la política– el hecho de que los ya desregulados niveles de fuerza, capacidad de desarrollo y crecimiento del sector sea ahora más frágil que antes. La libertad de poder acordar términos y condiciones entre las partes, siempre tiende a desfavorecer a quien depende del dueño de la propiedad privada y, como sabemos, la defensa de la propiedad privada es una de las banderas enarboladas. Pero para esa defensa se requiere, indispensablemente, que quienes no tienen propiedad alguna, aseguren a los que sí la tienen que podrán seguir persiguiendo los beneficios de la libertad de mercado.

La desregulación del mercado no es posible sin la regulación del mercado de trabajo, transparentando y legitimando –desde la política– el hecho de que los ya desregulados niveles de fuerza, capacidad de desarrollo y crecimiento del sector sea ahora más frágil que antes.

Veamos algún ejemplo: el sector de la construcción es quizás, junto con el del agro, de los que mayor capacidad de dinamizar de la economía tienen. Por sus rentas, su nivel de inserción en la lógica de consumo, porque está vinculado fuertemente al privado y al público y porque, fundamentalmente, tiene una enorme rentabilidad por medio de las dinámicas de especulación del mercado; de hecho, son de los pocos sectores de la producción que dolarizaron sus circuitos financieros desde hace años.

El sector de la construcción es al mismo tiempo de los que más empleados tiene en relación de dependencia y, al mismo tiempo, de los que más empleados no registrados utiliza para su propio desarrollo. En julio de este año se estimaba que el sector estaba compuesto por un 55% de empleados en negro (INDEC) ¿Qué libertad, pero, sobre todo, qué probabilidades de mejorar sus condiciones materiales tiene ese 55% que sostiene al sector?, ¿Qué capacidad de acordar con su empleador tendrá en el contexto de estanflación ya anunciado?,¿Cuánto piensa ese empleado que mejorará su capacidad de consumo?,¿Qué estabilidad le dará el mercado en términos de acceso y conservación del empleo?, ¿Qué calidad de acceso tendrá a la educación, a la salud y a la seguridad si estas fuesen pagas?

Todas las respuestas dependerán, en gran parte, de una importante variable: la voluntad del empleador de acordar un salario acorde a los costos de vida. De antemano podemos sospechar el desenlace de ese acuerdo. El altruismo empresarial no es una práctica que derive de la libertad de los mercados.

La misma lógica de contradicciones se dará en el sector de salud privada, hotelería, restaurantes o comercio, que son quienes más personas en negro tienen. Los asalariados del sector privado (50,16% de la masa asalariada registrada, según INDEC) serán los primeros en recibir el embate de estas nuevas reglas. Se trata de millones de argentinos que, el 20 de diciembre (¡esa fecha!) se enteraron que su prepaga aumentó un 40%, los colegios de sus hijos igual, que los alquileres ahora responden a criterios según conveniencia de las partes (misma lógica de propiedad/no propiedad) y así podemos seguir acumulando nuevos precios que modifican el costo de vida (combustible, transporte, alimentos, indumentaria y todos los etcéteras juntos).

EMPRENDER, LA NUEVA TIERRA PROMETIDA

A esos asalariados ahora les cuentan que pueden ser emprendedores o inclusive empresarios exitosos. Sus propios jefes, dueños de su destino. Básicamente porque son libres de hacerlo. Ahora bien, las condiciones para que eso suceda no son equitativas, porque el mecanismo real de acceso a la propiedad es, quizás, lo más regulado de esta nueva época de nuestra historia, una época que abre el juego libre entre diferentes capacidades.

En el medio de ese juego libre es que opera el Estado, para eso existe, es quizás su principal sustancia. Interviene entre aquellos sujetos que necesitan de la política porque no tienen el poder ni las posibilidades de emprender o de quienes no pueden cubrir la educación o la salud de sus hijos y entre aquellos que también necesitan de la política para competir en condiciones equilibradas del mercado; donde, por ejemplo, los monopolios de capitales multinacionales no pasen por arriba a la industria nacional.

¿Cuál es el desarrollo posible, en términos soberanos, en un país determinado por intereses de capitales transnacionales? Seguramente escaso, pero escaso para esos asalariados, empleados, dependientes de esas tendencias. Para esos que somos una mayoría y que trabajamos muchas más horas de las que descansamos pero que, sin embargo, no hacemos otra cosa que estar atados a los devenires y resultados de la política. Por eso, es siempre la política la que ordena la realidad, que el costo del ajuste lo pague la política no excluye a nadie. Que se limiten privilegios y beneficios de clase, a todos nos resulta necesario y coherente, pero eso no modifica la política, no la hace funcionar mejor ni genera mejores resultados.

Es siempre la política la que ordena la realidad, que el costo del ajuste lo pague la política no excluye a nadie.

Los efectos de esta política que desregula los mercados, en realidad, regula la política. La reestructura y brinda nuevos roles a sus actores institucionales. La disolución de ciertas responsabilidades del gobierno nacional en torno su presencia en asuntos de la vida social, como por ejemplo garantizar acceso a salud, educación y seguridad mediante una regulación del mercado y contención de intereses de los monopolios, acaba trasladando el problema hacia formas de gobiernos locales; no solo hacia los provinciales, sino también hacia los municipales. Que ahora deberán dar respuesta en estos sentidos y direcciones, o al menos eso se espera por parte de la ciudadanía.

¿DÓNDE VA LA GENTE CUANDO LLUEVE?

“La gente” no disminuye sus demandas, no las modifica en su orientación, sobre todo si esas orientaciones son estructurantes de su vida (ya dijimos, salud, seguridad, educación y podemos sumar empleo). Por lo tanto, al conocer que el gobierno nacional no dará respuestas sino en los sentidos contrarios, acotando sus niveles de presencia, se volcará hacia sus gobiernos provinciales para transferirles esas demandas y, muy probablemente, estos gobiernos lo hagan para con los municipios. Ya hay casos recientes de provincias donde los nuevos ministros expresan el rol activo de los municipios en torno a, por ejemplo, la seguridad. También estudios (Sociolítica, diciembre 2023) que reconocen cómo los vecinos de departamentos demandan a sus gobiernos municipales presencia, no ya en los servicios tradicionales del gobierno municipal, sino presencia en la prestación de salud, educación y generación de empleo.

El desafío para los gobiernos provinciales y municipales es enorme, deberán reconocer que la política cambió, deben esperar más demandas y con menos recursos para resolverlas. Habrá que hacer más política y más gestión. El empleo público se tensará, las negociaciones salariales posiblemente crispen relaciones, los sindicatos tendrán una oportunidad de reivindicación histórica, aunque posiblemente sean tratados al estilo DNU, por imposición. Los emprendedores, los empresarios y los inquietos promotores de la libertad tendrán la difícil tarea de sostener una narrativa optimista como aquella del “crecimiento invisible” del 2017 que emergen para sustentar una realidad que drena los recursos y torna muy difícil el éxito –rentabilidad– de sus caminos.

El punto de partida es profundamente crítico, la herencia es más que pesada, el deterioro de lo social, lo económico y lo cultural son evidentes. Tuvimos que apoyarnos en el fútbol para volver a sonreír, pero eso no cambió nuestra realidad material. Un año después, las sonrisas ya están desdibujadas, los cuerpos cansados y las esperanzas renovadas.

Nadie podrá negar el dañado estado del país recibido por el nuevo gobierno, pero es innegable que es por medio de la política que se construye, y esa política no puede ser de intereses empresariales porque en un sistema basado en libertades económicas, quienes están fuera de los beneficios de esa economía, que son más de la mitad de los argentinos, ni siquiera tendrán libertad.

Para el cierre de este texto, quisiera dejar hablar a Javier, participante de un focus group realizado recientemente. Javier, quizás, no se siente tan libre: «Dentro mío tengo ese pesimismo… ya no me siento con las energías para trabajar porque no llego. Digo, me la paso trabajando y si quiero ir a ver a ni mi hijo no puedo, entonces tampoco puedo ver a mi nieto porque no puedo viajar y no es que viven lejos, es que no me alcanza para el micro muchas veces. Y la verdad que estoy harto, hoy trato de ponerle pila, pero no sé, siento que en algún momento voy a explotar. Ya no puedo».

¿Gobierno de la ley o gobierno del ejecutivo? Los DNU como instancia perturbadora de la democracia

¿Gobierno de la ley o gobierno del ejecutivo? Los DNU como instancia perturbadora de la democracia

El autor analiza las consecuencias institucionales del decreto de necesidad y urgencia. Es una práctica de arrastre que confronta con la Constitución y el equilibrio republicano. Su lógica, argumentación y resultados debilitan el sistema democrático y abren la puerta a nuevas prácticas autoritarias.

“Nuestro Presidente es una figura análoga al Rey…” (Rodolfo Barra, 22/12/2023)   

“Cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional”. (C. Argibay, Jueza de la Corte Suprema, 2006.

La historia del pensamiento político está signada por una sencilla y a la vez, perturbadora, pregunta: ¿qué es mejor, el gobierno de los hombres o de las leyes? Aristóteles en «La Política», se había interrogado: “¿es más útil ser gobernado por el mejor de los hombres o por las mejores leyes?” El maestro Norberto Bobbio precisará el problema: el tema no se refiere a la forma de gobierno sino al modo de gobernar.

A través de la historia fue ganando sustento la tesis de la superioridad del gobierno de las leyes: el rule of law pasó desde Inglaterra a los países continentales, dando origen a la doctrina moderna del Estado de Derecho, o sea, del Estado que tiene como principio inspirador la subordinación de todo poder al derecho, desde el más bajo hasta el más alto, a través del proceso de legalización de toda acción de gobierno que ha sido llamada desde su primera constitución escrita en la Edad Media, “constitucionalismo”.

Tan asentada ha sido esta verdadera declaración de principios que cuando no se quieren reconocer los valores sustantivos que inspiran al Estado de Derecho, se invocan otras “razones” de estado: el “estado necesidad” o de “excepción”.  La apelación a la necesidad y a la excepcionalidad ha sido una constante en la política argentina. Desde la utilización del estado de necesidad para convalidar política y jurisprudencialmente golpes de estado (bajo la llamada “doctrina de facto”, la Acordada de la Corte Suprema de 1930 otorgó validez al acto usurpador que derrocó a Yrigoyen por “razones de policía y necesidad”), hasta homologar los “decretos leyes” de gobiernos surgidos al margen de la Constitución, que primero con pudor denominó “llamadas leyes”, hasta que finalmente las nombrará directamente “leyes”, equiparando las normas surgidas de hechos de fuerza a las emanadas por los órganos representativo de la voluntad popular. 

Sin embargo, el concepto de “ley” no puede ser asimilado a cualquier formato derivado de los poderes públicos: sólo se considerarán leyes en sentido “formal” en tanto sean las emitidas por el poder Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo. Ello reforzado por el principio de reserva establecido por el artículo 19 de nuestra Ley Fundamental. 

Como dice, el Prof. Hernán Gullco, el principio de reserva cumple un rol fundamental: esta disposición es muy clara en tanto exige que los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna sólo sean reglamentados a través de una ley dictada por el órgano legislativo. Esta interpretación está avalada por la Opinión Consultiva 6/86 de la Corte Interamericana de Derecho Humanos cuando reafirma, en primer lugar, que “la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de los cuales, acaso la más relevante, tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución. Y por otro lado agrega: “Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertadas de la persona humana, se requiere no sólo su proclamación formal, sino la existencia de un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos”.

«Las atribuciones que otorga la Constitución argentina al Presidente, no lo convierte ni en un rey absoluto ni en un rey de una monarquía parlamentaria»

Por eso, cuando se soslaya al Congreso de sus competencias específicas, no sólo se está afectando la legalidad sino al corazón mismo del sistema democrático que exige deliberación pública y consensos. Carlos Nino lo dice en estos términos: “No solamente el Congreso por su carácter colegiado actúa mediante discusión, sino que esa discusión tiene un carácter público que hace que ella retroalimente el debate en el ámbito de la sociedad en general. Por otro lado, el carácter pluralista del Parlamento contribuye a que la orientación general deba ser consensuada entre sectores con ideologías e intereses diferentes, cuando o bien no hay ninguno de ellos que tenga la mayoría necesaria para impulsarla por sí misma, o bien, cuando la intensidad del conflicto entre intereses contrapuestos o la profundidad de las reformas que deben encararse, requieren un consenso vasto”

Desde ese punto de vista, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que venían dictándose antes de la reforma de 1994 fueron regulados (constitucionalizados) a través del artículo 99, inc. 3. Esto, más allá de las buenas intenciones del constituyente, ha producido un doble efecto perturbador: por un lado, restringe la deliberación democrática y pública de los asuntos comunes; y por otro, debilita, como apunta Gullco, el “monopolio de la función legislativa en cabeza del Congreso”. En el Congreso reside la soberanía popular y su esencia es la división de poderes elemento de la forma republicana de gobierno según el artículo 1ero. de nuestra Constitución.

 

Los DNU en la Argentina: entre usos y abusos. 

A partir de la década de los noventa y por el constante acrecentamiento de facultades en el Presidente de la Nación, se refuerza el fenómeno -del que no está exento el resto de los países de Latinoamérica- que ha sido caracterizado como “hiperpresidencialismo”. La enorme concentración de atribuciones en manos del Presidente ha llevado a la configuración de sistemas políticos, que, en la práctica, han perdido parte de sus atributos republicanos. 

La reforma constitucional de 1994 intentó limitar esa propensión a la ampliación de atribuciones del ejecutivo a través de la regulación de la delegación legislativa (art. 76) y la emisión de decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc.3). Sin embargo, la práctica política ha evidenciado que en muchos casos más que limitar, produjo efectos expansivos en favor de esas atribuciones. 

«Una reforma estructural y de desregulación de la economía y del estado tan profunda (que incluye privatizaciones) y con impacto directo en relación a derechos fundamentales de la población a través de un mega DNU, es incompatible con la Constitución, inviable jurídicamente y temeraria desde lo político.»

Los presidentes argentinos usaron y abusaron de estas facultades atribuidas al presidente, generalmente fundado en razones de “emergencia” y “estado de necesidad”, confusamente expuestas e invocadas. En un artículo a comienzo de este siglo XXI, el Dr. Horacio Rosatti, actual Ministro de la Corte Suprema distinguía: no debe confundirse “emergencia” con “necesidad”: aquella presupone “un tipo” de necesidad caracterizada por su “extrema gravedad” y por su “imprevisibilidad”. La declaración de emergencia debe ser la “consecuencia” de una necesidad imprevista y grave, nunca puede ser “causa”: la emergencia debe resolver y no causar (agravar) una necesidad grave e imprevisible. Y en cuanto a la amplitud y control de esta figura el autor señala: “el carácter restrictivo con que debe interpretarse todo régimen jurídico de emergencia incluye la necesaria comprobación de su juridicidad por parte de quien lo invoca y no de quien lo padece”.

A partir del reconocimiento en la práctica política de una “sistemática extralimitación del uso de los DNU”, la Corte Suprema ha tratado de fijar límites y pautas interpretativas. Así, en la Causa “Consumidores Argentinos” (2010), declaró la inconstitucionalidad del Decreto 558/02 del 27 de marzo de 2002 que modificó la ley 20.091 de entidades de seguros y dijo: 

1) Las facultades para dictar un DNU son admitidas en condiciones de rigurosa excepcionalidad para limitar y no para ampliar el sistema presidencialista (considerandos 1 a 10). (Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Argibay). Como consecuencia de ello dicen:

  • Que la finalidad de su regulación fue atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial.
  • Que el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del poder es la división de funciones y el control recíproco.
  • Que no caben dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país.

2) Los jueces pueden controlar la existencia del estado de necesidad y urgencia, la que no es igual a la mera conveniencia política (considerandos 11,12,13). La mayoría (Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda y Zaffaroni). Como corolario de ello, afirman: 

  • Que “cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

3) En el precedente “Verrocchi”(1999), la Corte ya había resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (considerando 9°). 

Como agravante, el artículo 99 inc. 3, no establece, como sí lo hacen otras legislaciones (vg. España) que, a falta de convalidación expresa de parte de ambas cámaras en un plazo determinado se consolidará, la invalidez de aquel. Esta omisión también está ausente en la Ley 26.122 de reglamentación de los DNU del año 2006. Es más, los artículos 22 y 24 exigen para la aprobación o rechazo la mayoría absoluta de ambas cámaras, lo cual contradice el propio artículo 86 de la Constitución, que previene que “se excluye, en todos los casos, la sanción ficta”. Concretamente: la falta de plazo dentro del cual debe expedirse el Congreso, establece la aprobación tácita o ficta de los DNU prohibida por la Constitución e impugna la constitucionalidad de los artículos 22 y 24 de la ley 26.122. El ex miembro de la Corte Gustavo Bossert dirá sobre este tema: “nos encontramos con la irracional paradoja de que, mientras que para la sanción de una ley emanada del Congreso -con participación de cientos de legisladores- se requiere la aprobación expresa de ambas cámaras, para la aprobación y vigencia de una norma (DNU) cuyo contenido es el de una ley, dictada por una persona (el Presidente), basta con la aprobación y hasta con el silencio de una sola de las cámaras”.  

 

El mega DNU del Presidente Milei: incompatible con la Constitución.

Nuestro estado constitucional y convencional de derecho se edifica sobre el modelo republicano de gobierno de división de poderes establecido en el artículo 1ero de la Constitución.

El Poder Ejecutivo no puede en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, ejercer funciones legislativas, según consagra nuestra propia Constitución. La regla es la prohibición y la excepción es dictar DNU. Y en caso de hacerlo, deberá ser interpretado en forma restrictiva, bajo severas prohibiciones: que no sea la materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos; y en determinadas y expresas situaciones objetivas de excepcionalidad y urgencia que hagan imposible el trámite previsto por la Constitución para la sanción de las leyes. Como sostuviera la Dra. Carmen Argibay: “Cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional”. (Jueza C. Argibay, CS, 27/12/2006)

Como fue dicho, todos los Presidentes argentinos, en mayor o menor medida, usaron y abusaron de los DNU, pero nunca nadie dictó un DNU -el Nro. 70 del 20 de diciembre de 2023- con 366 artículos que deroga o modifica cientos de normas y leyes, incluidas el Código Civil, Aduanero, la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de alquileres, y hasta fulmina el derecho de huelga el 14 bis de la Constitución, cuando en el artículo 97 del DNU se estipula que frente a conflictos colectivos, casi todo es incluido como “servicio esencial o actividades de importancia trascendental”.

Si el número de normas que pretende derogar y reformar el DNU 70/2023, constituye un acto sin precedentes por su extensión, también aparece como inédita la profundidad y pluralidad de temáticas que contiene la norma. El propio DNU es titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, que coincide con los discursos tanto del Presidente como de ministros y funcionarios, aludiendo al carácter “fundacional” del programa incluido en el decreto en cuestión. Precisamente, por ser una verdadera plataforma de gobierno, con reformas tan extraordinarias que afectan derechos humanos básicos, la exigencia del debate democrático y plural y la necesaria búsqueda de consensos en el marco del órgano representativo de la voluntad popular es vital, imprescindible y el órgano principal para ese debate es el Congreso. Más allá del necesario diálogo social especialmente que permita que tengan voz quienes son los destinatarios principales (los más débiles o desventajados) de políticas agresivas y excluyentes: quienes trabajan, producen, quienes reciben una jubilación o están precarizados.

Se afirma que el DNU pasará por el Congreso y con ello, se supera el test de constitucionalidad. Sin embargo, la única posibilidad que tienen ambas cámaras es la de aprobar o rechazar el decreto. No podrán modificar, incluir o suprimir nada. Un proceso de derogación y modificación “mega” es incompatible con el vehículo del DNU, afirma el Dr. Gustavo Arballo, que, por su propia y marcada especificidad, presupone una identificación circunstanciada y no genérica o “en paquete” de un cúmulo masivo de normas. 

Ese debate cercenado no es el que exige la deliberación pública. La intención es eludir las reglas del juego democrático. El deber gubernamental es canalizar los disensos, no eludirlos. Por el contrario, con el DNU 70/2023 se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa lo que constituye dice, el Dr. Andrés Gil Domínguez, un desvío de poder y un abuso del derecho: un intento de obtener la suma del poder público, prohibido por el artículo 29 de nuestra Constitución.  

Ni de los fundamentos genéricos del DNU ni de las explicaciones del Presidente, voceros y funcionarios, surge la adecuación del decreto a los requisitos de excepcionalidad exigidos por la propia Constitución y por los estándares impuestos por la Corte Suprema en los fallos a los que nos hemos referido. En verdad, los argumentos justificatorios han sido, por decirlo buenamente, muy modestos…

«El mega DNU constituye un atajo que intenta eludir la Constitución y por ello causa una severa perturbación para la legalidad y la democracia argentina. Lo razonable sería que el Presidente retire el DNU y envíe sus proyectos a sesiones extraordinarias para su tratamiento.»

Federico Sturzenegger, el autodenominado “autor” del DNU, afirmó que “la idea era dar una imagen de cambio de régimen. Milei debe dar una señal y hacerlo en forma rápida y contundente”. Ese es un argumento de “mera conveniencia política” que en nada permite justificar la excepcionalidad que impone el artículo 99, inc. 3 de la Constitución. Menos se acredita la “urgencia y necesidad”. ¿Qué urgencia tiene derogar o modificar la Ley de Abastecimiento, la ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Tierras, la Ley de Góndolas, el Código Civil y la Ley de alquileres, la de clubes para su transformación en sociedades anónimas, liberar el precio de los medicamentos, etc, etc.? A veces, más que un programa de gobierno parece un plan destinado -con nombre y apellido- a gestionar buenos negocios: la específica -e insólita- referencia del Presidente a Elon Musk por el interés de éste por el servicio de internet y el litio, es una acabada muestra de ello.  

El propio Sturzenegger y otros funcionarios, aluden a la situación de “emergencia”. Sin embargo, como lo expresó en su momento el Juez de la Corte Augusto Beluscio: “La mera invocación de la crisis o la emergencia no basta para demostrar que ha sido imposible seguir los trámites previstos en la Constitución” (CS, 24/11/1998, «Della Blanca…»)

En realidad, “la Argentina vive en emergencia permanente” dice el Profesor Hugo Quiroga y aclara: con esta práctica no se suspende el estado de derecho, como lo indicaría una perspectiva decisionista schmittiana, sino que, al contrario, se valen de la Constitución para ejercer plenos poderes: la delegación legislativa, el veto parcial y los decretos de necesidad y urgencia.

Los DNU están permitidos “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” (Art. 99, inc. 3, CN). Ese supuesto hoy no se satisface, porque ambas cámaras han elegido nuevas autoridades y el propio Presidente ha convocado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. Tampoco puede admitirse como descargo la elección de la vía del DNU basado en que el Gobierno posee una minoría parlamentaria: como ha dicho la Corte, “la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

Se ha dado como argumento de legitimidad, que el DNU está regulado por la Constitución, y “por eso es constitucional”. En realidad, decir esto “es no decir nada”: lo que define la constitucionalidad y lo que evalúan los tribunales, es si las circunstancias invocadas son excepcionales para eludir al Congreso o son manifiestamente inexistentes o irrazonables. 

También se ha pretendido “justificar” el actual DNU basado en la “legitimidad de la tradición”: como otros presidentes lo han utilizado, esto avala, el dictado actual. Nunca algo que estuvo “mal” (es inconstitucional) en el pasado -y fue criticado por los propios impulsores de la nueva norma- se convierte en “bueno” (en constitucional) ahora. Al contrario, es lamentablemente, continuar con una tradición anti republicana y anti democrática que debiera promover su rechazo y no su reproducción.

El Presidente Milei no debe temer al disenso. No debe calificar a los adversarios como enemigos ni considerar los límites institucionales como un estorbo: son los reaseguros de la convivencia democrática que hay que preservar y no quebrantar

Otros, como el Procurador del Tesoro y miembro de la mayoría automática en la Corte Suprema en épocas del menemismo, Rodolfo Barra, pretende justificar la potestad del dictado del mega DNU porque, según el artículo 99, inc. 1 de la Constitución, es “el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” y eso lo convierte, según él, en una “figura análoga al Rey (por ejemplo, en España) o al Jefe de Estado (en la República en Italia)”. Afirmar que el Presidente es el jefe supremo del gobierno no le otorga ningún poder especial en una república democrática: sus atribuciones y también sus límites, surgen del texto constitucional. La analogía europea también es equívoca: en España, el Rey no dicta los Decretos-Leyes, sino el Gobierno a través de su Presidente (art. 86 de la Constitución española). Y en Italia, la competencia para dictar decretos con fuerza de ley, la tiene el Gobierno -a través del Presidente del Consejo de Ministros, artículo 77 de la Constitución italiana- no, el Presidente de la República. Ergo: las atribuciones que otorga la Constitución argentina al Presidente, no lo convierte ni en un rey absoluto ni en un rey de una monarquía parlamentaria.

Una reforma estructural y de desregulación de la economía y del estado tan profunda (que incluye privatizaciones) y con impacto directo en relación a derechos fundamentales de la población a través de un mega DNU, es incompatible con la Constitución, inviable jurídicamente y temeraria desde lo político. Los cambios debieron ser formalizados mediante leyes, según el procedimiento diseñado constitucionalmente.

El mega DNU constituye un atajo que intenta eludir la Constitución y por ello causa una severa perturbación para la legalidad y la democracia argentina. Lo razonable sería que el Presidente retire el DNU y envíe sus proyectos a sesiones extraordinarias para su tratamiento. 

La hora indica la imperiosa necesidad de diálogos, acuerdos amplios y profundos, y no alentar la conflictividad política y social. Guillermo O’Donnell cuando definía a la democracia delegativa sostenía que era el régimen basado en elecciones y vigencia de ciertas libertades, pero aquel que gobierna considera que debe hacerlo sin el “estorbo” del control institucional. El Presidente Milei no debe temer al disenso. No debe calificar a los adversarios como enemigos ni considerar los límites institucionales como un estorbo: son los reaseguros de la convivencia democrática que hay que preservar y no quebrantar. Y tener siempre presente: los derechos y las libertades se consagran y protegen desde la Constitución que hay que respetar, no son la concesión graciosa de un gobernante, aunque se crea iluminado por las “fuerzas del cielo”. 

 

¿Sobre quién recae el ajuste?

¿Sobre quién recae el ajuste?

La resolución de toda crisis adquiere un carácter eminentemente político: por ello ajuste no debería asimilarse con austeridad. La primera estaría reflejando un sobredimensionamiento que vuelve inviable la función del Estado, el segundo un tipo especial de medidas que terminan perjudicando el bienestar de quienes menos tienen.

Así las cosas, el pasado 20 de diciembre el gobierno nacional emitía un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La austeridad es presentada como la única alternativa racional, el sacrificio como un deber moral para superar la crisis. Y así se justifica la represión pues, aunque dolorosa la disciplina debe imponerse sobre la ciudadanía para garantizar el beneficio futuro.

En función de la desregulación económica, el citado DNU pretende derogar o modificar más de 300 leyes, avanza con la privatización de las empresas públicas, incluidos los Trenes Argentinos (TA) así como el Banco de la Nación Argentina (BNA), o la política de cielos abiertos. También introduce importantes cambios en materia laboral, deroga la ley de alquileres, procede con el achique del Estado (“para agrandar la Nación” al decir de J. A. Martínez de Hoz), al tiempo que le reduce sus ingresos.

NEGOCIOS SIN LÍMITES

Avanza también con la apertura de la economía, liberando el comercio exterior, reduciendo la protección industrial, modificando el régimen de inversiones extranjeras facilitando a los extranjeros la compra de tierras en el país (un presente para los jeques de Medio Oriente amigos de Mauricio) además una mayor desregulación en el sector minero. También deroga leyes en materia eléctrica al tiempo que no modifica ni altera el esquema de subsidios al sector petrolero –en definitiva, el gobierno cumple con sus promesas de campaña y retrasa la transición energética.

El decreto invoca la «emergencia pública» en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, excepcionalidad que continuaría hasta el 31 de diciembre de 2025. El carácter extraordinario de las medidas se explica por la “herencia recibida”, latiguillo utilizado por cada gobierno que asume.

En palabras de Sturzenegger, se necesita mostrar un cambio de rumbo. Lo que aquí se discute es la austeridad que conllevan las medidas tanto como las formas en que las mismas se implementan. La imposición de un ajuste siempre resulta discutida por quien lo soporta, el problema surge cuando “la casta dirigente” (incluyendo aquí a los empresarios amigos del poder), lo impone a las mayorías de forma inconsulta.

«El decreto invoca la ‘emergencia pública’ en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, excepcionalidad que continuaría hasta el 31 de diciembre de 2025. El carácter extraordinario de las medidas se explica por la ‘herencia recibida’, latiguillo utilizado por cada gobierno que asume.»

El momento resulta especial, ciertamente. Pero seguimos sin una visión estratégica respecto al modelo de inserción global o el rol que debiera asumir el Estado en una sociedad moderna. Nadie evalúa el nuevo contexto internacional. Improvisamos. Cuando desde de distintos sectores de la academia se plantea recuperar espacios de política, un oscuro personaje político como Federico Sturzenegger plantea reducir los grados de libertad.

Como parte del paquete de medidas de urgencia Mauricio Macri consigue el decreto de privatización de los clubes, tras perder en las elecciones quiere hacerse de “boquita” en el mercado de valores. Se promete desregular los servicios de provisión de Internet, un presente de Javier Milei a Elon Musk, cuyos pronunciamientos políticos recuerdan la posición fascista adoptada por Henry Ford en el pasado. El mercado todo lo resuelve: el pensamiento mágico, el voluntarismo engañoso.

LAS FUERZAS DEL MERCADO

Los mercados no resuelven los problemas macroeconómicos por si solos, mucho menos podrían coordinar un programa de estabilización. Tampoco parece racional dejar a los empresarios la política de comercio internacional en tiempos donde la geopolítica prevalece sobre la competitividad de las naciones. O pensar que los agricultores van a “manejar el fuego” de forma cuidadosa. Dichas visiones idealizan a los mercados (los creen perfectos y completos) tanto como a los agentes económicos (los avizoran racionales) o que los límites de la naturaleza son una cuestión a considerar por aquellos países que califican como privilegiados. Toda una cosmovisión, una actitud naïve que desconoce la presencia de actores con poder. Y dicho poder influye en la diseminación de las ideas, el diseño de las instituciones y la instrumentación de las políticas públicas.

Todo ello no resulta novedoso, ni tampoco la idea de austeridad. Su historia se remonta a principios del siglo pasado: los mayores gastos sociales que acompañaba a las democracias que ahora reconocían el voto de las mayorías.

Los nuevos derechos que esta imponía generaban el recelo de las clases más acomodadas. Surge así el reclamo por una mayor disciplina fiscal. Austeridad universalmente perpetuada durante la vigencia del patrón oro, celosamente perseguida en la Italia fascista de Mussolini. Dicho enfoque será fuertemente criticado por John Maynard Keynes, cuya visión impregnará la política económica de postguerra. Sin embargo, será en los EE.UU. donde primero se implementen este tipo de políticas tras el arribo de Franklin Delano Roosevelt al poder en las postrimerías de la crisis del 30.

La instrumentación de este tipo de políticas, el “Keynesianismo”, permitía conciliar los intereses de la clase capitalista con los objetivos de justicia social de los trabajadores. Dicho consenso, sin embargo, comenzó a cuestionarse en los años sesenta para terminar siendo abandonado en la década siguiente. Un crecimiento de la inflación acompañada por mayor estancamiento económico aupó la llegada de Milton Friedman, cuyas recetas impregnarán la agenda económica de allí en más.

Al apogeo del monetarismo se suman una serie de transformaciones estructurales, las cuales veían en el gasto público el origen de la inflación y al Estado como el culpable de todo lo malo. Tras la caída del muro de Berlín la visión neoliberal se esparce por todos los rincones del mundo, sus ideas permean los discursos de la socialdemocracia europea (Tony Blair, Gerhard Schröder, François Hollande) tanto como del partido demócrata estadounidense (Bill Clinton). Al mismo tiempo, paradójicamente, la globalización financiera mostraba amplias señales de riesgo.

«El ‘Keynesianismo’, permitía conciliar los intereses de la clase capitalista con los objetivos de justicia social de los trabajadores. Dicho consenso, sin embargo, comenzó a cuestionarse en los años sesenta para terminar siendo abandonado en la década siguiente. Un crecimiento de la inflación acompañada por mayor estancamiento económico aupó la llegada de Milton Friedman, cuyas recetas impregnarán la agenda económica de allí en más.»

La emergencia presiona la agenda pública en un momento crítico. La consolidación fiscal implica renunciar a brindar ciertos bienes y servicios públicos, pero también recortar gastos y reducir prestaciones, el Estado de Bienestar se desmorona. La contracción del gasto público es lo que perdura: la austeridad es la regla.

El gobierno plantea un nuevo marco de liberalismo y libertad económica, ambiciona reconvertir al país en el “granero del mundo”. El sueño de volver a la belle époque de fines del siglo XIX. Pero dicho momento histórico mostraba una sociedad fragmentada, donde las libertades políticas estaban acotadas y los problemas ambientales resultaban mínimos. La situación actual es otra. Con derechos políticos, pero con vastos sectores sociales marginados, con múltiples urgencias ambientales por atender. Se necesita ajuste, avanzar hacia una mayor austeridad resulta suicida (pensemos en las amenazas climáticas)

¿POR QUÉ Y CÓMO AVANZAR CON EL AJUSTE?

Argentina debe avanzar con el ajuste, ello no cabe duda. El déficit del sector público resulta cuantioso. Avanzar en su reducción implica una decisión política, la cual presenta costos. La mayoría de las veces estos se vinculan con propuestas de reducción y/o congelamiento de sueldos públicos, flexibilización laboral, reducción de los subsidios y la ayuda social, la reformulación del esquema previsional, bien la eliminación de las obras públicas sumada a una privatización de empresas públicas. Este tipo de políticas termina generando más pobreza, así como aumentando la desigualdad.

Sin embargo, ello no necesariamente implica marchar hacia la austeridad. Un ajuste con equidad pasa por avanzar hacia una nueva estructura impositiva, cuyo carácter progresivo resulta explicado por la creciente desigualdad en ingresos y riqueza que evidencia la sociedad argentina. En lugar de dirigirse hacia el desguace del Estado se debe priorizar su rediseño, la provisión de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía (emergencia social), pero también avance en brindar protección ante la irrupción de eventos extremos (emergencia climática)

«Un ajuste con equidad pasa por avanzar hacia una nueva estructura impositiva, cuyo carácter progresivo resulta explicado por la creciente desigualdad en ingresos y riqueza que evidencia la sociedad argentina. En lugar de avanzar hacia el desguace del Estado se debe priorizar su rediseño, la provisión de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía (emergencia social), pero también avance en brindar protección ante la irrupción de eventos extremos (emergencia climática)»

Este tipo de medidas conlleva tensiones, cambios macroeconómicos que deberían ir en dirección de una mayor autonomía. Un mayor espacio para la toma de decisiones obliga a una menor exposición a los mercados financieros internacionales, evitar que se produzcan nuevas burbujas financieras exige la mirada rigurosa del banco central.

Independientemente del tipo de ajuste que conlleva el DNU, también debería cuestionarse su efectividad estabilizadora. El paquete enviado no cumple dicha función, avanza, sí, con la desregulación de (determinados) precios y mercados al tiempo que no modifica el régimen de subsidios al sector petrolero. Lejos esta de ser la punta de un programa anti-inflacionario que logre coordinar conductas y expectativas.  Contiene más contradicciones que cuestionamientos.

El Decreto de necesidad y urgencia ha recibido fuertes cuestionamientos. Diversos abogados constitucionalistas lo consideran como un intento de obtener la suma del poder público y suplantar al Congreso. Pero si su legalidad se encuentra en tela de juicio, la introducción del DNU debiera también inducir otro debate en la sociedad. En particular, sería importante cuestionar la forma de financiamiento de la política. ¿Qué empresarios aportaron a la campaña? ¿A qué sector o industrias pertenece? ¿Cómo fueron (o no) afectados por el paquete de medidas que terminan siendo implementadas? ¿Cómo las medidas beneficiaron (perjudicaron) a las industrias involucradas?

Casta somos todxs

Casta somos todxs

El anuncio de las medidas económicas de “shock” por parte del Ministro Luis “Toto” Caputo mostró la hoja de ruta del nuevo Gobierno. Devaluación, pobreza, alta inflación, apertura indiscriminada de la economía, impuestazo y más endeudamiento.

Migajas para los sectores populares. Duplicación del monto de la AUH (cuando la inflación proyectada para 2024 se estima en 300%) y un 50% de incremento de la tarjeta alimentar (alimentos que se estima se incrementarán en más de 100% entre diciembre y febrero sin contar los aumentos acumulados tras la estampida de precios de noviembre).

Se eliminaría la fórmula jubilatoria para que el magnánimo Gobierno pueda otorgar discrecionalmente aumentos que impidan la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios (Milei en mood Papa Noél).

«Se eliminaría la fórmula jubilatoria para que el magnánimo Gobierno pueda otorgar discrecionalmente aumentos que impidan la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios»

El retorno de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, merece un apartado más detallado.

El impuesto a las Ganancias o a los altos ingresos es uno de los impuestos más progresivos que existen y se aplica en casi todos los países del mundo, por lo que conceptualmente este proyecto aparece a priori como una medida positiva de redistribución de la riqueza. Sin embargo, fruto de las distorsiones de la macroeconomía argentina, hasta su vigencia el pasado mes de noviembre la base de trabajadoras y trabajadores se había ampliado hasta márgenes insólitos. Su eliminación y reemplazo por un impuesto a los grandes ingresos atado al valor del salario mínimo, vital y móvil significó un importante alivio para los sectores medios y medios bajos, en un contexto de alta inflación e indexación de precios, ingresos e impuestos.

Volver al esquema ya derogado (derogación que votó con las dos manos el actual Presidente) implica un castigo a parte de quienes más perderán con las medidas de ajuste. Incluso llegando al contrasentido de que en el caso de autónomos, el impuestos se aplica para personas con ingresos apenas inferiores a la Canasta básica. País de ricos, en el cual todxs pagan Ganancias.

En síntesis, el tan mentado shock es un shock de pobreza. Y al ajuste no lo pagará la “casta”, lo pagará la enorme mayoría del pueblo argentino y con un especial esfuerzo de los sectores de la otrora clase media. Será pues que “la casta” somos todxs.

Tras estos anuncios, y en sentido contrario a lo que fueron sus banderas de campaña, el que se denominó como el “primer presidente libertario del mundo” decidió aplicar la clásica receta neoliberal. Esa que no funcionó ni en los 70 ni en los 80, ni en los 90, y que nos arrojó a la peor crisis de la historia reciente.

Ajuste fiscal, incremento de impuestos y apertura al mundo. Un combo conocido que no es precisamente la cajita feliz.

LA GRASA MILITANTE

Si bien los aspectos económicos y cambiarios han atraído la atención masiva de la ciudadanía, no sólo por el bolsillo se construye el nuevo paradigma.

Durante las primeras horas de gestión el equipo gobernante se dedicó a estigmatizar a las y los trabajadores estatales tratándolos de (en su inmensa mayoría) vagos.

La exigencia pública de presencialidad (como si no fuera ya la norma desde que en 2021 se terminaron las restricciones post pandemia) y las leyendas urbanas de ascensores repletos y oficinas atiborradas por los “cientos” que no venían a laburar nunca y ahora pretenden hacer “buena letra”, contribuyeron a sostener el relato libertario de que las personas que trabajan en el Estado son ñoquis, acomodadas y sobran. Un novel funcionario se atrevió a ponerle cifra a este fenómeno: las apariciones alcanzarían al 10% de la plantilla. Inchequeable.

A eso se sumó la amenaza de revisión de todas las contrataciones realizadas en el último año, incluyendo la no renovación de contratos y revisión de pases a planta permanente. Si la “libertad avanza” en esa dirección, ésta será una navidad de angustia para miles de familias estatales.

CON EL MAZO DANDO

En un contexto de previsible crecimiento de la conflictividad social no podía faltar la pata represiva. La flamante Ministra de Seguridad (AKA ex Montonera tira bombas Patricia Bullrich) acaba de estrenarse en el cargo con un Protocolo de orden público para garantizar la circulación en las calles.

Si el primer acercamiento a la nueva doctrina lo había realizado el Gobierno de la Ciudad con la invitación al movimiento liderado por Castells de marchar por las veredas, con Pato es otra historia.

La novedosa herramienta de gestión diseñada por la ex (y actual) Ministra promete “severas sanciones” para quien marcha y para quien organiza las marchas.

«La novedosa herramienta de gestión diseñada por la ex (y actual) Ministra promete “severas sanciones” para quien marcha y para quien organiza las marchas.»

No va a ser cosa que el descontento social producido por las medidas económicas termine impidiendo que la “gente de bien” pueda desenvolverse sin obstáculos.

BONUS TRACK

Mención especial merece la amorosa declaración de Jorge Macri (el primo) sobre los aprontes que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad para lidiar con el “hambre de la clase media”.

Es que el ajuste que anunció Toto es tan brutal que hasta la gente amiga ve venir un vendaval de pobreza especialmente concentrado en lo que fuera alguna vez el motor económico del país y ahora da la pelea por no quedarse sin nafta.

«el ajuste que anunció Toto es tan brutal que hasta la gente amiga ve venir un vendaval de pobreza especialmente concentrado en lo que fuera alguna vez el motor económico del país y ahora da la pelea por no quedarse sin nafta.»

Y para ello el sensible Jorge preparará medidas para que la gente “de bien” no pase por la penosa experiencia de hacer una cola para retirar un plato de comida.

Así sí da gusto atravesar un ajuste!

Referéndum en Chile: nueva encrucijada

Referéndum en Chile: nueva encrucijada

Este domingo 17 de diciembre Chile irá nuevamente a las urnas. El pueblo trasandino decidirá si aprueba o no una nueva Constitución. Cabe preguntarse: ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Que está en juego en esta elección?

El plebiscito constitucional forma parte del cronograma del “Acuerdo por Chile.” Luego de la finalización de trabajo de la Constituyente chilena electa llamada Consejo Constitucional se decidió esta fecha para que los ciudadanos aprueben o rechacen la nueva Constitución.

DEL BOLETO DEL TRANSPORTE A UNA NUEVA CONSTITUCIÓN,

El estallido político y social de 2019 fue el puntapié inicial de este proceso. Lo que comenzó como una simple protesta por el aumento de un boleto de subte terminó en una rebelión contra el modelo económico, político y social vigente desde 1980.

Esta rebelión llevó a que el presidente de entonces, Sebastián Piñera, llamase a un proceso constituyente en vez de una mera reforma legislativa. La idea de modificar la Constitución de Chile se basaba en una suerte de saldo de deudas de el sesgo de esta, sancionada en 1980 durante la dictadura de Pinochet y tuvo pocas enmiendas desde entonces.

La consulta sobre la nueva Constitución finalmente se terminó haciendo en octubre de 2020 debido a la pandemia del Covid-19. El resultado fue que el 78% de los votantes quería que se redactase una nueva Constitución y el 79% quería que esa Constitución fuese hecha por una convención constituyente totalmente integrada por representantes electos por voto popular y no por una comisión mixta entre el Parlamento y representantes constituyentes. En esta consulta votó solamente el 50% de los habilitados, con una fuerte abstención por parte del electorado tradicional de derecha.

«El estallido político y social de 2019 fue el puntapié inicial de este proceso. Lo que comenzó como una simple protesta por el aumento de un boleto de subte terminó en una rebelión contra el modelo económico, político y social vigente desde 1980.»

En mayo de 2021 se llevó a cabo la elección de convencionales y el oficialismo, de derecha, fue duramente derrotado, obteniendo solamente un 20%, el resto de los representantes electos fueron por listas independientes, partidos de izquierda y representantes de pueblos originarios. La centroizquierda tradicional también sufrió una dura derrota, la ex Concertación solamente obtuvo un 15%. En esta elección la participación también fue baja, con un 43% de asistencia a las urnas.

NUEVO GOBIERNO, PROMESA DE CAMBIO

Fue el turno de las elecciones presidenciales, el descrédito y la baja popularidad de la política tradicional se hizo evidente. En la primera vuelta celebrada el 21 de noviembre de 2021 José Antonio Kast, del Partido Republicano, espacio ultraconservador fundado como una escisión por derecha del “piñerismo” quedó en primer lugar con el 27,9%. Lo secundó Gabriel Boric de la fuerza Apruebo Dignidad, una alianza de partidos relativamente nuevos, de corte progresista y partidos históricos como el Comunista y sectores del Partido Socialista, que obtuvo el 26%. Franco Parisi quedó tercero, un outsider sin planes muy claros en términos ideológicos; cuarto Sichel, de la Alianza de la derecha tradicional, llamada Chile Vamos, y quinto Provoste, de la Democracia Cristiana y un sector del Partido Socialista.

Se confirmó el panorama de ruptura del sistema de partidos tal como se conocía hasta entonces. En la segunda vuelta Boric logró ganarle a Kast con el 55% de los votos y parecía que Chile había dado una vuelta de página, buscando un nuevo destino de corte progresista y con más derechos sociales. Quedaba por delante la aprobación de la nueva Constitución por votación popular.

Una vez terminado el debate constituyente, la redacción y sanción de la nueva Constitución se convocó a elecciones para su ratificación. El texto redefinía a Chile como un estado social y democrático de derecho plurinacional, regional y ecológico; otorgaba acceso irrestricto a la salud y educación, protegía derechos de la población LGBT y consagraba la igualdad de género. Otorgaba además derechos a la población originaria, un 13% de la población nacional, con el reconocimiento de autonomías territoriales indígenas, lo que finalmente se colocó en el centro de la polémica.

CAMPAÑA DE RECHAZO.

Las encuestas mostraban que la población tenía un amplio rechazo a esa idea. Sectores conservadores lanzaron una campaña mediática mostrando que esta ley daba rienda suelta a expropiaciones de establecimientos rurales, yacimientos mineros y parques nacionales para crear zonas especiales a para los pueblos originarios.

Se puso foco además en que la nueva constitución generaba lagunas legales en términos de seguridad y el rechazaba el rol de la policía tal cual existía.

La campaña negativa funcionó, se instaló la percepción de que era una Constitución con falta de acuerdos, con improvisación y lagunas legales. El 62% de los votantes rechazó la nueva Constitución. Sectores progresistas reconocieron con el diario del lunes que no era la Constitución adecuada para el Chile del momento. La mala situación económica también influyó en el resultado.

«La campaña negativa funcionó, se instaló la percepción de que era una Constitución con falta de acuerdos, con improvisación y lagunas legales.»

NUEVO PROCESO CON ASCENSO DE LA DERECHA.

El gobierno de Gabriel Boric tiene baja aprobación. La alta inflación del año de 2022 pegó de lleno en Chile, de un 3% anual, escaló al 12,6%. Siguiendo la tendencia mundial y también a través de ciertas mínimas restricciones presupuestarias respecto a 2022 en 2023 cerraría el año con 5,8%, una disminución notable. Sin embargo, los salarios reales no lograron ganarle a la inflación y esta disminución no se sintió en el bolsillo de las personas.

A nivel global el PBI en 2023 creció solamente 0,5%, luego de un 2,4% de crecimiento en 2022. Es por esto que la aprobación de Boric, que había bajado a 20%, subió a solamente a 30%. Es decir, mantiene la base social que lo apoyó en 2021 durante la primera vuelta, pero lejos están esos días de más del 50% de aprobación.

Tras los resultados adversos el presidente Boric convocó una reunión con los distintos partidos, oficialistas y opositores y se decidió desde el Parlamento llamar a la continuidad del proceso, buscando que directamente se eligiera una Constitución más representativa, quitando la figura de los independientes y retsringiendo la cuota de representantes de los pueblos originarios.

Este año se llamó a elecciones para decidir la nueva Constitución. Se eligieron 50 miembros con el sistema D’Hont por cada región de Chile, el Partido Republicano de Kast, obtuvo el 35% de los votos, Apruebo Dignidad (apoyada por el oficialismo) 26% y la derecha tradicional bajo la sigla Chile Seguro el 21%, sin convencionales quedó la histórica Democracia Cristiana con apenas el 6%. De los 50 miembros, 33 representan a la derecha. Con esta conformación, la asamblea constituyente adquirió un claro tinte conservador y neoliberal.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA CONSTITUCIÓN?

Se podría decir que esta propuesta de constitución tiene avances y retrocesos respecto a la constitución vigente. El derecho a la salud se incorpora en esta nueva propuesta dado que proclama que el Estado protegerá el acceso de la población a la salud, sin embargo, el bloque del centro a la izquierda había querido que dijera que lo garantizaba, lo cual cambia la cuestión.

Un artículo polémico es el del derecho a la vida desde la concepción, lo que haría que las tres causales por aborto que fueron aprobadas en 2017 pudieran llegar a quedar truncas bajo esta nueva Constitución. Esta interpretación también podría restringir la libre venta de la pastilla del día después.

Por otra parte, se pone a las AFP (Fondos de previsión privadas) como parte del derecho a la propiedad, lo que restringe la posibilidad de lograr cambios en el sistema previsional, impidiendo ir a un sistema estatal o mixto.

«Se pone a las AFP (Fondos de previsión privadas) como parte del derecho a la propiedad, lo que restringe la posibilidad de lograr cambios en el sistema previsional, impidiendo ir a un sistema estatal o mixto.»

Dificulta la creación de empresas del Estado, requiriendo dos tercios del Parlamento para una estatización o creación de empresa.

La nueva propuesta tiene una connotación xenófoba respecto al migrante ilegal, dando la posibilidad de deportar a todo aquella persona que haya entrado a Chile de manera ilegal por pasos fronterizos, afectando principalmente a los migrantes venezolanos que llegan caminando desde Perú. Dará poder a la Fueras Armadas para hacer tarea de gendarmería en fronteras y tareas contra el narcotráfico.

Este proyecto por otra parte dice que el estado se hará cargo de asesorías gratuitas jurídicas y psicológicas para las víctimas de delitos y de violencia doméstica.

Uno de los casos que genero más debate es la cuestión del derecho al agua. La Constitución de 1980 daba lugar a la privatización total del agua. Esta nueva dice que el agua es un bien público, pero sigue sosteniendo el derecho de propiedad. Por lo cual el Estado solo podría intervenir hasta cierto punto. Hay algo todavía peor el texto nuevo, dice “el agua en todos sus estados”, por ende, un glaciar dentro de una propiedad rural podría estar bajo el derecho de propiedad.

NADIE ES NEUTRAL.

Los partidos se concentran en favor y en contra. A diferencia del plebiscito de 2022 no hay partidos importantes que se mantengan neutrales, en aquella ocasión esa fue la posición de la histórica Democracia Cristiana como del Partido Radical, partido laicista y el Partido por la Democracia, partido fundado por Ricardo Lagos.

Es así como todos los ex partidos de la alianza Concertación por la Democracia que gobernó Chile de 1989 a 2010 están en la campaña del rechazo de la Constituyente. Los ex presidentes han expresados sus intenciones de voto sobre el plebiscito. Michelle Bachelet ha jugado un rol en este sentido, reuniéndose y participando en actos feministas y con mujeres trabajadoras, explicando lo negativo de esta nueva Constitución.

Lagos de manera más cauta se manifestó por el rechazo. Piñera decidió apoyar fervientemente esta nueva Constitución, aunque tuvo críticas en algunas cuestiones sociales durante el proceso de debate. Eduardo Frei rompió con la Democracia Cristiana y decidió expresar su apoyo, sorprendiendo a muchos.

Esta campaña del plebiscito es mucho más apagada en términos de emoción tanto a favor y en contra a diferencia de la 2022. Si bien la discusión se ha polarizado, existe una leve ventaja del rechazo de unos 8 o 9 puntos, pero que se ha ido reduciendo de los 20 puntos iniciales.

«Esta campaña del plebiscito es mucho más apagada en términos de emoción tanto a favor y en contra a diferencia de la 2022. Si bien la discusión se ha polarizado, existe una leve ventaja del rechazo de unos 8 o 9 puntos, pero que se ha ido reduciendo de los 20 puntos iniciales.»

A nivel regional las encuestas muestran que el rechazo se alzaría con más diferencia en Santiago y Valparaíso, mientras que en las regiones patagónicas (con excepción de Punta Arenas, lugar más favorable históricamente a las fuerzas de centroizquierda e izquierda y lugar natal de Boric) estarían a favor, por otra parte, una región donde habría un empate técnico seria la región de Atacama y Antofagasta. Es importante tener en cuenta que las encuestas chilenas han tenido ya problemas para medir al electorado frente a la elección constituyente, cometiendo severos errores en 2022. Por lo cual podría decirse que hay un escenario de incertidumbre.

En caso de rechazarse la nueva Constitución seguirá vigente la antigua, dejando trunco el proceso constituyente iniciado en 2019. Esto sería un fin de ciclo de un largo camino.